PGN - NULIDAD ACTO DE ELECCION - De representante a la cámara por incurrir en inhabilidad

NULIDAD ACTO DE ELECCIÓN-De Representante a la Cámara por incurrir en inhabilidad del numeral 3 del art. 179 de la Constitución Política CONTRATOS-Celebración o suscripción de estos como causal de nulidad del acto electoral/REPRESENTANTE LEGAL-De entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales no tiene que ver con gestión o celebración de contratos/ INHABILIDAD-Se configura por el solo hecho de ostentar representación legal de entidades con función especificada en precepto constitucional El artículo 179, numeral 3 de la Constitución Política, fundamento de la inhabilidad que se alega en el caso de la referencia, señala lo siguiente:“ARTICULO 179. No podrán ser congresistas:(…) 3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección. (…)” Como se desprende de la redacción de esta precepto y conforme lo ha señalado la Sección Quinta en distintos pronunciamientos, este comprende tres supuestos o conductas que son constitutivos de inhabilidad a saber: i) la intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas; ii) la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio, o en el de terceros, y; iii) el ser representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales. El extremo temporal para la configuración de estas conductas, lo es el de los seis (6)

meses anteriores a la fecha de la elección. Es importante indicar que las tres conductas indicadas son autónomas e independientes, por manera que, para efectos de la configuración de la inhabilidad es posible que la persona intervenga en la gestión de negocios ante autoridad pública y esa gestión termine en la celebración del contrato, evento en el cual, la jurisprudencia ha indicado que solo se debe analizar la celebración para efectos de configurar la inhabilidad .Igualmente, puede suceder que se celebren contratos sin intervención en la gestión del mismo, o que se presente la gestión sin participar en la celebración del contrato, evento en el cual la conducta objeto de examen para determinar la inhabilidad es la intervención en la gestión de negocios. Finalmente, es claro que el hecho de ser representante legal de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, nada tiene que ver con la gestión o la celebración de contratos, en tanto la inhabilidad se configura por el solo hecho de ostentar la representación legal de entidades con la función que se específica en el precepto constitucional. INHABILIDAD-Atribuida al demandado no cumple con uno de los elementos para su estructuración ….Así pues, está acreditado que el demandado suscribió un contrato con una entidad pública, es decir, están dados los dos primeros supuestos de la inhabilidad en estudio: i) la celebración del contrato y ii) la suscripción del contrato con una entidad pública. Resta establecer si el mencionado contrato fue suscrito en el extremo temporal que genera la inhabilidad, esto es, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección. Como se dejó expuesto con antelación, el contrato en que se funda la nulidad fue el No

425 de 2017, suscrito el 12 de mayo de 2017 y la elección como Representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander, se realizó el 11 de marzo de 2018. Es decir, que el referido contrato fue celebrado por fuera del período que genera la inhabilidad. En efecto, este fue suscrito con una antelación diez (10) meses a la fecha en que efectuó el certamen electoral. En consecuencia, el elemento temporal no se cumple en el caso concreto. Así las cosas, se considera que no es posible acceder a la pretensión de nulidad del acto electoral, en tanto la inhabilidad que se le atribuye al demandado no cumple uno de los elementos para su estructuración: el extremo temporal, razón por la que se le solicitará a la Sección Quinta negar las pretensiones de la demanda. CONTRATO-Su ejecución como elemento inhabilitante ….Como se indicó en el aparte de la aclaración previa, esta Delegada del Ministerio Público llama la atención de la Sala en cuanto a la necesidad de analizar si existen los supuestos jurídicos para modificar la regla reiterada de esa Sección, según la cual las actividades posteriores a la suscripción del contrato no tienen la potencialidad para dar origen a la causal de inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 179 y en otras normas legales que hacen referencia a la gestión de negocios. Lo anterior, por cuanto la Procuraduría General de la Nación considera que más allá de la celebración de un contrato, el rompimiento de los principios que deben conservarse en la contienda electoral se puede presentar en el marco de la ejecución de un contrato, en

