PGN - JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA - Conoce de las discusiones jurídicas surtid

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOContra sanción disciplinaria de suspensión RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Deber de aportar pruebas que evidencien fallas de valoración RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO-Por negligencia en el ejercicio de funciones asignadas No era materia solamente de dar a conocer instrucciones o circulares de servicio y procedimientos, se necesitaba de una actitud diligente que demostrara el cumplimiento de los deberes a cargo, como la permanencia de los cuerpos de los delitos bajo su custodia, pues era el responsable de la Estación, toda. Como lo explicó el fallo de segunda instancia, la conducta omisiva del actor dio lugar a la pérdida del arma. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-En materia disciplinaria no constituye una tercera instancia JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Conoce de las discusiones jurídicas surtidas en sede administrativa Por otra parte, la demandada observa insistentemente, que el actor pretende reiterar discusiones propias de la actuación disciplinaria en sede judicial, lo cual es improcedente; aspecto que es cierto y aceptado por la Jurisprudencia del H. C. de E., pero hay que agregar en este caso, que además el fundamento básico del libelo introductorio no fue motivo de discusión en la vía gubernativa, pues allí el disciplinado alegó error de interpretación y no aplicación indebida de disposiciones penales, lo cual pone en desventaja al ente disciplinador que no tuvo la oportunidad para presentar sus argumentos frente a este aspecto doctrinario; por tanto, no hay lugar a declarar la nulidad

de los fallos acusados en este tópico. PROCESO DISCIPLINARIO-Deber de aportar pruebas que soporten los argumentos de inconformidad Brillan por su ausencia en este caso, elementos de prueba que soporten los argumentos de ataque, como por ejemplo, solamente se afirmó que el actor no tenía la responsabilidad o el deber de evitar la pérdida del arma, pero no se aportaron los manuales de funciones o actos administrativos que dispusieran lo contrario; en sentido similar solo se afirmó que hubo impartición de instrucciones sobre el cuidado del armamento (el de propiedad de la Policía Nacional), pero no se probó diligencia alguna de revisión por parte del actor, lo cual muestra a las claras que la censura por el comportamiento omisivo desplegado por el disciplinado fue cierto y la sanción correspondió a la falta realizada. 2 PROCESO DISCIPLINARIO-Facultad del legislador para establecer regímenes especiales PROCESO DISCIPLINARIO-Inexistencia de nulidad por incongruencia en formulación de cargos Sobre la incongruencia de los cargos y su petición de nulidad de los mismos, que fuera debidamente resuelta en su oportunidad, no cabe más que decir, que la defensa fue precisa, concreta y dirigida a la imputación formulada, pues se orientó a atacar formalmente alguna de las pruebas, pero no su contenido específico, pues era clara la consciencia sobre cuál fue la falta cometida y censurada con toda precisión; así es que no hubo tal que se encontraran los cargos afectados de incongruencia, en cuanto fueron claramente señaladas las conductas contenidas en la ley que tipificaba la falta cometida por el

demandante en su condición de Comandante de la Estación de Policía. 2 3

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO N° 280 – 2013

SIAF2013 – 262799

Bogotá, D. C., agosto 26 de 2013 Honorables Consejeros de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

E. S. D.

No. INTERNO : 1118 - 2012

EXPEDIENTE : 110010325000201200291 00

ACTOR : Alex Giovanni Herrera Aguirre C.C.80’282.728

DEMANDADA : Min-Defensa/Policía Nacional ACCIÓN : Nulidad y Restablecimiento del derecho ASUNTO : Concepto del Ministerio Público TEMA : Legalidad actos disciplinarios Procede esta Agencia del Ministerio Público a rendir el concepto del Ministerio Público como interviniente en el presente proceso, en el que se corrió traslado a las partes y a esta Agencia para alegar de fondo en proceso de única instancia.

