PGN - JUICIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - Definición legal

Bogotá, 20 de Abril de 2006. PAD Doctora

CECILIA RENTERÍA BONILLA

Profesional Universitaria (e.) Procuraduría Regional del Chocó Carrera 5 25-11 Edificio Ébano, fax (094) 6712769 Quibdo (Chocó) Ref.: Su oficio fax fechado el 6 de abril de 2006 y radicado en esta oficina el 17 del mismo mes y año.

Respetada Doctora: En el escrito de la referencia, pregunta usted lo siguiente: La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República adelantó proceso de responsabilidad fiscal contra algunos servidores públicos, por presuntas irregularidades en la legalización de avances. De igual manera, la Coordinadora de Gestión Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental Chocó, mediante oficio del 15 de junio de 2004, allega a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, información con destino a ser incluidos en el boletín de responsables fiscales.

El certificado de antecedentes disciplinarios de los mencionados servidores, registra las siguientes sanciones: «Inhabilidades para desempeñar cargos públicos ley 734 art. 38 parágrafo 1.°.

Fecha inicial: 16-01-2004 Fecha final: 15-01-2009

Causa: Responsabilidad fiscal».

1 Debo agregar, que mediante resolución N° 188 del 10 de agosto de 2005, proferida por la Contraloría Delegada, fueron excluidos del boletín de

responsables fiscales. De conformidad con lo anterior, con toda atención le solicito hacer claridad en relación con lo siguiente: ¿Es procedente que en materia disciplinaria se les adelante investigación, si se tiene que los susodichos laboraron hasta dieciocho meses después, encontrándose inhabilitados, ya que les cobijaba la sanción arriba señalada? Al respecto, me permito manifestar: Como bien es sabido, la acción disciplinaria es autónoma e independiente de cualquier otra que se adelante, puesto que su finalidad, como bien lo dijo la Corte Constitucional en sentencia C-244 de 1996, «es la de garantizar el funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo» y surge del incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibición y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, etc.(Artículo 23, Ley 734 de 2002). En cambio, el proceso de responsabilidad fiscal, según el artículo 1º de la Ley 610 de 2000, es el «conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado». En este orden, al ser las acciones disciplinaria y fiscal distintas, puesto que en cada una de ellas se evalúa la conducta del investigado frente a unas normas de contenidos y alcances propios,1 deben adelantarse cada una en forma

independiente, sin tener en cuenta los resultados que cada una por su parte arroje. En tal virtud, cuando el parágrafo 1° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 1 “...incluso la evaluación del daño en la responsabilidad disciplinaria es diferente del que se origina en la responsabilidad fiscal, pues el primero es básicamente un daño extrapatrimonial no susceptible de valoración económica y, el segundo se refiere exclusivamente a un daño patrimonial” (Sent. Corte Constitucional C-484 de 2000). 2 establece «quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente», ha de entenderse que es una inhabilidad distinta de la disciplinaria y, por ende, si hay mérito para tramitar la acción disciplinaria, ésta puede seguirse, sin que ello lleve a pensar que se presenta una nueva investigación y juzgamiento por el mismo hecho. Finalmente, si los servidores sancionados fiscalmente, como se afirma en la consulta, desempeñaron cargos públicos durante la inhabilidad impuesta, con arreglo al parágrafo 1.° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, se debe adelantar, en caso de que haya fundamento, la correspondiente investigación disciplinaria. La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención,

MARÍA LEONOR RUEDA RUEDA

Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios (e.)

C-130-2006

MLRR/JBM

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