PGN - INHABILIDAD DE DIPUTADO - Supuestos que deben demostrase para configurar la inhabili

DEMANDA-Conteo de términos para contestación Conforme lo señala el artículo 233 del Código Contencioso Administrativo en el auto admisorio de la demanda se deberá disponer entre otros sobre lo siguiente:  Que se notifique el auto por edicto el cual se fijará durante cinco (5) días;  Que se notifique personalmente al Ministerio Público;  Que se fije en lista por el término de tres (3) días, termino dentro del cual se podrá contestar la demanda y solicitar pruebas. En el asunto en examen el edicto se fijó el día cinco (5) de marzo de 2012 y fue desfijado el nueve (9) de marzo de la misma anualidad. A partir del siguiente día, comienza a operar el término de los tres (3) días con que cuenta el demandado para contestar la demanda, el cual comprendía los días 12, 13 y 14, siendo el último el día de culminación del traslado. Conforme a lo que se observa en el plenario la contestación de la demanda tiene como fecha de presentación personal ante la Oficina Judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, el 15 de marzo, o sea, un día después del establecido según las normas que regulan la materia. Lo anterior, permite concluir que la decisión del a-quo se ajusta a la disposición procesal que regula el asunto. ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL-Conformación de litisconsorcio En lo que atañe con el argumento de la indebida integración de la litis porque no se comprendía a todos los afectados (Litis consorcio necesario) no le asiste razón al

apoderado, porque en el proceso de nulidad electoral no es obligatoria la vinculación, como parte demandada, de la autoridad que expidió el acto impugnado. La ley reconoce que la pretensión se dirige a cuestionar la validez legal o constitucional de un acto administrativo que contiene la declaración de un derecho subjetivo a favor del elegido o nombrado y, sobre ese entendido, solo impone la vinculación, como parte demandada en la relación jurídico-procesal, del titular de ese derecho subjetivo. INHABILIDAD–Definición gramatical y jurídica Como se ha indicado por este Despacho en oportunidades anteriores, y nuevamente se reitera, la inhabilidad gramaticalmente, se entiende como el “defecto o impedimento para obtener o ejercer un empleo”, así se consagra en la acepción segunda que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. En el artículo 279 de la Ley 5ª de 1992 se dice que inhabilidad es todo acto o situación que invalide la elección de congresista o impide serlo. Como corolario de lo anterior, se puede concluir que la inhabilidad es aquella circunstancia creada por la Constitución o la Ley que impide o imposibilita que una persona sea elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio; tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co RÉGIMEN DE INHABILIDADES-Finalidad Se ha señalado que la finalidad del establecimiento de un régimen de inhabilidades es garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. De igual forma, se ha dicho que constituyen una garantía de que el comportamiento anterior o el vínculo familiar no afectarán el desempeño del empleo o función; que con su consagración lo que se busca es :impedir el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado para hacerse elegir o hacer elegir a determinadas personas; mantener la igualdad de condiciones entre quienes aspiran al favor popular en la elección popular. De igual manera, se ha dicho que su fin teleológico es cautelar de nocivas influencias y desigualdades incompatibles con el diáfano y equitativo discurrir democrático, los procesos electorales, garantizando así la independencia de los electores y la libertad de los elegidos o nombrados. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA-Doctrina pgn/INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA-Concepto doctrinal Ahora bien, esta Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado en varios de sus conceptos ha iniciado el estudio destacando en un acápite especial la regla de hermenéutica que se impone, cuando le corresponde al intérprete u operador jurídico abordar el estudio de normas prohibitivas o restrictivas del ejercicio de derechos. INHABILIDAD DE DIPUTADO-Supuestos que deben demostrase para configurar