I. Debate planteado La parte actora demandó (folios 123 a 145) se declararan nulos los actos disciplinarios dictados dentro de actuación disciplinaria en la que resultó sancionado con suspensión e inhabilidad especial por el término de 7 meses, por cuanto se le violaron las normas relativas al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, en cuanto se absolvió al patrullero que tenía la custodia directa del arma perdida, pero al actor se le sancionó, sin saberse cuando se perdió dicha arma, también

pueden calificarse los cargos como ambiguos y las pruebas como apócrifas que afecta la valoraron las pruebas aportadas al proceso; por su parte, la demandada se opone a las pretensiones y a los hechos, sostiene que el proceso se cursó con aplicación y acatamiento de los ordenamientos vigentes al momento de la ocurrencia del comportamiento constitutivo de falta disciplinaria, especialmente con respeto al debido proceso y al derecho a la defensa dentro de las etapas previstas para ese tipo de procesos y formuló excepciones de utilización de la justicia contenciosa administrativa como una tercera instancia y de cosa juzgada. 3 4

1. Pretensiones Primera: Declarar la nulidad del fallo de primera instancia del 21 de diciembre de 2010, proferido por la Señora Teniente Coronel Liliana Ramírez Tabima, Inspectora Delegada Regional I de Policía, en el que se impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 11 años.

Segunda: Que se declare la nulidad del fallo de segunda instancia del 1º de abril de 2011, proferido por el Señor Mayor General, Orlando Páez Barón, Inspector General de la Policía Nacional, en el que se modificó la sanción impuesta a suspensión e inhabilidad especial por el término de 7 meses.

Tercera: Que se declare la nulidad del Decreto 3734 del 7 de octubre de 2011, expedido por el Sr. Presidente de la República, por el cual se ejecutó la sanción impuesta, notificado el 24 de octubre de 2011.

Como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de

restablecimiento del derecho, pide que se disponga la eliminación de la sanción disciplinaria de su hoja de vida y se le restablezcan sus derechos de antigüedad, los dineros que le fueron descontados por la sanción, se le llame a los cursos de ascenso correspondientes, se declare que no existió solución de continuidad para todos los efectos legales, desde el retiro forzado hasta el reintegro, el cual deberá hacerse en el mismo grado y antigüedad en que se encuentren los compañeros de promoción; además que se declare a las demandadas responsables por los daños morales causados. Como efecto de las anteriores declaraciones de nulidad que se condene al demandado al pago de las siguientes cantidades de dinero: A – Que la indemnización equivalga a todo lo dejado de recibir por todo concepto en igualdad de condiciones a sus compañeros de promoción en servicio activo, con todas sus adehalas, como si no hubiere existido solución de continuidad. B100 salarios mínimos legales vigentes por los graves perjuicios causados a la extraordinaria carrera que venía construyendo el actor. C- $5’000.000,oo por el daño emergente ocasionado por el gasto de honorarios del proceso disciplinario y $6’000.000,oo para la defensa en este proceso, fuera de los gastos procesales. DIntereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

Quinta: Que las sumas líquidas por las que se condene a las demandadas se actualicen con el I.P.C.

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Sexta: Que no se tenga en cuenta ningún tipo de descuento con origen en relación o vinculación laboral alguna y que la condena se haga a

título de indemnización Séptima: Se ordene expresamente que se le de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y no en bonos sino en dinero efectivo, conforme al artículo 177 del C.C.A.

2. Hechos El actor ingresó a la Policía Nacional, Escuela General Santander, como cadete el 20-01-2002 y egresó como subteniente el 30-12-2004; cumplió servicios en los Departamentos de Policía de Cundinamarca y de Cauca.