donde sin lugar a dudas el contratista-candidato puede incidir en el electorado a partir de diversas acciones o gestiones que debe hacer por razón de las cláusulas contractuales, las que, sin lugar a dudas, lo dejen en una posición de privilegio frente a los demás contendores. La Sección Quinta ha indicado que la teleología de la inhabilidad del numeral 3 del artículo 179 constitucional, es “precaver los vicios en la relación del candidato con las entidades públicas que implique la indebida utilización de esa condición de candidato en las actividades que adelante ante aquellas y, evitar, vicios de mayor trascendencia, como es que, el candidato utilice sus vínculos y relaciones con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones electorales o que el electorado asocie, deduzca o concluya que verlo en tratativas con las entidades públicas le aventaja y con ello acreditarse ante los electores para obtener los votos”. Si ello es así, se considera necesario que la Sección examine y modifique la regla según la cual la ejecución de un contrato no genera la inhabilidad en comento. CONTRATOS ESTATALES-Definición según regulación legal CONTRATOS-Su celebración implica concreción de un negocio jurídico para generar obligaciones a las partes según pronunciamiento del Consejo de Estado GESTIÓN DE NEGOCIOS-Como causal de inhabilidad según sentencia del Consejo de Estado GESTIÓN DE NEGOCIOS-Aplicada a Congresistas según regulación legal CONTRATO-No toda ejecución de este implica gestión de negocios Página 2 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co ……Así, se considera que durante la ejecución de un contrato, el contratista puede gestionar una serie de actividades que, sin lugar a dudas, lo sitúan en el supuesto de la inhabilidad por gestión, en tanto, esta no se puede entender simplemente como las actividades tendientes a la celebración del contrato como lo indicó esa Corporación en sentencia del 5 de marzo de 2012.

Para ello, se debe volver a la idea según la cual a la gestión le es inherente un comportamiento o dinámico, positivo y concreto del gestor, comportamiento que debe estar debidamente probado, no debe ser el resultado de inferencias subjetivas, en tanto debe ser una actividad dinámica y externa que no puede presumirse. En ese orden, si de la ejecución de un contrato se desprende que el contratista debe gestionar un negocio o un resultado determinado ante una entidad pública que implique una ventaja frente a sus contendores y que lo sitúen en posición de privilegio frente al electorado, ese mandato debe dar lugar a que se estructure la inhabilidad del numeral 3, del artículo 179 constitucional….. …..Por ello, siguiendo lo que señala el Diccionario de la Academia Española, indicó que la intervención se entiende como la realización de diligencias encaminadas al logro de un negocio o de un deseo cualquiera; comúnmente se entiende como el adelantamiento de trámites en procura de una finalidad concreta. Se insiste que si la ejecución del contrato consiste en la gestión de un negocio ante una entidad de pública sin atender al orden al cual esta pertenezca debe dar lugar a que se configure esta inhabilidad. Cómo, a través de “…una conducta dinámica, positiva y

concreta… adecuadamente comprobada…”. En consecuencia, corresponderá al juez en cada caso concreto analizar cómo la ejecución del contrato puede dar lugar a esta inhabilidad, sin que ello signifique que ésta se subjetívese, en cuanto se pueden establecer sub reglas para el efecto, como aquella que no toda ejecución de contrato implica la gestión de negocios. Página 3 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

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Bogotá D.C., 1 de octubre de 2018 Concepto No. 0077 Doctora

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ.

Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN NÚMERO: 11001032800020180001800

DEMANDANTE: SANDRA ÁVILA RODRÍGUEZ

DEMANDADO: JUAN PABLO CELIS VERGEL – REPRESENTANTE

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES POR EL DEPARTAMENTO

DE NORTE DE SANTANDER

ASUNTO: NULIDAD DE LA ELECCIÓN DE JUAN PABLO CELIS

VERGEL - REPRESENTANTE A LA CÁMARA DE

REPRESENTANTES POR EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE

SANTANDER, PARA EL PERÍODO 20182022.

