PGN - NOTIFICACIONES - Formas establecidas en la ley 73402 arts 100 y ss y trámite para ca

Dependencia Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa Radicación 013-91581-03 Disciplinado Néstor Iván Moreno Rojas y Concejales Cargo y entidad Alcalde Municipal de Bucaramanga Quejoso Marcel Roberto Larios Fecha queja Agosto 8 de 2003 Fecha hechos Vigencia 2003 Asunto Irregularidad al reproducir mediante Acuerdo 017 normas declaradas inexequibles por la Corte Constitucional Estado Auto de archivo Bogotá, DC 14 de diciembre de 2004 Procede el Despacho en ejercicio de la competencia que le otorga el Decreto Ley 262/00 artículo 25 numeral 1 literal c), concordante con el artículo 19 inciso tercero de la Resolución 0017 de marzo 4 del mismo año, del Señor Procurador General de la Nación, a decidir conforme a derecho, el mérito de las presentes diligencias.

HECHOS: Dio origen a la presente actuación, el escrito remitido por el señor MARCEL ROBERTO LARIOS, representante de la Veeduría Ciudadana de Girón-Santander, en el que informa de las presuntas irregularidades que adjudica al Alcalde Municipal de Bucaramanga y Concejales del mismo municipio, por las posibles irregularidades en la expedición del Acuerdo 017 de 2002, el cual establece amnistías tributarias, las cuales han sido declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en reiteradas sentencias.

Sostiene la queja, que dicho acuerdo concedió una rebaja del 80% en los intereses de mora liquidados en las obligaciones tributarias a favor del municipio de Bucaramanga, a quienes cancelaran antes del 20 de diciembre de 2002, vulnerando

la igualdad y equidad tributaria para quienes pagaron oportunamente. Se allegó a la plenaria copia del concepto jurídico sobre el proyecto de acuerdo municipal emitido por la Oficina Jurídica del ente territorial-folios 14 y siguientes. Copia del concepto emitido sobre el mismo proyecto de acuerdo por el Subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el que claramente señaló, que las normas estudiadas dentro del referido Acuerdo, resultarían inconstitucionales, pero no es óbice para que por situaciones excepcionales puedan adoptarse medidas exonerativas de orden económico o fiscal debidamente justificadas-folios 27 y 28.

CONSIDERACIONES: Del material probatorio recaudado dentro del proceso, puede este Despacho establecer, que si bien es cierto, el Concejo Municipal de Bucaramanga, expidió el Acuerdo Municipal 0017 de 2002, mediante el cual se concedía una rebaja en los intereses moratorios del 80% a los deudores morosos en las obligaciones tributarias y este fue sancionado por el Alcalde Municipal, también lo es, que tal como lo expresó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su concepto del 4 de octubre de 2002, dirigido al Concejo Municipal, en el que claramente indica, que excepcionalmente cuando la situación esté debidamente justificada, para contrarrestar los efectos negativos que puedan gravar de una manera critica al fisco y reducir sustancialmente la capacidad contributiva de sus deudores, las entidades territoriales contando con la autonomía de que gozan para la gestión de sus

intereses, adopten medidas de exoneración o rebajas de orden económico-f. 27. Es del caso mencionar, que el artículo 287 de la Constitución Política, entregó a las entidades territoriales plena autonomía para administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. A su turno el numeral 7 artículo 32 de la Ley 136 de 1994, le entregó a los Concejos Municipales la atribución de establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la Ley. Con apoyo en las anteriores normas y en los diferentes conceptos emitidos tanto por el Ministerio de Hacienda, como por la División Jurídica de la Administración Municipal de Bucaramanga, el Concejo de esa localidad expidió el Acuerdo 0017 de 2002, el cual fue sancionado oportunamente por el Alcalde municipal, en el cual no se concedían exoneraciones tributarias, sino simplemente una rebaja en los intereses moratorios para quienes cancelaran sus deudas antes del 20 de diciembre de ese año, teniendo en cuenta la crisis financiera y social por la que atravesaba el municipio, lo cual justifica la medida, porque gran parte de los deudores se pondrían al día con la entidad, sin que esto implicara desigualdad, porque como se indicó anteriormente, no se trataba de exonerarlos del pago del tributo, sino solamente rebajar los intereses moratorios. Es del caso mencionar, que el cumplimiento de las funciones por parte de la Administración Pública y el ejercicio de sus facultades, supone todo aquello que constituye un complemento natural de la función de administrar, y que es necesario para que se pueda ejecutar, es decir, es una facultad inherente del administrador,

teniendo en cuenta que por disposición del artículo 32 numeral 7 de la Ley 136 de 1994, le corresponde al Concejo Municipal establecer, reformar o eliminar los tributos, que para nada constituye falta disciplinaria. Ahora, en la medida que el quejoso considere que el citado acuerdo viola alguna norma constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Constitución Política, puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. En ese orden de ideas, encuentra el Despacho, que no existe irregularidad disciplinaria que se pueda endilgar al Alcalde Municipal de Bucaramanga, ni al Concejo de esa localidad, toda vez que su conducta se adecuó a los postulados de la función administrativa enmarcada dentro de las normas Constitucionales y legales, porque actuaron con la ética, moralidad y eficiencia que deben comportar los servidores públicos para asegurar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo, buscando la atención eficiente de los asuntos que el Estado brinda a la ciudadanía, y que los constituye en un deber. En consecuencia, el Despacho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, se abstendrá de continuar con el presente diligenciamiento, y ordenará el archivo definitivo del expediente, por cuanto la conducta imputada a los implicados no constituye falta disciplinaria. En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la vigilancia Administrativa, en ejercicio de sus facultades jurídicas, RESUELVE: PRIMERO: Abstenerse de continuar adelantando las presentes diligencias en contra del señor NÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS en su calidad de Alcalde

Municipal de Bucaramanga y Concejales de esa localidad, por las razones 2 expresadas en la parte motiva de este proveído. En consecuencia se ordena el archivo definitivo del Expediente No.013-91581-03.

SEGUNDO: Notificar la presente decisión al investigado, indicándole que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la correspondiente comunicación, indicando la fecha de la providencia y la decisión tomada. En caso de no ser posible notificar personalmente, notifíquese por estado.

TERCERO: Comunicar esta decisión al quejoso, haciéndole saber que contra ésta procede el recurso de apelación por escrito y debidamente sustentado ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, dentro del término de tres (3) días, contados a partir de los cinco (5) días siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación en la oficina de correo, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 90, en concordancia con los arts. 109, 110, 111 y 115 de la Ley 734/02.

CUARTO: Por Secretaría háganse las constancias y anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM/EMC Expte. 013-91581-03 mbm 3