PGN - NOTIFICACION POR COMISIONADO - Sólo se envía la decisión y se debe advertir que el e

Dependencia: Primera Delegada Contratación Estatal Radicación: 021-58041-2001

Implicado: RICARDO COBO LLOREDA Cargo y entidad: Alcalde de Santiago de Cali.

Quejoso: Elizabeth Osorio Durán Fecha Queja: Diciembre 6 de 2001

Fecha Hechos: Abril 19 de 1999

Asunto: Fallo de instancia

Bogotá, D.C., 26 de noviembre de 2003 Procede el Despacho con fundamento en lo establecido en el artículo 170 de la ley 734 de 2002 a proferir decisión de instancia dentro de la investigación adelantada contra RICARDO H. COBO LLOREDA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 14’995.158 de Cali, quien desempeño el cargo de Alcalde de la ciudad de Santiago de Cali, para el período Constitucional de enero 1 de 1998 a diciembre 31 de 2000, según folio 80 del cuaderno No. 1.

I. ANTECEDENTES Se inició el presente averiguatorio, tras escrito SEP-99 de febrero 28 de 1999, suscrito por Elizabeth Osorio Durán, Presidenta del Sindicato de Trabajadores Públicos del municipio de Cali SINEMPUBLIC, quien dejó en conocimiento de este organismo de control irregularidades en el manejo de la administración municipal,

folios 1 a 9 del cuaderno No 1.

Los hechos: El reproche se contrajo a que algunos contratos de prestación de servicios podían desarrollarse con personal de la entidad, que vulneraba la austeridad en el gasto público, citando básicamente los contratos celebrados con

William Fajardo Fajardo, Gabriel Forero Restrepo, Camilo Soto Franky, Eduardo

Matiz, Jairo Jalil Ríos, folio 13 a 15 del cuaderno No. 1 que contiene ampliación de la queja.

Indagación preliminar: En decisión de octubre 22 de 1999, el entonces Procurador Departamental del Valle del Cauca, dispuso diligencias preliminares, folio 10 del

cuaderno No. 1, etapa en la cual se practicaron por comisionado diversas pruebas, luego de lo cual en decisión de septiembre 29 de 2000, dispuso entre otras, desglosar y remitir por competencia a las Delegadas Contratación Estatal ® lo 1 pertinente a la contratación realizada por el alcalde mencionado, folio 25 a 28 del cuaderno No. 1, remisión que solo hizo efectiva el Regional del Valle por auto de abril 25 de 2001, año y medio después, folio 36 del mismo cuaderno.

Investigación Disciplinaria: Por auto de marzo 6 de 2002 esta Delegada profirió apertura de investigación disciplinaria contra RICARDO HERNANDO COBO LLOREDA, Alcalde del municipio de Santiago de Cali, por irregularidades en la celebración del contrato de prestación de servicios con Álvaro Tobón Castaño de fecha abril 19 de 1999, al advertirse vulneración del decreto 1737 de 1998, reglamentario de la ley 80 de 1993, folio 49 a 53 del cuaderno 1.

DEL CARGO (Folio 86 a 89 C. No. 1) Se le censuró la celebración del contrato de prestación de servicios suscrito con Álvaro Tobón Castaño el 19 de abril de 1999, que tenía por objeto adecuar la

estructura orgánica del Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería y elaborar los manuales de procedimientos y funciones del Departamento Administrativo, por cuanto el valor mensual cancelado por este contrato de prestación de servicios excedió la suma devengada como salario por el representante legal de la entidad para el mismo lapso de tiempo, aunada a que la labor a ejecutar puede considerarse como un asunto propio de la entidad. Se le endilgó que el valor del contrato en mención, determinó en la cláusula cuarta el monto de cien millones de pesos ($100.000.000,00), transgrediendo de esta forma la disposición del artículo 4 del decreto 1737 de 1998, reglamentario del estatuto contractual, que reza: "Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas naturales y jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para asuntos propios de la respectiva entidad, por valor superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad' El contrato reprochado tenía por objeto: "Adecuar la estructura orgánica del Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería y elaborar los manuales de procesos, procedimientos y de funciones del Departamento Administrativo de conformidad con la normatividad vigente en la búsqueda de la 2 reducción de costos, celeridad y eficacia en la prestación de los servicios", labor que en consideración de este Despacho constituía un asunto propio de la entidad, toda vez que al interior de la misma se debían conocer los procesos y procedimientos adelantados, por lo que idóneamente, en forma más concreta y oportuna se podía

