PGN - INTERVENTOR - Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contr

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA

Dependencia : Segunda Delegada Contratación Estatal Radicación : 165-49330-2000

Disciplinado : Gilberto Elías Aguirre Arenas y Luis E. Niño Lozada Cargo y entidad : Alcalde Mayor Leticia y secretario Hacienda Quejosa : María Astrid Chindoy Perea Fecha queja : 30 de marzo de 2000

Asunto : Presuntas irregularidades ejecución contrato 070 de

1999

Decisión : Fallo de primera instancia

Bogotá, D. C., 16 diciembre de 2003

I. OBJETO Al Despacho se encuentran las presentes diligencias, seguidas contra Gilberto Elías Aguirre Arenas y Luis Eduardo Niño Lozada, alcalde mayor de Leticia y secretario de Hacienda del mismo ente territorial, en su orden, para proferir fallo de primera instancia, conforme a las previsiones del artículo 93 de la Ley 200 de 1995, vigente para la época de los hechos, hoy artículo 170 de la Ley 734 de 2002, previo el siguiente estudio.

II. ANTECEDENTES Adelantada la correspondiente investigación, dispuesta mediante auto de 18 de julio de 2002, visible en folios 323 a 330, se dispuso formular cargos a los implicados, por proveído de 4 de diciembre de 2002, así (folios 349 a 362):

III. CARGOS

3.1.1. A Gilberto Elías Aguirre Arenas 3.1.1.1. Cargo único. En la condición ya anotada, en septiembre 14 de 1999 permitió usted que con la

suscripción del contrato No. 070, cuyo objeto era “el suministro de equipos con destino al centro de informática del Colegio Inem ‘José Eustasio Rivera‘ “ por la suma de $ 58.260.000,oo, se comprometieran los dineros del Estado al recibir unos elementos con especificaciones totalmente diferentes a los indicados en la convocatoria y por ende contratados, como es el caso de la memoria que se solicitó de 128 Mb y se aceptó una de 64 Mb. Igualmente, se recibieron los equipos sin los correspondientes micrófonos, así como se adquirió el Software sin licencia; inconsistencias y diferencias que se concretarán en el acápite de pruebas. Además de lo anterior, se hizo la selección sin que la compañía que a la postre resultó adjudicataria hiciera el ofrecimiento mas favorable para la entidad, toda vez que no se tuvo en cuenta la observación contenida en la cotización donde se indicaba que “el software preinstalado no tiene licencia y la Empresa Compucom.Co como su representante legal no se hace responsable “. (folio 86 cuaderno principal ). Así mismo, hizo caso omiso a la recomendación hecha con oficio de 25 de agosto de 1999, el rector y la Coordinadora del Centro de Informática del Colegio INEM, en el sentido de incluir en el aviso los SOFTWARES con sus respectivas licencias de funcionamiento. También le sugerían incluir otros elementos como el Windows 98, el antivirus, etc. y cambiar una de las impresoras por otra a color (folio 35 cuaderno pruebas). 3.1.1.1.2.- Soporte probatorio de la conducta a. Aviso público de 23 de agosto de 1999 (folio 91 cuaderno principal), en el que se