Dio origen a la actuación disciplinaria el informe 1592 CEFUN/29.57 del 6-10-09, en el que el Subteniente Jesús David Fajardo Fizgerald, comandante de la Estación de Funza, puso en conocimiento: “la novedad presentada con el arma de fuego tipo REVOLVER calibre 38 número interno 37453, color plateado con 06 cartuchos calibre SPL, el cual fue incauta y dejado a disposición por porte ilegal de armas al señor JULIO EDUARDO BOGOTÁ el día 25 de julio de 2008, y que una vez se pasó revista al armerillo de la unidad no se encontró en la caja en el cual quedó rotulado y embalado, desconociendo los motivos de su desaparición.” “A través de la investigación disciplinaria se pudo establecer que al parecer en el mes de junio de 2009 mientras se encontraba de servicio de Comandante de Guardia el señor Patrullero LEONARDO URUEÑA LOZANO se dieron cuenta de la desaparición del arma de fuego, conocimiento que al parecer el señor Teniente

ALEXGIOVANNY HERRERA AGUIRRE, sin que se haya informado la novedad, ni tampoco se dejaran registros en los libros de servicio” El 7-12-09 se inició el proceso disciplinario por la Inspección Delegada Regional I mediante auto de indagación preliminar; el 12-05-10 se abrió investigación, a la que se aportaron los documentos relacionados a folio 127; el 22-09-2010 se formularon cargos; el 21-12-2010 se profirió fallo de primera instancia en el que se declararon probados los cargos disciplinarios y se impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 11 años; el 01-04-2011 se dictó el fallo de segunda instancia en el que se varió la sanción a suspensión e inhabilidad especial por el término de 7 meses, decisión notificada el 24 de octubre de 2011. El actor para defenderse en el proceso disciplinario y para instaurar la presente demanda, incurrió en gastos adicionales para contratar los profesionales del derecho que lo representaron y atienden este proceso. 5 6

3. Normas violadas y concepto de violación Señaló el demandante como disposiciones infringidas por los actos administrativos acusados: los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13 y 29 de la Constitución Política y; las leyes 734 de 2002 y 1015 de 2006.

Acusó a la actuación demandada de incurrir en graves violaciones al debido proceso constitucional y legal; que el manejo de las pruebas allegadas al expediente no fue el más adecuado, como tampoco se

cumplieron los requisitos para imponer la sanción; igualmente, se cometió grave violación al derecho a la defensa, surgida de los cargos disciplinarios, por sus incongruencias e incoherencias respecto al espíritu de la norma presuntamente violada y a los hechos ocurridos realmente. Al aplicar la sanción disciplinaria, se olvidó el operador disciplinario de los principios de legalidad, tipicidad, debido proceso, in dubio pro disciplinado y de presunción de inocencia; pues no obra ningún elemento probatorio que diera absoluta certeza de la comisión de la falta. Sobre la violación de los artículos 2, 4 y 5 superiores dijo que se podía detectar que el fallo sancionatorio infringió derechos de carácter fundamental y afectó el núcleo familiar del actor. La actuación extralimitó los poderes del operador disciplinario, por lo que el artículo 6º superior fue violado. Respecto a la violación del artículo 13 superior, porque nunca se estableció la fecha exacta de la pérdida y que por eso mismo se absolvió al otro disciplinado, por lo que no se dio el mismo tratamiento a los dos encartados, a pesar de ser uno solo el régimen disciplinario y, encontrarse el arma bajo la custodia directa del absuelto. Sobre la violación del artículo 29 superior, dijo que el proceso se afectó por anomalías respecto de las cuales se pidió la nulidad pero que fue decidida en forma negativa, sin por ello dejaran de afectar el debido proceso. Hubo ambigüedad en el primer cargo (permitir que se perdiera el arma), pues de las normas citadas como infringidas surgió la incertidumbre

