PGN - NOTIFICACIONES - Errores de los funcionarios judiciales en este acto

Señores Magistrados Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Luis Quintero Milanés

E. S. D.

Ref: Demanda de casación interpuesta por el defensor de Geomar Duque Vásquez contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca que lo condenó como autor responsable del delito de peculado por apropiación.

Honorables Magistrados: El Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca, mediante fallo del 28 de septiembre de 2004, absolvió al procesado Geomar Duque Vásquez, ex alcalde de Funza, del delito de peculado por apropiación.

Apelada la decisión por el representante del Ministerio Público el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, revocó el fallo absolutorio y profirió sentencia condenatoria contra el procesado, le impuso una pena principal de cuarenta y ocho meses de prisión y multa por el valor de veinte mil pesos, a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo principal al de la pena principal, como autor responsable del delito de peculado por apropiación El defensor del procesado interpuso recurso extraordinario de casación contra la decisión del Tribunal y lo sustentó con demanda que la Corte Suprema de Justicia declaró ajustada a las previsiones legales. Ahora, con fundamento en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal conceptuar sobre la viabilidad del recurso. 1

1. HECHOS Mediante informe de fecha 16 de octubre de 1997 la Unidad de Investigaciones

de la Contraloría General de Cundinamarca, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, las presuntas irregularidades presentadas en la contratación, ejecución y pagos de seis contratos celebrados entre Geomar Duque Vásquez, en su condición de alcalde del municipio y Gloria Cortés Cuevas, relacionados con la construcción del Coliseo Polideportivo de Funza, entre los cuales se destaca el contrato sin número del 1º de febrero de 1992, para la instalación de redes eléctricas, sanitarias e hidráulicas del Coliseo por quince millones de pesos, en el que el valor cancelado y no ejecutado es de ocho millones ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y ocho pesos con setenta y tres centavos, que originó la presente investigación.

2. ACTUACIÓN PROCESAL La Unidad Primera de Delitos Contra la Administración Pública y de Justicia, mediante resolución del siete de noviembre de 1996 ordenó la apertura de instrucción, además practicó varias pruebas.

Mediante resolución del 17 de junio de 1997, el Fiscal Delegado 207, ordenó oír en indagatoria a Geomar Duque Vásquez y una vez llevadas a cabo la injurada, la Fiscalía le resolvió situación jurídica mediante resolución del 29 de septiembre de 1997, en la que se abstuvo dictar medida de aseguramiento El mérito del sumario se calificó el 18 de septiembre de 2001, pero en esta decisión la Fiscalía profirió medida de aseguramiento de detención preventiva contra Geomar Duque Vásquez.

2 Iniciada la audiencia pública el 19 de agosto de 2002, la representante del Ministerio Público, solicitó la nulidad parcial de la resolución de acusación al haberse imputado a Geomar Duque Vásquez varios contratos que no fueron objeto de investigación. El Juzgado Penal del Circuito de Funza mediante auto de sustanciación del 11 de febrero de 2004, declaró la nulidad parcial desde el cierre de la investigación y ordenó proseguir la audiencia pública en contra del procesado Duque Vásquez únicamente respecto al contrato sin número del 1º de febrero de 1992. Celebrada la audiencia pública, el Juzgado Penal del Circuito de Funza, profirió sentencia absolutoria a favor del procesado, el 28 de septiembre de 2004, decisión apelada por el Ministerio Público. El Tribunal Superior de Cundinamarca, al decidir el recurso, revocó el fallo de primera instancia y en su lugar dictó sentencia condenatoria contra Geomar Duque Vásquez, por el delito de peculado por apropiación, en sentencia que es objeto del recurso extraordinario de casación.

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA Primer Cargo Principal: Con apoyo en la causal tercera de casación, acusa el censor la sentencia del Tribunal por haberse dictado dentro de un juicio viciado de nulidad, al considerar que el trámite de notificación y la concesión del recurso de apelación de la sentencia de primera instancia al representante del Ministerio Público, se hizo de manera extemporánea.

