PGN - JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA - Improcedencia de reintentar temas debatido

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra acto sancionatorio disciplinario JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA-En materia disciplinaria no constituye una tercera instancia Antes de pasar al fondo de la controversia, se debe hacer precisión en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es una tercera instancia para dirimir controversias por sanciones disciplinarias. En lo pertinente, se recurre a circunscribir el debate de la presente controversia. JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA-Analiza que en la práctica de pruebas no se vulnere flagrantemente el debido proceso RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Por vulneración al principio de responsabilidad en materia de la contratación estatal JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA-Improcedencia de reintentar temas debatidos y decididos en sede administrativa PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD-Deber de desvirtuarla por parte del demandante Por todo lo anterior, se considera que los temas centrales de discusión se han tratado, por lo que se estima conforme a las explicaciones precedentes, que no asiste razón a la parte actora, sustancial y materialmente, para pretender la nulidad de fallos acusados y en consecuencia, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos demandados, esta Agencia del Ministerio Público considera que ninguna de las pretensiones tiene vocación de prosperidad, razón por la cual las suplicas deben ser denegadas. 2 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°140-2014 Ministerio Público

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1092-2011 Raúl Renowitzky Comas vs .Procuraduría General de la Nación

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PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO N° 140-2014

SIAF 2014-153123

Bogotá, D. C., 9 de mayo de 2014. Honorables

CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: Dr. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO

E. S. D.

No. INTERNO : 1092-2011

EXPEDIENTE : 11001032500020110023400

ACTOR : RAUL RENOWITZKY COMAS

DEMANDADA : PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

TEMA : SANCIÓNDESTITUCIÓN

I. INTRODUCCIÓN Procede esta Agencia del Ministerio Público a rendir el concepto del Ministerio Público como interviniente en el presente proceso, en el que se corrió traslado a las partes y a esta Agencia para alegar de fondo en proceso de única instancia.

II. ANTECEDENTES 2.1 Pretensiones En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor RAUL RENOWITZKY COMAS por medio de apoderado solicita se declare nula la resolución 154-154289-2007 del 31 de agosto de 2009 expedida por la Viceprocuraduría General de la Nación, en especial lo referente a las

consideraciones respectivas y a la parte resolutiva numeral quinto y el acto administrativo con radicación 154289-2007 del 25 de noviembre de 2009 del señor Procurador General de la Nación notificada el 30 de noviembre del 2009. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al señor Procurador General de la Nación, para que proceda a ordenar anular los registros que se hayan proferido que se hayan hecho en los términos del artículo 174 de la Ley 734 del 2002 relacionada con el registro de la sanción contenida en los actos administrativos de los que se solicita la nulidad, en especial las instrucciones impartidas al Alcalde del Distrito de Barranquilla para que expidiera el acto administrativo de destitución y sus respectivos efectos. 2 3 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°140-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1092-2011 Raúl Renowitzky Comas vs .Procuraduría General de la Nación

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Que se condene a la Procuraduría General de la Nación por el daño moral infringido al actor por la injusta e indebida sanción que se le impuso. Para este evento estimó el daño hasta en 95 salarios mínimos legales, conforme regulaciones y jurisprudencia del H. Consejo de Estado vigente en los términos del artículo 177 del C.C.A. Que se condene en costas y agencias en derecho al demandado. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido en el artículo 176 del C.C.A

Que se ordene al alcalde del Distrito de Barranquilla a revocar el acto administrativo de destitución proferido contra el demandante. 2.2 Hechos -Se profirieron los actos administrativos contentivos en la decisión 154154289-2007 del 31 de agosto de 2009 expedido por la Viceprocuraduría General de la Nación y en el acto administrativo con radicado 154289-2007 del 25 de noviembre de 2009 del Procurador General de la Nación. -Las anteriores decisiones fueron producto de una investigación disciplinaria conforme los procedimientos establecidos en la Ley 734 de 2002. -Indicó el apoderado del demandante que este aportó las pruebas mediante las que muestra sus actuaciones, en forma concreta como Secretario de Hacienda, cargo que ocupó únicamente de enero 1° al 15 de diciembre del 2004, pruebas que se resumen en su memorial de descargos y que conforma su Jefe Inmediato, el ex alcalde Dr. Guillermo Hoenigsbergg Bornacelly. -En toda entidad pública, para el reconocimiento y pago de las cuentas de cobro o facturas a los contratistas, estas deben llevar el visto bueno o ir con la certificación de haberse prestado el servicio o recibido el objeto a satisfacción por parte del interventor, el coordinador o el auditor del contrato; el ordenador del gasto autoriza su pago previa verificación de que se cumplieron a cabalidad conforme las estipulaciones pactadas y recibidas, por lo tanto tildó de axiomático el hecho de que si se le hicieron los pagos al contratista, se debieron cumplir las exigencias legales. -Señaló que se ha afirmado en la decisión de primera instancia que no fueron

