PGN - NOMBRAMIENTO DE EMPLEADO PUBLICO - De persona que no cumple con los requisitos estab

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA Radicación 137-01805-2004

Disciplinado Carlos Alberto Hernández Nieto Cargo Alcalde Entidad Municipio de Marsella - Risaralda Quejoso Luis Hernando Jiménez Fecha Hechos Enero a junio de 2004 Asunto Fallo de segunda instancia Bogotá, D.C., 25 de noviembre de 2008

I. ASUNTO Procede esta Procuraduría Delegada, en los términos del artículo 171 del Código Disciplinario Único, a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el Fallo de Primera Instancia, proferido por la Procuraduría Provincial de Pereira, dentro del radicado de la referencia, conforme a la designación de funcionario especial efectuada por el señor Procurador General de la Nación, mediante auto del 18 de agosto de 2008.

II. ANTECEDENTES El señor LUIS HERNANDO JIMÉNEZ, mediante escrito fechado en septiembre 2 de 2004, denunció la comisión de posibles irregularidades ejecutadas al parecer por el señor Carlos Alberto Hernández Nieto, en su calidad de Alcalde Municipal de Marsella - Risaralda, relacionadas con el nombramiento del señor Antonio MEJÍA Ruiz, como secretario de hacienda municipal, cuando éste no cumplía con los requisitos de profesión para acceder a dicho cargo. Así mismo denunció supuestas irregularidades en la suscripción de las ordenes de prestación de servicios Nos. 025, 029 y 006 de 2004 (fls. 1 y 2 C1).

Mediante auto del 12 de octubre de 2004, la Procuraduría Provincial de Pereira,

ordenó la apertura de indagación preliminar y la práctica de varias pruebas. Posteriormente, con auto del 26 de abril de 2006, ordenó apertura de investigación disciplinaria en contra del señor CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ NIETO, (fl. 284 C2). En mayo 17 de 2007, la Provincial formuló pliego de cargos contra el señor CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ NIETO, en su calidad de Alcalde Municipal de Marsella (fl. 394 C2), posteriormente decreto pruebas de descargos en septiembre 11 de 2007 y corrió traslado de alegatos de conclusión (fl. 429 C2), finalmente el 22 de julio de 2008 profirió el fallo de primera instancia (fl. 435 C2).

III. DEL PLIEGO DE CARGOS Al evaluar la investigación, por auto del 17 de mayo de 2007, (folio 393 C2), la Procuraduría Provincial formuló al disciplinado los siguientes cargos:

“PRIMER CARGO.

Haber nombrado y posesionado al economista Antonio José Mejía Ruiz, como Secretario Administrativo y Financiero del Municipio, acto 1 que se materializó mediante decreto No. 002 de enero 1 y acta de posesión No. 004 de enero 2 de 2004, desconociendo los requisitos legales exigidos para el cargo, los cuales se encuentran consagrados en el Decreto No. 069 de diciembre 20 de 2001, que exige para dicho cargo título de Contador”. Como normas presuntamente trasgredida por su actuar, se le señaló el Decreto 069 de diciembre 20 de 2001, en la parte pertinente a las funciones y requisitos del cargo

de Secretario Administrativo y Financiero; La ley 136 de 1994, artículo 91 numeral 2); lo que consecuencialmente conllevan a la posible trasgresión de los artículos 34 numerales 1 y 2 y el artículo 35 numerales 1 y 18 de la ley 734 de 2002.

“SEGUNDO CARGO.

Haber suscrito en su condición de Alcalde Municipal de Marsella la orden de prestación de servicios No. 025 de marzo 26 de 2004, con la señora MARIA EUGENIA ZAPATA CARDONA, cuyo objeto era: “prestar los servicios de contador público, inobservando las exigencias que consagra el numeral 3º del artículo 32 de la ley 80 de 1993, toda vez que la función de contador del municipio de acuerdo al manual de funciones, estaba asignado al Secretario Administrativo y Financiero”. Como normas presuntamente infringidas por esta conducta el A-quo señaló el artículo 32.3 de la ley 80 de 1993, ley 136 artículo 91.5 y artículo 34 de la ley 734 de 2002.