Para fundamentar el cargo, además de algunas citas jurisprudenciales señala el

recurrente los artículos 180 y 194, los que hacen referencia a los términos legales 3 establecidos para efectos de notificar la sentencia, de los que transcribe lo pertinente haciendo un pormenorizado recuento de lo actuado desde el momento en que se profirió la sentencia de primera instancia de la siguiente manera: La sentencia del Juzgado Penal del Circuito se profirió el martes 28 de septiembre de 2004; según los términos establecidos en la ley se debió notificar personalmente a los sujetos procesales los días miércoles 29, jueves 30 de septiembre y viernes 1º de octubre de 2004, dentro de los cuales se notificaron el Fiscal y el Defensor, el Ministerio Público fue notificado el lunes 4 de octubre de 2004, un día después de vencido los tres días establecidos en la ley. Por lo anterior señala, que el edicto debió fijarse por tres (3) días según lo dispone el artículo 180 de la Ley 600 de 2000, es decir desde el lunes 4, al 6 de octubre, término dentro del cual era válida la impugnación del Ministerio Público, y después sí correr traslado por cuatro días o sea hasta el 12 del mismo mes y año a los no recurrentes lo que no ocurrió. Posteriormente, y sin saber con que criterio, el fallo de primera instancia se notificó el 8 de octubre de 2004, dos días después de vencido el termino hasta el trece (13) de octubre y a partir de allí correr traslado por cuatro (4) días a los no recurrentes, o sea del 14 al 20 de octubre del mismo mes y año.

A juicio del censor, los apelantes sólo podían sustentar el recurso de apelación del fallo de primera instancia hasta el 7 de octubre, lo cual fue hecho por el Ministerio Público el 11 de octubre, de manera extemporánea, luego es nula la actuación que ordenó el trámite de notificación por violación al debido proceso. Aduce el censor que resulta de tanta importancia y que incide en la sentencia hasta el punto de vulnerar le derecho de defensa del procesado, quien fue absuelto, por lo cual resulta inadmisible dicha irregularidad, lo que permitió a la segunda instancia revocar la inicial determinación condenando al procesado en perjuicio de sus intereses al distorsionar claras disposiciones procedimentales. 4 Relaciona el libelista las normas que considera violadas, lo que constituye un error de hecho por indebida aplicación de los artículos 6º, principio de legalidad, 180, 194, y 204 de la Ley 600 de 2000 y la consecuente falta de aplicación del artículo 187 de la misma obra. Solicita casar la sentencia y se decrete la nulidad a partir del auto que ordenó darle trámite al recurso de apelación del ministerio público por ser extemporáneo. Cargo segundo – subsidiario-: En esta ocasión el demandante acusa la sentencia, de violación indirecta de la ley sustancial a causa de un error de hecho por falso juicio de identidad al distorsionar el contenido fáctico de la prueba. Luego de referirse in extenso de varios temas a saber la certeza para condenar y el in dubio pro reo, el bloque de constitucionalidad, y de relacionar las normas que

considera directa e indirectamente vulneradas, se dedica el demandante a demostrar en que consistió el error. Dice el censor, que el sentenciador de segundo grado erró al revocar la sentencia de primera instancia con el siguiente argumento: “por cuanto la indefinición de la cuantía la (sic) presentarse dos valores, $8.856.838.75 y $6.202.900 no es argumento suficiente para absolver y debe acogerse la primera cifra que es por la cual se formularon los cargos. Por lo tanto no es cierto que falte uno de los elementos estructurales que configuran el delito de peculado por apropiación”. Determinación que a su juicio resulta equivocada por cuanto la cuantía tomada inicialmente por la Fiscalía señalo eventualmente la suma de seis millones doscientos dos mil novecientos pesos $6.202.900, suma que se incrementó teniendo en cuenta el número plural de contratos, dando lugar al concurso material homogéneo de hechos punibles. 5 Circunstancia esta que rechaza el censor, por cuanto el único contrato que le cuestionaron al procesado los funcionarios de la Contraloría y de la Procuraduría, que investigaron las actuaciones de Duque, permitieron a la Fiscalía conforme el informe técnico del C.T.I. establecer el faltante el la suma de $6.202.900, que es la suma registrada por los peritos, por lo cual no se sabe de donde salió la suma de $8.678.975 pesos posteriormente estimada por la Fiscalía y aceptada por el Tribunal, máxime si existe un último reconocimiento por parte de los funcionarios de la Contraloría Departamental de Cundinamarca de que fueron celebrada otras obras y que fue en últimas lo que determinó que la Contraloría exonerara de