Respetada Consejera: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, presento el concepto que corresponde al Ministerio Público de conformidad con las competencias asignadas a la Procuraduría General de la Nación.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda La ciudadana SANDRA AVILA RODRÍGUEZ, actuando en su propio nombre, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral demandó el acto por medio del cual se declaró la elección de JUAN PABLO CELIS VERGEL como Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento de Norte de Santander, período 2018-2022. 1.2. Hechos 1.2.1. El 11 de marzo de 2018, llevaron a cabo las elecciones legislativas para elegir Senadores y Representantes a la Cámara para para el periodo constitucional 2018 – 2022. 1.2.2. Mediante el Formulario E-26 del el 23 de marzo de 2018, JUAN PABLO CELIS VERGEL, inscrito con el aval del partido Centro Democrático, fue declarado electo Representante a la Cámara por la circunscripción departamental de Norte de Santander, periodo 2018-2022.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co 1.3. Normas violadas y concepto de la violación Sostiene el demandante que JUAN PABLO CELIS VERGEL, al momento de la elección, estaba incurso en la inhabilidad consagrada en el artículo 179 numeral 3° de la Constitución Política, según la cual no podrán ser congresistas “Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la

celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”. Expuso, que JUAN PABLO CELIS VERGEL, el 12 de mayo de 2017, suscribió con la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, el contrato de prestación de servicios profesionales No 425 de 2017, cuya ejecución se extendió hasta el 31 de noviembre de ese mismo año. Añade, que para noviembre de 2017 el demandado aún estaba ejecutando el referido contrato de prestación de servicios, y, en su concepto, la inhabilidad de celebración de contratos comprende no solo su suscripción de este, sino todos los actos de ejecución. Bajo esa premisa, sosteniente que la conducta desplegada por Celis Vergel, se encuadra en la prohibición estatuida en el numeral 3 del artículo 179 constitucional y por tanto hay fundamento para declarar la nulidad -parcialdel acto de elección demandado. 1.4. Contestación de la demanda 1.4.1. Registraduría Nacional del Estado Civil La actuación del apoderado judicial de la entidad se encaminó a solicitar la desvinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, argumentando que de conformidad con el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011, la Registraduría Nacional del Estado Civil, sólo tiene competencia para verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la inscripción de candidatos, por lo tanto no es el competente para entrar a examinar si un candidato está inhabilitado o no.

1.4.2. Demandado-JUAN PABLO CELIS VERGEL El apoderado judicial, argumentó que su representado no estaba incurso en ninguna causal de inhabilidad cuando se inscribió como candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento de Norte de Santander, en razón que dentro de los seis meses anteriores a su elección no intervino en gestión de negocios ante entidades públicas y tampoco celebró contratos con estas en interés propio o de terceros. Explicó, que el contrato de prestación de servicios profesionales No 425 de 2017, que sustenta la demanda, fue suscrito con 10 meses de anticipación a la fecha en la que se adelantó el certamen electoral para la elección de congresistas, por lo Página 5 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co que su representado no se encontraba dentro del término inhabilitaste, por lo que insiste que en el presente caso no se logró acreditar el elemento temporal de la inhabilidad que exige el numeral 3 del artículo 179 constitucional.

Señaló, que el objeto del contrato de prestación de servicios Nº. 425 de 2017, suscrito por Celis Vergel, no tenía la obligación de gestionar negocios ante otras de entidades públicas, y en consecuencia, no se cumple ninguno de los requisitos exigidos por la norma constitucional para que se configure la inhabilidad. Después de analizar y exponer algunas consideraciones en torno a esta prohibición, el apoderado concluye que la causal de inhabilidad que se le endilga a

su representando no se configura, por cuanto el contrato del cual se pretende derivar la nulidad del acto electoral, se celebró con anterioridad a los seis (6) meses de la elección. Concluye que el régimen de inhabilidades es estricto y debe ser interpretado en forma restrictiva, por tanto el externo temporal de la inhabilidad, debe ser contabilizado desde el momento de la celebración o suscripción del contrato, y no el término de la ejecución contractual. 1.5. Fijación del litigio El 30 de agosto del año en curso, se celebró la audiencia inicial en la cual se fijó el litigio de la siguiente manera: “Determinar si el acto de elección del señor JUAN PABLO CELIS VERGEL, como Representante a la Cámara por el Departamento de Norte de Santander para el periodo 2018–2022, está viciado de nulidad, por cuanto el demandado incurrió en la inhabilidad que prevé el numeral 3º del artículo 179 de la Constitución Política, en atención a que dentro de los 6 meses anteriores a la elección de Congresistas para el periodo 2018-2022, celebró contratos con entidades públicas en interés propio, así como intervino en gestión de negocios ante autoridades públicas, en atención a que suscribió y ejecutó el contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 425 de 2017 con la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR–, dentro del referido término inhabilitante.”