“TERCER CARGO.

Haber suscrito en su condición de Alcalde Municipal de Marsella Risaralda, las ordenes de prestación de servicios Nos: 006 de febrero 17 de 2004, Objeto: ejercer funciones de coordinar, asesorar programar y ejecutar labores de asistencia técnica, capacitación y acompañamiento en mercado agrícola y pecuario, además de la coordinación del programa café especiales por valor de $4.000.000.00 y 049 de junio 22 de 2004, objeto: desarrollar en la Unidad Municipal de Asistencia técnica las siguientes actividades: 1. ejercer las

funciones de coordinar, asesorar, programar y ejecutar labores de asistencia técnica, capacitación y acompañamiento en mercadeo agrícola y pecuario. 2. Coordinar el programa de café especiales.

Valor: $4.475.000 con el señor MARIA GONZÁLEZ SALAZAR, desconociendo el principio de selección objetiva, por ausencia de idoneidad del contratista (…)”.

Como normas presuntamente infringidas por su actuar se le señaló el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 34 numerales 1 y 2 de la Ley 734 de 2002.

IV. DEL FALLO DE INSTANCIA El fallador de primera instancia, resolvió sancionar disciplinariamente al señor HERNÁNDEZ NIETO, en su condición de Alcalde Municipal de Marsella, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 8 meses e inhabilidad especial por ese mismo periodo, con fundamento en las siguientes consideraciones: (folio 435 a 456 C2)

2 Con respecto del primer cargo, el A-quo consideró que se encontraba estructurado, entre otras razones por: “(…) no pueden ser de recibo las exculpaciones presentadas, frente a la eximente (sic) de responsabilidad porque el hecho no reúne los requisitos ya referenciados, pues según el análisis que antecede fácilmente podemos concluir que el nombramiento y posesión de funcionarios, sin discusión alguna, es un acto de normal concurrencia en las administraciones, adicionalmente, nos encontramos en un departamento donde el índice de desempleo es alto, y si bien es un municipio de sexta categoría, también lo es, que queda muy cercano a la

capital del departamento (…) el burgomaestre sabía y tenía conocimiento de la exigencia del referido requisito, circunstancia frente a la cual no puede alegar error invencible frente a su conducta, pues olvidó el mandatario que los servidores públicos nos encontramos sujetos al principio de legalidad (…). Frente al segundo de los cargos imputados, señaló el fallador de instancia que el mandatario municipal desconoció la ley y sus funciones, al celebrar el contrato de prestación de servicios No. 025 de 2004, inobservando las disposiciones jurídicas del estatuto de la contratación estatal, abusando de sus funciones y nombrando a una persona que no cumplía con los requisitos legales en el cargo de secretario administrativo y financiero del municipio, para luego justificar la contratación de los servicios de un contador. En relación con el tercer cargo imputado al disciplinado, el A-quo consideró que el contratista objetivamente no demostró la idoneidad para ejecutar la labor contratada en la medida en que sólo acreditó como estudios un curso de inseminación artificial, otro de capacitación de costos de producción y capacitaciones en turismo, estudios que nada tenían que ver con el objeto del contrato a desarrollar, situación frente a la cual se esta en presencia de una vulneración del principio de selección objetiva.

V. DEL RECURSO DE APELACIÓN Notificado del fallo que impuso en su contra una sanción de carácter disciplinario

(folio 458 C2), en nombre propio y dentro del término legal establecido, el implicado presentó recurso de apelación el cual sustentó en los siguientes términos: En primer lugar sostiene que el municipio es de sexta categoría por lo que posee u