responsabilidad fiscal al procesado Geomar Duque Vásquez. Ante lo cual aduce el libelista que el hecho imputado al procesado es inexistente, lo que exonera de responsabilidad a Duque Vásquez, más aún es el mismo Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca que al revocar la decisión inicial de no aprobar la conciliación celebrada entre el municipio y la demandante Gloria Cortes Cuevas, hecho que de haberse presentado el ilícito imputado al procesado no hubiera ocurrido. Por lo anterior añade el recurrente, que ante la inexistencia de perjuicios, no existe cuantía, ni se causó daño alguno al municipio, por cuanto todos los dineros invertidos en la obra fueron constatados como lo demuestra la existencia del polideportivo. Aduce el demandante que el Tribunal erró al momento de dosificar la pena vulnerando con ello el inciso 2º del artículo 401 del Código Penal, por desconocer la consignación del monto de los dineros supuestamente apropiados, por lo cual la pena debió reducirse en una tercera parte y no lo hizo. Por último, acude el censor a la teoría sobre la certeza para condenar, del tratadista Framarino de Malatesta, de la que trasfiere algunos apartes, igual se apoya en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, alusivas al manejo de 6 las pruebas en materia penal, para concluir atribuyendo al sentenciador un error de hecho por falso juicio de existencia el que ni siquiera enuncia al comienzo de la demanda, sin precisar cual fue la prueba omitida por el sentenciador. Por lo anterior solicita, ante la falta de certeza para condenar, por las dudas

respecto a la responsabilidad del procesado, se case la sentencia y se profiera fallo absolutorio en su favor.

4. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA Primer cargo –principal-: Con fundamento en los artículos 180 y 194 de la Ley 600 de 2000, el defensor del procesado Geomar Duque Vásquez, solicita la nulidad de la sentencia de segundo grado, por haberse dictado dentro de un juicio viciado de nulidad por violación al debido proceso.

Estima que la tramitación y concesión del recurso de apelación presentado por el representante del Ministerio Público contra la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Funza el 28 de septiembre de 2004 ocurrió de manera extemporánea, actuación que deviene nula por violación de las reglas propias del juicio conforme lo dispone el artículo 29 constitucional. Los errores de los funcionarios judiciales en los actos de notificación de las decisiones proferidas en desarrollo del proceso penal, afectan el devenir normal de las formas propias del juicio, como quiera que el acto de notificación, por estar legalmente reglamentado, está sujeto al cumplimiento de ciertas medidas legales, que condicionan su validez las que al ser desconocidas vulneran el debido proceso y por ende el derecho de defensa, como quiera que por medio del acto de notificación los sujetos procesales se enteran de las decisiones del funcionario 7 judicial, con lo que se garantiza a las partes la facultad de interponer los recursos correspondientes. Como se aprecia, la notificación es un acto de naturaleza reglada y como tal

regido por el principio de legalidad, por lo cual, si en el discurrir procesal, su trámite se ajustó a las normas que la regulan, indican que dicho acto garantizó el respeto de las formas propias del juicio tal como lo dispone el artículo 29 constitucional. En relación con el acto de notificación de las providencias judiciales, el artículo 178 del Código de Procedimiento Penal, dispone lo siguiente: Art. 178. Personal. Las notificaciones al sindicado que se encuentre privado de la libertad, al Fiscal General de la Nación o su delegado cuando actúen como sujetos procesales y al ministerio público se harán en forma personal. Las notificaciones al sindicado que no estuviere detenido y a los demás sujetos procesales se harán personalmente si se presentaren en la secretaría dentro de los tres (3) días siguientes al de la fecha de la providencia, pasado ese término se notificará por estado a los sujetos procesales que no fueron enterados en forma personal. Indica lo anterior que la ley procesal establece las reglas a seguir luego de emitidas las decisiones de fondo, estableciendo por mandato legal a qué sujetos procesales hay que notificarlos de manera personal, aspecto importante a la hora de establecer términos para la interposición y sustentación de los recursos La obligatoriedad de este deber ha sido objeto de pronunciamiento de esa