hace inequívoca mención del objeto a contratar con las especificaciones técnicas requeridas. 2 b. Oferta presentada por el representante legal de Compucom Co., donde indica que “El software preinstalado no tiene licencia y la Empresa Compucom. Co como su representante legan no se hace responsable “. (folio 86 a 90 cuaderno principal). c. Contrato No. 070 de 14 de septiembre de 1999 suscrito por Helberth Pimentel Serrano, alcalde encargado (folio 74). d. Inspección judicial practicada dentro de la visita especial realizada a la Sala de Informática del Colegio INEM “José Eustasio Rivera “ por el Ingeniero de sistemas Oscar Darío Benavides Guerrero, se establecieron las siguientes inconsistencias: “No se encontraron las 2 impresoras EPSON FX 1180 matriz de punto, ni la UPS de 45 minutos, y ninguno de los equipos en cuestión tiene micrófonos. De los equipos en funcionamiento, cuatro (4) llegaron recientemente a la sala de informática, procedentes del Colegio Nocturno “Albernia... y una impresora EPSON LQ 2070 “ Las diferencias encontradas en las estaciones de trabajo son: “El procesador de los equipos es AMD K6/II de 380 Mhz, el cual compensa por su velocidad el cotizado, que era un pentium II de 333 Mhz. La memoria que se encontró es de 32 Mb, la cual es menor a la contratada de 64 Mb.”. Las diferencias encontradas en el servidor son: “El procesador de los equipos es AMD K6/II de 400 Mhz, el cual es equivalente al cotizado, que era un pentium II de 400 Mhz. La memoria que se encontró era de 64 Mb de acuerdo a lo afirmado por el señor

CARLOS GOEZ, y la contratada era de 128 Mb. 3 No se encontraron las impresoras, ni la UPS relacionadas en el contrato. No se encontraron los micrófonos “ “4. Se requirieron las licencias que llegaron con los equipos, y el Coordinador CARLOS GOEZ informó que no llegó ninguna licencia,...” (folios 30 a 33 cuaderno pruebas). Inconsistencias que ponen en evidencia la disparidad entre lo requerido por la entidad en el aviso que obra a folio 91 y lo efectivamente recibido por la entidad contratante 3.1.2. A Luis Eduardo Niño Lozada, en su condición de secretario de Hacienda. 3.1.2.1. Cargo primero En la condición anotada, hizo caso omiso a la nota que aparecía en la oferta presentada por Compucom.Co., donde el representante legal advertía que el Software no tenía licencia y que dicha empresa no se hacía responsable de ello (folio 267 cuaderno principal), realizó la evaluación de las propuestas y recomendó que se adjudicara el contrato a dicha firma. 3.1.2.1.1. Soporte probatorio de la conducta El cargo se fundamenta en la propuesta presentada por la firma Compucom.Co que obra a folio 86 del cuaderno principal y donde advierte el representante legal que el Software preinstalado no tiene licencia y la empresa no se hace responsable de ello. Así mismo, aparece copia del oficio No. 0289/99 de 10 de septiembre de 1999, donde conceptúa que la propuesta que llena todas las expectativas es la de la firma COMPUCOM CO. ( folio 260 cuaderno principal) 3.1.2.2.- Cargo segundo

4 Como interventor del contrato 070 de 1999, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula sexta del mencionado negocio jurídico, no vigiló el correcto cumplimiento del objeto contratado, al permitir que se recibieran unos elementos con diferentes características a los cotizados y contratados y por ende no protegió los derechos de la entidad contratante. 3.1.2.2.1. Soporte probatorio de la conducta a. Cláusula sexta del contrato 070 de 1999 b. Oficio sin número de 15 de diciembre de 1999 suscrito por el rector del INEM y la Coordinadora del Centro de Informática del mismo plantel educativo, donde hacen un paralelo sobre los elementos recibidos y los cotizados, a través del cual ponen en su conocimiento las inconsistencias encontradas (folios 303 y 304). c. Acta de visita especial practicada a la sala de Informática del Colegio INEM de la ciudad de Leticia, donde se estableció que no se encontraron las dos impresoras EPSON FX 1180 matriz de punto, ni la UPS de 45 minutos, y ninguno de los equipos en cuestión tiene micrófonos. Igualmente que de los 22 equipos, se encontraron quince (15) equipos en funcionamiento, cinco (5 equipos fuera de servicio y un equipo no apareció. Así mismo las diferencias encontradas entre los equipos cotizados y lo materialmente recibido (folios 30 a 33 cuaderno pruebas).