adecuar su estructura con personal de la misma, y que la gestión a adelantar con el contrato cuestionado sólo era para una dependencia de la Alcaldía de Cali, cual era el Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería, tal y como se estipuló en la cláusula primera del acuerdo. Que en certificación que obra a folio 40 del expediente, en donde consta que para el año 1999, anualidad en que fue suscrito el contrato materia de investigación, el mandatario local tenía un salario básico mensual de 9.753.975=, incluidos los gastos de representación, y el valor del contrato fue de cien millones de pesos ($ 100'000.000=), con un plazo 6 meses, lo que significa que la remuneración mensual del contratista fue la suma de $16.666.666, cifra que supera la remuneración para el alcalde de Santiago de Cali para el mismo lapso. Se dijo que vulneró de la misma forma el principio de responsabilidad consagrado en el artículo 26-1 de la ley 80 de 1993. La falta endilgada se calificó como grave por el grado de culpabilidad que le acompaña en la responsabilidad de los hechos y por la responsabilidad y mando que tenía en la institución, responsabilidad atribuida a título de culpa por el desconocimiento de las normas contractuales, en cuanto a buscar con la celebración de los contratos la protección de los derechos de la entidad. Descargos (Folios 14 a 18 cuaderno de comisión No. 1) Inicia la defensa advirtiendo que el encartado no ha celebrado contrato alguno con el señor ALVARO TOBÓN CASTAÑO, por cuanto éste último para la fecha de la

celebración del contrato que se reprochó, era el Director del Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería del Departamento del Valle del Cauca. Hace notar que el grado de culpabilidad endilgado a COBO LLOREDA, en el pliego de cargos es abstracto y no concreto, por cuanto la falta se califica como grave por el grado de culpabilidad, pero no dice cuál es el grado de culpabilidad, no se sabe si es 3 a título de culpa o a título de dolo, y nadie se puede defender de acusaciones en abstracto o abiertas, las acusaciones tiene que ser concretas y el implicado no está obligado a deducir de que se tiene que defender, y que Ia responsabilidad objetiva está proscrita Constitucional y legalmente Narra que en el Departamento de Hacienda Catastro y Tesorería en 1.999 se hizo una REESTRUCTURACION ADMINlSTRATIVA técnicamente adelantada, que el trabajo comprendió que se originara una nueva estructura para esa organización estatal, que se levantaran los manuales de procesos y procedimientos, los manuales de funciones, los manuales de productos y subproductos, y las cargas de trabajos por puesto laboral, explican que ninguna de las áreas existentes en el Departamento Administrativo de Hacienda Catastro y Tesorería tenía la función ni estaba capacitada para hacer esa labor, por eso hubo la necesidad de contratar un asesor externo con experiencia en este tipo de procesos que en el término de 4 meses, presentara una reestructuración integral. Que en el Acuerdo 01 de 1.996, artículos 142 a 174, no se establece a ninguna de las dependencias que conformaban esa entidad la responsabilidad de hacer la labor que hizo el contratista. Además, la actividad del contratista no fue solo conocer los