sobre cómo proceder frente a sus contenidos. Se utilizó una prueba apócrifa (Acta del 5-11-08, en la que constaba la entrega de la Estación de Policía Funza y en el cual aparece como anexo la relación de los bienes en custodia), pues ese documento no tenía ninguna validez probatoria, pero fue valorada como la prueba reina. Al ser ilegal la prueba, su valoración violó el debido proceso, pues nunca podría aseverarse que el arma llegó a la órbita del disciplinado, pues en el plenario no hubo documento alguno que así lo demostrara. 6 7 El manejo y valoración probatoria fue inadecuado, porque se justificó la sanción en las pruebas que estimó importantes el juzgador para ese fin, pero dejó de lado las pruebas favorables al sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Nunca se estableció que el actor hubiera recibido el arma perdida, esto sólo fue una presunción del operador disciplinario; tampoco se probó cuando se perdió el arma ni que al actor se le hubiera informado sobre dicha pérdida por lo que no podía informar algo que no conocía; por tanto no se aplicó el principio in dubio pro disciplinado. La conducta relativa a la pérdida del arma por no haber impartido las instrucciones correspondientes sobre el tema, es atípica, porque si se probó en el proceso que sí impartió tales instrucciones; se allegaron más de 100 actas de instrucción con las cuales el actor dio las instrucciones sobre el manejo del armamento y de múltiples aspectos relacionados con el servicio policial. Esto se hizo palpable al tratar de

endilgar la responsabilidad por la pérdida de un arma que no estaba bajo el cuidado directo del acusado, que no entró en la órbita personal de éste, que la cadena de custodia estaba en cabeza del Comandante de Guardia y no del Comandante de Estación; igualmente, el control sobre el depósito del armamento estaba a cargo del funcionario responsable del armerillo de la unidad y por tener la custodia del arma y la fiscalización de esta correspondía al Subcomandante de Estación que era el jefe del armamento de la unidad. No hubo ilicitud sustancial en la conducta del actor, pues cumplió con las funciones que tenía a cargo en forma eficiente, por lo que al no incumplir el deber funcional no procedía reproche alguno. En el acápite de la violación de la ley 734 de 2002, citó los artículos 128 (necesidad de la prueba), 129 (Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba), 132 (petición y rechazo de pruebas), 140 (Inexistencia de la prueba) y 142 (prueba para sancionar); y explicó que conforme a las explicaciones anteriores fueron infringidas estas disposiciones con esos mismos argumentos. En el acápite de ilicitud sustancial reiteró su argumentación sobre las más de 100 actas de instrucción que se aportaron al proceso y que prueban que el disciplinado sí dio las instrucciones necesarias y por lo tanto su conducta fue lícita.

4. Contestación de la Demanda.

La Institución demandada contestó la demanda (folios 176 a 186), se opuso a las pretensiones de la demanda, a través de las explicaciones expresadas en el acápite de razones de la defensa y de los hechos dijo

que debían probarse en el proceso. 7 8 En primer lugar abordó el tema propuesto por la parte actora, relativo a la falta de prueba de responsabilidad y al manejo inadecuado de esta, lo que redundó en la falta de correspondencia entre la tipificación de la conducta y la realidad fáctica establecida en el proceso; afirmando que lo pretendido por le demandante no era cosa diferente a la de abrir un nuevo debate probatorio del mismo caso, pero ante la justicia contenciosa administrativa, sin atender la improcedencia de plantear estas discusiones ante esta instancia, que no es una tercera instancia sino un control de legalidad. El servidor policial es un ser normal de excepcionales condiciones, pues es y debe ser garante de los derechos y libertades públicas, por lo que no es admisible que asuma conductas como la censurada al actor, pues de suyo afecta su deber funcional, razón por la cual se le adelantó proceso disciplinario encontrándosele responsable y por ende aplicándole la correspondiente sanción a la falta cometida. Sobre el deber funcional, señaló que el actor se apartó del comportamiento esperado y exigido a un policial, que tiene por deber proteger a todos los habitantes en sus vidas, honras y bienes (C-948 de 2002); por lo que al encontrarse responsable disciplinariamente al demandante por haber incurrido en la conducta descrita en los cargos formulados y, tomar la decisión de imponerle el correctivo de suspensión e inhabilidad especial; a través de un proceso en el que se le brindaron todas las prerrogativas para que se defendiera, se encontró que el accionante realizó un comportamiento que no puede ser tolerado por la institución que debe garantizar el cumplimiento de su

