PGN - INHABILIDAD DE DIPUTADO - Supuestos que deben demostrase para configurar la inhabi

INHABILIDAD DE DIPUTADO-Intervención en negocios o contratos La causal de inhabilidad que se le depreca al demandado se encuentra contenida en el numeral cuarto del artículo 33 de la Ley 617 de 2000. Tal como se desprende de la norma pre-transcrita, no podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado, quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel Departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros. La jurisprudencia que se ha elaborado en torno a la intervención en la gestión de negocios o en la celebración de contratos ha señalado que si la gestión culmina con la celebración del contrato, la inhabilidad se estudia como intervención en la celebración de contratos, por el contrario, si la gestión adelantada no tiene éxito, la causal ha de estudiarse como gestión de negocios propiamente dicha. INHABILIDAD DE DIPUTADO-Supuestos que deben demostrase para configurar la inhabilidad por intervención en gestión de negocios Como evento de inhabilidad para ser elegido Diputado, la gestión de negocios consiste en la intervención directa en diligencias y actos positivos ante entidades públicas, del nivel departamental, tendientes a la consecución de un negocio de que pueda derivarse lucro o un beneficio cualquiera, dentro del año anterior a la elección. Se considera que en este evento de inhabilidad lo relevante es la potencialidad de la participación en dichas diligencias o actos que pueden otorgar al aspirante, que interviene, ventajas sobre el electorado frente a los demás candidatos; de manera que para su configuración no

importa el resultado obtenido, es decir, si se realizó el negocio o no, sino que efectivamente se realizaran tales gestiones. En consecuencia, para constatar su ocurrencia es suficiente demostrar que el elegido efectivamente intervino en la gestión y ello requiere de la prueba de los siguientes supuestos: i) la elección del Diputado demandado, ii) la intervención en diligencias tendientes a conseguir un negocio de que pueda derivarse lucro u otro beneficio cualquiera, iii) que las diligencias se realizaran dentro del año anterior a la elección, y iv) la naturaleza pública y, en este caso, de orden departamental de las entidades ante quienes se realizaron dichas diligencias. En el caso en estudio, no se configura, toda vez que como se indicó de manera antecedente, para su configuración se requiere de manera categórica que la gestión ejercida por el funcionario elegido, se haya efectuado ante una entidad de rango Departamental. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA-Se debe hacer frente a las normas que crean inhabilidades Las normas que crean inhabilidades, deben ser interpretadas en su sentido estricto, esto es, en el caso en estudio el Legislador indicó que la gestión de negocios para que inhabilite a un aspirante al cargo de Diputado Departamental, debe producirse única y exclusivamente ante una entidad del orden departamental, razón por la cual, el operador judicial, no se encuentra facultado para hacerla extensiva respecto de las entidades nacionales, tal como lo pretende el demandante.

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co INHABILIDAD DE DIPUTADO-Por celebración de contratos Sobre la celebración de contratos como causal inhabilitante para aspirar y ser elegido Diputado Departamental, ha señalado la Jurisprudencia del Consejo de Estado que requiere para su configuración de tres elementos a saber: i) que el demandado, dentro del año anterior a su elección, haya celebrado o intervenido en la celebración de contratos, ii) que éstos fueran celebrados con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros y, iii) que se deban ejecutar o cumplir en el respectivo departamento. Se ha establecido que este evento de inhabilidad se circunscribe únicamente a la participación directa del demandado en la celebración del contrato estatal, de manera que las actuaciones posteriores a la celebración como la ejecución, liquidación o incluso prórroga no constituyen inhabilidad. INTERVENCIÓN EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS-Presupuestos que se deben cumplir/INTERVENCIÓN EN LA CELEBRACION DE CONTRATOSFormas en que se manifiesta/INHABILIDAD DE DIPUTADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de intervención en celebración de contratos De conformidad a lo que tradicionalmente ha decidido la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que la intervención en la celebración de contratos se estructure se requiere demostrar en debida forma los siguientes presupuestos: La intervención en la celebración de contratos; Con entidades públicas de cualquier nivel; Que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito;