Corporación: 8 “En este sentido es preciso acudir inicialmente a lo que en materia de notificaciones de sentencias dispone la ley 600 de 2000, a cuyo amparo se cumplieron las ritualidades procesales que se discuten en esta sede.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 180 de la citada disposición las

sentencias se notifican por edicto cuando ‘no fuere posible su notificación personal dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición’”. 1 En otras palabras, cumplido el deber legal de notificar al procesado privado de la libertad y al Ministerio Público, es necesario garantizar las notificaciones de los otros sujetos procesales, para así proceder a las notificaciones supletorias, en aras de establecer los términos de ejecutoria de las providencias. Bajo esta perspectiva, debe concluirse que no le asiste razón al censor en su ataque, en lo que se refiere a que la sentencia de primera instancia fue notificada al Ministerio Público de manera extemporánea, por lo cual en este sentido no puede soportar el ataque en la ilegalidad del acto de notificación de la sentencia de primera instancia ante el imperativo legal consignado en el artículo 178 del Código de Procedimiento Penal. Del contenido del inciso segundo del citado artículo 178 se infiere claramente que los tres días a que se refiere el libelista se refieren a los sujetos procesales diferentes a los anteriormente nombrados, quienes podrán ser notificados de manera personal dentro de los tres días siguientes a la fecha de la sentencia cuando se presenten en la secretaria, estos son: el sindicado cuando no este privado de la libertad, la parte civil, su apoderado y el tercero civilmente responsable, como se ve, aquí se excluyen los sujetos procesales señalados del inciso primero de la norma en mención entre los que se encuentra el Ministerio Público, como quiera que la notificación personal a este es de carácter obligatorio hasta el punto que el funcionario judicial no puede sustraerse bajo ningún aspecto

a su cumplimiento. 1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de Casación del 1º de junio de 2006. Rad: 22.147. M.P.: Dr. Alfredo Gómez Quintero. 9 Impera precisar que la ley no ha establecido un termino perentorio para que esta notificación de carácter se de. Tan solo se debe hacer luego de emitida la decisión sin fijar un plazo específico como si ocurre con los sujetos procesales cuya notificación personal no es obligatoria. Se aclara que en el caso de la persona privada de la libertad, se debe esperar a que la notificación personal de ésta llegue al despacho, independientemente del lugar de detención donde se encuentre. En esas condiciones, al revisar el expediente encuentra esta Delegada que la notificación del Ministerio Público, que es personal y no supletoria, es del 4 de noviembre, día en que concurrió a la Secretaría del Juzgado, por lo que se imponía que al día siguiente de ésta, se debió fijar el edicto, esto es los días 5, 6 y 7 de noviembre, lapso que tenían los sujetos procesales para la interposición de los recursos que a bien tuvieran. Una vez interpuesto el recurso dentro del término legal, como en el caso presente, pues el Ministerio Público interpuso el recurso al momento de su notificación, como se observa al estampar la palabra “apelo”, luego, transcurridos los tres días del edicto, correspondía correr los traslados del art. 194 del C.P.P., esto es 4 días para quienes apelaron y cuatro para los no apelantes.

De manera que el Ministerio Público contaba para la sustentación del recurso desde el viernes 8 de octubre al lunes 13 de octubre, inclusive, teniendo en cuenta que por ser inhábiles los días 9 y 10 de octubre, presentó el recurso el 11 de octubre de 2004 antes de fenecer el término. El problema relevante en este aspecto no es encontrar la razón por la que la sentencia fue notificada supletoriamente el 8 de noviembre, circunstancia frente a la cual le asiste razón al demandante parcialmente, pues el edicto debió haberse fijado el 5 de noviembre y no el 8 de noviembre de 2004, sino identificar, que tanto el recurso como su sustentación lo fueron dentro del plazo establecido, tal como se señaló. 10 En otras palabras, para el Ministerio Público estaban claros los términos, tan así que hizo caso omiso a las constancias equivocadas de secretaría que indicaban que la sustentación se podrá presentar hasta el día 20 de octubre, cuando hemos señalado que el plazo fenecía el 13 de octubre de 2004. En otras palabras, la discusión no se debe concentrar, como lo hace el recurrente, en la fijación del edicto lo que resulta irrelevante, sino en la fecha de notificación y sustentación del Ministerio Público, que fueron dentro del término. En este punto, valga traer a colación lo que la Corte ha sostenido sobre este tema: “.. el artículo 180 de la Ley 600 de 2000, estableció que la sentencia se notificará por edicto, si no fuera posible su notificación personal, dentro de los tres (3), días siguientes a su expedición, sin que para la fijación