la inhabilidad por celebración de contratos La disposición que señala el actor como quebrantada, en la que funda el cargo, el numeral 4º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000 La causal que el demandante señala como generadora de la inhabilidad en el elegido Diputado, relacionada con la celebración de contratos, se edifica sobre la demostración de los siguientes supuestos:  Celebrar contratos  con entidades públicas de cualquier nivel,  en interés propio o de terceros,  que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito,  dentro del año anterior a la elección Acreditados esos elementos, como se ha sostenido jurisprudencialmente, se impone la declaratoria de nulidad del acto de elección sin que le sea posible al juzgador adentrarse en consideraciones sobre el contrato, su naturaleza, o su influencia en el electorado, pues la norma no lo permite. En el asunto en examen las pruebas con demostrativas de la configuración de la causal de inhabilidad señalada por la parte actora y por ello, la consecuencia derivada del desconocimiento de este hecho impeditivo será la declaratoria de nulidad de la elección, sin que le corresponda al operador jurídico efectuar consideraciones en torno a la relevancia del contrato y la influencia sobre el electorado como lo pretende el actor, pues, como ya se dijo ello no es posible porque la norma no lo permite. En asuntos como el presente el operador hace una labor de subsunción de los supuestos de hecho dentro de los supuestos de la norma y si ellos son coincidentes, sólo le queda como opción declarar la nulidad deprecada.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., agosto 06 de 2012 Concepto No. 043 Señores Consejo de Estado Sección Quinta

M.P. Dr. ALBERTO YEPES BARREIRO

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 500012331000 2011 00688 01

Radicado interno: 2011 - 0688

Actor: Libia Cecilia Rojas Carrillo Asunto: Apelación de la sentencia de fecha 17 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual declaró la nulidad del acto de elección del señor Pierry Alonso Hernández Arana, como Diputado del Departamento de Guainía, para el período 2012 - 2015.

Respetado Señor Consejero: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, presento a consideración de la H.

Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I. ANTECEDENTES  1.- La demanda La ciudadana Libia Cecilia Rojas Carrillo, actuando en su propio nombre y representación, en ejercicio de la acción pública de nulidad electoral, demandó la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección del señor Pierry Alonso

Hernández Arana, como Diputado del Departamento del Guainia.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Pretensiones de la demanda Solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones: «1°. La nulidad del acto que declaró la elección del señor PIERRY ALONSO HERNÁNDEZ ARANA como Diputado a la Asamblea Departamental del Guainía para el período constitucional 2012 – 2015 contenida en el Acta de escrutinio General de Votos (E-26 AS) de fecha de impresión 4 de noviembre, expedida por los Delegados del Consejo Nacional Electoral y del Registrador Nacional del Estado Civil, cuya copia autentica (sic) adjunto. 2°. (…) 3°. (…)»  Hechos de la demanda Dentro del supuesto fáctico enunciado en la demanda, la actora alude a aspectos del proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 30 de octubre de 2011; así indica que el elegido Diputado señor Pierry Alonso Hernández Arana, fue inscrito como candidato avalado por el Partido Verde; indica que fue declarado elegido por las autoridades electorales y que se encontraba incurso en causal de inelegibilidad conforme a lo prescrito en el artículo 33 numeral 4º de la Ley 617 del 2000, por cuanto suscribió contrato de prestación de servicios con el Instituto de Desarrollo Rural –Dirección Territorial Guainiael cual se suscribió el 19 de noviembre de 2010.  Normas violadas y concepto de la violación Indicó como normas violadas las siguientes:

 Los artículos 40 y 299 de la Carta Política;  El artículo 33 numeral 4º de la Ley 617 del 2000 en concordancia con el artículo 86 ejusdem;