En interés propio o de terceros; Dentro del año anterior a la elección. Estos supuestos han de cumplirse de consuno todos y cada uno de los enunciados por manera que la inexistencia de uno de ellos no permite configurar la causal de inhabilidad. La causal de inhabilidad en estudio se entiende y explica atendiendo a lo que señalara la decisión de la H. Sección Quinta y conforme a la cual : la intervención en la celebración de contratos comprende un concepto amplio que no solamente involucra a terceros que participan personal y activamente en las actividades precontractuales, sino también a las partes del contrato, en donde la participación personal se entiende directa. Así, la posición mayoritaria de la Sección ha entendido que la intervención en celebración de contratos se manifiesta de dos formas; una, cuando la intervención se produce porque el demandado es la misma persona que ha concurrido a la suscripción del contrato estatal, y otra, porque con anterioridad a ésta última su participación personal y activa se despliega manifestándose en el adelantamiento de las gestiones o actividades necesarias para que el contrato pueda concretarse. La tesis mayoritaria se funda, por ejemplo, en hipótesis en las cuales la persona elegida ha participado activamente en la celebración de contratos con el Estado, no a través de su suscripción, sino mediante la figura de la interpuesta persona o del testaferrato. La primera de las enunciadas se descarta por cuando la demandada, no suscribió contrato alguno con entidad pública de cualquier nivel; la segunda de las formas señalada impone una actuación personal y activa que se manifiesta en el adelantamiento de gestiones o actividades necesarias para que el contrato pueda concretarse v.gr. como

cuando se responde a la invitación presentando una propuesta, o se interviene formulando objeciones y observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones, se interviene en la diligencia de adjudicación del contrato etc... actuaciones que deben estar debidamente demostradas plenamente en el proceso y que no pueden ser derivadas de inferencias subjetivas. Estas no existen en el proceso por cuanto que la elegida Diputada actúo no como proponente o contratante en los contratos suscritos.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Cosa diferente es que ella sea la persona propuesta para cumplir el objeto contractual, actividad que como se indicó en párrafos precedentes, ello no configura la causal de inelegibilidad estudiada. Bogotá D.C. Agosto 17 de 2012 Concepto No. 051 Doctora Susana Buitrago Valencia

H. Consejera Ponente (E)

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: 8

Proceso número: 850012331000201100207 01

Radicado interno número: 2011-0207

Actor: Fabio Luis Cárdenas Ortiz Demandado: Sonia Shirley Bernal Sánchez Contenido: Apelación de la sentencia del 31 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, mediante la cual se denegó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección de la señora

Sonia Bernal Sánchez, como Diputada del Departamento del Casanare,

para el periodo 2012-2015.

Respetada doctora: Como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, de la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión dispuesto mediante proveído del 23 de julio de la cursante anualidad y, por ello, presento a consideración de la H. Sala los siguientes argumentos.

IAntecedentes

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  La demanda y sus pretensiones El ciudadano Fabio Luis Cárdenas Ortiz, en nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad del acto de elección de la señora Sonia Shirley Bernal Sánchez, como Diputada del Departamento del Casanare por el Partido Social de Unidad Nacional, periodo 2012-2015. Las pretensiones formuladas por el actor son las siguientes: «1. Que se declare la nulidad del Acto que declaró la elección de la señora SONIA SHIRLEY BERNAL, como Diputado (a) del Departamento de Casanare para el periodo 2012-2015, contenido en el Acta “Resultado del escrutinio – Elección Asamblea, elecciones 30 de octubre del 2011, Departamento Casanare, formulario E-26 AS, Hoja No. 1 de 1, suscrita el jueves 10 de noviembre de 2011, por la Comisión Escrutadora.