procesos y procedimientos adelantados, la actividad consistió en presentar una reestructuración administrativa integral, que consistió en la elaboración de una nueva estructura con base en procesos y procedimientos, manuales de funciones, cargas de trabajo por puesto, fusión, supresión y creación de dependencias, redistribución de funciones, manual de productos y subproductos y toda una reestructuración manejada con el mayor criterio técnico. Y el Departamento de Hacienda Municipal de Cali, que es el alma vital de las finanzas del Municipio, es la única dependencia del Municipio que cuenta con un modelo estructural de tal naturaleza y esto se debió al trabajo realizado por el Contratista, trabajo que no hace parte de las labores continuas de esa organización administrativa sino que fue un trabajo puntual que se desarrolló en un determinado tiempo y del cual se recibió un resultado y producto específico. El contratista no desarrollaba funciones de las que normalmente cumplía el personal de planta vinculado al Departamento de Hacienda Municipal, al contratista se le contrató para que realizara una reestructuración integral en un tiempo determinado, como quiera que el servicio no fue prestado en una forma continua sino puntual, al contratista se le contrató para realizar un determinado 4 trabajo el cual entregó en un tiempo determinado; no era una labor diaria sujeta al funcionamiento normal de la entidad. La entidad tenía que hacer una reestructuración administrativa en un determinado tiempo y esa labor la hizo el contratista. Ahora bien, este no fue un trabajo sencillo, fue un trabajo complejo, que involucró a todo el personal directivo de la época como punto de apoyo, pero el equipo asesor contratado levantó y tomó la información que existía en esa organización, para poder producir la reestructuración administrativa, que hoy rige bajo el Decreto

Extraordinario Municipal 355 de 1999. En escrito de la misma fecha de presentación de la exculpación, impetra nulidad por cuanto considera que desde la apertura de la investigación disciplinaria, al igual que en la formulación del cargo, al solicitar copia de algunas piezas procesales se le manifestó que el expediente disciplinario no estaba en la Regional, donde se estaban realizando las notificaciones, lo que traduce que no pudo observarse físicamente, estimándose por ende vulneración del derecho de defensa, teniendo en cuenta que el artículo 92 de la Ley 734 de 2002, en lo que toca a los Derechos del investigado, como sujeto procesal, al investigado el acceder a la investigación (...) , obtener copias de la actuación, eventos que han de ser inmediatos, el procesado no puede estar a merced de la distancia. Si el domicilio del investigado es Cali, no hay ninguna razón lógica para que él se tenga que desplazar a Bogotá a obtener copias de un expediente y acceder al mismo, esto coloca al implicado en condiciones desventajosas. El Estado debe procurar los medios necesarios para que la persona implicada en un proceso disciplinario pueda ejercer plenamente el derecho a su defensa y no obligarlo a trasladarse al despacho del funcionario que profirió la decisión, y mucho menos, cuando la investigación disciplinaria se surte "por duplicado", como lo dispone el artículo 96 de la ley 734 de 2002; es cierto que el inciso final del Código Disciplinario Único prevé que: "La actuación permanecerá en la Secretaría del funcionario que profirió la decisión" Lo que pretende la Procuraduría, que los procesados se desplacen a la sede de

origen del pliego de cargos para consultar el expediente y obtener copias del mismo, es colocar una carga adicional al derecho de defensa de los ciudadanos que se encuentran bajo su control. Imaginémonos un funcionario que no tenga los recursos económicos para desplazarse a la ciudad de origen del pliego de cargos, esta persona nunca podrá defenderse en los términos que establece la ley. Con este comportamiento la Procuraduría viola los Derechos Fundamentales de 5 Defensa y de Igualdad de RICARDO COBO LLOREDA, dispuestos en los artículos 29 Constitucional, 10 de la Ley 734 de 2002, que contempla la Gratuidad, 20 de la misma Ley 734 de 2002, sobre interpretación de la ley disciplinaria, y 15 de la misma disposición en cita -Ley 734 de 2002que refiere a la igualdad ante la ley disciplinaria. Pruebas posteriores a las exculpaciones (Anexo comisión No.2) Se trajeron como nuevas probanzas al averiguatorio, copia de los acuerdos municipales No. 01 de mayo 9 de 1996 por el cual se dictan normas sobre la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo de la administración central municipal y con relación a algunas entidades de la administración municipal descentralizada y se expiden otras disposiciones; acuerdo municipal No. 097 de enero 31 de 2002, por el cual se fija el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santiago de Cali para la vigencia fiscal del 2002; declaraciones de LUIS ORISON ARIAS BONILLA, quien era asesor del