de este se requiera como paso previo la citación a los sujetos procesales por el medio más eficaz, pues esta solamente era exigible para quienes por mandato legal en forma expresa deben ser notificados personalmente”2. De lo anterior se infiere que la notificación de la sentencia de primera al Ministerio Público, el 4 de octubre de 2004, no se hizo de manera extemporánea, como quiera que la notificación por edicto sólo se refiere a los sujetos procesales que no requieren ser notificados de manera personal, no demostró el recurrente de que manera incidió el supuesto error de actividad en la sentencia, ni acreditó que la irregularidad sustancial afectó las garantías constitucionales de los sujetos procesales, ni se desconocieron las formas propias del juicio. Por lo anterior el cargo no debe prosperar. 2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto de Segunda Instancia de 30 de noviembre de 2006. Rad: 25.962. M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. 11 Segundo cargo –subsidiario-: La prueba sobre la cual radica el ataque, se circunscribe a la indefinición de la cuantía de la apropiación al presentarse dos valores cuyo monto conforme lo dispuso la resolución de acusación fue por ocho millones ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y ocho pesos con setenta y cinco centavos ($8.856.838.75), suma que además se ordenó incrementar teniendo en cuenta el número plural de contratos y con lo que no esta de acuerdo el censor, por dos razones: La primera por que en la resolución de acusación se atribuyó al procesado

además del contrato sin fecha del 1º de febrero de 2001, otros contratos, conforme lo reconoce la Fiscalía, no fueron investigados, lo que originó el concurso material. Segundo, por cuanto según el peritaje rendido por el Investigador Judicial Dos del C.T.I., de fecha 20 de marzo de 2003, se estableció que el valor de las obras no encontradas ascendían a seis millones doscientos dos mil novecientos pesos ($6.202. 900). Del estudio del expediente, a primera vista le asistiría razón al demandante en lo que tiene que ver con la imprecisión de la cuantía, sino fuera porque en el discurrir procesal, por solicitud del Ministerio Público la resolución de acusación fue objeto de nulidad parcial a partir del cierre de la investigación, por error del ente instructor al momento de calificar el mérito del sumario, en la cual se acusó a Geomar Duque Vásquez, como autor del delito de peculado por apropiación agravado en concurso material homogéneo, al atribuirle varios contratos que no fueron objeto de investigación. Mediante auto de sustanciación del 11 de febrero de 2004, el Juzgado Penal del Circuito de Funza, al resolver la petición de nulidad impetrada por el Ministerio Público, declaró la nulidad parcial de todo lo actuado a partir del cierre de la 12 investigación de fecha 27 de marzo de 2001, en lo que tiene que ver con los mencionados contratos. Subsanada la irregularidad por el Juez de conocimiento quien ordenó la ruptura de la unidad procesal a fin de establecer el monto de las apropiaciones en que pudo incurrir el procesado en relación con los otros contratos, en la misma

decisión se determinó continuar la investigación únicamente por el contrato sin número del 1º de febrero de 1992, para la instalación de redes eléctricas, sanitarias e hidráulicas del Coliseo del Municipio de Funza, sin que se observe que la cuantía fijada inicialmente haya sido objeto de variación alguna. Se observa además que una vez agotada la actividad procesal respecto a las notificaciones del referido auto el cual se hizo de manera personal a los sujetos procesales señalados por la ley, entre ellos al defensor del procesado quien al notificarse el 27 de febrero de 2004, no expresó objeción alguna, continuándose con la etapa de juzgamiento hasta que se profirió la sentencia de primera instancia, circunstancia demostrativa de que el censor tuvo conocimiento de que el error que ahora atribuye a la sentencia fue subsanado al momento de haberse declarado la nulidad parcial de la acusación. Fundamenta lo anterior, el acta de cierre y apertura de Juicio Fiscal adelantada por la administración municipal de Funza y la Secretaría de Educación del Departamento, referenciada con el número 93095361, por las presuntas irregularidades presentadas en la Construcción del Coliseo Polideportivo de Funza, mediante la cual se resolvió abrir juicio fiscal en forma solidaria contra Geomar Duque Vásquez, Jesús Antonio Tenjo Benavides y Gloria Cortés Cuevas, en donde también se determinó como cuantía la suma de ocho millones ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y ocho pesos con setenta y cinco centavos ($8.856.838,75), suma que corresponde a la fijada en el pliego de

