PGN - INTERVENTOR - Debe exigir al contratista la ejecución oportuna del contrato

Dependencia: Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación: 21-62176

Disciplinado: Joselín Díaz, Héctor Lamo y Florencio Blanco

Cargo y entidad: Directores y Subdirector Ambiental CAS

Quejoso: Jaime Pérez

Fecha Queja: 13-12-99

Fecha Hechos: 20-11-98

Asunto: Pago 50% anticipo y no ejecución contrato obra

Bogotá D.C. 27 de octubre de 2003 No evidenciándose causal de nulidad que afecte el presente proceso, procede el despacho a proferir fallo de primera instancia de conformidad con la competencia señalada en el numeral 1 literal b) del artículo 25 del Decreto 262 de 2002. IDENTIDAD DE LOS INVESTIGADOS Joselín Díaz Aguillón, identificado con cédula de ciudadanía N° 5.695.050 de Oiba, se desempeñó como Director General de la Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S. entre el 2 de mayo de 1995 y el 23 de diciembre de 1998 de conformidad con certificación visible a folio 50 del anexo 1. Héctor Lamo Gómez, identificado con cédula de ciudadanía N° 5.762.826 del Socorro, para la época de los hechos prestaba servicios en la C .A.S. de conformidad con certificación obrante a folio 103 cuaderno 1. Florencio Blanco Sánchez identificado con cédula de ciudadanía N° 79.505.690 de Bogotá, se desempeña en la C.A.S. como Subdirector de Gestión Ambiental con sede en San Gil, de conformidad con certificación obrante a folio 103

cuaderno 1.

HECHOS

1. Joselín Díaz Aguillón en condición de Director General de la CAS, suscribió con Edgar Acevedo cárdenas el 1 de julio de 1998 contrato de Obra Pública por $ 8.899.558 para el establecimiento de una plantación forestal en una extensión de

Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co siete hectáreas, mediante la implantación de cercas en 641 metros lineales y mantenimiento durante dos meses después de plantados los árboles, a lo largo del cause de la quebrada La Montuosa del Municipio de Simácota. (fls. 54 a 56)

2. Raúl Millán y Fernando Rivera, técnicos de la C.A.S. presentaron el 20 de noviembre de 1998 informe a Florencio Blanco, indicando sobre la no ejecución del contrato cuya fecha feneció el 4 de noviembre de 1998. (fl. 24)

3. La interventoría de la obra le fue asignada a Florencio Blanco Sánchez Subdirector de Gestión Ambiental de la C.A.S. y mediante memorando del 27 de julio de 1999 informó a la Secretaría General sobre el incumplimiento del contrato, solicitando la inmediata liquidación y el reembolso del anticipo por $ 4.479.779.

(fls. 21 a 22) 4.El Secretario General de la C.A.S. remitió el 4 de abril de 1999 a Héctor Lamo Gómez Director encargado de la entidad, informe sobre el incumplimiento del contrato N° 239 de 1998 suscrito con Edgar Acevedo Cárdenas, advirtiéndole que

las pólizas ya no eran exigibles. (fls. 26 a 27) y el 16 de febrero de 2000 le envió comunicación a Florencio Blanco para que cuantificara el incumplimiento del contratista para proceder a liquidarlo (fl. 16)

5. El 26 de octubre de 2001 se suscribió contrato de Prestación de Servicios con el abogado Alvaro Niño para iniciar las acciones legales para obtener el reembolso del anticipo del contrato 239 (fls. 97 a 111)

6. A folio 277 se hace visible la certificación expedida por la Fiscalía Segunda Local de San Gil donde se indica que en ese despacho cursó proceso penal contra Edgar Acevedo Cárdenas por presunto abuso de confianza calificado donde se llegó a conciliar en $ 8.046.579 y el implicado cumplió ha cabalidad con el arreglo.

