PGN - NOTIFICACIONES - Dirección para notificar actuaciones de la administración tributari

Concepto 073 Bogotá, D.C., 9 de abril de 2007

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejero Ponente doctor: JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE Referencia :25000232700020050099401

Radicado : 16208

Asunto : IMPUESTO PREDIAL

ACTOR : INVERSIONES CAMPO VARGAS Y CIA S EN C De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277 numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo, 35 de la Ley 446 de 1998; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 371 de 6 de octubre de 2005, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión.

I. ANTECEDENTES La sociedad INVERSIONES CAMPOS VARGAS Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, presentó el 19 de abril de 2002 y el 21 de abril de 2003, Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado www.6consejoestado@procuraduria.gov.co

Carrera 10 N° 16-82 Of. 803 Tel.: 2829266 3346076 fax 3423609 www.procuraduria.gov.co Expediente 16208 2 las declaraciones del impuesto predial unificado, correspondientes a los periodos gravables 2002 y 2003, respectivamente, del inmueble ubicado

en la “LT PT LAS PILAS EL DIAMANTE EL”.

La sociedad manifestó el 9 de julio de 2003 a la Dirección de Impuestos Distritales mediante carta firmada por el secretario, como nueva dirección de notificaciones la carrera 15 Nº 96-23 de Bogota y teléfono 6464300. Esta comunicación fue recibida sin objeción alguna en la misma fecha y con radicación 2003ER49958. La Unidad de Determinación de la Subdirección de Impuestos a la Propiedad, profirió el 21 de octubre de 2003 el Requerimiento Especial 2003-PEE-11658, en el que propuso modificar las declaraciones del impuesto predial, antes mencionadas, por considerar que no se ajusta la base gravable tomada por el contribuyente, a los parámetros legales, y según constancia expedida por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, el predio por su ubicación, se cataloga como rural residencial; el cual fue enviado por correo el 14 de noviembre de 2003, a la calle 91 Nº 11-12. El referido acto fue devuelto por correo, por remitirlo a una dirección errónea. Ante tal hecho, el 6 de abril de 2004, la Administración efectuó la publicación en aviso de prensa. La sociedad el 11 de febrero de 2004, canceló el impuesto predial unificado del referido inmueble, por el año gravable 2004, utilizando el formulario propuesto por la Administración e indicó en el mismo la Kr. 15 N° 96-23, como dirección de notificación. Expediente 16208 3 La Unidad de Determinación, expidió el 8 de julio de 2004, La Liquidación Oficial de Revisión LOR-2004PEE-73058, en la que modificó y liquidó las

declaraciones del impuesto predial, sobre el inmueble “LT PT LAS PILAS EL DIAMANTE EL”, correspondiente a los años gravables 2002 y 2003, imponiendo sanción por inexactitud, la cual fue enviada a la calle 119 Nº 15 A-25, oficina 505. La sociedad interpuso recurso de reconsideración, contra la liquidación anterior, y el 28 marzo de 2005 fue decidido por la administración, confirmándolo a través de la Resolución 2005EE31816. 5.- La sociedad considera que los actos impugnados desconocen y quebrantan el derecho de audiencia y de defensa del contribuyente. Estos actos son violatorios de las siguientes normas: a) Artículos 6 del Decreto 807 de 1993, 565 y 566 del Estatuto Tributario, al pretender notificar en una dirección diferente a la registrada, tanto en el requerimiento Especial como en la Liquidación Oficial de Revisión. Igualmente por considerar el grupo de Recursos Tributarios que no era valido el cambio de dirección comunicado oficialmente por la secretaria general de la sociedad el 9 de julio de 2003. b) Artículos 7 inciso 2 y 97 del Decreto Distrital 807 de 1993. Por cuanto es una condición necesaria que se produzca un requerimiento especial a cargo del contribuyente, previo a proferir la liquidación oficial de revisión, norma que fue vulnerada por parte de la administración al notificar el requerimiento a una dirección equivocada. Expediente 16208 4 Por otra parte, la publicación de prensa del aviso del requerimiento, no es valida, ya que para el 6 de abril de 2004, fecha en que se hizo la