IV. DESCARGOS

Y PRUEBAS PEDIDAS POR LOS ACUSADOS 4.1. De Gilberto Elías Aguirre Arenas, alcalde de Leticia En escrito visible en folios 372 a 376, Gilberto Elías Aguirre Arenas empieza por explicar que el contrato 070 de 14 de septiembre de 1999 fue fruto del convenio

4015, celebrado entre la Alcaldía Municipal de Leticia y el Fondo de Inversión Social 5 FIS, para dotar con computadores, impresoras y demás accesorios al Colegio INEM José Eustasio Rivera. Luego, se refiere a la forma cómo se llevó a cabo el proceso de selección, para concluir diciendo que, según certificación expedida por la quejosa, en su calidad de directora del Centro de Informática, los equipos recibidos eran superiores a los estipulados en el referido contrato, con mejor procesador y memoria cache, y las impresoras más rápidas, ya que cuentan con 24 pines de resolución. Agrega, en cuanto a la parte inicial del cargo que, de acuerdo con el aludido convenio, el municipio se comprometía a entregar unos equipos de computación, sin incluir los programas de software instalados. Respecto a la segunda parte de la imputación, reitera que la observación hecha por la firma adjudicataria Compucom.co, en el sentido de que el software no tiene licencia, no se consideró porque, como lo anotó, la obligación del municipio no incluía los programas de software, misma razón que sirvió para no estimar el oficio enviado por el rector y la coordinadora de informática, en el que se pedía incluir dichos programas. Considera que no se violó el principio de selección objetiva, a la vez que expresa, apoyado en las respectivas normas, que encargó, mientras hacía un viaje a Bogotá, de las funciones de alcalde al doctor Elverth Pimentel, conocedor del proceso, quien lo adelantó y, finalmente, firmó el contrato. Manifiesta no haber tenido ninguna actuación en el proceso de selección, ni en el contrato, tal como lo demuestran las

pruebas, motivo por el cual no entiende la razón por la cual fue vinculado a esta investigación. Considera, entonces, que las afirmaciones en el sentido de que se ausentó con un propósito mal intencionado, son subjetivas y carecen de soporte legal, ya que, en un estado social de derecho como el Colombiano, se debe investigar todos los hechos que demuestran la responsabilidad del acusado como todos aquellos que lo eximen. 6 4.2. De Luis Eduardo Niño Lozada, secretario de Hacienda Este, tras relatar el proceso de contratación descrito por el anterior acusado, en cuanto a la primera acusación reitera que, según el convenio 4015, tenía como objeto entregar unos equipos de computación, sin software, con destino al centro de innovación informática del referido Colegio INEM, por lo que mal podía incluir tales complementos en el aviso público. En últimas lo que se entregó, dice, fueron esos equipos, como consta en la certificación firmada por la denunciante, además de que no se contaba con los recursos suficientes para la compra de estos programas de computación. Respecto al segundo cargo, afirma que la obligación de los interventores designados en cada contrato es velar por el cumplimiento del objeto del acuerdo de voluntades, obligación que, sostiene, se realizó al pie de la norma, ya que se escogió la propuesta más favorable, aun cuando en ella se hacia la aclaración de que el software preinstalado no tenía licencia; así mismo, se revisó la entrega de los elementos por parte de la empresa en el Almacén municipal, según orden de alta 0493 de 7 de octubre de 1999, de conformidad con el contrato 070, sin presentar

mora en el término de ejecución estipulado en éste. Considera, a diferencia de lo que estima el funcionario investigador, que se hizo una adecuada selección objetiva, razón por la cual no admite lo manifestado por éste en unos hechos que se dieron con posterioridad a la ejecución del contrato, y seis meses después la persona responsable de los mismos expresa que los equipos no cumplían con lo solicitado en el aviso público y con lo contratado. Por todo ello, afirma, no le es dable al Procurador Delegado hacer afirmaciones y conclusiones subjetivas de comportamientos que no tienen un soporte legal, sino que son producto de la imaginación e improvisación de quien hoy actúa como acusador. 7 Reitera lo dicho por el anterior acusado, en cuanto a la apreciación integral de las pruebas allegadas al proceso, preguntándose cómo es posible que una persona que manifiesta haber recibido los elementos en excelente estado, de mejor calidad a los contratados, posteriormente afirme que faltan unos, que otros se encuentran en mal estado y que no cumplieron las especificaciones técnicas. Las pruebas pedidas por los acusados fueron negadas, según providencia de 9 de abril de 2003, contra la cual no se interpuso recurso alguno (folios 385 a 400 cuaderno principal).