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Los artículos 223 numeral 5°, 226, 228 del Código Contencioso Administrativo. Al desarrollar el concepto de la violación de las normas manifiesta que la causal invocada impone la demostración de los siguientes presupuestos: i) la elección como Diputado; ii) la celebración de un contrato con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros; iii) que el contrato se haya celebrado dentro del año anterior a la elección y iv) que el contrato se haya cumplido o ejecutado en el respectivo departamento, los cuales se demuestran plenamente con las pruebas allegadas al plenario.  2. ) Decisión de primera instancia El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 17 de mayo de 2012, accedió a las pretensiones de la demandante y declaró la nulidad parcial del acto en el que las autoridades electorales consignaron la elección de Diputados por el Departamento del Guainia. El a-quo, consideró que la declaratoria de nulidad del acto de elección se imponía, por cuanto el contrato del cual la demandante deriva la inhabilidad, se había suscrito dentro del período inhabilitante.  3. ) Recurso de apelación

La decisión de primera instancia fue objeto de apelación por la parte demandada (fl. 231). En el escrito manifiesta que no comparte la decisión del Tribunal del Meta de haber considerado como no contestada la demanda, porque esta decisión no corresponde con la realidad porque la contestación de la demanda se dio en oportunidad y al no tenerse como contestada, se le negó la práctica de pruebas lo cual constituye una violación a la garantía del debido proceso. Sostiene que el aquo al considerar que la contestación de la demanda no se dio en oportunidad no advirtió las excepciones que se propusieron.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Dijo que no se había integrado la Litis en debida forma, por cuanto no se notificó a todos los afectados por la decisión y no se practicó la notificación personal al demandado, desconociendo con ello lo preceptuado en el artículo 228 Constitucional conforme al cual se ha de dar prelación a lo sustancial sobre lo formal; así mismo, señaló que la sentencia no está conforme con el petitum de la demanda porque en ésta se solicitó la práctica de un nuevo escrutinio y la sentencia denegó tal pretensión desconociendo el carácter rogado de la justicia de lo contencioso administrativo, y de igual manera, lo desconoció cuando declaró la nulidad parcial del acto que no fue lo peticionado por el demandante. Sostiene que en el contrato del cual se deriva la inhabilidad no aparece

identificado plenamente el elegido y que por ello no es posible asumir que el elegido Diputado es quien lo celebra y que las actas de inicio y de finalización del contrato son apenas prueba de la ejecución pero no demuestran la fecha en la cual se ha celebrado el contrato, por ultimo dice que la sentencia no analizó si el contrato celebrado tuvo o no la virtualidad de influir en el electorado y concluye manifestando que «Tomar la literalidad de la ley como circunstancia restrictiva de un derecho fundamental sin analizar el contenido teleológico de la misma, como se hace en la sentencia recurrida, es desconocer el principio pro homine y el efecto útil de las normas».  Admisión del recurso Por auto del 9 de julio de 2012, se admitió el recurso, se ordenó su fijación en lista y se dispuso que, vencido este trámite, se de traslado respectivo para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión, y cumplido este trámite, se le remitiera al Ministerio Público para emitir el concepto de rigor que le corresponde.  Alegatos de conclusión Dentro del término de traslado para alegar de conclusión la parte demandada por intermedio de apoderado judicial presentó escrito de alegatos y señaló que la

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co sentencia se ajustaba a derecho y lo dijo, considerando que el demandado

conocía del proceso y actúo en él, las publicaciones en prensa no son necesarias porque de acceder a la nulidad, la vacancia se suple con el candidato no elegido que siga en lista según el orden de inscripción; que el demandado en este proceso es el elegido señor Pierry Alonso Arana; que el acto demandado es correcto y que el análisis del Tribunal del Meta es acertado.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Procede este Agencia del Ministerio Público a rendir el concepto de rigor que le corresponde en el asunto sub examen.