numero pequeño de habitantes y la oferta de profesionales es casi inexistente, la remuneración salarial del cargo no es muy buena por ello fue que se suscribió un contrato de prestación de servicios con otra persona que le permitiera al contratista el desempeño de funciones en diferentes establecimientos. Sostuvo que respeto del cumplimiento de las funciones dadas al secretario administrativo y financiero, en el caso objeto de estudio se nombró a un profesional de la economía, por lo cual es poseedor de conocimiento de una ciencia general de las finanzas y de la contabilidad. Señala que el cargo debe ser ocupado por un economista por tener un conocimiento amplio y suficiente en el manejo de cualquier empresa. Agrega que posteriormente se vinculó a través de una orden de prestación de servicios a la señora MARIA EUGENIA ZAPATA, por la necesidad de descongestionar la parte contable de la alcaldía, señala que la administración requirió de una trabajo extra para la descongestión de la contabilidad tal como se señaló en el objeto contractual. 3 Frente a la última imputación, señala que su calidad de mandatario delegó la función de escogencia de la persona para ejercer funciones como director de la UMATA, considera que queda desvirtuada la falta de idoneidad del cargo con la declaración del señor Fabio Hernan Giraldo López, quien se desempeña como profesional en la UMATA. Sostiene que el objeto contractual se cumplió a cabalidad y que éste se suscribió como continuidad al 049 de 2004 que venia ejecutando la misma persona porque cumplió a cabalidad con lo pactado. Sostiene que ante la apremiante situación del municipio al momento de su posesión

como Alcalde y al no contar con la disponibilidad de in contador que se dedicara de tiempo completo al cumplimiento de las funciones se vio en la imperiosa necesidad de contratar una persona que contara con un perfil similar o superior a la de contador público como en efecto se hizo quien de paso cumplió con todas las funciones asignadas para el cargo. Manifiesta que el ente disciplinario no demostró con claridad que el contrato de prestación de servicios suscrito con la señora Zapata Cardona cumplía labores diferentes al de secretario administrativo y financiero del Municipio, como quiera que la carga de la prueba corresponde al Estado Sostiene respecto de la violación al deber de selección objetiva que dicha conducta no fue debidamente probada por el órgano disciplinario porque debió haberse llamado al director de la UMATA quien cree era la persona encargada de la selección para la época de los hechos, refiere que la persona contratada cumplió a cabalidad con todos los objetos del contrato. Finalmente solicita la revocatoria de la sanción impuesta en razón a que las conductas endilgadas no existieron.

VI. CONSIDERACIONES Procede la Procuraduría Delegada a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Pereira, el día 22 de julio de 2008, para lo cual, en primer lugar, (i) establecerá la competencia de este despacho para tomar la decisión, para luego entrar a (ii) analizar los elemento probatorios recaudados junto con la conducta imputada conforme a lo alegado en la alzada y a los elementos incorporados, a fin de analizar la responsabilidad que corresponda al implicado.

6.1. De la competencia de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. En este aparte, procede el Despacho a determinar si es competente para conocer en segunda instancia de las presentes diligencias disciplinarias, en razón al sujeto disciplinable. El Decreto 262 de 2002, establece las competencias al interior de la Procuraduría General de la Nación, competencia que puede ser ampliada o modificada en virtud de las asignaciones y comisiones especiales que el señor Procurador General de la Nación a bien tenga asignar en cualquier Despacho o Funcionario, como máximo representante del Ministerio Público y en virtud de las funciones a él conferidas por la Constitución y la Ley, tal como ocurrió en el presente caso, que mediante auto del 12 de agosto de 2008, designo como “Funcionario Especial” para conocer la segunda 4 instancias del proceso 137-001805 de 2004, al Procurador Delegado para la Moralidad Pública. Así las cosas, corresponde a este Despacho resolver la segunda instancia del proceso mencionado. 6.2. Análisis jurídico probatorio de la conducta imputada conforme a lo alegado en la alzada. En este acápite, procede el Despacho a analizar los elementos probatorios recaudados y la conducta imputada conforme a lo alegado en la alzada, en forma independiente para cada cargo. 6.2.1. Primer cargo. La primera imputación efectuada al disciplinable HERNADEZ NIETO, mediante auto de cargos del 17 de mayo de 2007, (folio 393 C2), refiere a que éste en su condición