director de Hacienda, catastro y Tesorería del municipio de Cali, de MARTHA LUCIA TORRES GONZÁLEZ, quien fuera secretaria general del departamento administrativo de hacienda municipal de Cali, al igual que 6 diskettes contentivas de las cargas de trabajo, ejecuciones fiscales, conservación, formación cartográfica, formulación y métodos y fiscalización, 13 diskettes correspondientes a información pertinente del departamento administrativo de hacienda sobre manual de procesos, presupuesto, secretaria general, contabilidad y tesorería, 14 diskettes del mismo departamento sobre el manual de funciones, secretaria general y presupuesto, 8 diskettes de la misma dependencia correspondientes al manual de funciones de tesorería, 5 diskettes del manual de funciones dirección y contabilidad, y 11 diskettes de presupuesto y rentas. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN (Folio 100 a 104 C. 1) Expone la defensa que teniendo en cuenta que el valor del contrato suscrito por RICARDO COBO LLOREDA con el señor Tobón Castaño según lo previsto en la cláusula cuarta del mismo, es de cien millones de pesos ($ 100.000.000,00), de conformidad con el objeto a desarrollar encuentra la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal que se ha transgredido las disposiciones del artículo 4 del 6 decreto 1737 de 1998, reglamentario del estatuto contractual, y no obstante haber efectuado erróneamente el reproche como quiera que para el 19 de abril de 1999, el señor ALVARO TOBÓN CASTAÑO era Director Departamento Administrativo de Hacienda Catastro y Tesorería; en el transcurso de la investigación la Procuraduría

trata de corregir este error sustancial en la formulación del pliego, arguyendo que se debe tener en cuenta que el contrato fue firmado con el señor WILLIAM FAJARDO FAJARDO, este comportamiento procesal viola el derecho de defensa del disciplinado, pues fue mi cliente el que advirtió a la Procuraduría del error y con base en su dicho, esta entidad de control mantiene el Pliego en mención, prácticamente indujo al doctor RICARDO COBO LLOREDA y a la defensa a que se acusara, con ello se viola de manera directa el artículo 29 de la Constitución Nacional Recaba la defensa lo argüido en la exculpación sobre el grado de culpabilidad endilgado en el pliego de cargos, considerando que es abstracto y no concreto, ya que el grado de culpa no surge por el desconocimiento de las normas contractuales, el desconocimiento deliberado de normas constituye dolo y no culpa, la culpa nace de la falta de previsión de la persona en la toma de una decisión, de la negligencia sin justificación alguna pero el doctor RICARDO COBO LLOREDA en este caso no incurrió ni en culpa ni en dolo, él contrató con una persona idónea que realizó un trabajo profesional, ajeno a la actividad normal del Departamento de Hacienda Municipal, como se demuestra con las declaraciones de los señores LUIS ORISON ARIAS BONILLA y MARIA TORRES, quienes son consistentes al deponer sobre el tipo de trabajo que desarrollo el mentado contratista y los alcances del mismo y los beneficios que redundó para los intereses de la dependencia en mención. La Procuraduría tiene que decir por qué hay dolo o por qué hay culpa, y mostrar las