7. El Tesorero de la C.A.S. certifica el 12 de septiembre de 2003 que Edgar Acevedo Cárdenas cumplió con los pagos pactados en la conciliación del contrato de Obra N° 239-98 y se encuentra a paz y salvo con la Corporación CARGOS Mediante auto del 11 de marzo de 2002, (fls. 134 a 145) se vincularon al proceso disciplinario a Joselín Díaz Aguillón, Héctor Lamo Gómez y Florencio Blanco

Sánchez, por las siguientes conductas: Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co JOSELIN DIAZ AGUILLON, en condición de Director General haber Entregado en

calidad de anticipo el valor de $ 4.406.281 a Edgar Acevedo Cárdenas para la ejecución del contrato de obra N° 238, sin que el contratista cumpliera con el objeto y no adoptar los mecanismos legales para la devolución y la imposición de las correspondientes multas, permitiendo el incremento patrimonial de éste. HECTOR LAMO GOMEZ, en condición de Director General encargado fue enterado el 14 de abril de 1999 del incumplimiento del contrato N° 238 de 1998 y no desplegó las acciones pertinentes para exigir su cumplimiento o recuperar el dinero del anticipo. FLORENCIO BLANCO SÁNCHEZ, Subdirector de Gestión Ambiental de la C.A.S. interventor del contrato N° 238 de 1998, haber recibido el 20 de noviembre de 1998 el informe técnico donde se advertía que el objeto de la obra no se había ejecutado y el 8 de marzo de 1999 el memorando suscrito por el Secretario General donde le ordenó las visitas técnicas al contrato referido, sin que hubiere generado acción alguna para prevenir el perjuicio, permitiendo el incremento patrimonial injustificado del contratista. Le fueron citadas como normas violadas, sustento jurídico del pliego de cargos , los artículos 4, 6 y 209 de la Constitución Política, 40 numerales 1, 2, 13, 22 y 23 de la Ley 200 de 1995, artículos 3, 4 numerales 1, 4; 23 y 26 numeral 1 de la ley 80 de 1993.

DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

1. Joselín Díaz Aguillón, presentó dentro del término legal memorial de descargos, argumentando que efectivamente suscribió el contrato de marras el que vencía en su plazo el 1 de noviembre de 1998 y que correspondía al interventor el recibo de la obra y en caso de incumplimiento informar al Secretario General de la Corporación para hacer efectivas las pólizas y proceder a su liquidación como lo ordena el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

Aseguró que el plazo para la liquidación vencía el 1 de marzo de 1999, fecha en la que había dejado de ser Director de la C.A.S., suspendido por el Consejo directivo el 23 de diciembre de 1998 y reemplazado por Héctor Lamo Gómez, luego no le cabe responsabilidad disciplinaria ya que en la adjudicación se Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co cumplieron con todos los requisitos, no se presentó sobrecostos ni favorecimientos. (fls. 147 a 149)

2. Héctor Lamo Gómez, dentro del término legal presento memorial exculpatorio y en el momento procesal, alegatos de conclusión (fls. 222 a 235), documentos en los que advirtiendo que el contrato de obra fue el 239 y no el 238 como se indicó en el pliego de cargos y que a su vez en su condición de Director encargado de la CAS en 1999 revisó el estado de los contratos en ejecución, remitiendo el memorando N° 058 del 26 de marzo de 1999 a Jairo Vera Castellanos, Secretario