de alcalde municipal de Marsella mediante Decreto No. 002 de enero 1 nombró y posesionó como Secretario Administrativo y Financiero del Municipio al señor Antonio José Mejía Ruiz, sin que éste cumpliera con los requisitos exigidos para ocupar dicho cargo, toda vez que el manual de funciones del Municipio Decreto No. 069 de diciembre 20 de 2001, exige para dicho cargo título de Contador y el señor MEJÍA RUIZ ostenta el titulo profesional de Economista. Pues bien, al proceso se allegó copia del Decreto 069 de 2001, mediante el cual se estableció la planta de personal de la Alcaldía de Marsella, advirtiéndose en el inciso final del literal C. sobre las funciones relacionadas con la Secretaria Administrativa y Financiera que como requisitos para acceder a dicho cargo se exigía titulo profesional universitario en Contaduría (fl. 390). Igualmente se allegó copia del Decreto No. 002 del 1 de enero de 2004, mediante el cual el Alcalde Municipal de Marsella, señor CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ NIETO efectuó unos nombramientos entre los cuales se encuentra el del señor ANTONIO MEJÍA RUIZ, en el cargo de Secretario Administrativo y Financiero del Municipio (fl. 59 C1); obra además copia de la diligencia de posesión No. 004 del 02 de enero de 2004, mediante la cual tomó posesión del cargo de Secretario Administrativo y Financiero del Municipio el señor ANTONIO MEJÍA RUIZ (fl. 45) Al folio 50 obra copia del diploma de profesional en Economía otorgado por la

Universidad Libre al señor ANTONIO JOSÉ MEJÍA RUIZ. De la referida prueba se establece que el disciplinable CARLOS ALBERTO HERNANDEZ NIETO, en su condición de Alcalde Municipal de Marsella, nombró y posesionó como Secretario Administrativo y Financiero del Municipio al señor ANTONIO JOSE MEJIA RUIZ, persona que no cumplía con los requisitos establecidos en la ley para el desempeño de dicho cargo, toda vez que de conformidad con el inciso final del literal C, del Decreto 069 de 2001, por medio del cual se estableció la planta de personal de la Alcaldía de Marsella, exigía como requisito para acceder a dicho cargo título profesional universitario en Contaduría y el señor MEJIA RUIZ, poseía titulo profesional de Economista. 5 Y esa exigencia era entendible porque entre otras muchas funciones al secretario Administrativo y Financiero del Municipio, le correspondía dirigir, orientar y coordinar el proceso contable del Municipio; preparar cuentas y rendir informes sobre recaudo, pago de dineros y el estado de cuentas conforme a las normas contables y control fiscal y presupuestal; llevar la contabilidad del municipio conforme a las normas expedida por la Contaduría General de la Nación, presentando informes contables en los plazos aplicativos señalados por la misma; desempeñar las veces de contador de la alcaldía y firmar los comprobantes, balances y demás informes contables del Municipio. Por tanto, al tomar tal decisión el disciplinable, hizo caso omiso a la exigencia prevista en la norma que a nivel municipal regulaba los requisitos para acceder a los

cargos públicos de Marsella, es decir, al Decreto 069 de 2001, lo que significaba que el disciplinable estaba supeditado al cumplimiento de la condición preestablecida en el inciso final del literal C, cual era el de nombrar para el cargo de Secretario Administrativo y Financiero del Municipio a una persona que acreditara título profesional en Contaduría. Dicha omisión transgrede la prohibición contenida en el numeral 18 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, norma debidamente citada en el pliego de cargos, que prohíbe expresamente a todo servidor público nombrar o elegir para el desempeño de cargos públicos a personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios. En relación con esta imputación el disciplinable, tanto en su escrito de descargos como en el recurso de alzada es concordante en afirmar que nombró al señor MEJÍA RUIZ, en razón a que el municipio es de sexta categoría por lo que posee un numero pequeño de habitantes y la oferta de profesionales es casi inexistente, razón por la cual se vio avocado a nombrar a éste señor con un perfil profesional de economista con lo cual se actuó de buena fe y sobre todo con el interés de no paralizar las actividades del municipio. Señaló además que el actuó con el convencimiento de haber actuado dentro de los parámetros legales ya que el municipio se encontraba acogido a la ley de ajuste fiscal y que hasta donde él como economista podía entender por la categoría del Municipio no estaba obligado a contratar profesionales para las secretarias del Despacho.