pruebas que tiene para acusar a una determinada persona, por cuanto la responsabilidad objetiva está proscrita Constitucional y legalmente. La Procuraduría está en la obligación de decir en qué consiste la responsabilidad subjetiva del procesado, tal como lo manda el artículo 163-7 de la Ley 734 de 2002: Que el objeto del contrato comprendió que se originara una nueva estructura para esa organización estatal, que se levantaran los manuales de procesos y procedimientos, los manuales de funciones, los manuales de productos y subproductos, y las cargas de trabajos por puesto laboral. Ninguna de las áreas existentes en el Departamento Administrativo de Hacienda Catastro y Tesorería 7 tenía la función ni estaba capacitada para hacer esa labor, por eso hubo la necesidad de contratar un asesor externo con experiencia en este tipo de procesos que en el término de 4 meses, presentara una reestructuración integral. Además, en el Acuerdo 01 de 1996, artículos 142 a 174, no se establece a ninguna de las dependencias que conformaban esa entidad la responsabilidad de hacer la labor que hizo el contratista. Además, la actividad del contratista no fue solo conocer los procesos y procedimiento adelantados, la actividad consistió en presentar una reestructuración administrativa integral, que consistió en la formulación de una nueva estructura con base en procesos y procedimientos, manuales de funciones, cargas de trabajo por puesto, fusión, supresión y creación de dependencias, redistribución de funciones, manual de productos y subproductos y toda una reestructuración manejada con el mayor criterio técnico y el Departamento de Hacienda Municipal de Cali, que es el alma vital de las finanzas del Municipio, es la

única dependencia del Municipio que cuenta con un modelo estructural de tal naturaleza y esto se debió al trabajo realizado por el Contratista, trabajo que no hace parte de las labores continuas de esa organización administrativa sino que fue un trabajo puntual que se desarrolló en un determinado tiempo y del cual se recibió un resultado y producto específico. El contratista no desarrollaba funciones de las que normalmente cumplía el personal de planta vinculado al Departamento de Hacienda Municipal, al contratista se le contrató para que realizara una reestructuración integral en un tiempo determinado. El servicio no fue prestado en una forma continua sino puntual, al contratista se le contrató para realizar un determinado trabajo el cual entregó en un tiempo determinado no era una labor diaria sujeta al funcionamiento normal de la entidad. La entidad tenía que hacer una reestructuración administrativa en un determinado tiempo y esa labor la hizo el contratista. Ahora bien, este no fue un trabajo sencillo, fue un trabajo complejo, que involucró a todo el personal directivo de la época como punto de apoyo, pero el equipo asesor contratado levantó y tomó la información que existía en esa organización, para poder producir la reestructuración administrativa, que hoy rige bajo el Decreto Extraordinario Municipal 355 de 1999, y todas estas aseveraciones fueron corroboradas por los testigos que participaron en el proceso y de la magnitud del trabajo no hay duda alguna, la Dirección de Hacienda Municipal se negó a remitir copia del trabajo por su gran volumen. 8 CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Es del caso efectuar el análisis debido para tomar decisión de fondo, debiendo en primer término desatar las nulidades impetradas por la defensa, consistente la

primera en la aparente vulneración al derecho de defensa (debido proceso), por cuanto no conocieron las piezas procesales en que se fundaron las decisiones preferidas en el averiguatorio, ya que este último reposó en la dependencia que profirió las mismas y no en el sitio donde residen tanto el encartado como su defensor, la ciudad de Santiago de Cali; y que por otra parte, ante la falencia acaecida desde la decisión de apertura de la investigación disciplinaria y consolidada en la pieza de cargos, al determinarse que el contrato objeto de investigación fue celebrado con un funcionario de la secretaria de Hacienda del Departamento, se violento el derecho de defensa y por ende el debido proceso del encartado.

1. Debe puntualizarse que en la directiva 009 de mayo 26 del año anterior, por medio de la cual y en cumplimiento de las funciones asignadas en el artículo 7 numeral 7 del decreto 262 de 2000, el señor Procurador General de la nación, se permitió señalar los criterios con que deben ser interpretados y aplicados algunos de los preceptos del nuevo Código Disciplinario Único (ley 734/02), y se establecen igualmente algunas directrices que colaborarán con el éxito del proceso disciplinario, determinando literalmente la resolución, en su numeral 10: Las COMISIONES que habitualmente libran las PROCURADURIAS DELEGADAS, se cumplirán de manera estricta. Para ello se exigirá del PROCURADOR DELEGADO el envío del expediente o de las piezas procesales pertinentes, cuando se trate de la práctica de pruebas que lo requieran o de actuaciones que hagan imprescindible dicha remisión. La comisión para notificaciones, sólo precisará del envío de la