compromiso con la comunidad y la consecución de los fines en cumplimiento de las funciones asignadas por la ley a esta institución del Estado. El disciplinado designó a su defensor de confianza y por tanto contó con la defensa técnica a la que tenía derecho. Aclaró que con cualquier medio probatorio puede demostrarse la comisión de la falta, no es necesaria una cantidad de pruebas para atribuir responsabilidad, como se hizo en sede gubernativa. No hubo desviación de poder porque los Despachos disciplinarios realizaron análisis ponderados de las pruebas, de los descargos, de los alegatos, al punto que se le varió la sanción impuesta de destitución a suspensión, en atención al estudio de las argumentaciones del afectado, por lo que no se evidenció intención diferente a la de adelantar un proceso con el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales. No hubo falsa motivación porque los hechos ocurrieron y la conducta fue debidamente descrita por la ley en las leyes 743 y 1015 como falta disciplinaria; en todo momento el operador disciplinario se ajustó a la 8 9 normatividad vigente y no se inventó argumento alguno que no tuviera soporte en las pruebas aportadas al proceso, que fueron las que dieron convicción sobre la comisión de la falta por parte del disciplinado, quien manifestó su defensa con la amplitud y garantía debidas, presentando fundamentos similares a los de este proceso, lo cual no procede, pues la justicia contenciosa administrativa no es una tercera instancia para decidir aspectos ya resueltos por la autoridad competente en proceso legal, como el surtido en contra del accionante, a quien se le aplicaron

las normas sustantivas vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos. Reiteró que fue la sede administrativa el escenario en el cual se debatieron dentro de los márgenes previstos por el proceso disciplinario reglado por la ley, las controversias allí planteadas, por lo que no es procedente repetir dicha controversia ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues no se le puede convertir en una tercera instancia para conocer de los mismos hechos ya definidos o decididos y amparados por la presunción de legalidad (citó la sentencia del C. de E. del 3 de septiembre de 2009, M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila). Aludió a la presunción de legalidad y el debido proceso, para explicar nociones de dichas instituciones y luego procedió a formular excepciones de improcedencia para dirimir controversias por sanciones disciplinarias ante la jurisdicción contenciosa administrativa que no es una tercera instancia para esos casos y; de cosa juzgada, porque el proceso fue fallado en primera instancia y luego se resolvió recurso de apelación, quedando la decisión ejecutoriada por lo que se ejecutó y adquirió firmeza este acto; por tanto no procede un proceso cuyo objeto ya fue decidido en proceso de igual carácter por infringirse el principio del non bis in ídem, que responde a una aplicación más general de la cosa juzgada. Solicitó denegar las pretensiones.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Problema jurídico.

Se contrae a determinar si los fallos disciplinarios demandados, adolecen de ilegalidad por no fundarse en las disposiciones en las

cuales debían hacerlo, especialmente si fueron infractores a los principios del debido proceso y el derecho a la defensa o, si por el contrario se ajustan al ordenamiento regulador del tema.

2. Normas reguladoras del caso Ley 1015 de 2006

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ARTÍCULO 34. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas

gravísimas las siguientes: …

21. Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional, o de otros puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos o instrucciones superiores mediante las

siguientes conductas: … d) Extraviarlos, permitir que se pierdan, dañarlos, cambiarlos o desguazarlos;

3. Caso Concreto El hecho originador de la acción disciplinaria ocurrió entre el mes de noviembre de 2008 y junio de 2009, pues en ese lapso, el demandante oficiaba como Comandante de la Estación de Policía de Funza, lugar en el que fue incautada un arma de fuego calibre 38 en el mes de julio de 2008, quedando rotulata y guardada en el armerillo de dicha institución, que fue recibida el 8 de noviembre de 2008 por el actor