Planteamientos que no logran desvirtuar la imputación, pues es evidente la irregularidad ejecutada al nombrar al señor ANTONIO JOSE MEJIA RUIZ, en el cargo de Secretario Administrativo y Financiero, sin que éste cumpliera con los requisitos exigidos para ocupar el cargo, en la medida en que la tesis esbozada por el disciplinado tanto en su escrito de descargo como en el de fundamento de alzada, al afirmar que la oferta de profesionales en el municipio es casi inexistente y que por ello se vio avocado a nombrar a un economista en el cargo, cuando al poco tiempo en marzo del mismo año, suscribió el contrato de prestación de servicios No. 025, con la señora MARIA EUGENIA ZAPATA CARDONA, con el objeto de prestar sus servicios de contador público (fl. 70 C1). Se puede colegir entonces que en el Ente Territorial si se hallaban personas con la formación profesional requerida para ocupar el cargo de Secretario Administrativo y Financiero del Municipio, y que dadas las condiciones profesionales del 6 Burgomaestre cuestionado (economista), éste estaba en la capacidad de discernir que era necesario y obligatorio para ocupar dicho cargo la acreditación en la profesión de Contaduría. Considera además este Despacho que el CARLOS ALBERTO HERNADEZ NIETO, al posesionarse como Alcalde Municipal de Marsella, decidió asumir una función pública y acogerse al régimen constitucional, legal y reglamentario vigente y por tanto debe someterse a sus mandatos. Los elementos probatorios analizados con anterioridad dan cuenta de la falta disciplinaria imputada al disciplinado por el A-quo en el pliego de cargos,

considerando este Despacho que nos encontramos en presencia de una irregularidad, que podemos catalogar como de mera conducta, según la cual, no requiere la realización de un resultado, tal como lo señala la dogmática disciplinaria1, porque si bien, la persona seleccionada para ocupa el cargo cumplió con sus deberes, la infracción del deber por parte de quien lo vinculó, se centró en el hecho de haber nombrado y posesionado a una persona en el cargo de Secretario Administrativo y Financiero sin que cumpliera con los requisitos exigidos en la ley. 6.2.1.1. De la tipificación de la conducta imputada. La falta en materia disciplinaria se estructura a partir de la infracción del deber funcional, con independencia de si el comportamiento investigado ha producido un resultado. El proceso disciplinario, examina el cumplimiento de deberes en una órbita de sujeción especial, con la finalidad de mantener incólume el bien jurídico del correcto ejercicio de la función pública, dentro de un proceso autotutelar cuyas sanciones cumplen fines de prevención y protección de la función. Por tanto, quienes ejercen función pública, deben desempeñar el empleo, cargo o función cumpliendo con lo establecido en las leyes preexistentes, sin ejecutar ningún acto que implique el ejercicio indebido de la función, tal como lo dispone el numeral 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, preceptiva que en el presente asunto fue desconocida con la conducta desplegada por el servidor investigado. Y es que en efecto, la conducta asumida por el Burgomaestre cuestionado transgrede el inciso final del literal C del Decreto 069 de 2001, en la medida en que