respectiva decisión. Por ello las DELEGADAS comitentes deberán advertir que el expediente quede a disposición de los interesados, en la secretaría de la respectiva Delegada o en la Unidad Coordinadora, si se cuenta con la misma. – Subrayas fuera de textoLo anterior, se hizo conocer a la defensa, por oficio 006 del 28 de agosto de 2002, de la Coordinadora del Centro de notificaciones de la Procuraduría General de la Nación. Como quiera que estuvo ajustada a la norma en cita la postura asumida por los funcionarios de este organismo de control del Estado, no siendo por ende viable acceder a la nulitación impetrada, se le sugiere a la defensa, que si lo estima 9 procedente está en todo el derecho de impetrar la acción contenciosa contra la resolución que estableció el procedimiento que le parece inconveniente.

2. Evidentemente se observa la existencia de una falencia acaecida desde el mismo auto de apertura de investigación disciplinaria y recurrente hasta la pieza procesal de cargos, que pudo vulnerar el derecho de defensa y por ende el debido proceso, yerro que solo se advirtió en decisión de prueba de descargos, aclarándose que se trató de un error de percepción en el sentido de expresarse que la falta endilgada, esto es la celebración del contrato de prestación de servicios de fecha 19 de abril de 1999, lo fue con Álvaro Tobón Castaño, folios 3 a 9 del cuaderno No. 1, cuando el contratista fue el señor William Fajardo Fajardo, equívoco que, se repite, se mantuvo hasta la decisión de cargo, y sobre la cual solo al decidir sobre

las pruebas a decretar peticionadas en las exculpaciones, se intenta enmendar con la advertencia que había de entenderse celebrado el contrato objeto de reproche, con quien realmente fue suscrito, el señor Fajardo Fajardo, dejándose intacta la pieza procesal de cargos, eje central del proceso disciplinario. Ahora bien, el debido proceso consagrado tanto en el artículo 29 de la carta Política, como en el 6 de la ley 734/02, establece que el sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público. El artículo 163-1 de la ley 734/02 consigna dentro del contenido de la decisión de cargos, la descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó. Ha de entenderse como el modo de realizar la eventual conducta constitutiva como falta, la manera o forma en el actuar, esto es que deberá expresarse con exactitud lo reprochado, por ende estaría en tela de juicio el haber cumplido este requisito si nombramos el actuar pero realizado, para el caso en estudio, con quien no se celebró el acuerdo, quien también en aras de una investigación integral estaría incurso en falta porque obró así mismo a nombre del municipio de Cali. Por otra parte, constituyen causales de nulidad, según el artículo 143 de la ley Disciplinaria, entre otras, la violación del derecho de defensa del investigado, y la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, causales

que tienen inmersa la irregularidad o ambigüedad en los cargos, que en la otrora ley disciplinaria tenía presentación propia. No obstante lo anterior, es del caso puntualizar que el derecho de defensa en materia disciplinaria alude a la necesidad de ofrecer al individuo disciplinado, 10 oportunidades racionales para el planteamiento de su postura en relación con la conducta investigada presuntamente constitutiva de falta disciplinaria, así como para la sustentación de la misma desde el punto de vista tanto probatorio como argumentativo, evento que aconteció en esta investigación, y que aprovecho la defensa con las exculpaciones. Este aserto comprende preceptos como el que obliga a la autoridad disciplinaria a comunicar al encartado la iniciación de la indagación o la investigación cuando esta se produzca, la facultad del encartado de conocer las diligencias bien las de indagación, como la investigación, para controvertir las pruebas allegadas en su contra, y a su vez aportar las que posea y solicitar la práctica de las que estime convenientes y participar en la de todas las que sean decretadas, el permitírsele constituir apoderado cuando lo estime necesario, obtener copia total o parcial del expediente que contiene la memoria de la actuación e impugnar las decisiones que le sean adversas, garantías todas que se le han otorgado al disciplinado. Se tiene que el cargo es fáctico, porque se le ha hecho saber al disciplinado, con la mayor exactitud posible, los hechos que obran en su contra, y sobre los cuales ha dado respuesta, evento que le ha permitido la inviolabilidad de su defensa, pues ésta ha sido eficaz en la medida en que el disciplinado y su defensor conocen los