De manera previa al estudio del asunto de fondo esta Delegada se pronunciará sobre lo dicho por el apoderado de la parte actora al cuestionar la decisión del aquo de considerar como no contestada la demanda, la cual, conforme al estudio de los términos ordenados en el auto del 28 de febrero de 2012, se encuentra ajustada a las normas procesales que regulan el asunto. En efecto, luego de haberse decretado la nulidad de la actuación a partir inclusive del auto admisorio de la demanda de fecha 12 de diciembre de 2011 (folio 68) se procede a admitir la demanda y a ordenar las notificaciones de rigor así como la fijación en lista. Conforme lo señala el artículo 233 del Código Contencioso Administrativo en el auto admisorio de la demanda se deberá disponer entre otros sobre lo siguiente:  Que se notifique el auto por edicto el cual se fijará durante cinco (5) días;  Que se notifique personalmente al Ministerio Público;

 Que se fije en lista por el término de tres (3) días, termino dentro del cual se podrá contestar la demanda y solicitar pruebas.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co En el asunto en examen el edicto se fijó el día cinco (5) de marzo de 2012 y fue desfijado el nueve (9) de marzo de la misma anualidad. A partir del siguiente día, comienza a operar el término de los tres (3) días con que cuenta el demandado para contestar la demanda, el cual comprendía los días 12, 13 y 14, siendo el último el día de culminación del traslado. Conforme a lo que se observa en el plenario la contestación de la demanda tiene como fecha de presentación personal ante la Oficina Judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, el 15 de marzo, o sea, un día después del establecido según las normas que regulan la materia. Lo anterior, permite concluir que la decisión del a-quo se ajusta a la disposición procesal que regula el asunto. Ahora bien, se observa igualmente la constancia secretarial que obra en el plenario a folio 160 según la cual el término corre a partir del día 14 de marzo del 2012 y vence el 16 de la misma calenda. Es claro que la constancia no es la que tiene efecto vinculante en relación con las partes en el proceso, porque las partes en primera medida deben atenerse a lo

que señale la ley y a las decisiones del Juez, autos o sentencias proferidas por él, y por lo mismo, no puede el apoderado del actor aducir que conforme a esta constancia el término se extendía hasta el 16 de marzo, pues ella no vincula. En igual forma, se habrá de decir que no le asiste razón al apoderado de la parte demandada al pretender que el auto admisorio de la demanda se notificara de manera personal a su representado, por cuanto la disposición ha señalado, que en eventos como el que es objeto de examen, la notificación se hará por edicto. En cuanto al desconocimiento del carácter rogado de la justicia de lo contencioso administrativa, tampoco se presenta esta situación. Si bien es cierto que el marco del litigio se fija por el demandante en su escrito no lo es menos que éste no

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co obliga al juez porque no todas las pretensiones deben ser declaradas por él, por cuanto que algunas de ellas podrán ser ajenas al contencioso planteado, como sucede en el asunto sometido a estudio, en donde si bien la parte solicitó la práctica de un nuevo escrutinio ella resulta improcedente por cuanto la nulidad del acto deviene de la demostración de una causal subjetiva y no de una de carácter objetivo, que es donde en principio opera la práctica de nuevos escrutinios, y por ello, resulta válido que el pronunciamiento recaiga solo sobre unas y no todas las

pretensiones que formule el actor. En lo que atañe con el argumento de la indebida integración de la litis porque no se comprendía a todos los afectados (Litis consorcio necesario) no le asiste razón al apoderado, porque en el proceso de nulidad electoral no es obligatoria la vinculación, como parte demandada, de la autoridad que expidió el acto impugnado. La ley reconoce que la pretensión se dirige a cuestionar la validez legal o constitucional de un acto administrativo que contiene la declaración de un derecho subjetivo a favor del elegido o nombrado y, sobre ese entendido, solo impone la vinculación, como parte demandada en la relación jurídico-procesal, del titular de ese derecho subjetivo. Efectuadas las anteriores precisiones entra este Despacho a considerar el asunto de fondo que se propone con la presente acción.  EL ASUNTO DE FONDO Se encuentra el proceso en trámite ante el H. Consejo de Estado por razón de la interposición del recurso de apelación contra la providencia del Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual accedió a la pretensión del actor y declaró la nulidad del acto, por medio del cual se determinó la elección del señor Pierry Alfonso Hernández Arana, como Diputado del Departamento del Guainia para el período 2012 – 2015. Conforme al escrito de demanda el cargo que formuló la parte actora es el siguiente:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C.

