PGN - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER - - Funciones

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra la resolución No. 01669 de 29 de junio de 2011, por la cual la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER impuso sanción de multa a la sociedad COMEXTUN LIMITADA y a otras sociedades por presuntas violaciones al Estatuto General INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL–INCODERFunciones NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Definición legal DEBIDO PROCESO-Elementos en materia sancionatoria según la jurisprudencia constitucional

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., abril 19 de 2022 Doctor(a)

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera Ponente – Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 22 - 113

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 250002324000 2012 00796 03

Actor: Manuel Jaime Rodríguez Goncalves Demandada: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCONDERHonorable Señora Consejera: Estando dentro del término de traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto en el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra la Resolución No. 01669 de 29 de junio de 2011, proferida por la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCOER, mediante

la cual sancionó a la sociedad COMEXTUN LIMITADA; al demandante, capital del buque “El Rey” y solidariamente a PESCATUN DE COLOMBIA S.A., con el equivalente de 15.000 salarios mínimos legales diarios vigentes correspondientes a DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($267.799.950.00), por presuntas violaciones al Estatuto General de Pesca, y de la Resolución 02616 de 14 de octubre de 2011 por medio de la cual INCODER confirmó la Resolución 01669 de 2011 con base en las argumentaciones que se exponen a continuación:

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ANTECEDENTES Demanda Mediante escrito el señor Manuel Jaime Rodríguez Goncalves, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en contra del instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones: “1. Que se declare la nulidad de la resolución no. 01669 de 29 de junio de 2011, por la cual la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del

INCODER sancionó a la sociedad COMEXTUN LIMITADA; al capital del buque “El Rey” señor Manuel Jaime Rodríguez Goncalves y solidariamente a PESCATUN DE COLOMBIA S.A., con el equivalente a 15.000 salarios mínimos diarios vigentes correspondientes a DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($267.799.950.00), moneda corriente por presuntas violaciones al Estatuto General de Pesca y concretamente a la veda acordada para el año 2009.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 02616 de 14 de octubre de 2011, mediante la cual la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER confirmó en todas sus partes la Resolución No. 1669, en cuanto impuso al señor Manuel Jaime Rodríguez Goncalves una sanción como capitán del Barco “El Rey”.

3. Que, a titulo de restablecimiento del derecho, se exonere al señor Manuel Jaime Rodríguez Goncalves de toda responsabilidad por las infracciones que le fueron imputadas y del pago de la sanción que le fue impuesta mediante los actos administrativos demandados.

4. Que se condene a la Nación. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODERy/o a la Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca AUNAP, a reintegrar al señor Manuel Jaime Rodríguez Goncalves el valor correspondiente a la caución que llegue a presentarse como

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3 PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO requisito para darle curso legal a la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o aquellas sumas que mi representado deba asumir y pagar para constituir y sostener la vigencia de esa caución por el tiempo necesario.

5. Que se ordene que el mencionado reintegro, cualquiera que sea, se ajuste en su valor tomado como base el índice de precios al consumidor como lo indica expresamente el artículo 178 del CCA”.

Fundamentos facticos

1. La autoridad pesquera nacional, mediante resolución 04706 de 23 de diciembre de 2008, estableció una veda por buque individual para embarcaciones atuneras de cerco de bandera nacional y estableció para el año 2009 medidas de conservación sobre las especies en el océano pacifico oriental, para embarcaciones que operan en aguas jurisdiccionales y en zona económica exclusiva de Colombia. La veda tenía una duración de 49 días para los buques de clase 6, como el que es objeto de discusión en el presente proceso.

2. En cumplimiento de la medida adoptada, el representante de la empresa COMEXTUN LIMITADA comunicó que el buque “El Rey”, iniciaría su periodo de veda a partir del 15 de mayo de 2009.

3. El Comité para la revisión de medidas adoptadas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical –CIAT-, presentó el 24 de septiembre de 2010 documento dentro del cual se hace referencia a un presunto incumplimiento de la veda indicada por parte del

buque “El Rey”.

4. La Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER procedió a abrir investigación administrativa contra COMEXTUN LIMITADA, en su calidad de titular del permiso de pesca industrial, al cual se encuentra debidamente vinculado el buque “El Rey”, contra su

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4 PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO capitán y solidariamente contra el armador PESCATUN DE

COLOMBIA S.A.