publicación, ya se había enviado por correo a la dirección correcta, el formulario para declaración sugerida del impuesto predial para el año 2004, integrada dentro del archivo de la Dirección de impuestos, lo que prueba los errores e irregularidades de la administración. Conforme al articuló 7 inciso 2 ibidem, es valida por tres meses después del registro de la nueva dirección, la cual fue informada con anterioridad a las notificaciones irregulares y nulas realizadas por la Dirección de impuestos. 6.- La sociedad INVERSIONES CAMPO VARGAS Y CIA. S EN C EN LIQUIDACIÓN, a través de apoderado judicial, demandó ante el Tribunal de lo Contenciosos Administrativo de Cundinamarca, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la nulidad del Requerimiento Especial 2003-PEE-116584 de 21 de octubre de 2003, la Liquidación Oficial de Revisión LOR 2004PEE-73058 de julio de 2004 y la Resolución 2005EE11816 de 28 de marzo de 2005, proferidas por la Subdirección de Impuestos a la Propiedad y el Grupo de Recursos Tributarios de la Dirección de Impuestos Distritales de Bogota D.C. 7.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 30 de agosto de 2006, se declaró inhibido para pronunciarse de fondo en relación con el requerimiento Especial 2003pee-116584 de 21 de octubre de 2003 y accedió a las demás súplicas de la demanda fundamentando su decisión en las siguientes consideraciones: Expediente 16208 5 7.1Con relación al Requerimiento Especial 2003PEE-116584 de 21 de

octubre de 2003, la Sala se inhibió para hacer un pronunciamiento de fondo, toda vez que no es un acto definitivo que decida el fondo del asunto, o ponga fin a la actuación administrativa, o haga imposible continuar con ésta, sino que es un simple acto de tramite, el cual por exclusión y regla general no es demandable. 7.2Con relación a la violación de los artículos 6 y 7 del Decreto 807 de 1993 concernientes a las notificaciones, vistas estas normas en conjunto y conforme al material probatorio de la litis, en este caso es evidente que se presentó una indebida notificación del Requerimiento Especial 2003-PEE116584 de 21 de octubre de 2003, con la cual se imposibilitó al contribuyente el adecuado ejercicio del derecho de defensa. Concluye el Tribunal que la Administración vulneró las normas procedimentales que gobiernan la notificación de los actos administrativos y en cuya observancia se concreta la salvaguardia del derecho de defensa y el principio del debido proceso que gobiernan el sistema jurídico colombiano, así como los principios de equidad y eficiencia que rigen el sistema tributario. 8.- La Subdirección de Impuestos a la Propiedad y el Grupo de Recursos Tributarios de la Dirección de Impuestos Distritales de Bogota, por medio de apoderado interpuso el recurso de apelación contra la providencia, el cual sustento en los siguientes términos: 8.1 – El Tribunal manifestó que la administración debió efectuar la notificación del acto administrativo en forma diferente a como efectivamente se realizó y trajo a colación el artículo 7 del Decreto 809 de

Expediente 16208 6 1993 en el cual se da varios eventos para la notificación y entre ellos el aviso en un periódico de amplia circulación, el cual no es una forma de notificación excepcional, sino que en caso de que las actuaciones de la administración, notificadas por correo a la dirección correcta, que por cualquier motivo sean devueltas, serán notificadas a través de aviso en un periódico de amplia circulación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 568 del Estatuto Tributario. Y con fundamento en estas normas la administración procedió a notificar a la entidad demandante. 8.2En cuanto a lo referente al cambio de dirección que alude el contribuyente haber presentado en el escrito con stiker 2003ER49958, de 9 de julio de 2003, debía ser presentado en el formato oficial dado para este caso y con los requisitos consagrados en el artículo prescrito, esto es en la dirección informada por el contribuyente o declarante. Sostiene que en este punto es necesario determinar quien tiene capacidad y representación de una sociedad frente a cualquier actuación que se deba surtir ante la Dirección de Impuestos, con el fin de que produzca efectos debe ceñirse a los parámetros establecidos por la normatividad comercial, en el caso de estudio, se aprecia con claridad que la comunicación de fecha 09 de julio de 2003, fue firmada por el señor Jorge A Zubieta L quien actúa en calidad de secretario, persona que no tiene la facultad legal para obligar y representar a la sociedad. 8.3En conclusión, el documento presentado anta la Dirección de Impuestos Distritales, no cumplió con el requisito de informar en debida

forma, el cambio de dirección de notificación, por cuanto el que suscribe el Expediente 16208 7 documento no tiene la representación legal de la sociedad, contraviniendo lo consagrado en la norma. Por lo anterior y teniendo en cuenta que la dirección a la que debía enviarse la notificación de los actos administrativos es la dada en la declaración, como efectivamente lo hizo la administración, y al haberse devuelto el correo procedió a notificar por aviso en un diario de amplia circulación tal como lo estipula la norma mencionada, no se violó ninguna norma ni derecho al demandante.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO En esta oportunidad se trata de analizar la legalidad de la Liquidación Oficial de Liquidación LOR 2004PEE-73-58 de 8 de julio de 2004 y de la Resolución 2005EE311816 de 28 de marzo de 2005, proferidas por la Subdirección de Impuestos a la Propiedad y el Grupo de Recursos