www.procuraduria.gov.co  Inobservancia del régimen de inhabilidades - Violación del numeral 4º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000.  Primer cargo:  Inobservancia del régimen de inhabilidades - Violación del numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 La demandante, en el escrito de demanda, señaló que el señor Pierry Alonso Hernández Arana, de conformidad con lo prescrito en el numeral 4º del artículo 33 de la Ley 617 del 2000, no podía ser elegido válidamente, pues había celebrado contrato con una entidad pública, que debía ejecutarse y cumplirse en el Departamento del Guainia. El Tribunal en su decisión de primera instancia declaró la nulidad, considerando para el efecto que la celebración del contrato que señaló el demandante como generadores de la inhabilidad, se había sucedido.

Veamos: Como se ha indicado por este Despacho en oportunidades anteriores la inhabilidad gramaticalmente, se entiende como el “defecto o impedimento para obtener o ejercer un empleo” (1), así se consagra en la acepción segunda que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. En el artículo 279 de la Ley 5ª de 1992 se dice que inhabilidad es todo acto o situación que invalide la elección de congresista o impide serlo.

Como corolario de lo anterior se puede concluir que la inhabilidad es aquella circunstancia creada por la Constitución o la Ley que impide o imposibilita que una persona sea elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, impiden

el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio; tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e 1 Diccionario de la Lengua Española – Real Academia Española – Editorial Espasa Calpe - Madrid España – XXI edición –

11999. Pág 1167

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos. Se ha señalado que la finalidad del establecimiento de un régimen de inhabilidades es garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. De igual forma, se ha dicho que constituyen una garantía de que el comportamiento anterior o el vínculo familiar no afectarán el desempeño del empleo o función, y que con su consagración lo que se busca es “impedir el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado para hacerse elegir o hacer elegir a determinadas personas; mantener la igualdad de condiciones entre quienes aspiran al favor popular en la elección popular”. 2 De igual manera se ha dicho que su fin teleológico, es cautelar de nocivas influencias y desigualdades incompatibles con el diáfano y equitativo discurrir democrático los procesos electorales, garantizando así la independencia de los electores y la libertad de los elegidos o nombrados. 3 Ahora bien, esta Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado en

varios de sus conceptos ha iniciado el estudio destacando en un acápite especial la regla de hermenéutica que se impone, cuando le corresponde al intérprete u operador jurídico abordar el estudio de normas prohibitivas o restrictivas del ejercicio de derechos. Con el respeto de la H. sala se reitera y transcribe lo que sobre este punto en particular se ha indicado,  “La interpretación del asunto se debe hacer con carácter restrictivo 2 ? Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – M.P. Dr.: AMADO GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ. Sentencia de 17 de agosto de 1995. Exp. No. 1306 3 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – M.P. Dr.: AMADO GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ. Sentencia de 13 de julio de 1995. Exp. No. 1346

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co “Una de las reglas de hermenéutica jurídica enseña que “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, además el intérprete debe tener que “en la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición”, según expresión

tradicional de la H. Corte Suprema de Justicia (Casación de diciembre de 1898, XIV, 92), toda vez que según expuso la misma Corporación (Acuerdo, 29 de septiembre de 1917. XXVI, 154) el principio de hermenéutica jurídica estatuye que las disposiciones de carácter excepcional, en materias que no sean penales, deben interpretarse restrictivamente por causa de su previsión y exactitud para efectos de no extender una excepción más allá de los límites indicados en ella o para no reducirla hasta el punto de sustraer de su imperio casos que deben quedar comprendidos en su ámbito. 4 Lo anterior significa que las prohibiciones contenidas en la Constitución o en la ley deben interpretarse con estricta sujeción a la descripción que las contenga, buscando que su aplicación se circunscriba al ámbito de su comprensión gramatical, sin modificar su espectro en ninguna dirección, y que en esta forma, obviamente, debe tratarse aquélla que se refiera señalada en el inciso final del artículo 122 de la Norma Superior, disposición conforme a la cual no podrán ser inscritos como candidatos a cargo de elección popular, ni elegidos “quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño” . Como lo ha dicho en varias oportunidades esta Delegada en los conceptos que ha rendido en asuntos de competencia el H. Consejo de Estado – Sección Quintay como lo tiene aceptado la jurisprudencia, dado el tema que se