allí se estipuló una precisa instrucción para la vinculación del secretario administrativo y financiero del Municipio de Marsella, que éste ostentara título profesional en Contaduría. Al omitir este requisito formal de vinculación el señor CARLOS ALBERTO NIETO, implícitamente viola el numeral 2º del literal D del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, que en relación con las funciones administrativas del alcalde municipal estableció que éste tenía la facultad de nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia pero de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Se tiene además que la falta imputada encuadra perfectamente dentro de las prohibiciones establecidas para todo servidor público y debidamente señaladas en el pliego acusatorio, específicamente los numerales 1 y 18 del artículo35 de la ley 734 de 2002, pues el disciplinado no podía como en efecto lo hizo, nombrar a una 1 GÓMEZ PAVAJEAU Carlos Arturo. Dogmática del Derechos Disciplinario. Universidad Externado de Colombia. 2 Ed. Pág 312. 7 persona que no reuniera los requisitos de ley en el cargo de secretario administrativo y financiero del municipio, con lo cual se evidencia que no respetó o acato el ordenamiento legal. 6.2.1.2. Análisis del elemento subjetivo. Para que una conducta pueda ser sancionada disciplinariamente, se requiere que tal conducta sea culpable, es decir, atribuible al sujeto a título de dolo o culpa, sin intervención de circunstancias que eliminen tal culpabilidad. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional, ha sostenido: 2 “Si la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos

deberes, para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues el principio de la culpabilidad tiene aplicación no sólo para las conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho sancionatorio, entre ellas el derecho disciplinario de los servidores públicos, toda vez que “el derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal se aplican mutatis mutandi en este campo pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento, y para controlar la potestad sancionadora del Estado”. En el caso objeto de alzada, precisa este Despacho, que la calificación provisional de la culpabilidad, en el pliego de cargos, fue imputada a título de dolo y en el fallo de primera instancia se corroboró. Frente a esta calificación, considera el Despacho que evidentemente en la conducta reprochada al disciplinado CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ NIETO, emerge un actuar conciente y voluntario al nombrar en el cargo de Secretario Administrativo y Financiero del Municipio a una persona que no cumplía con los requisitos exigidos por la ley. Un elemento que permite evidenciar que el disciplinable si tenía conocimiento de los requisitos exigidos por la ley para acceder al cargo de Secretario Administrativo del Municipio, lo constituye la diligencia de ampliación de versión libre rendida por el disciplinado en octubre 18 de 2007, en la cual manifestó:

“(…) Frente al nombramiento del señor ANTONIO JOSE MEJIA RUIZ, como Secretario Administrativo y Financiero de la alcaldía a mi cargo, debo decir que si bien la ley atribuía ciertas características o requisitos profesionales a la persona que desempeñase el cargo, también es cierto que por la categoría del municipio, por su condición de pequeña localidad, es difícil conseguir las personas con el perfil necesario para desempeñar los cargos (…)” Manifestación que deja en evidencia el conocimiento que poseía el disciplinado sobre los precisos requisitos o exigencias para ocupar el cargo de Secretario Administrativo de Marsella, y que por esa razón consultó con rectores de colegios del municipio y 2 Corte Constitucional. Sentencia. C-155/02. M.P. Clara Inés Vargas Hernández 8 con otras personas de la región, quienes le manifestaron que no habían personas profesionales en el Municipio que cumplieran el requisitos de ser contador; sin embargo, dicha afirmación queda sin sustento alguno, cuando al poco tiempo, es decir, dos meses después del controvertido nombramiento suscribió el contrato de prestación de servicios No. 025, con la señora MARIA EUGENIA ZAPATA CARDONA, con el objeto de prestar sus servicios de contador público (fl. 70 C1), quien según el formato único de hoja de vida, ostentaba la profesión de contadora pública egresada de la universidad libre y con residencia en la ciudad de Pereira. Y es que si bien, el Municipio de Marsella esta clasificado como de categoría 6, según el disciplinado, ello no es indicativo de aislamiento pues se encuentra ubicado a tan sólo 30 kilómetros de la capital del Departamento – Pereira, lo que posibilitaría