2. Como consecuencia a su elección concurren las causales de inhabilidad contenidas en la Ley 617 de 2000, artículo 33, numeral 4, en concordancia con el artículo 223 del C.C.C., que incurso la señora SONIA SHIRLEY BERNAL

SANCHEZ.

3. Que como consecuencia de lo anterior, se decrete la cancelación de la credencial que la acredita como Diputada del Departamento de Casanare por la circunscripción departamental Casanare a la señora SONIA SHIRLEY BERNAL SANCHEZ, por el Partido Social de la Unidad Nacional para el periodo constitucional 2.012-2.015.

4. Que se proceda hacer la declaratoria de elección a quien corresponda dentro de la misma lista.» Hechos de la demanda Señala el actor que la señora Sonia Shirley Bernal Sánchez fue inscrita por el Partido Social de Unidad Nacional a la Asamblea Departamental de Casanare para el periodo constitucional 2012-2015 y aceptó su inscripción, manifestando que no estaba incursa en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley.

Que el día 30 de octubre de 2011, la señalada ciudadana, obtuvo 3.913 votos, circunstancia que conllevó a que la Comisión Escrutadora de la Organización

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Electoral, mediante el acto administrativo demandado, la declaró electa y se

ordenó la entrega de la respectiva credencial. Que la señora Sonia Shirley Bernal Sánchez, como candidata del Partido Social de Unidad Nacional, se encontraba inhabilitada para ser elegida Diputada de conformidad a lo previsto en el numeral 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000. Que la señora Sonia Shirley Bernal Sánchez fue contratada por Flor Amarillo ONG, hoy Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible de la Orinoquía, desde julio a diciembre de 2010, como consultora para la formulación de la construcción del plan Haz, es decir, para desarrollar el objeto contractual contenido en el contrato No. 074 de 2010 suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Regional Casanare. Que de conformidad a lo señalado, la citada señora intervino personal y activamente en diligencias ante entidades del nivel departamental, para efectos de desarrollar el objeto contractual aludido. Que con posterioridad a ello, la señora Bernal Sánchez participó en actividades precontractuales y en la gestión contractual que tuvo como fin la suscripción del contrato No. 065 del 11 de abril de 2011 entre el ICBF Regional Casanare y la Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible de la Orinoquía, y además, intervino personal y activamente en diligencias ante entidades del nivel departamental, con el propósito de hacer seguimiento a la ejecución del plan de política nacional de construcción de convivencia familiar “HAZ PAZ”.  Normas violadas y concepto de la violación Señaló como normas violadas las siguientes:  El numeral cuarto del artículo 33 de la Ley 617 de 2000.  El Artículo 7 de la Ley 14 de 1988.

 El Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral).

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Los Artículos 223 a 251 del Código Contencioso Administrativo. Al explicar el concepto de violación, aduce el demandante: Que la señora Sonia Shirley Bernal Sánchez, al inscribirse y ser elegida como Diputada del Departamento del Casanare, para el periodo constitucional 20122015, se encontraba incursa en la causal de inhabilidad contenida en la norma señalada como infringida por cuanto ella realizó gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental dentro del término allí prohibido. Así mismo, también dentro de ese periodo de tiempo inhabilitante, celebró contratos con entidades públicas de cualquier nivel.  Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo del Casanare, en sentencia del 31 de mayo de 2012, dispuso denegar las pretensiones de la demanda electoral promovida por el ciudadano Fabio Luís Cárdenas Ortiz, contra la declaración de la elección de la señora Sonia Shirley Bernal Sánchez, como Diputada del Departamento del Casanare, por el periodo 2012-2015, por las siguientes razones: Que la inhabilidad atribuida por gestión de negocios ante entidades Departamentales, no se podía configurar, en primer lugar porque la contratante de la ONG es una Entidad del Orden Nacional, y en segundo término, porque el