rebatidas por el actor las observaciones y recomendaciones de la Contraloría General de la República y afirmadas por los visitadores del DNIE, como resultado del control excepcional de la Contraloría General de la República, se evidenció que existió la acción respectiva por parte de la administración y en especial del Secretario de Hacienda, como lo demuestra en sus descargos con las pruebas aportadas que obran en el expediente, que no hubo retardos ni aplazamientos para atender lo contemplado en dicho control excepcional y así lo afirmó y aceptó la Procuraduría General de la Nación como consta en el expediente. 3 4 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°140-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1092-2011 Raúl Renowitzky Comas vs .Procuraduría General de la Nación Página: 4 -El actor prestó sus servicios desde el 1° de enero hasta el 15 de diciembre de 2004, esto es, 3 años antes del informe de los funcionarios comisionados por la DNIE quienes realizaron la visita a finales de abril de 2007 e informaron las situaciones encontradas por la Contraloría General de la República en su control fiscal excepcional. -Respecto de lo anterior, todos los puntos fueron refutados en los descargos y se aportaron las respectivas pruebas, finalmente se concluyó que hubo un solo cargo elevado al actor: “no designó un supervisor al contrato de que habla la cláusula 18 del contrato inicial No.0001-2000”. -Finalmente concluyó que existió una falsa motivación que recae sobre los fundamentos de hecho y de derecho porque nunca fue cierto que no hubo un

supervisor del contrato, y si el actor o sus anteriores o posteriores Secretarios de Hacienda no designaron el supervisor, el interventor o el auditor del contrato, solo obedeció a que cuando el actor se posesionó en enero del 2004, ya estaba designado por el Secretario de Infraestructura, quien estaba tan ampliamente facultado que fue quien suscribió los documentos modificatorios del contrato inicial, y recayó su designación en el Jefe de Impuestos, funcionarios que en forma sucesiva e ininterrumpida ejercieron el control conforme al contrato y sus modificaciones o adiciones; por otra parte, se debe precisar nuevamente que hubo una modificación tácita de la respectiva disposición contractual, aquella que ponía inicialmente en cabeza del Secretario de Hacienda ésta obligación, disposiciones que no fueron tenidas en cuenta por el Operador de la acción disciplinaria 2.3. Normas violadas y concepto de violación Señaló el demandante como disposiciones infringidas por los actos administrativos acusados, los artículos 21, 29, 90 y 230 de la Constitución Política; artículos 69, 84, 85, 132 del C.C.A., Decreto Legislativo 01 de 1984 y demás normas concordantes. El concepto de violación lo presentó con la cita de cada una de las disposiciones estimadas como infringidas, señalando que hubo una errónea o falsa motivación, porque el único cargo fue que el Secretario de Hacienda no designó formalmente el supervisor, interventor o auditor del contrato 001 del 2000, modificado tácitamente por el contrato de transacción del 2001 con METODOS Y SISTEMAS S.A., esto no significa que no se hubiera designado

por la administración, por cuanto se ha demostrado que hubo la aquiescencia por parte de quienes ocuparon la Secretaría de Hacienda desde el 2002 en adelante, de que la supervisión estuviera en cabeza del Jefe del Departamento de Impuestos.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Procuraduría General de la Nación mediante apoderado se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda señalando que todos los actos acusados en nulidad fueron expedidos con acatamiento de las disposiciones constitucionales y legales, que rigen el procedimiento 4 5 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°140-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1092-2011 Raúl Renowitzky Comas vs .Procuraduría General de la Nación Página: 5 disciplinario adelantado contra el actor y por tanto la sanción disciplinaria impuesta al actor es producto de la investigación que la Procuraduría General de la Nación, que en primera y segunda instancia se adelantó con observancia de las reglas que integran la garantía constitucional del debido proceso, los derechos del investigado, el derecho de audiencia, defensa y contradicción del demandante tal y como quedará probado en el desarrollo de esta acción. Como argumentos de la defensa expuso las siguientes consideraciones: -Entre la Alcaldía Mayor de Barranquilla y la firma “Métodos y Sistemas S.A”, se celebró el contrato de consultoría No.GP-CM-CONS-001-2000, que tenía por objeto la asesoría técnica de administración y coordinación integral de la gestión tributaria para la implementación del Sistema Integrado de Gestión