de la Corporación donde solicitó informe sobre la 239 suscrito con Acevedo Cárdenas y le ordenó implantar las medidas necesarias para liquidar el contrato y ello en virtud que el Secretario era abogado y él no. Ante la inobservancia de la orden dada, ordenó investigación disciplinaria contra Jairo Vera Castellanos el 7 de abril de 1999 y el 14 del mismo mes y año recibió comunicación del Secretario General de la entidad donde señalaba que debido al cúmulo de trabajo le había sido imposible dar respuesta a lo solicitado, y más tarde el 19 de mayo de 1999 puso en conocimiento de la Procuraduría Regional de San Gil queja contra Vera Castellanos por no haber realizado asuntos propios de las funciones del cargos entre ellos, no adelantar los procesos respectivos para el cumplimiento de los contratos o efectividad de las pólizas de garantía. Ate tal situación y luego de un estudio de los diferentes contratos incumplidos, el 14 de febrero de 2000 optó por suscribir contrato de prestación de servicios con el abogado Eduardo Ramírez Maya para adelantar las acciones penales y administrativas necesarias para la recuperación del anticipo entregado a Edgar Acevedo Cárdenas; se formuló con posterioridad denuncia penal por abuso de confianza ante el incumplimiento del contrato N° 239 de 1998, y el no reintegro del anticipo por valor de $4.449.779 y en la administración de Reinaldo Bautista Quintero se logró la conciliación con el contratista por valor de $ 8.045.679, que la tesorería de la CAS, certifica Haber recibido a satisfacción expidiendo el correspondiente Paz y Salvo.

En resumen, el investigado Director colige que su actuación estuvo encaminada a recuperar los dineros entregados por concepto de anticipo con lo que la conducta queda desvirtuada.

3. El abogado Alfredo Salinas Rojas en representación de Florencio Blanco Sánchez, luego de un detenido examen probatorio hizo una crítica a la investigación adelantada contra su defendido, advirtiendo una tergiversación y

Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co errónea apreciación de las pruebas e incluso deformación de la norma para adecuar la conducta investigada y calificarla como gravísima, cuando su defendido, médico veterinario de profesión no cometió irregularidad alguna. Advierte el memorialista que se llamó a responder a Blanco Sánchez en su condición de interventor del contrato N° 238 que no corresponde al suscrito con Acevedo Cárdenas por lo que no puede inculparse a su defendido por unos hechos que histórica y procesalmente no ocurrieron, pero a su vez aclara que Florencio ingreso como Subdirector de la Entidad, el 3 de septiembre de 1998 y asume las funciones del cargo por lo que no resulta admisible presumir culpabilidad disciplinaria por conductas ajenas que pudieron ejecutar actos que atentaron contra la entidad. Indicó que Gerardo Camelo García , Subdirector de Gestión Ambiental de la CAS, para la época de la suscripción del contrato de marras fue quien dio concepto favorable para la reforestación del cauce de la quebrada Montuosa y firmó el acta

de iniciación de las obras, fecha en la que su defendido no laboraba en la institución y si en gracia de discusión a partir del 3 de septiembre de 1998 asumió el cargo y le entregaron los contratos para su control o revisión, en el caso específico del contrato N° 239 se le solicitó colaboración para cuantificar el incumplimiento y proceder a liquidarlo y llegar a un acuerdo con el contratista como se advierte a folio 16. El dinero del anticipo fue recuperado lo que demuestra que no existió enriquecimiento ilícito a favor de terceros como se indicó en el pliego de cargos, por lo que colige que existió una errónea apreciación subjetiva del material probatorio y si bien Florencio Blanco recibió el informe técnico de Millán y Rivera del 20 de noviembre de 1998, al mismo se le dio respuesta el 24 del mismo mes solicitándole al Secretario General Jairo Vera Castellanos ejecutar las acciones pertinentes como se observa a folio 23, por lo que predica no se le puede tildar de negligente y culposa la actividad referida.(fls. 159 a 178 anexo 1) ANALISIS PROBATORIO La conductas irregulares imputadas a Joselín Díaz Aguillón, Héctor Lamo Gómez Directores titular y encargado, respectivamente, de la Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S. y a Florencio Blanco Sánchez, Subdirector de Gestión Ambiental de la entidad, están referidas a la posible omisión de funciones en el ejercicio del cargo relacionadas con la ejecución del contrato de obra N° 239 Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co