contrato 074 de 2010 fue gestionado y suscrito antes del 30 de octubre de 2010, esto es, por fuera del término inhabilitante. Que además, del material probatorio, se colige que la demandada no intervino en la celebración del contrato 065 de 2011, pues ni la prueba documental, ni la testimonial, revelan participación alguna suya en la etapa precontractual o en la suscripción del contrato.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Que tampoco se pudiera siquiera llegar a la hipótesis de que se haya utilizado a la fundación contratante, como interpuesta persona para contratar en beneficio o en interés personal de la señora Bernal Sánchez; finaliza diciendo el Tribunal que ni siquiera se probó que haya intervenido de manera determinante en la fase de convocatoria y selección del proveedor, y lo que haya hecho a título de simple y gratuita colaboración, escapa al espectro normativo que se examina en la demanda.  Apelación de la sentencia de primera instancia El apelante en su escrito de apelación manifiesta su inconformidad con la decisión proferida por el Tribunal de instancia, aduciendo que a la luz de las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, es protuberante la gestión de la Diputada para los meses de noviembre y diciembre de 2010, pues con ella logró cumplir con el objeto contractual y por ende recibir el precio del valor del contrato suscrito con la ONG.

Por otro lado señala que, aunque se contrató con una entidad nacional, cosa que no se discute, al ser un contrato oneroso, con animo de lucro para el contratista, que se ejecutó en el Departamento del Casanare, se configura la causal de inhabilidad alegada. Señala el apelante que el Magistrado A quo, no observó que para que el ICBF otorgara el contrato 065 de 2011, se tuvo en cuenta el factor de calificación o evaluación, el cual no era otro que presentar una hoja de vida con el perfil y la experiencia de la señora Bernal; que es gracias a esa hoja de vida que se cumple el requisito para participar y obtener el contrato celebrado, de lo contrario la consecuencia era su no adjudicación. Finaliza indicando que ya celebrado el contrato, es la Diputada Sonia Shirley Bernal, quien interviene en la ejecución contractual y en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el tercero – FundesarrolloPROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 7 Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Admisión del recurso Mediante auto del 23 de julio de 2012 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 31 de mayo del mismo año, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no habiendo observado ningún vicio

que afecte de nulidad la actuación que se ha surtido, se procede enseguida a rendir el concepto de rigor por parte de esta Delegada. En el caso en estudio, haremos alusión precisa a los argumentos esbozados por el apelante mediante los cuales solicita se proceda a revocar el fallo impugnado y, por ende, se decrete la nulidad del acto de elección demandado, toda vez, que en su sentir, la electa Diputada del Departamento del Casanare, señora Sonia Shirley Bernal Sánchez, se encontraba para la fecha de su inscripción, como para la época de su elección incursa en causal de inhabilidad contenida en el numeral 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, pues dentro de los 12 meses anteriores a su elección, intervino en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel Departamental y además intervino en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, y ellos se ejecutaron en el departamento del Casanare. La causal de inhabilidad que se le depreca al señor Requena Ortega, se encuentra contenida en el numeral cuarto del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, que en su tenor literal señala: «Artículo 33. De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado: (…)

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4. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. (…)».

Tal como se desprende de la norma pre-transcrita, no podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado, quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel Departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros. La jurisprudencia que se ha elaborado en torno a la intervención en la gestión de negocios o en la celebración de contratos ha señalado que si la gestión culmina con la celebración del contrato, la inhabilidad se estudia como intervención en la celebración de contratos, por el contrario, si la gestión adelantada no tiene éxito, la causal ha de estudiarse como gestión de negocios propiamente dicha. En el caso en estudio entraremos a abordar el estudio de ambas causales de inelegibilidad, toda vez que tanto los cargos propuestos en la demanda, como el análisis de la sentencia de instancia, así como los argumentos del apelante, hacen relación a que la electa Diputada del Casanare, se encontraba incursa, tanto en la gestión de negocios, así como en la celebración de contratos ante entidades públicas. En primera medida analizaremos lo correspondiente a la gestión de negocios. Como evento de inhabilidad para ser elegido Diputado, la gestión de negocios

consiste en la intervención directa en diligencias y actos positivos ante entidades públicas, del nivel departamental, tendientes a la consecución de un negocio de que pueda derivarse lucro o un beneficio cualquiera, dentro del año anterior a la elección. Se considera que en este evento de inhabilidad lo relevante es la potencialidad de la participación en dichas diligencias o actos que pueden otorgar al aspirante, que interviene, ventajas sobre el electorado frente a los demás