cargos. 13 Aunado a lo anterior, la Contraloría en su investigación estableció que se encontraba ejecutado el 70% por ciento del referido contrato, quedando pendiente el treinta por ciento (30%) faltante, el cual conforme el análisis jurídico fiscal de la Contraloría con relación al referido contrato, fijó la cuantía en $8.856.838, suma que además fue ampliamente debatida en el transcurso del proceso, ya que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, al resolver un recurso de reposición interpuesto por el representante de la Parte Civil contra de la sentencia de segunda instancia, en lo que tiene que ver en la determinación de los perjuicios causados al municipio, determinó lo siguiente: “En consecuencia, como los cargos que se formularon contra el procesado Geomar Duque Vásquez, en el pliego de cargos y se avalaron en el análisis Jurídico Fiscal de la Contraloría, se concretaron al contrato de instalación de las redes eléctricas sanitarias e hidráulicas por la suma de ocho millones ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y ocho pesos, ($8.856.838), tal como se consideró en la parte motiva de la sentencia, consistiendo en ello el monto del peculado por apropiación, es por este valor que se ha de condenar en perjuicios, con indexación, es decir reajustados con la variación de índices de precios al consumidor, más un interés técnico anual del seis por ciento”. De otro lado, como bien lo señaló el Tribunal, la circunstancia de que existan dos valores distintos respecto de la cuantía, en nada incide en el comportamiento

delictivo endilgado al procesado, como quiera que lo que se le reprocha es el hecho de haber ordenado la cancelación la totalidad del contrato dos meses después de su celebración sin que este se hubiese terminado circunstancia que acredita la materialización de la conducta imputada a Duque Vásquez, en abierta y clara vulneración de los parámetros legales establecidos en el Decreto Ley 222 de 1983 que regía para la época de los hechos, tales como: 14 La inexistencia de actas de entrega de obra, la omisión de informar a la Secretaria de Obras Municipales y a Planeación a efectos de nombrar un interventor, al igual que no se suscribieron las respectivas actas de iniciación, ni de entrega de obra, la cual fue cancelada sin que existieran pólizas de garantía, con la consecuente afectación de los intereses del municipio. De lo anterior, se infiere que la conducta endilgada a Geomar Duque Vásquez, en su condición de Alcalde del municipio de Funza al celebrar el contrato de obra para el Polideportivo de Funza el 1º de febrero de 1992 con la arquitecta Gloria Cortés Cuevas, se ajusta a lo estipulado en el artículo 133 del Código Penal de 1980, normatividad vigente al momento de ocurridos los hechos. Respecto las críticas que hace el recurrente, de que en el presente caso, el procesado fue exonerado de responsabilidad fiscal por la Contraloría, que según informe de los peritos se determinó no existir faltante alguno, de lo que se desprende que la conducta jamás existió, igualmente que la Contraloría Departamental en fallo definitivo no encontró faltante alguno respecto de los otros

contratos pues fueron suscritos por otros funcionarios diferentes al procesado, son aspectos con los que busca el censor restarle responsabilidad a Geomar Duque Vásquez, como quiera que si bien es cierto, en materia fiscal existen causales específicas que determinan que no habrá lugar a responsabilidad cuando se reintegre el valor del faltante o del daño causado a la administración, no ocurre lo mismo en materia penal, donde no existe una causal específica que exonere de responsabilidad en caso de reintegro, hecho que sí incide como atenuante al momento de dosificar la pena. En cuanto a los informes técnicos presentados por funcionarios de la Contraloría Departamental, a que hace referencia el censor y lo que a su juicio exonera de responsabilidad al procesado, carecen de la entidad necesaria para desvirtuar la responsabilidad de Geomar Duque Vásquez, como quiera que dichos informes devienen extemporáneos, al haberse realizado mucho tiempo después de iniciada la obra del Polideportivo, la que presentaba un alto grado de deterioro, razón más 15 que suficiente para que la Contraloría Departamental, quien desde su inicio tuvo a su alcance los elementos de juicio necesarios para fijar la cuantía, optara por la suma mayor o sea $8.856.838.75 y no por el menor valor, suma que como ya se dijo, fue el resultado de un peritaje tardío que no corresponde con la realidad material del hecho. Por las anteriores consideraciones el cargo no esta llamado a prosperar.

5. PETICIÓN Con fundamento en las anteriores consideraciones la Delegada del Ministerio Público, respetuosamente solicita a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no casar la sentencia impugnada.

Señores Magistrados

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA

Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal

Rad: 24:976

Bogotá D.C 30 de octubre de 2007 MLZA/ampm 16