VI. TRASLADO PARA ALEGAR Corrido el traslado de que trata el numeral 8 del artículo 92 del C.D.U., para alegar de conclusión, no se hizo uso de esa opción procesal (folio 406). Al respecto, es de anotar que fechado el 23 de octubre de 2003, vía fax, se recibió un memorial (folio 407 y siguientes), fuera del término, pues el plazo para ello precluyó el 16 del mismo

mes (folio 406), razón por la cual no se considera.

VII. CONSIDERACIONES 7.1. Sobre Gilberto Elías Aguirre Arenas, alcalde mayor de Leticia 7.1.1. Análisis de fondo Antes de examinar la conducta del implicado, es menester, inicialmente, por su obvia importancia, establecer si, en efecto, se presentaron o no diferencias entre los elementos contratados, especificados en el aviso visible en el folio 91, y los recibidos. En este sentido, aparece que, según acta de visita especial practicada en la Sala de Informática del Colegio INEM José Eustasio Rivera, por el ingeniero de sistemas de la Contraloría General de la República, Oscar Darío Benavides Guerrero, ciertamente, existe disparidad en la memoria de los equipos de cómputo, 8 de 32 Mb, la cual es menor a la contratada de 62 Mb, y en el servidor, cuya memoria es de 64 Mb, cuando se contrató de 128 Mb (folio 32 cuaderno de pruebas).

Por otra parte, está demostrado que al momento de la visita no se encontraron los micrófonos a que se refiere el cargo, lo que, por sí solo no implicaría que no se recibieron, porque bien pudieron haberse extraviado con posterioridad. Empero, en el oficio de 15 de diciembre, visible en folio 303, firmado por Libaniel Echeverri Marulanda, rector del Colegio y la quejosa, en el que se consignan, entre otras inconsistencias, la ausencia de dichos elementos (folio 304). En este punto, para infirmar uno de los principales argumentos aducidos por los

acusados, diciendo que si bien, inicialmente la quejosa, según oficio que carece de fecha, dirigido al señor Aguirre A. certificó a plena satisfacción el recibo de los equipos a cargo de Compucom.Co. Co, y que éstos son superiores a los que están estipulados en el contrato, en los términos allí referidos (folios 101 y 382)1, también lo es que el 15 de diciembre de 1999, la misma persona y el rector del Colegio INEM, informan al señor Aguirre Arenas de las inconsistencias encontradas (folios 303 y 304)2. En otras palabras, tales circunstancias no desvirtúan el hecho de que, ciertamente, no se recibieron los elementos en las condiciones pactadas, como lo pone en evidencia la prueba de un experto, antes reseñada. Por otra parte, al revisar el aviso de 23 de agosto de 1999, que contiene las especificaciones de los equipos a adquirir, no aparece incluido, como lo manifiestan los acusados, ningún programa o software, razón por la cual mal podía exigirse a los contratistas lo que allí no aparecía exigido. En consecuencia, rigurosamente, no puede deducirse responsabilidad por haber contratado con la firma Compucom.Co, pues, se reitera, ésta se ciñó a lo pedido, por lo que la observación hecha por ella en el sentido de que el software preinstalado no tiene licencia y la cita empresa como su representante legal no se hacen responsables, carece, de trascendencia jurídica, dentro del contexto de la imputación deducida y los requerimientos de la administración local. 1 También existe acta de entrega en el Almacén Municipal, del 7 de octubre de 1999 (folios 301 y 302).