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 2.1. Problema jurídico Corresponde a la Sección Quinta determinar sí el acto electoral demandado por

medio del cual se declaró electo a JUAN PABLO CELIS VERGEL como Representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander es nulo por haber incurrido en la inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 179 constitucional. Página 6 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co 2.2. Aclaración previa: el alcance de la fijación del litigio En la fijación del litigio en el caso de la referencia, se hizo referencia indistintamente a la gestión de negocios y la celebración de contratos, como si se tratase de conductas que tuvieran la potencialidad de presentarse de forma simultánea, pese a que la jurisprudencia reiterada de la Sección Quinta las ha distinguido y ha establecido hasta donde va una y cuándo se concreta la otra.

Lo anterior, porque existe un criterio pacífico y reiterado del Consejo de Estado, tanto de la Sala Plena como de la Sección Quinta, según el cual si la gestión de negocios termina en la celebración o suscripción de un contrato, la causal de inhabilidad que debe ser objeto de análisis por el juez solo puede ser esta, es decir, la celebración de contratos. Por el contrario, si no se concretó el contrato, se analizará la gestión de negocios propiamente dicha1. Es por ello que, si bien la fijación del litigio se refirió indistintamente a la gestión de

negocios y a la celebración de contratos, para el Ministerio Público la nulidad electoral en lo que hace al Representante CELIS VERGEL solo puede tener como referente, el contrato No 425 de 2017, suscrito el 12 de mayo de 2017, al que alude el demandante. El tema de la gestión de negocios, en el contexto del caso de la referencia, no puede ser analizado por la Sección, no solo porque el demandante no hizo referencia en ningún momento a un hecho o acto sobre este particular sino por la ausencia de elemento probatorio que permita aproximarse a esta conducta, asunto que fue expuesto por el Ministerio Público al momento de la fijación del litigio. En ese orden de ideas, entiende esta Delegada que un examen sobre la gestión de negocios solo puede ser válido, en el marco del proceso de la referencia, para que la Sección Quinta analice y determine con un criterio de jurisprudencia anunciada, sí, después de la celebración de un contrato se puede hablar de gestión de negocios, esto, por cuanto en algún momento del debate procesal se expuso la existencia de unos otros sí, hecho este que fue expresamente excluido de la fijación del litigio. En otros términos, si en la fase de la ejecución del contrato se puede dar origen a la inhabilidad del numeral 3 del artículo 179 constitucional, bajo el supuesto de la gestión de negocios. Se habla de jurisprudencia anunciada, en tanto esta Delegada entiende que existe un claro precedente en la Sección Quinta2, en el sentido según el cual las 1 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. En sentencia de 3 de agosto de 2015. Expediente Radicado No. 11001-03-28000-2014-00051-00.//Sentencia del 13 de marzo de 1996. Expediente AC-3311.// Sentencia del 15 de julio de 2004, Expediente 3379.// Sentencia del 10 de marzo de 2005. expediente 3451.// Sentencia del 9 de septiembre de 2005, Expediente 3671.// Sentencia del 30 de septiembre de 2005. Expediente 3656.// Sentencia del 10 de noviembre de 2005.Expedientes acumulados 3174, 3175 y 3180.// Sentencia del 11 de noviembre de 2005. Expedientes acumulados 3177, 3176, 3178, 3183, 3184 y 3238. 2 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 18 de febrero de 2010. Expediente 50001233100020070112901.