de 1998 que fue incumplido por Edgar Acevedo Cárdenas, permitiendo al contratista un acrecer patrimonial indebido. a) Imputación a JOSELIN DIAZ AGUILLON: El recaudo probatorio da fe que JOSELIN DÍAZ AGUILLÓN el 1 de julio de 1998 celebró contrato de Obra Pública N° 239 con Edgar Acevedo Cárdenas con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses para el establecimiento de una plantación forestal en el cauce de la quebrada la montuosa, entregándose en calidad de anticipo el valor de $ 4.449.779, actividad no ejecutada por el contratista. (fl. 34) Se le reprochó disciplinariamente el no haber exigido el cumplimiento del contrato o la devolución del valor del anticipo omisión que en principio debe operar mientras el servidor público hubiere permanecido en el ejercicio del cargo lo que ocurrió hasta el 23 de diciembre de 1998 fecha en la cual el Consejo Directivo de la CAS lo suspendió como Director de la entidad y en su reemplazo designaron a Héctor Lamo Gómez. Se suscribió acta de iniciación de obra el 3 de julio de 1998, (fl. 36) plazo que vencía en noviembre del mismo año y de conformidad con las funciones asignadas a cada uno de los servidores públicos comprometidos en la ejecución del contrato, particularmente al Subdirector de Gestión Ambiental a quien correspondía en condición de interventor poner en conocimiento el incumplimiento de Acevedo Cárdenas, lo que ocurrió el 24 de noviembre de 1998 cuando Florencio Blanco Sánchez remitió al Secretario General de la CAS el memorando

3832-98 para que se tomaran las medidas legales pertinentes y anexa el informe técnico de Raúl Millán y Hernando Rivera. (fls. 32 y 33) En atención a la certificación suscrita por el Secretario General de la CAS, a dicha dependencia correspondía para la época de los hechos, dentro del marco de sus funciones la ”elaboración de proyectos de actos y contratos que deba expedir o suscribir la entidad, en las áreas administrativa y ambiental”, vale decir, los trámites precontractuales, contractuales y post contractuales . (fl. 40) En tal sentido los informes de incumplimiento y los relacionados en general con la parte contractual de la entidad tenían que ser conocidos por el Secretario General quien estaba investido de las funciones pertinentes para adelantar las gestiones legales del caso, es por ello que esta demostrado que durante la vigencia del contrato que se examina, el Director Díaz Aguillón no tuvo conocimiento de lo sucedido en la ejecución y sólo hasta después de su desvinculación se Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co conocieron las circunstancias por las que se le ha llamado a responder, razón por la cual el despacho advierte que el cargo imputado pierde vigencia en lo referente a la omisión planteada. Subsidiariamente no puede pregonarse el presunto incremento patrimonial en favor de terceros en razón que se allegaron a la foliatura los documentos que acreditan que Acevedo Cárdenas pagó la suma de $8.046.579 por concepto del reintegro del valor entregado como anticipo en el contrato de Obra N° 239 de

1998 y los respectivos intereses, encontrándose a paz y salvo con la Tesorería de la C.A.S. (fls. 277 a 279) En los términos referidos no se advierte conducta irregular que pueda generar a título de dolo o culpa responsabilidad disciplinaria en materia del ordenamiento contractual vigente, razón por la cual se decretara la absolución pertinente. b) Imputación a HECTOR LAMO GOMEZ Similar análisis probatorio habrá de aceptarse en el evento relacionado con HECTOR LAMO GÓMEZ a quien en su condición de Director encargado de la entidad, se le llamó a responder porque presuntamente una vez enterado el 14 de abril de 1999 del incumplimiento de marras no adoptó las medidas pertinentes para lograr la recuperación del valor entregado por anticipo, reiterándole que tal omisión generó un acrecer patrimonial irregular en el contratista. Al margen de lo ya narrado, Héctor Lamo Gómez en atención al informe presentado, mediante memorando N° 058-99 del 26 de marzo de 1999 solicitó a Jairo Vera Castellanos Secretario General de la entidad una relación de las acciones legales llevadas a efecto entre otros en el incumplimiento del contrato que nos ocupa y a quien por razones funcionales le competía asumir las acciones administrativas o legales respectivas relacionadas con el incumplimiento de Acevedo Cárdenas. Tal y como lo explica el investigado en sus descargos, se vio en la necesidad de instaurar las acciones disciplinarias contra Vera Castellanos ante el incumplimiento de lo solicitado, lo que demuestra que efectivamente estuvo pendiente de solucionar los inconvenientes presentados no sólo en el