2 En el memorial de queja, la firmante explica la razón por la cual envió el primero de los oficios (folios 3 a 5). 9 Prueba adicional de ello es que, precisamente, en el oficio de 25 de agosto de 1999, el rector y la Coordinadora del Centro de Informática del Colegio INEM, le pidieron incluir en el aviso los software (folio 35 cuaderno de pruebas). Cosa distinta es que, como se imputa en el acápite final del cargo, se hubiese hecho caso omiso a la recomendación formulada por dichos funcionarios, mediante el citado oficio para incluir los software con sus respectivas licencias de funcionamiento, el windows 98, el antivirus, etc., y cambiar una de las impresoras por otra a color, con el fin de satisfacer las necesidades del centro escolar, pues sabida es la importancia que tiene para la utilización de los equipos de computo o infraestructura física, la existencia de los programas como infraestructura lógica, elementos que se complementan en una unidad integral funcional. Por otra parte, se ordenará compulsar copias para investigar el permitir la presunta utilización del software sin licencia, en principio irregular, conducta per se de naturaleza administrativa, máxime si se estima que la misma en el sub lite no hacía parte del objeto del contrato 070 de 1999. Por ende, y atendiendo el rango del acusado, alcalde de Leticia, el destino será la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa (reparto). Definidos estos aspectos, cabe preguntarse si por las irregularidades descritas le asiste responsabilidad al señor Aguirre Arenas, por permitir, como dice el cargo, su

ocurrencia. Al respecto, se tiene que, según las voces del numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección es del jefe o representante de la entidad estatal, quien, precisa la norma, no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma. Dicho de otra forma, en principio, la responsabilidad del tema contractual está en cabeza del jefe de la entidad, en este caso, del alcalde del municipio de Leticia, 10 quien, aún admitiendo que su ausencia temporal no guarda conexidad con los hechos investigados, o que aquella no fue preordenada para que éstos ocurrieran, debía, dando el verdadero alcance a dicha norma, velar porque el proceso cuestionado se hubiese cumplido en debida forma, ejerciendo vigilancia para la correcta ejecución del objeto contratado y proteger los intereses de la entidad, máxime cuando a él, mediante comunicación de 23 de junio de 1999, el Rector del INEM y la quejosa le habían dirigido una comunicación sobre el particular, como se observa en el folio 245. Tanto se entendió así, esto es, como responsable del proceso, que éstos le remitieron el 15 de diciembre un oficio en el que le ponen de presente las inconsistencias detectadas (folios 303 y 304). En esas condiciones, no resulta válido el argumento de que el acusado no actuó en la etapa previa ni contractual, pues ello, por sí solo, no lo libera del peso legal que

recaía sobre sus hombros en calidad de jefe de la administración local. Por ende, a la luz del mencionado precepto contractual, en armonía con el artículo 3 del mismo ordenamiento, en cuanto impone la obligación de cumplir los fines de la contratación, y el numeral 1 del reglado 40 de la Ley 200 de 1995, que contempla el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, lo cual no hizo, como quedó demostrado, el acusado resulta responsable frente a las anomalías probadas. En resumen, el implicado, como se dijo en los cargos, infringió los reglados contractuales señalados, en la medida en que, como director del proceso contractual, debía observar la regulación existente, ejerciendo la vigilancia sobre el contrato 070 de 1999, con sujeción al principio de responsabilidad, en tanto que la dirección y manejo de la actividad contractual, se reitera, está en cabeza del jefe de la entidad. 7.1.2. Calificación de la Falta Atendiendo los criterios contenidos en el artículo 27 de la Ley 200 de 1995, hoy 43 de la Ley 734 de 2002, se conserva la calificación de la falta como grave, dado el grado de culpabilidad que seguidamente se revisará, la naturaleza del servicio, el 11 grado de perturbación de éste, la jerarquía y mando del acusado como máxima autoridad del municipio, la ausencia de consideración con los administrados y la naturaleza de la falta. 7.1.3. Grado de Culpabilidad Se confirma la calificación dolosa de la falta, según se dedujo en el numeral 5.1.1.1.5. del auto de acusaciones, pues como allí se dijo, el servidor público está en