Tributaria (SIT), destinado a su modernización. -El señor Procurador General de la Nación, mediante auto de 31 de enero de 2007, ordenó a la Dirección de Investigaciones Especiales adelantar diligencias disciplinarias tendientes a determ9nar la existencia o no de irregularidades en la supervisión y vigilancia del mencionado contrato. -El 21 de febrero de 2007se ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los Alcaldes y Secretarios de Hacienda de Barranquilla dentro de los cuales está el Dr. Raúl Renowitzky durante las vigencias desde 2003 hasta el primer semestre 2006. Así mismo se surtió contra el Jefe de las Oficinas de Administración Tributaria y el Coordinador de la Consultoría GPCM-CNS-001-2000. -Según el informe practicado por la Dirección Nacional de Investigaciones, hubo falencias y ausencia de control y seguimiento respecto del contrato GpCM-CONS-001-2000, por lo tanto el 18 de febrero de 2008 se formuló pliego de cargos. -El 31 de agosto de 2009 la Viceprocuradora General de la Nación profirió fallo de primera instancia imponiendo sanción de destitución e inhabilidad por el término de 10 años. -El 28 de septiembre de 2009 el Dr. Renowitzky interpuso recurso de apelación a través de su apoderado. -El 25 de noviembre de 2009, el señor Procurador General de la Nación profirió fallo de segunda instancia confirmando la sanción impuesta de destitución e inhabilidad de 10 años para el ejercicio de funciones públicas. -La decisión fue notificada personalmente el 30 de noviembre de 2009.

Por lo anterior, reitera que se respetó a cabalidad el derecho a la defensa y al debido proceso del demandante. 5 6 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°140-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1092-2011 Raúl Renowitzky Comas vs .Procuraduría General de la Nación

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Sobre la ilegalidad y presunta motivación inexacta de las decisiones indicó que es necesario señalar que los argumentos aportados por el convocante no son justamente pertinentes para desvirtuar la legalidad de los fallos disciplinarios, que si bien están dirigidos a contextualizar presuntas irregularidades en la toma de decisiones, son solo cuestiones relativas a la valoración de la prueba y a la forma como se les ha dado interpretación por parte de los operadores disciplinarios. En ese orden de ideas, consideró que las manifestaciones del convocante, encaminadas a la nulidad del proceso, no son prueba sólida para desvirtuar la presunción de legalidad que recubre el actuar de la Procuraduría, pues además de aportar criterios que no son válidos para reconsiderar la sanción impuesta, tampoco aportar un grado de certeza que pueda modificar la convicción que en su momento se creó con lo que obraba en el sumario del expediente y finalmente formuló excepción genérica o innominada. (fls.226250)

IV. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 4.1 Problema jurídico.

Se contrae a determinar si los fallos disciplinarios demandados adolecen de ilegalidad por haber incurrido en falsa motivación, o, si por el contrario se

ajustaron a las normas que regulan la función disciplinaria. 4.2. Normas reguladoras del caso Constitución Política ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Ley 80 de 1993

ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En

virtud de este principio: 6 7 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°140-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1092-2011 Raúl Renowitzky Comas vs .Procuraduría General de la Nación Página: 7 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. (…) 4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. Ley 734 de 2002 ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a

este código.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

7 8 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°140-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1092-2011 Raúl Renowitzky Comas vs .Procuraduría General de la Nación

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ARTÍCULO 35. PROHIBICIONES. A todo servidor público le está prohibido:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 4.3 Caso Concreto Antes de pasar al fondo de la controversia, se debe hacer precisión en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es una tercera instancia para dirimir controversias por sanciones disciplinarias. En lo pertinente, se recurre a circunscribir el debate de la presente controversia, haciendo especial mención en jurisprudencia del H. Consejo de Estado respecto del examen de legalidad de los actos administrativos que imponen sanciones

disciplinarias:

“Las prerrogativas procesales propias del juicio disciplinario, excluyen que se pueda trasladar, de cualquier manera, a la sede contenciosa administrativa el mismo debate agotado ante la autoridad disciplinaria. Dicho de otra manera, el juicio que se abre con la acción de nulidad, no es una simple extensión del proceso disciplinario, sino que debe ser algo funcionalmente distinto, si es que el legislador consagró el debido proceso disciplinario como el lugar en que debe hacerse la crítica probatoria y el debate sobre la interrelación de la normatividad aplicable como soporte de la sanción. Bajo esta perspectiva, el control de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administración, que la Constitución ha confiado a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, implica una especial cualificación y depuración del debate, pues dicho control no puede convertirse en un nuevo examen de la prueba como si de una tercera instancia se tratara. Corresponde entonces a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, entre otras cosas, verificar que la prueba recaudada en el tramite disciplinario se haya ajustado a las garantías constitucionales y legales, es decir, la acción de nulidad resulta ser un momento propicio para la exclusión de la prueba manifiestamente ilícita o producida con violación al debido proceso o de las garantías fundamentales, o sea, para aquella en cuya práctica se han trasgredido los principios básicos rectores de esa actividad imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa. Entonces, en línea de principio puede predicarse que el control que a la jurisdicción corresponde sobre los actos de la

administración, cuando ésta se expresa en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse 8 9 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°140-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1092-2011 Raúl Renowitzky Comas vs .Procuraduría General de la Nación Página: 9 en un nuevo momento para valorar la prueba, salvo que en su decreto y práctica se hubiere violado flagrantemente el debido proceso, o que la apreciación que de esa pruebas haya hecho el órgano disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, es decir, reñida con el sentido común y alejada de toda razonabilidad. Por lo mismo, el control judicial del poder correccional que ejerce la Procuraduría General de la Nación, no puede ser el reclamo para que se haga una nueva lectura de la prueba que pretenda hacer más aguda y de mayor alcance, pues esa tarea corresponde a las instancias previstas en el C.D.U. y es en principio ajena a la actividad de la jurisdicción. En síntesis, debe distinguirse radicalmente la tarea del Juez Contencioso que no puede ser una tercera instancia del juicio disciplinario,” (SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”, Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA., primero (1º) de octubre de dos mil nueve (2009), Radicación número: 1100103-25-000-2002-0240-01(4925-02) Transcrito lo anterior, se puede concluir que esta instancia procesal no es la

idónea en principio para evaluar las conductas disciplinarias y los quebrantos al deber funcional de los servidores públicos; no obstante, no se rezaga hasta el punto de establecerse como actos administrativos incontrolables y es procedente su examen de acuerdo a lo reglado por el Consejo de Estado en el precedente citado. Entonces, tenemos que la presente instancia procesal no pretende abrir un nuevo debate probatorio que determine la responsabilidad disciplinaria del actor, toda vez que es un debate que corresponde a las autoridades disciplinarías tal y como lo establece la ley 734 de 2002 y 1015 de 2006, no siendo objeto de la Jurisdicción Contenciosa en ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento; empero, no es óbice para que la jurisdicción conozca de la legalidad de los actos administrativos que se expidan en virtud de dicha facultad siempre que proponga un debate de fondo que haya viciado la actuación, entonces: “A manera de ejemplo, cuando las instancias disciplinarias se empeñan en tener como probado un hecho sin que haya el más leve rastro de su existencia; o si pasan de largo en presencia de un hecho exculpatorio demostrado plenamente, y si esas omisiones o suposiciones de la prueba tienen la fuerza para hacer cambiar la decisión, podría la Jurisdicción Contenciosa Administrativa ejercer un poder controlador de la actividad correccional que ejerce el órgano competente. Desde luego ello descarta que ante la jurisdicción se pueda plantear una simple discrepancia sobre la percepción de la prueba, o ensayar una lectura distinta hecha en clave del interés del

sancionado , sino que en la acción contenciosa se debe demostrar, sin acudir a esforzados razonamiento, que la 9 10 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°140-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1092-2011 Raúl Renowitzky Comas vs .Procuraduría General de la Nación Página: 10 decisión es contraevidente, lo que debe hacerse sin acudir a complicadas elucubraciones. A la jurisdicción le corresponde proteger al ciudadano de alguna interpretación desmesurada o ajena por entero a lo que muestran las pruebas recaudadas en el proceso disciplinario, que como todo proceso, exige que la decisión esté fundada en pruebas, no solo legal y oportunamente practicadas, sino razonablemente valoradas, de acuerdo a los cánones de la sana crítica.” (SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”, Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA., primero (1º) de octubre de dos mil nueve (2009), Radicación número: 1100103-25-000-2002-0240-01(4925-02) Ahora, el tema de controversia se centra en la determinación de la legalidad o de la presunta ilegalidad de los fallos disciplinarios acusados por encontrarse incursos en falsa motivación, alegada por la parte demandante y rechazada por la parte demandada. Sea lo primero establecer que el fundamento básico de la defensa, con el cual se quiso hacer ver que se presentó una falsa motivación, por cuanto se