incumplimiento del contrato N° 239 de 1998, sino de todos los suscritos por su antecesor y que presentaban irregularidades en la ejecución, razón por la cual el Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co cargo no prospera en orden a que se desvirtúa la presunta omisión en el ejercicio de las funciones. En lo relacionado con la recuperación del dinero entregado por concepto de anticipo, luego de agotar los trámites internos suscribió contrato de prestación de servicios con el abogado Jorge Ramírez Maya (fls. 237 a 238) para adelantar las acciones judiciales relacionadas con 55 contratos entre ellos el que nos ocupa. Finalmente una vez elegido el director titular de la entidad, con posterioridad y a través del proceso ordinario se logró recuperar el valor correspondiente del anticipo y los respectivos intereses tal como se demostró en certificación expedida por el Tesorero de la C.A.S. y por la Fiscalía Segunda Local de San Gil obrante a folios 277 a 279, en virtud de lo cual desparece el ingrediente de la conducta irregular imputada referida al debido incremento patrimonial a favor de terceros. En tal sentido operan para este investigado las mismas razones probatorias de absolución tenidas en cuenta en el análisis de Díaz Aguillón. c) Imputación a FLORENCIO BLANCO SÁNCHEZ A FLORENCIO BLANCO SANCHEZ se le imputó omisión en su ejercicio como interventor del contrato porque presuntamente una vez enterado del incumplimiento por parte del los técnicos Millán y Rivera, el 20 de noviembre de

1998 y el 8 de mayo de 1999 donde el Secretario General le ordenó realizar visita técnica a las obras, no generó acción alguna para evitar la pérdida del 50% del valor entregado por anticipo en el contrato aludido, permitiendo el incremento patrimonial del contratista incumplido. Debe advertirse que Blanco Sánchez ingresó a la institución en septiembre de 1998 cuando estaba en ejecución la obra de reforestación de la quebrada La Montuosa del municipio de Simácota, sin embargo asumió las funciones de Subdirector de Gestión Ambiental de la CAS y el 24 de noviembre de 1998 mediante memorando N° 3929-98 le solicitó a Jairo Vera Castellanos Secretario General de la CAS, tomar las medidas correctivas en el incumplimiento tantas veces señalado. (fl. 32) Esta demostrado que quien estuvo al frente de la interventoría desde el inicio del proceso fue Gerardo Camelo Ardila anterior Subdirector de Gestión Ambiental, y suscribió el acta de iniciación como consta a folio 36, luego cuando es sucedido Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co en el cargo por el hoy disciplinado, el palazo de ejecución ya había finalizado y entonces correspondió conocer de tal evento a Blanco Sánchez, quien enteró a su vez del incumplimiento al Secretario General quien tenía la función degenerar las acciones pertinentes como se ha indicado. Existe certeza suficiente que no existió irregularidad alguna en la conducta del investigado, además no existe elemento de juicio que acredite que su conducta estuvo dirigida a favorecer el pretendido incremento patrimonial como se indicó en