Tributarios de la Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá D.C., actos mediante los cuales modificó y liquidó el Impuesto Predial Unificado por los años 2002 y 2003 sobre el predio LT PT LAS PILAS EL DIAMANTE EL, de propiedad de INVERSIONES CAMPOS VARGAS Y CIA S. EN C. en liquidación. Hecha la anterior precisión, el Ministerio Público procede a emitir concepto de acuerdo a los motivos de inconformidad expuestos por la entidad demandada en el escrito de alzada, en los siguientes términos: Expediente 16208 8 1.- Es importante observar el contenido del artículo 7 del Decreto 807 de 1993, en el que basa la recurrente sus cargos contra la sentencia de

primera instancia. Artículo 7º.- Dirección para Notificaciones. La notificación de las actuaciones de la administración tributaria distrital, deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente o declarante en la última declaración del respectivo impuesto, o mediante formato oficial de cambio de dirección presentado ante la oficina competente.(se resalta) Cuando se presente cambio de dirección, la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección. (…) Podemos ver como el inciso primero, está dirigido a señalar el deber de la Administración de notificar sus actuaciones a la dirección informada por el contribuyente o declarante. El tercer inciso del mencionado artículo 7, alude a la facultad que tiene la Administración de recurrir a la verificación directa o a la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria, en procura de realizar las notificaciones a que haya lugar, tal y como se abstrae de su tenor literal que a continuación se transcribe: Expediente 16208 9 “Cuando no exista declaración del respectivo impuesto o formato oficial de cambio de dirección, o cuando el contribuyente no estuviere obligado a declarar, o cuando el acto a notificar no se refiera a un impuesto determinado, la notificación se efectuará a la dirección que establezca la Administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria”. (Subrayado fuera de texto). Adicionalmente, el último inciso de la mencionada norma previene que cuando no sea imposible efectuar la notificación por alguno de los medios

a que se refiere el inciso tercero, la Administración deberá cumplir dicho trámite a través de la publicación de un aviso en un diario de amplia circulación. La lectura cuidadosa del tercer y último inciso del referido artículo 7 del Decreto 807, nos permite colegir que la notificación a través de la publicación de un aviso de prensa, resulta como consecuencia exclusiva de la imposibilidad de localizar una dirección a través de los medios propuestos en el inciso tercero – verificación directa, guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial y bancaria – y no, como lo ha realizado la Administración omitiendo las gestiones mencionadas. En el sub judice, se observa en el expediente que a folio 157, la dirección informada por el contribuyente en la última declaración (2002), fue calle 91 Nº 11-12, y como quiera que dentro del expediente no aparece el formato oficial de cambio de dirección, la Administración debió proceder a la aplicación del inciso tercero del articulo 7 del Decreto 807 de 1993. Expediente 16208 10 Así las cosas, al haber sido devuelto el Requerimiento Especial 2003-PEE116584 de 21 de octubre de 2003, enviado a la referida dirección, con la observación “número no existe”, y al no encontrar el formato oficial de cambio de dirección, en cumplimiento del inciso 3°, el ente fiscal debió proceder a establecer la dirección correcta, máxime si ya era de conocimiento de la misma, la dirección informada por el secretario de la sociedad contribuyente (folio 113), mediante oficio de fecha 9 de julio de 2003, la cual corresponde a la calle 15 N° 96-23, dirección que tuvo en

cuenta la Administración para enviar la declaración sugerida del Impuesto Predial Unificado de 2004, (folio 38), dentro de la cual registró como dirección para notificación la misma informada por el referido secretario. Por lo anterior, los cargos realizados por la entidad demandada contra la sentencia del a quo, no están llamados a prosperar, ante lo expuesto, esta Procuraduría Delegada, considera que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada. Señores Consejeros, con toda atención,

CLAUDIA MARÍA RAMÍREZ GALINDO

Procuradora Sexta Delegada ante el Consejo de Estado