analiza que corresponde a un régimen de excepciones -las inhabilidades lo son-, que limita el ejercicio de derechos fundamentales “éste debe ser interpretado de conformidad con la regla de hermenéutica que enseña que “en la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición”; este Despacho considera que si la elaboración interpretativa se ciñe a esta regla se cumplirán en mejor forma los principios interpretativos “in dubio pro homine” e interpretación “pro homine” de conformidad con los cuales debe acogerse la interpretación más favorable a los derechos humanos fundamentales cuando existan ambigüedades en la exégesis de una norma jurídica, la que permita y posibilite a la persona ejercer el derecho fundamental que en su favor ha consagrado el Constituyente, además, que en caso de duda, esta se dilucidará a favor de la libertad del ser humano como garantía de la efectiva vigencia de los derechos (subjetivos) fundamentales”. No se puede desatender a esta regla de hermenéutica a la cual aludió de manera expresa la H. Magistrada doctora MARIA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN, en el salvamento de voto que hiciera a la sentencia que decretó la pérdida de investidura del Senador de la República doctor Iván Díaz Mateus, de él se destaca el aparte en cual consigna como regla de interpretación que cuando ésta “se realice sobre el ejercicio y alcance de los derechos 4 Las citas están tomadas de los comentarios consignados por JORGE ORTEGA TORRES, a los artículos 27 y 31 del Código

Civil. (Código Civil. Ed. Temis).

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co fundamentales debe siempre ser lo más favorable posible a su titular, permitiendo a través de ello que la garantía de los derechos fundamentales acogidos por el constitucionalismo moderno logre niveles máximos de desarrollo social, incluido allí el campo de los derechos políticos. Ese ingrediente potencializadora de los derechos fundamentales se conoce en el concierto internacional como el principio pro hominen, de consagración supraconstitucional en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y su eficacia en el ordenamiento jurídico interno fue reconocida por el propio constituyente en disposiciones como el artículo 93 superior al consagrar que “los tratados internaciones ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno” 5 “El Principio indica que el intérprete ha de seleccionar y aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, para su libertad y sus derechos, cualquiera sea la fuente que la suministre, ya sea interna o internacional. 6 En efecto, se trata de un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual, se debe acudir a la norma más amplia, o interpretación más extensiva, cuando se trate de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la

interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria”. 7 Igualmente se ha sostenido y así se indica por la H. Corte Constitucional en la sentencia que se definió la constitucionalidad de la ley que convocó al referendo y dio origen a la norma que es materia de estudio, que al permitir una norma más de una interpretación, por lo menos “dos interpretaciones posibles de una disposición constitucional relativa a derechos de la persona, debe preferirse aquella que mejor armonice con los tratados de derechos humanos, dentro del respeto del principio de favorabilidad o pro hominem, según el cual, deben privilegiarse aquellas hermenéuticas que sean más favorables a la vigencia de los derechos de la persona”. Pues bien, conforme a las anteriores citas que señalan reglas de hermenéutica jurídica, habrá de concluirse que resultan contrarias a las que atrás se dejaron consignadas aquellas que no privilegien los derechos fundamentales del candidato “en especial los derivados del artículo 40 de la Carta Política, en particular los de elegir y ser elegido, el de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, igualmente se desconocería de los electores que sufragaron y apoyaron la causa política del elegido el derecho ciudadano de elegir y tomar parte en los procesos eleccionarios derechos que por su condición de fundamentales; en el momento de la 5 Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo – Doctora MARÍA HOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN – Salvamen