el pliego de cargos y el que ha sido debidamente desvirtuado en los análisis precedentes, razón por la cual en criterio del Despacho también habrá de decretarse absolución en materia disciplinaria. VALORACIÓN JURÍDICA En este orden de ideas los cargos formulados a los investigados han quedado desvirtuados; las conductas imputadas no responden a la realidad procesal y para pregonar responsabilidad disciplinaria se hace necesaria la congruencia entre las conductas descritas como irregulares y las pruebas que lo soportan. En efecto, debe indicarse que el pliego de cargos es la pieza angular del proceso disciplinario, de su claridad y precisión con que se expresen las conductas objeto de reproche depende la eficacia de la acción disciplinaria, en el se debe determinar las circunstancias tempo, modo y lugar utilizando el verbo rector adecuado citando las normas sustantivas infringidas existentes al momento de la ocurrencia del hecho, principio de tipicidad que desarrolla el principio de legalidad. Cuando los deberes se determinen debe hacerse en forma concreta afincado en el principio de responsabilidad consagrado en el artículo 26 numeral 5 de la ley 80 de 1993 que expresa: “5. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del Jefe o representante de la entidad estatal quien no podrá trasladarla a las Juntas o Consejos Directivos de le entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control o vigilancia de la misma”. No podrá formularse cargos sin los requisitos de procedibilidad contemplados en

el artículo 150 de la ley 200 de 1995 vigente para la época de los hechos, esto es, demostración objetiva de la falta, vale decir, que la conducta cuestionada Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co desconoce efectivamente una norma jurídica (tipicidad), de ahí que en el pliego de cargos deba existir una perfecta adecuación y deben estar probados los hechos que comprometen la conducta del investigado. La Corte Constitucional en sentencia C-239 de 1997 afirmó: “CULPABILIDAD. El artículo 29 de la Constitución, en armonía con la definición del carácter político del Estado como Social de Derecho y del postulado de respeto a la dignidad de la persona humana, consagra el principio de que no hay delito sin conducta, al establecer que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa “. En estos términos, es evidente que el constituyente optó por un derecho penal de acto, en oposición a un derecho penal de autor. Desde esta concepción, sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente. El derecho penal del acto supone la adopción del principio de responsabilidad, que se fundamenta en la voluntad del individuo que controla y domina el comportamiento externo que se le imputa, en virtud de lo cual sólo puede llamarse acto al hecho voluntario” A su vez en sentencia N° 982 de 1999 indicó:

“En cuanto hace relación a la prueba sobre la probable responsabilidad del disciplinado lo que a juicio del demandante debe referirse al elemento subjetivo de la conducta, es decir, a la culpabilidad, es necesario precisar, que en primer término, la responsabilidad del investigado debe estar comprometida por cualquier medio probatorio legalmente allegado al proceso como la misma norma lo establece (...) y en segundo término, que en todo caso, el examen de la responsabilidad, ha de realizarse, a la luz del principio de culpabilidad que consagra el artículo 14 del estatuto disciplinario, es decir analizando concretamente si la conducta típica se cometió con dolo o culpa. Sólo esa interpretación armónica de esas normas que integran el código disciplinario único permiten concluir que el artículo 150 de la ley 200 de 1995 resulta constitucional”. DE LA RESPONSABILIDAD La finalidad de la ley disciplinaria es garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con la conducta de los servidores públicos y tal tarea se realiza a través de los deberes consagrados por el legislador en el derecho positivo. Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co Por ello la falta disciplinaria responde a la infracción a un deber funcional como lo expresan los artículos 38 de la ley 200 de 1995 y 23 de la ley 734 de 2002, desconocimiento de los derechos y deberes consagrados en la constitución, la ley y el reglamento, los que no se han desconocido en la presente investigación. En este orden de ideas, el desobedecimiento a la constitución a la ley y a los