5. El expediente No. 010 del 2010 abierto por la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER fue declarado nulo por haberse iniciado contra el buque “El Rey”, habiendo debido iniciarse contra el capitán del buque, el armador y el titular del permiso de pesca al cual se encuentra debidamente vinculado el buque, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley 13 de 1990.

6. Posteriormente, INCODER procedió nuevamente a asumir la investigación administrativa contra COMEXTUN LIMITADA, su capitán y solidariamente contra el armador del buque “El Rey”, por presunta infracción al Estatuto General de Pesca y demás normas reglamentarias sobre la materia.

7. De acuerdo con la aclaración del señor Gerardo Castro, observador del buque “El Rey” de bandera colombiana, la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER decidió

sancionar a la sociedad COMEXTUN LIMITADA; al capitán del buque y solidariamente a PESCATUN DE COLOMBIA S.A. Contestación Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODEREn la oportunidad correspondiente, el INCODER contestó la demanda rechazando las pretensiones de la parte demandante, presentando como excepción previa caducidad de la acción, toda vez que el demandante anexa la constancia de la Procuraduría Cuarta Judicial II, en la cual certifica que fue recibido el 6 de marzo de 2012 y se adelantó la audiencia de conciliación el 29 de mayo 2012, fecha en que ya se había cumplido los cuatro (4) meses teniendo en cuenta que el acto administrativo fue expedido el 14 de octubre de 2011, quedando ejecutoriado el mismo día,

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5 PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO en razón a que contra aquel no procedía ningún recurso por estar resolviendo el recurso de reposición interpuesto contra la resolución no. 1669 del 29 de junio de 2011. Asimismo, si se tiene en cuenta la suspensión del término por la conciliación ante la Procuraduría la cual opera solamente del 6 de marzo de 2012 (fecha de presentación de la solicitud), al 29 de mayo de 2012, la

demanda ya había transcurrido más de los cuatro (4) meses que establece la Ley. Además, adujo la entidad la falta de legitimación de la causa por pasiva, fundamentando que no cuenta con la facultad o competencia para entrar a ejercer la representación de los intereses a los conflictos que se hayan generado como consecuencia al ejercicio de funciones concernientes al tema de pesca, pues dicha competencia quedo radicada en la autoridad nacional de acuicultura y pesca conforme a los parámetros otorgados por el Decreto 4181 de 2011. Por otro lado, la apertura de la investigación contra la sociedad COMEXTUN LIMITADA, en su calidad de titular del permiso de pesca al cual se encuentra debidamente vinculado el buque “El Rey” de bandera colombiana, obedece a que la comisión interamericana del atún tropical, puso en conocimiento el documento que hace referencia a un presunto incumplimiento de la veda por parte del buque “El Rey”. Por lo anterior, INCDER respetó todos los derechos de los demandantes, y el agotamiento de la vía gubernativa se dio con la expedición de las resoluciones que resolvieron el recurso de reposición donde se confirmó la decisión inicial de imponer las sanciones pecuniarias. De igual manera, y luego de haber culminado el procedimiento sancionatorio, mediante el Decreto 4181 de 2011 se creó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, cuyo objeto es ejercer la autoridad pesquera y acuila de Colombia, escindiéndose se este Instituto dicha función.

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6 PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAPPor su lado, la AUNAP contestó la demanda argumentando que el Subgerente de Pesca y Acuicultura del INCODER, si era competente para proferir los actos administrativos demandados, y no estaba viciado de su competencia por el hecho de no haberse publicado en el Diario Oficial. Aseguró que, tal y como lo ha expresado el Consejo de Estado, al ser un acto meramente interno, su falta de publicación no lo afectó por vicio alguno de competencia, porque quienes realmente estaban interesados en conocer de la delegación eran los propios funcionarios internos de la institución que, obviamente no solo lo conocieron sino que lo acataron, lo cumplieron y lo ejecutaron en los términos en que los facultó la resolución de delegación de funciones 2851 de 2010 expedida por el Gerente General del INCODER en su momento. Así las cosas, es evidente que no existe la supuesta causal de vicio de competencia, para declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, y en consecuencia tampoco hay violación de los artículos 25, 29, 53 y 209 de la Constitución Política; la Ley 489 de 1998, artículos 43 y 85 del CCA como lo afirmó erróneamente el apoderado de la parte demandante. Afirmó que INCODER actuando con respeto al debido proceso, mediante oficios de 24 de marzo de 2011 y 15 de junio de 2012, procedió a enviarle

al capitán del Buque, el cuestionario de preguntas con el objeto de que se permitiera diligenciarlo y responder ante las autoridades colombianas por la investigación administrativa de la cual era parte, cuestionario que fue resuelto por el investigado. En el caso concreto, la Ley especial es la 13 de 1990, que en su artículo 55 responsabiliza a las personas naturales y jurídicas que infrinjan las disposiciones establecidas, incluyendo la responsabilidad solidaria del