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co candidatos; de manera que para su configuración no importa el resultado obtenido, es decir, si se realizó el negocio o no, sino que efectivamente se realizaran tales gestiones. En consecuencia, para constatar su ocurrencia es suficiente demostrar que el elegido efectivamente intervino en la gestión1 y ello requiere de la prueba de los siguientes supuestos: i) la elección del Diputado demandado, ii) la intervención en diligencias tendientes a conseguir un negocio de que pueda derivarse lucro u otro beneficio cualquiera, iii) que las diligencias se realizaran dentro del año anterior a la elección, y iv) la naturaleza pública y, en este caso, de orden departamental de las entidades ante quienes se realizaron dichas diligencias2. En el caso en estudio, la presunta gestión de negocios que se endilga a la Diputada electa del Departamento del Casanare, señora Sonia Shirley Bernal Sánchez, no se configura, toda vez que como se indicó de manera antecedente,

para su configuración se requiere de manera categórica que la gestión ejercida por el funcionario elegido, se haya efectuado ante una entidad de rango Departamental. Así pues, como la supuesta gestión de negocios deprecada de la demandada, se refiere a una entidad del orden nacional, esto es, el ICBF-Seccional Casanare, que fue creado mediante la Ley 75 de 1968 y de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 1137 de 1999, es un establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio adscrito al Ministerio de Salud, el que puede tener dependencias en el territorio nacional, esto es, funciona de manera desconcentrada. No comparte esta Agencia del Ministerio Público, la posición del apelante respecto de la cual, aunque indica que la gestión se hizo con una entidad del orden nacional, por ser ella de carácter oneroso, con ánimo de lucro, y ejecutarse en el Departamento del Casanare se genera la nulidad, pues como bien lo ha reiterado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como la del Consejo de Estado, la 1 Consejo de Estado. Sentencia de la Sección Quinta del 6 de marzo de 2003 exp. 3064, y la de 10 de marzo de 2005 exp. 3451. 2 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 26 de febrero de 2009. radicado No. 73001-23-31-000-2007-00714-01

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co interpretación que se haga de las normas que restringen derechos fundamentales de las personas, debe hacerse de carácter restrictivo. Las normas que crean inhabilidades, deben ser interpretadas en su sentido estricto, esto es, en el caso en estudio el Legislador indicó que la gestión de negocios para que inhabilite a un aspirante al cargo de Diputado Departamental, debe producirse única y exclusivamente ante una entidad del orden departamental, razón por la cual, el operador judicial, no se encuentra facultado para hacerla extensiva respecto de las entidades nacionales, tal como lo pretende el demandante. Por lo aquí señalado, este cargo, debe ser confirmado. En segunda medida analizaremos lo correspondiente a la celebración de contratos. Sobre la celebración de contratos como causal inhabilitante para aspirar y ser elegido Diputado Departamental, ha señalado la Jurisprudencia del Consejo de Estado que requiere para su configuración de tres elementos a saber: i) que el demandado, dentro del año anterior a su elección, haya celebrado o intervenido en la celebración de contratos, ii) que éstos fueran celebrados con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros y, iii) que se deban ejecutar o cumplir en el respectivo departamento3. Se ha establecido que este evento de inhabilidad se circunscribe únicamente a la participación directa del demandado en la celebración del contrato estatal, de manera que las actuaciones posteriores a la celebración como la ejecución, liquidación o incluso prórroga no constituyen inhabilidad4. Conforme a lo anterior, la pretensión del apelante, en el sentido de indicar que «ya