reglamentos impone la necesidad de una investigación. El artículo 4 de la ley 200 de 1995 y el 4 de la ley 734 de 2002 preservan: Los servidores públicos y los particulares que transitoriamente ejerzan funciones públicas sólo serán juzgados y sancionados disciplinariamente cuando por acción u omisión de funciones en las faltas establecidas en la ley”. Para que el desconocimiento de un deber conlleve la presencia de una falta disciplinaria se requiere primordialmente que atente contra los fines y el buen funcionamiento del estado, vale decir, se requiere que la falta sea antijurídica. El artículo 17 de la ley 200 de 1995 consagra que la ley disciplinaria garantiza el cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con la conducta de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro, sin embargo la ley 734 de 2002, en un sentido más amplio dispone en su artículo 5: “Ilicitud Sustancial: La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna” La ley disciplinaria dispone que queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y que las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa como se advierte de los artículos 14 de la ley 200 de 1995 y 13 de la ley 734 de 2002, lo que conlleva a entender que para que un servidor público resulte disciplinariamente responsable, deberá establecerse un nexo subjetivo entre el autor y la conducta. En tal sentido la doctrina disciplinaria ha sostenido que es culpable quien tiene la posibilidad de comprender las exigencias normativas y de conducirse o motivarse de acuerdo con dichos dictados.

No puede desconocerse que tanto la doctrina como la jurisprudencia definen la falta disciplinaria como conducta típica, antijurídica y culpable; las faltas disciplinarias interesan al derecho disciplinario en la medida que interfieran las Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co funciones públicas de los servidores del Estado de los particulares que cumplan esas funciones, pues de lo contrario llevaría a “pregonar la exigencia del deber por el deber mismo” y a fundamentar la responsabilidad disciplinaria en simples y puros formalismos. Ahora bien, en sentencia del Consejo Superior de la Judicatura del 27 de octubre de 1993 se precisó: “No basta como tal la infracción a un deber, ni a cualquier deber, sino que se requiere, para no convertirse la ley disciplinaria en instrumento ciego de obediencia, que ello lo sea en términos sustanciales; esto es, que de manera sustancial ataque por puesta en peligro o lesión del deber funcional cuestionado”. La Corte Constitucional al momento de pronunciase sobra la constitucionalidad del artículo 5 de la ley 734 de 2002 y en sede de la ilicitud sustancial precisó que sin lugar a dudas el objeto de protección del derecho disciplinario es el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública. “El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la

disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir, el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta”. “Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por si misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines” (Sentencia C-948 del 6 de noviembre de 2002) También en el mismo orden de ideas la doctrina tradicional ha argumentado en sede del reato disciplinario: “El ilícito disciplinario comporta un quebrantamiento del deber. Empero, no es el mero quebrantamiento formal el que origina el ilícito disciplinario, sino que se requiere un quebrantamiento sustancial. Esto quedo definitivamente reconocido con la exigencia de la ilicitud sustancial como expresión de la afectación sustancial de los deberes funcionales”. (arts. 5 y 51 NCDU) Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co Significa lo anterior que para entender sustancialmente quebrantado el deber se requiere que la conducta enjuiciada haya desconocido no sólo el ropaje jurídico del deber, sino también la razón de ser que el mismo tiene en un Estado Social y democrático de derecho. En lo términos enunciados el despacho considera que los comportamientos imputados no responden a ningún juicio de reprochabilidad, no comporta los elemento de juicio que la doctrina disciplinaria y la jurisprudencia han considerado presentes para formular reproche de antijuridicidad, factor sine qua non, se puede

establecer responsabilidad por ausencia de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado por la administración relacionado con los fines del Estado y en forma concreta en la contratación. En mérito de lo expuesto el Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal en uso de facultades legales y constitucionales.

RESUELVE PRIMERO : Declarar desvirtuados los cargos endilgados a JOSELIN DÍAZ AGUILLÓN, identificado con cédula de ciudadanía N° 5.695.050 de Oiba, en condición de Director General de la Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S., HECTOR LAMO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 5.762.826 del Socorro, en condición de Director encargado de la entidad y FLORENCIO BLANCO SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.505.690 de Bogotá, en condición de Subdirector de Gestión Ambiental de la entidad.

SEGUNDO: Como consecuencia ABSOLVERLOS de responsabilidad disciplinaria.

TERCERO : Por la Unidad Coordinadora de la Delegada disponer lo pertinente para la notificación de la providencia a los abogados Luis Alfredo Salinas Rojas a

la carrera 10 N° 10