la obligación de conocer la normatividad que regula sus distintas actividades, entre ellas las relativas a la contratación estatal, en particular las disposiciones que constituyen aspectos básicos como ocurre en el caso bajo examen, circunstancias de las que deviene su actuar con conocimiento y voluntad, esto es, en forma deliberada. 7.1.4. Dosimetría de la sanción Por mandato del artículo 32 de la Ley 200 de 1995, vigente para la época de los hechos, la sanción a imponer por faltas graves es la de multa o suspensión en el ejercicio del cargo, entre once y noventa días. En el evento sometido a estudio, frente a las particularidades que rodearon la imputación deducida3, ya descritas, se considera que la sanción debe ser de treinta (30) días de multa del sueldo devengado por la época de los hechos, equivalente a un millón novecientos noventa y cuatro mil ochenta y cuatro pesos ($1.994.084), teniendo en cuenta que la conducta vigente se configuró en 1999, y el sueldo devengado para ese entonces, según constancia visible en el folio 49 del cuaderno de pruebas. 7.2. Sobre Luis Eduardo Niño Lozada 7.2.1. Cargo primero Por las razones expuestas en las consideraciones plasmadas en precedencia sobre la nota que aparecía en la oferta presentada por Compucom.Co., en la que se 3 Hoy el artículo 47 de la Ley 734 de 2002 precisa los criterios para la graduación de la sanción. 12 advertía que el Software no tenía licencia y que dicha empresa no se hacía responsable de ello, se absolverá al acusado.

7.2.2. Cargo Segundo Análisis de fondo Aparece claro que, el implicado como interventor del contrato 070 de 1999, de conformidad con lo establecido en la cláusula sexta de éste, no vigiló, como era su deber, el correcto cumplimiento del objeto del acto bilateral, al permitir, validando lo anotado en el cargo, que se recibieran unos elementos con diferentes características a los cotizados y contratados, sin que, por tanto, se protegieran los derechos de la entidad contratante. En efecto, como ya se anotó, aparece que, según acta de visita especial practicada en la Sala de Informática del Colegio INEM José Eustasio Rivera, por el ingeniero de sistemas de la Contraloría General de la República, existe disparidad en la memoria de los equipos, de 32 Mb, la cual es menor a la contratada de 62 Mb, y en el servidor la memoria de 64 Mb, la cual fue de 128 Mb (folio 32 cuaderno de pruebas). Con tal proceder, se transgredieron los numerales 1 y 2 del artículo 4de la Ley 80 de 1993, en cuanto no se exigió, por parte del interventor, al contratista la ejecución idónea del objeto contratado, ni adelantó las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, como lo exige la última de las citadas disposiciones. De igual forma, se desconoció la cláusula sexta del contrato 070 de 1999 (folio 258 cuaderno principal), en cuanto le asignó al implicado la veeduría y seguimiento del mismo, labor que, como esta demostrado, no ejerció, ocasionando los efectos