la búsqueda de una persona idónea. Así las cosas, esta instancia se encuentra totalmente de acuerdo con la calificación del elemento subjetivo aplicada por el A-quo en la decisión recurrida, pues los medios probatorios así lo permiten establecer. 6.2.1.3. De la naturaleza de la falta. En atención a los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta establecidos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, norma vigente para la época de los hechos, la naturaleza de la falta se califica como grave. Y esa gravedad se determina por la jerarquía que ostentaba el disciplinado dentro de la entidad, pues en su condición de Alcalde Municipal a quien constitucional y legalmente se le atribuyó la función de dirigir la acción administrativa del Municipio y por ello entre otras la de nombrar y remover a los empleados de conformidad a las disposiciones legales; sin que haya advertido esta instancia la ejecución de alguna acción que le permitiera al Disciplinable tener argumentos para nombrar en el cargo a quien no poseía los requisitos de ley, tales como invitaciones, solicitudes o publicaciones, requiriendo la postulación de hojas de vida de contadores, en la medida en que no existe norma que exija que el nombramiento de los cargos del Municipio deban ser ocupadas por personas de la misma municipalidad. Ahora si bien, el nombrado y posesionado Secretario Administrativo y Financiero al parecer cumplió a cabalidad con sus funciones, ello no quiere decir, que no se haya presentado un deterioro moral para la administración, en la medida en que se pierde el grado de credibilidad en quien ostenta el máximo cargo del Municipio y por ende un detrimento en la imagen de la administración pública.

Por las razones expuestas, este Despacho comparte la calificación de la falta como grave dada por el A-quo y en el acápite de dosificación impondrá la sanción a que de lugar. 6.2.2. Segundo Cargo. Se cuestionó su conducta por haber suscrito en su condición de Alcalde Municipal de Marsella, la orden de prestación de servicios No. 025 de marzo 26 de 2004, con la señora MARIA EUGENIA ZAPATA CARDONA, cuyo objeto era la prestación de los servicios de contador público, inobservando al parecer las exigencias que consagra el numeral 3º del artículo 32 de la ley 80 de 1993, en la medida en que la función de 9 contador del municipio de acuerdo al manual de funciones, estaba asignado al Secretario Administrativo y Financiero. Luego del análisis del material probatorio allegado a las presentes diligencias, advierte esta instancia que el efecto la administración Municipal de Marsella representada por el señor CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ NIETO, el día 26 de marzo de 2004, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 025, con la señora MARIA EUGENIA ZAPATA CARDONA, cuyo objeto era la prestación de servicios de contador público, estipulando en el numeral IV el cumplimiento de las siguientes obligaciones: (fl. 86 C1) - Buscar la consolidación de la información contable y presupuestal de la Alcaldía Municipal. - Velar por el cumplimiento de las leyes en materia contable y tributaria. - Tener al día la información contable y los estados financieros. - Presentar al Alcalde los informes cuando así lo requiera. - Colaborar con las entidades de vigilancia y control del estado cuando así lo

requieran. El valor del citado contrato fue imputado al código presupuestal 2110201 honorarios, de conformidad al CDP 272. Ahora bien, para efectos de determinar si las actividades contratadas por el negocio jurídico 025, son equivalentes a las funciones contables del Secretario Administrativo y Financiero del Municipio, esta instancia procede a verificar las funciones contables asignadas por el Decreto 069 de 2001 a dicho cargo, advirtiendo entre otras las siguientes: (fls. 17 a 44 C1) - Dirigir, orientar y coordinar el proceso contable del Municipio - Preparar cuentas y rendir informes sobre recaudo, pago de dineros y el estado de cuentas conforme a las normas contables y control fiscal y presupuestal. - Llevar la contabilidad del municipio conforme a las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación, presentando informes contables en los plazos aplicativos señalados por la misma. - Desempeñar las veces de contador de la alcaldía. - Firmar los comprobantes, balances y demás informes contables del Municipio. Una vez cotejadas las funciones del secretario Administrativo y Financiero con las obligaciones de la contratista ZAPATA CARDONA, considera esta instancia que en el negocio jurídico cuestionado, es decir, el contrato de prestación de servicio 025 de 2004, no se adjudicaron las funciones propias del cargo de Secretario Administrativo del ente territorial. Si bien, las funciones o trabajos a ejecutar en uno y otro tienen que ver con manejos contables, también lo es que la función legal del Secretario Administrativo y Financiero es de mayor enve