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7 PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO capitán del armador y el titular del permiso de pesca, los cuales serán responsables solidarios de las sanciones económicas que se impusieren. Fallo de primera instancia emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Dentro de la decisión correspondiente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección B, emitió fallo en primera instancia determinando que, el cuestionario que le fue remitido al demandante a través del representante legal de la sociedad COMEXTUN Ltda., no puede ser considerado como un escrito de rendición de descargos dentro de una investigación administrativa, entre otras razones, porque como se dijo, nunca se le informó de dicha situación, no se le indicaron las razones fácticas y jurídicas frente a las cuales debía ejercer su derecho de

defensa y no se lo otorgó la oportunidad de solicitar y aportar pruebas, que dicho sea de paso habían sido decretadas en forma anterior a la remisión de dichos documentos. Por lo tanto, procedió el Tribunal a declarar la nulidad de las resoluciones objeto de discusión. Recurso de apelación La parte demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera - Subsección B, argumentando que hubo una equivocación interpretativa por parte del Tribunal, toda vez que en el presente caso, se llevo a cabo todo el procedimiento exigido en los artículos 34 y 35 del Decreto de 1984 y respetando el artículo 164 del Decreto 2256 de 1991, solo que no se tuvo en cuenta la denominación “pliego de cargos” exigida por el Tribunal en la sentencia, porque no hay norma sobre la materia que lo regule, y lo desarrollo, luego la exigencia de un “pliego” no previsto en la ley que regula la materia, no tiene sentido.

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8 PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Muy por el contrario, habría hecho incurrir a las autoridades de la entonces Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER en una extralimitación de funciones al inventar un formalismo “pliego” no regulado, pues este solo

está previsto en la actualidad para el proceso disciplinario y no en el administrativo sancionatorio bajo examen. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se le hizo la pregunta correspondiente al procesado acerca de si conocía la investigación, esto fue lo que dijo el señor capital Manuel Jaime Rodríguez: “Preguntando: manifieste al Despacho si conoce los motivos por los cuales se encuentra rindiendo esta versión libre de todo apremio y circunstancia.

Contestó: por una investigación sobre una supuesta violación de veda”.

Por lo tanto, aseguró que el investigado si conocía los motivos por los cuales se encontraba rindiendo la declaración sabiendo además, según los oficios remisorios de los cuestionaros, que era una oportunidad para ejercer su derecho de defensa. A su juicio, es evidente que en este caso, se presentó y tramitó la vía administrativa, si hubo derecho de audiencia y defensa como lo exigen los artículos 29 de la Constitución y 84 del CCA en beneficio del Capitán demandante, y por lo tanto, una legalidad absoluta en la expedición de las resoluciones demandadas. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico La controversia bajo estudio nos plantea el siguiente problema jurídico:

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9 PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 1. ¿Están afectadas de nulidad las Resoluciones 01669 de 29 de junio

de 2011 y 02616 de 14 de octubre de 2011 expedidas por

INCODER?

Análisis Jurídico Conforme a lo previsto en la primera parte del artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”. Caso concreto La parte actora presentó demanda en contra de las Resolución No. 2406 del 24 de octubre de 2014, formuló como cargo de violación los artículos 25, 29, 53 y 209 de la Constitución Política, la Ley 489 de 1998, Ley 13 de 1990, los artículos 43 y 85 del CCA, el artículo 1495 del Código de Comercio y el Decreto 2256 de 1991. Como soporte de sus pretensiones, la parte demandante afirma que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 13 de 1990, el Gerente del INCODER le

corresponde imponer multas y sanciones por violación de las disposiciones

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10 PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO que rigen la actividad pesquera y acuícola. Dicha facultad, fue delegada a la Subgerencia de Pesca y Acuicultura a través de la resolución 2851 de 2010. Anotó que, pese a lo anterior la resolución de delegación de funciones no fue publicada en el Diario Oficial y, en consecuencia, las dependencias allí descritas no podían asumir el ejercicio de las funciones delegadas para el presente asunto, es decir, la Subgerencia de Pesca y Acuicultura no podía ejercer la función de imposición de sanciones debido a que el acto administrativo no produjo efectos jurídicos. Por lo anterior, la Subgerencia de Pesca y Acuicultura no era competente para adelantar la actuación administrativa y proferir los actos sancionatorios demandados. Asimismo, según lo dispone el artículo 164 del Decreto 2256 de 1991, reglamentado por la Ley 13 de 1990, las sanciones por infracción al Estatuto General de Pesca, serán impuestas mediante resolución motivada, previa comprobación de los hechos que dieron origen a la infracción y después de haber oído en descargos al infractor.