alega que no fue cierto que no hubo un supervisor del contrato, y que cuando el actor se posesionó en enero de 2004, el supervisor ya estaba designado por el Secretario de Infraestructura; al respecto en el fallo de primera instancia se indica (fl.57): “La anterior relación pormenorizada con su texto de los documentos aportados por el investigado a fin de demostrar que sí ejerció la supervisión del contrato de consultoría No. GP-CNCONS-001 de 2000, en asocio con el Jefe del departamento de Impuestos Distritales lejos de desvirtuar la omisión endilgada, la reafirma, dado que la simple lectura de lo resumido con anterioridad, lleva a la convicción plena de que las diferentes comunicaciones entrecruzadas por el Secretario de Hacienda del Distrito yo Jefe del departamento de Impuestos Distritales y la firma Métodos y Sistemas a pesar de que en ellas se reseñaba que las actividades desarrolladas por ésta última obedecían a la ejecución del contrato en mención, se limitaron a llevar adelante una orden específica impartida por la Secretaría de Hacienda en oficio No. DIVDID-OF-3096-04 según se desprende del oficio No.4013-04 de dar inicio al procedimiento de cobro coactivo para las vigencias 1999-2000 mediante la emisión y notificación de los respectivos mandamientos de pago por concepto de impuesto predial unificado a los inmuebles que en la base de datos registraran a esa fecha notas crédito aplicadas por prescripción en las vigencias en mención. 10 11 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°140-2014 Ministerio Público

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Así mismo, que las actas del Comité de vigilancia –Acuerdo Reestructuración de pasivos Ley 550 de 1999aunque si bien es cierto cuentan con intervenciones del Secretario de Hacienda del Distrito de la época, hoy investigado, no lo es menos, que ellas se encuentran referidas a la recaudación de impuestos como tal, pero en ningún momento vislumbran ejercicio de supervisión frente al contrato de consultoría No.GP-CM-CONS-001-2000 a través de un coordinador en orden de verificar como lo dejó establecido la cláusula contractual la correcta ejecución y cumplimiento de las actividades del contratista” (subrayado fuera de texto). Respecto de lo anterior, advierte este Despacho que la convicción mostrada por el actor, no se encuentra completamente justificada ni explicada, por cuanto no logró probar que él en cumplimiento de sus deberes, ejerció de forma responsable la dirección, control y vigilancia del contrato de consultoría que para la época de los hechos le correspondía. De conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002 (artículos 23, 34 y 35), y una vez revisado el pliego de cargos, y los fallos de primera y segunda instancia se observa que la imputación que se le hizo al demandante, fue efectuada con acatamiento de las disposiciones constitucionales y legales, que rigen el procedimiento disciplinario, cuya adecuación típica se indicó con base en el principio de responsabilidad preceptuado en el artículo 26 numerales 1°, 2° y 4° de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo

3° ibídem. Adicionalmente, se observa que la demanda versa sobre temas decididos por el juez disciplinario, por lo que se considera que la parte actora utilizó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para reintentar las discusiones ya superadas, lo cual se estima improcedente, conforme a las propias decisiones del Consejo de Estado en esta materia. Por todo lo anterior, se considera que los temas centrales de discusión se han tratado, por lo que se estima conforme a las explicaciones precedentes, que no asiste razón a la parte actora, sustancial y materialmente, para pretender la nulidad de fallos acusados y en consecuencia, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos demandados, esta Agencia del Ministerio Público considera que ninguna de las pretensiones tiene vocación de prosperidad, razón por la cual las suplicas deben ser denegadas. CONCEPTO Acorde con lo aquí expuesto, la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado solicita comedidamente a la Sección Segunda11 12 Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto N°140-2014 Ministerio Público Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N°1092-2011 Raúl Renowitzky Comas vs .Procuraduría General de la Nación

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Subsección “A” de esa Honorable Corporación, que deniegue la nulidad de los actos censurados, de acuerdo con los argumentos expuestos en el presente concepto. De los Señores Consejeros, cordialmente,

CRISTINA GRUESO SÁNCHEZ

Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado

CGS/MFJF

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