(folios 171 al 190 del expediente disciplinario), con el arma inventariada, como se probó en el proceso disciplinario y, entregada octubre de 2009, cuando quien recibió se dio cuenta de la falta del arma en cuestión y lo informó. La parte demandante hace los mismos cuestionamientos formulados en vía administrativa y gubernativa, la incongruencia de los cargos, lo apócrifo del acta de entrega y otros argumentos, pero no aporta ningún

elemento probatorio ni doctrinal diferente a los discutidos ante las autoridades disciplinarias; debemos advertir que no se aportaron al expediente por la actora más que los actos acusados, no hubo elemento nuevo que permitiera evidenciar fallas de valoración o aportación al expediente disciplinario, lo que lleva la discusión la superada por la administración al juzgar el caso. Podría decirse que teóricamente el argumento que el actor no tenía bajo su responsabilidad la custodia y guarda directa del arma, podría considerarse medianamente válido, pero entrando en materia, sería desechado, porque si bien hubo servidores a cargo del armerillo, la Estación fue recibida íntegramente por el demandante cuando se hizo cargo de esta, lo cual obligaba a velar por su integridad en todos los aspectos, incluyendo los elementos de prueba a cargo de la justicia y en custodia de la Policía; por lo que, independientemente que le hubieren dejado de dar parte de la noticia de la ausencia del arma, debía estar al tanto, a diario, de los elementos que le fueron entregados por su antecesor en el cargo; tan cierto es esto, que quien lo remplazó sí lo hizo inmediatamente y puso en conocimiento la novedad, que el actor había callado inexplicablemente. 10 11 No era materia solamente de dar a conocer instrucciones o circulares de servicio y procedimientos, se necesitaba de una actitud diligente que demostrara el cumplimiento de los deberes a cargo, como la permanencia de los cuerpos de los delitos bajo su custodia, pues era el responsable de la Estación, toda. Como lo explicó el fallo de segunda instancia, la conducta omisiva del actor dio lugar a la pérdida del arma.

Por otra parte, la demandada observa insistentemente, que el actor pretende reiterar discusiones propias de la actuación disciplinaria en sede judicial, lo cual es improcedente; aspecto que es cierto y aceptado por la Jurisprudencia del H. C. de E., pero hay que agregar en este caso, que además el fundamento básico del libelo introductorio no fue motivo de discusión en la vía gubernativa, pues allí el disciplinado alegó error de interpretación y no aplicación indebida de disposiciones penales, lo cual pone en desventaja al ente disciplinador que no tuvo la oportunidad para presentar sus argumentos frente a este aspecto doctrinario; por tanto, no hay lugar a declarar la nulidad de los fallos acusados en este tópico. Estos dos temas fueron tocados en sentencia del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012). Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, Radicación número: 11001-03-25000-2011-00003-00(0029-11), en los siguientes términos. (…) “Sobre el particular, cabe precisar que además del régimen disciplinario general de los servidores públicos, existen unos especiales que no excluyen la aplicación del primero. En efecto, con el propósito de asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos, el legislador Colombiano expidió el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), el cual determina qué conductas se

consideran faltas disciplinarias, las sanciones en las que se puede incurrir y el procedimiento que debe seguirse para determinar la responsabilidad disciplinaria. Con la expedición de este Código se buscó la instauración de un estatuto uniforme y comprensivo de todo el régimen disciplinario aplicable a los servidores del Estado. No obstante, en razón a la naturaleza específica de sus funciones, la propia Constitución otorgó al legislador la facultad para establecer regímenes especiales de carácter disciplinario aplicables a los miembros de la fuerza pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional). En este sentido, el inciso 2º del artículo 217 de la Carta prescribe que “la ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera prestacional y disciplinario, que les es propio”. En relación con los miembros de la Policía Nacional, el inciso primero del artículo 218 ibídem se 11 12 establece que “La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario” En ese orden, el Artículo 224 de Ley 734 establece: “La presente ley regirá tres meses después de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias, salvo las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y el régimen especial disciplinario establecido para los miembros de la fuerza pública”. Así las cosas, la Policía Nacional está facultada para investigar disciplinariamente a los uniformados que pertenecen a esa institución del siguiente modo: en lo sustancial de acuerdo con su régimen especial,