citados, en perjuicio del ente estatal. Por ende, a la luz del artículo 53 del Estatuto Contractual, el implicado resulta responsable, y su proceder es violatorio del deber 13 contenido en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, vigente para la época de los hechos, en cuanto exige cumplir la Constitución y la Ley. 7.2.2. Calificación de la Falta Considerando el mismo análisis realizado para el anterior acusado, a partir de los criterios contenidos en el artículo 27 de la Ley 200 de 1995, hoy 43 de la Ley 734 de 2002, se mantiene la calificación de la falta como grave, dado el grado de culpabilidad que luego se estudia, la naturaleza del servicio, el grado de perturbación de éste, la función que le correspondía al implicado, la ausencia de consideración con los administrados y la naturaleza de la falta. 7.2.3. Grado de Culpabilidad Se confirma la calificación dolosa de la falta, según se dedujo en el numeral 5.1.2.2.3. del auto de cargos, habida cuenta que el servidor público, como interventor, sabía el alcance de sus funciones; no obstante, las omitió, siendo su actuar deliberado, con conocimiento y voluntad, como se dijo frente al anterior implicado. 7.2.4. Dosimetría de la sanción Como se dijo respecto al primero de los implicados, por mandato del artículo 32 de la Ley 200 de 1995, vigente para la época de los hechos, la sanción a imponer por faltas graves es la de multa o suspensión en el ejercicio del cargo, entre once y

noventa días. En el caso sub examine, consideradas las circunstancias que rodearon la imputación deducida, se estima que la sanción debe ser de treinta (30) días de multa del sueldo devengado por la época de los hechos, equivalente a un millón doscientos doce mil quinientos cincuenta y siete pesos ($1.212.557), teniendo en cuenta que la conducta vigente se configuró en 1999, y el sueldo devengado para la época, de acuerdo con la certificación obrante en la página 54 del cuaderno de pruebas. 14 En mérito de lo expuesto, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal, RESUELVE: PRIMERO.- Declarar responsable disciplinariamente a Gilberto Elías Aguirre Arenas, identificado con la C. C. 15.887.849 de Leticia, en calidad de alcalde de Leticia (Amazonas), por el cargo imputado, según las consideraciones atrás consignadas. SEGUNDO.- En consecuencia, sancionar al citado señor Aguirre Arenas, ya identificado, con multa de treinta (30) días de sueldo mensual, equivalente a un millón novecientos noventa y cuatro mil ochenta y cuatro pesos ($1.994.084), por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO.- Declarar responsable disciplinariamente a Luis Eduardo Niño Lozada, identificado con la C. C. 15.888.582, en n su condición de secretario de Hacienda municipal e interventor del contrato 070 de 1999, por el segundo cargo imputado. CUARTO.- En consecuencia, sancionar al citado señor Niño Lozada, ya identificado,

con multa de treinta (30) días de sueldo mensual, equivalente a equivalente a un a un millón doscientos doce mil quinientos cincuenta y siete pesos ( ($1.212.557), por las razones expuestas en esta providencia. Parágrafo.- Para efectos del registro y aplicación de las sanciones se procederá conforme a las previsiones de los artículos 172 y 173 de la Ley 734 de 2002. QUINTO.- Absolver al señor Niño Lozada, ya identificado, en la citada calidad, por el primer cargo formulado. SEXTO.- Notificar a los acusados la presente decisión, haciéndoles saber que contra ella procede el recurso de apelación, ante la Sala Disciplinaria, dentro de los cinco días, contados a partir de dicha diligencia, conforme a las previsiones del normado 15 96 y siguientes de la Ley 200 de 1995, hoy 110 y siguientes de la Ley 734 de 2002, en consonancia con el numeral 1 del artículo 21 del Decreto 262 de 2000. Parágrafo.- Para surtir dicha diligencia se comisiona, con facultades de subcomisionar, al Procurador Regional del Amazonas, por el término de quince (15) días, libres de distancia. SÉPTIMO.- Remitir copia de este proveído y de los folios 250, 251, 258 y vuelto, y 267 a 258, a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa ®, para los fines indicados en el inciso séptimo del numeral 7.1.1. de esta providencia. OCTAVO.- Por la Unidad Coordinadora para Contratación Estatal, enviar copia de la presente providencia a la División de Registro y Control y Correspondencia de la

Entidad, para lo de su cargo; así mismo, hacer las anotaciones y comunicaciones del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ Procurador Delegado Exp. 165-49330.- Fallo de primera instancia.-

MRML/CADA.-

16