celebrado el contrato, es la Diputada Sonia Shirley Bernal, quien interviene en la ejecución contractual y en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 3 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 26 de febrero de 2009. radicado No. 73001-23-31-000-2007-00714-01. 4 Ver el fallo señalado en la nota al pie anterior.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co tercero-Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible de la Orinoquía (“Fundesarrollo”)»; y que por ello interviene en la celebración del contrato, no puede ser tenida en cuenta por cuanto la inhabilidad en estudio únicamente se encuentra referida a la participación directa en la celebración del contrato, pero no en actuaciones posteriores a su suscripción. Ahora bien, como el apelante también indica que para que el ICBF otorgara el contrato 065 de 2011 a FUNDESARROLLO, se tuvo en cuenta el factor de calificación o evaluación, el cual no era otro que presentar una hoja de vida con el perfil y la experiencia de la señora Bernal, y que es gracias a esa hoja de vida que se cumple el requisito para participar y obtener el contrato celebrado, entraremos a analizar si por tal razón se puede o no configurar la causal de inhabilidad estudiada. De conformidad a lo que tradicionalmente ha decidido la jurisdicción de lo

contencioso administrativo para que la intervención en la celebración de contratos se estructure se requiere demostrar en debida forma los siguientes presupuestos:  La intervención en la celebración de contratos;  Con entidades públicas de cualquier nivel;  Que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito;  En interés propio o de terceros;  Dentro del año anterior a la elección. Estos supuestos han de cumplirse de consuno todos y cada uno de los enunciados por manera que la inexistencia de uno de ellos no permite configurar la causal de inhabilidad. La causal de inhabilidad en estudio se entiende y explica atendiendo a lo que señalara la decisión de la H. Sección Quinta y conforme a la cual «la intervención en la celebración de contratos comprende un concepto amplio que no solamente involucra a terceros que participan personal y activamente en las actividades

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co precontractuales, sino también a las partes del contrato, en donde la participación personal se entiende directa».

La sentencia dijo lo siguiente: «Con el fin de no dejar sin respuesta los diferentes planteamientos de la demanda y como quiera que en la misma se afirma que el Dr. FREDDY FORERO REQUINIVA, dentro del año anterior a su elección, intervino en la “gestión y celebración de contratos” con la gobernación de Arauca, la Sala se ocupará en este acápite de valorar la configuración de la

causal de inhabilidad del numeral 4 del artículo 30 de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”, desde la perspectiva de la intervención en celebración de contratos, siendo necesario para ello que se cite literalmente la causal de inhabilidad invocada: “Artículo 30.- De las inhabilidades de los gobernadores. No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador: (…)

4. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. (…)”

(Destaca la Sala) La configuración de esta causal de inhabilidad, respecto de la cual existe una posición mayoritaria en la Sección, no compartida por la ponente de este fallo, como atrás se precisó, se refleja en el siguiente apartado de un pronunciamiento de esta Sección, donde se fijó el alcance de la expresión intervención en celebración de contratos, de la siguiente manera: “…esta Sala ha entendido por intervención en la celebración de contratos aquellas gestiones o actuaciones que indiquen una participación personal y activa en los actos conducentes a la

celebración del mismo y permitan develar un claro interés sobre el particular5. De esta manera, la intervención en la celebración de contratos comprende un concepto amplio que no solamente involucra a terceros que participan personal y activamente en las actividades precontractuales, sino también a las partes del contrato, en donde la participación personal se entiende directa”6 5 Sentencia del 28 de septiembre de 2001. Expediente: 2674. 6 Sentencia del 19 de octubre de 2001. Expediente: 2654. Esta posición se ha mantenido por muchos años, tal como dan cuenta los siguientes pronunciamientos de la Sección: Fallo del 11 de febrero de 199

Expediente: 2143; fallo de