contenido en el Decreto 1798 de 2000, y, en lo procesal, siguiendo no solo las disposiciones del citado Decreto sino también los principios y las pautas del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002).” (…) (…) “Esta Sección ha señalado reiteradamente que según el diseño Constitucional y legal la potestad disciplinaria corresponde al Estado y la acción se ejerce por la Procuraduría General de la Nación, a quien se le reconoce un poder preferente, que no excluye la facultad que tienen algunas entidades -como la Policía Nacionalen esta materia, pero en ambos casos sometida al control judicial por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante, dicho control no se ejerce de cualquier modo, sino que está sujeto a limitaciones y restricciones que lo alejan de convertirse en una tercera instancia. Todo lo anterior implica que en sede judicial, el debate discurre en torno a la protección de las garantías básicas, cuando quiera que el proceso disciplinario mismo ha fracasado en esa tarea, es decir, cuando el trámite impreso a la actividad administrativa resulta intolerable frente a los valores constitucionales más preciados, como el debido proceso, el derecho de defensa, la competencia del funcionario y de modo singular, si el decreto y la práctica de las pruebas se hizo atendiendo estrictamente las reglas señaladas en la Constitución y en la Ley” (…) Tenemos entonces que el debate suscitado por la parte actora no difiere de la discusión surtida ante la administración y no se aportó prueba alguna que hiciera variar aquella confrontación argumentativa,

por lo que no hay más sino que remitirse a las consideraciones de los fallos de primera y segunda instancia, especialmente éste, para observar que los argumentos defensivos fueron debidamente atendidos, en forma bastante extensa y detallada, por lo demás; sin dejar de lado que los motivos de la decisión fueron acertados y basados en las pruebas aportadas al expediente, que no fueron objetadas sino criticadas con afirmaciones puras y simples sin apoyo probatorio alguno, como ocurre también en este proceso. 12 13 Brillan por su ausencia en este caso, elementos de prueba que soporten los argumentos de ataque, como por ejemplo, solamente se afirmó que el actor no tenía la responsabilidad o el deber de evitar la pérdida del arma, pero no se aportaron los manuales de funciones o actos administrativos que dispusieran lo contrario; en sentido similar solo se afirmó que hubo impartición de instrucciones sobre el cuidado del armamento (el de propiedad de la Policía Nacional), pero no se probó diligencia alguna de revisión por parte del actor, lo cual muestra a las claras que la censura por el comportamiento omisivo desplegado por el disciplinado fue cierto y la sanción correspondió a la falta realizada. Sobre la incongruencia de los cargos y su petición de nulidad de los mismos, que fuera debidamente resuelta en su oportunidad, no cabe más que decir, que la defensa fue precisa, concreta y dirigida a la imputación formulada, pues se orientó a atacar formalmente alguna de las pruebas, pero no su contenido específico, pues era clara la consciencia sobre cuál fue la falta cometida y censurada con toda precisión; así es que no hubo tal que se encontraran los cargos

afectados de incongruencia, en cuanto fueron claramente señaladas las conductas contenidas en la ley que tipificaba la falta cometida por el demandante en su condición de Comandante de la Estación de Policía de Funza. En los términos expresados, se considera que el H. Consejo de Estado debe mantener la legalidad de los fallos disciplinarios atacados, que no representan nada mas que la materialización del cumplimie