En concepto de la demandante, la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER profirió los actos administrativos sancionatorios desconociendo el trámite antes señalado, en consideración a que no vinculó a todos los presuntos infractores al trámite de la actuación administrativa que concluyó con la expedición de los actos demandados. En efecto, se limitó a enviarle al capitán del barco “El Rey”, un cuestionario de preguntas relacionadas con los hechos que motivaron la investigación administrativa, es decir, no lo vinculó, y por consiguiente se entiende que violó el debido proceso, en razón a que su intervención no podía obviarse, máxime si se tiene en cuenta que el capitán de la nave, según lo dispone el artículo 1495 del Código de Comercio, es jefe superior encargado del gobierno y dirección de la nave.

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11 PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Lo anterior, por cuanto la omisión de la entidad de vincularlo impidió el ejercicio del derecho de defensa, de él y de todos los presuntos infractores, en razón de que sus descargos eran fundamentales para comprobar los hechos que generaron la infracción. La parte accionante argumentó que el artículo 164 del Decreto 2256 de 1991, determina que el trámite administrativo para imposición de

sanciones derivadas de la infracción del Estatuto General de Pesca debe hacerse mediante resolución motivada previa comprobación de los hechos. La Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER sustentó la presunta infracción en las respuestas emitidas por el observador al cuestionario enviado por esa entidad, que según el texto de la resolución, resultan ser simples apreciaciones personales del observador. Arguyó que, la entidad actuó de acuerdo a lo establecido por el observador para configurar la conducta sancionable, sin acudir a otros medios de prueba idóneos que corroboraran las apreciaciones del mismo y sin apreciar en debida forma las declaraciones del representante legal de las empresas sancionadas. Adujo que, el observador tiene una función preventiva dentro del ámbito del cumplimiento de las normas sobre pesca, función que debe cumplirse de común acuerdo con el capitán y la tripulación del barco pesquero y no parece que en este caso el observador la cumpliera. Olvidó el INCODER tener en cuenta las funciones y la razón de ser de la figura del observador. Así entonces, señaló que la sanción se impuso atendiendo únicamente el concepto del observador pero no se allego una prueba idónea que corroborara el incumplimiento de la veda. Veda en la pesca colombiana y el debido proceso en la actividad pesquera y acuícola

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12 PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO La veda de pesca son periodos de tiempo donde se prohíbe la pesca industrial, pesca artesanal o pesca deportiva de una determinada especie de pez en una cuenca hídrica, en un río o en alguna costa marina específica, normalmente la veda corresponde a segmentos de tiempos donde se generan los ciclos reproductivos de los peces, por lo tanto, se prohíbe cualquier tipo de captura, transporte y comercialización de la especie de pez de agua dulce o de agua salada marcada en veda, según la legislación nacional. Es de anotar que, el artículo 13, numeral 8º de la Ley 13 de 15 de enero 1990, establece la siguiente función a cargo del INCODER: “(…) Artículo 13. El INPA cumplirá las siguientes funciones: 8) Organizar sistemas adecuados de control y vigilancia para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan las actividades de pesca e imponer las sanciones correspondientes. En materia de control y vigilancia de la pesca marina, actuará en coordinación con la Armada Nacional […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto). Asimismo, el artículo 4º, numeral 24 del Decreto 3759 de 2009, establece: “(…) Las funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo RuralINCODER, serán las siguientes: (…) Cobrar tasas, imponer multas y sanciones administrativas ante la comprobada violación de las disposiciones que rigen la actividad pesquera y acuícola y proponer el establecimiento de vedas, prohibiciones y vigilar su cumplimiento, así como establecer áreas que, con exclusividad, se destinen a la pesca

artesanal (…)”. (Subrayado fuera del texto) Visto el artículo 9º, reguló lo propio frente a la Gerencia General de la entidad, tal y como sigue:

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13 PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO “(…) Artículo 9o. Funciones de la Gerencia General. <Decreto tácitamente derogado por el Decreto 2365 de 2015> Las funciones de la Gerencia General son las siguientes: (…) Proferir los actos administrativos que se relacionen con la organización y funcionamiento, con el ejercicio de la autonomía administrativa y el cumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad. (…) Delegar en otros servidores públicos de la entidad, funciones atribuidas a su cargo, de conformidad con las normas vigentes (…)”. De igual manera, con fundamento las facultades otorgadas en las normas transcritas supra, el Gerente General del INCODER expidió la Resolución núm. 2851 de 6 de octubre de 2010, en la que resolvió: “(…) ARTÍCULO PRIMERO: Delegar en el (la) Subgerente de Pesca y Acuicultura, código 0040, grado 24, la competencia para adelantar y culminar los procedimientos en materia de pesca y acuicultura, que a continuación se relacionan, según la Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991:

a) Expedir los actos administrativos de iniciación de trámite y/o investigación de carácter sancionatorio a nivel nacional, relacionadas con la violación a las normas de pesca marítima v pesca continental en la jurisdicción de Bogotá, D.C., así como el de formulación de cargos y recaudo de pruebas mediante los cuales se inicien los procedimientos administrativos respectivos, con arreglo a lo dispuesto e Capitulo 3 de la Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991. b) Expedir los actos administrativos que resuelvan de fondo los procedimientos de carácter sancionatorio, sobre violación a las normas de pesca marítima y continental (Jurisdicción de

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Bogotá D.C.,), al igual que los recursos que interpongan contra los actos que resuelven los mismos (…)”. (Subrayado fuera del texto) Por su lado, el artículo 29 de la Constitución Política, respecto del derecho fundamental del debido proceso, dispone: “(…) El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará a preferencia de la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público, sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso (…)”. Dicho todo lo anterior, es de anotar que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que, se encuentran sujetas a los procedimientos señalados en la ley. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que en materia sancionatoria, de acuerdo con la definición del artículo 29 constitucional,

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15 PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO el debido proceso comprende los elementos y condiciones que deben ser garantizados a una persona sometida a juicio, sanción, o medida restrictiva: i) ejecución material, por el acusado, de un acto típico; ii) ley

que fije su tipicidad, expedida temporalmente antes de la conducta del acusado; iii) juez competente que juzgue la conducta; y iv) observancia plena de las formalidades propias de cada juicio. Para ser más concretos, la Resolución Nro. 004706 de 23 de diciembre de 2008, expedida por el Director General del Instituto Colombiano Agropecuario, dispuso tal veda bajo las siguientes condiciones: “(…) ARTÍCULO PRIMERO.- Objeto. Establecer para el año 2009 medidas de conservación sobre poblaciones de Túnidos y Especies Afines para las embarcaciones atuneras de bandera nacional que operan en el Océano Pacífico Oriental OPO y para las embarcaciones atuneras de bandera extranjera afiliadas a empresas colombianas que operan en aguas jurisdiccionales y en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Colombia en el Océano Pacífico. ARTÍCULO SEGUNDO.- Establecer una veda por buque individual (VBI) para embarcaciones atuneras de cerco de bandera nacional. Parágrafo 1.- La VBI será por un período de cuarenta y nueve (49) días continuos para las embarcaciones atuneras de cerco Clase 6 y de treinta (30) días continuos para las embarcaciones atuneras de cerco Clases 1, 2, 3, 4 y 5, de acuerdo con la clasificación de embarcaciones atuneras establecida por la CIAT. Parágrafo 2.- Para las embarcaciones atuneras de cerco de bandera nacional, la veda se aplica en el Océano Pacífico Oriental – OPO, comprendido desde el litoral del continente americano hasta el

meridiano 150º oeste y desde el paralelo 40º norte hasta el paralelo 40º sur. (…)

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 250002324000 2012 00796 03

5aCdeE/SSN/JADV

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16 PROCURADURIA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ARTÍCULO CUARTO.- Cumplimiento de la veda. La empresa colombiana a la cual se encuentren afiliadas embarcaciones atuneras de cerco de bandera nacional, deberá informar al ICA en los primero 15 días del año 2009 el cronograma de cumplimiento de la presente resolución, el cual no podrá ser modificado, donde se establezca el período de cuarenta y nueve (49) días o de treinta días (sic) (30) días, dependiendo de la Clase, en que las embarcaciones de manera individual o en conjunto, cumplirán con la VBI, la cual se dará en el período comprendido entre las 00:00 horas del 16 de enero de 2009 hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2009. (…) ARTÍCULO DÉCIMO.- Prohíbase la descarga en puerto colombiano de Túnidos y Especies Afines capturad