hechos atribuidos, su adecuación en el régimen disciplinario y su consecuencia. Al tenor del artículo 163 de la ley 734, el contenido de la decisión de cargos, en su sentido formal, le da al disciplinado el derecho a conocer el cargo que se le hace, para desarrollar el derecho de defensa, el que se concreta a través de la comunicación circunstanciada de los hechos que se le atribuyen, como de la calificación jurídica de los mismos y la determinación provisional de la naturaleza de la falta. El derecho que indefectiblemente ha tenido el disciplinado, de conocer el cargo tanto fáctica como jurídicamente, al igual que su consecuencia, destaca que la actividad procesal disciplinaria tiene como base un cargo circunstanciado, el cual ha sido fáctico y jurídico, por que no versa solamente sobre hechos, sino de la calificación de los mismos, amen que se le han señalado las normas infringidas, sobre las que este despacho se pronunciará aparte de las nulidades que ahora desata, lo mismo que la provisional determinación de la naturaleza de la falta, porque el investigado no se 11 debe defender solo de los hechos, sino de hechos jurídicamente calificados, concluyéndose que no obstante la equivocación anotada, no se vulneró el debido proceso en el sentido que se ejerció efectivamente la defensa, debiendo por ende desatarse desfavorablemente la nulidad impetrada.

3. Ahora bien, al disciplinado se le ha dado a conocer la conducta atribuida, -esto es la suscripción del contrato de fecha abril 19 de 1999-, que se ha considerado

violatoria de las normas que describen el deber y la prohibición, que regulan la conducta funcional y específica del servidor público, habiéndosele citado, entre otras, el artículo 4 del decreto 1737 de 1998, decreto por el cual se dictaron medidas de austeridad y eficiencia y se sometió a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos públicos, norma que fue modificada en OCTUBRE 29 DE 1998 mediante el decreto 2209 de 1998, norma que indefectiblemente ha de citarse como violada, por cuanto era la vigente al momento de la comisión de la falta, esto es abril 19 de 1999. Por lo anterior la circunstancia jurídicodisciplinariamente relevante, fue indicada con una norma invigente, incumpliéndose de esta forma, el segundo requisito establecido para la pieza de cargos. No obstante haberse dado los requisitos sustanciales para la formulación de cargos, como quiera que se demostró objetivamente la falta, esto a través de medios de prueba admitidos, los que en principio le dieron al operador jurídico seguridad de la comisión de la falta, amen de ser evidente la existencia del hecho recogido por la descripción típica de la falta, así como que la responsabilidad del disciplinado esta demostrada con pruebas legalmente reconocidas, no puede mantenerse en este estado procesal la inculpación impetrada. Se deduce por ende que el cargo endilgado queda sin fundamento legal, ante la inexactitud de la norma, es decir la conducta no se circunscribe a la norma que se le dejo como fundamento en el reproche, decayendo así el basamento del proceso disciplinario, haciendo imperativo el deber de absolver al aquí encartado.

En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal, 12

DISPONE PRIMERO: Absolver al señor RICARDO COBO LLOREDA, identificado con Cédula de Ciudadanía No 145.995.158 de Cali, del reproche efectuado en decisión de noviembre 12 del año inmediatamente anterior, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído, debiendo por ende archivarse este averiguatorio.

SEGUNDO: Como lo dispone al artículo 109 de la ley 734/02, comunicar al quejoso del contenido de esta decisión, debiendo advertírsele que contera esta procede el recurso de apelación en atención a lo signado en el artículo 115 de la mi