Actor: Román Felipe Acosta Guzmán y otros. Demandado: Concejales del Municipio de Villavicencio. C.P. Dr. Filemón Jiménez Ochoa// Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Expediente 11001032800020160000100. Consejera ponente:

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co actividades posteriores a la suscripción del contrato no tienen la potencialidad para dar origen a la causal de inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 179 y en otras normas legales que hacen referencia a la gestión de negocios y a la

celebración de contratos. En consecuencia, en el evento de considerarse que el criterio expuesto por la Sección debe sufrir una modificación, la nueva postura no puede aplicarse a quienes en vigencia de aquella se presentaron a una elección, por cuanto al juez le corresponde asegurar el principio de confianza legítima que ampara a los ciudadanos frente a las decisiones del Estado-juez, en tanto ha de entenderse que aquellos actuaron bajo la convicción íntima que su actuar estaba respaldado en un criterio unánime, reiterado, pacífico del llamado a juzgar su conducta. Por tanto, la variación de esta postura debe entenderse como una jurisprudencia anunciada que solo puede tener aplicación para las situaciones que se configuren con posterioridad al fallo que así lo contemple. Con fundamento en lo expuesto, esta Delegada estudiará, en primera medida, si se configura la causal de nulidad en que se fundó la demanda y la única que puede analizar la Sección: la celebración o suscripción del contrato No 425 de 2017, suscrito el 12 de mayo de 2017, por parte de actual Representante a la Cámara JUAN PABLO CELIS VERGEL. 2.3. Celebración o suscripción de contratos como causal de nulidad del acto electoral El artículo 179, numeral 3 de la Constitución Política, fundamento de la inhabilidad que se alega en el caso de la referencia, señala lo siguiente: “ARTICULO 179. No podrán ser congresistas: (…) 3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de

entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección. (…)” Como se desprende de la redacción de esta precepto y conforme lo ha señalado la Sección Quinta en distintos pronunciamientos, este comprende tres supuestos o conductas que son constitutivos de inhabilidad a saber: i) la intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas; ii) la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio, o en el de terceros, y; iii) el ser representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales. El extremo temporal para la configuración de estas conductas, lo es el de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.// Sentencia de 13 de octubre 2016. Expediente: 05001-23-33-000-2015-02447-01. Página 8 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Es importante indicar que las tres conductas indicadas son autónomas e independientes, por manera que, para efectos de la configuración de la inhabilidad es posible que la persona intervenga en la gestión de negocios ante autoridad pública y esa gestión termine en la celebración del contrato, evento en el cual, la jurisprudencia ha indicado que solo se debe analizar la celebración para efectos de configurar la inhabilidad.

Igualmente, puede suceder que se celebren contratos sin intervención en la

gestión del mismo, o que se presente la gestión sin participar en la celebración del contrato, evento en el cual la conducta objeto de examen para determinar la inhabilidad es la intervención en la gestión de negocios. Finalmente, es claro que el hecho de ser representante legal de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, nada tiene que ver con la gestión o la celebración de contratos, en tanto la inhabilidad se configura por el solo hecho de ostentar la representación legal de entidades con la función que se específica en el precepto constitucional. En cuanto a la celebración o suscripción de contratos se ha entendido que esta consiste en “la concreción…de un vínculo negocial que obligue a las partes contratantes, es decir, que se trate del contrato mismo”3. En un auto recientemente expedido por la Sección4, se indicó que esta celebración implica la concreción de un negocio jurídico para generar obligaciones para las partes que interviene en él. Es importante indicar que la Ley 80 de 1993 establece que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las distintas entidades, bien previstos en el derecho privado, en disposiciones especiales, o los derivados de la autonomía de la voluntad, entre otros. En ese sentido, la Sección precisó, en el auto de 2 de agosto de 20185, que debe entenderse por contrato para efectos de las inhabilidades que tiene como elemento material la “celebración de contratos”, todo acuerdo de voluntades que constituyan un acuerdo, pacto o convención, celebrado en los plazos establecidos por el Constituyente o el legislador como extremo temporal. Bajo ese criterio, debe analizarse la inhabilidad que se le atribuye al demandado

CELIS VERGEL.

Según la demanda, el actual Representante a la Cámara por la circunscripción de Norte de Santander, JUAN PABLO CELIS VERGEL el 12 de mayo de 2017, suscribió con la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, el contrato de prestación de servicios profesionales No 425 de 2017, con el siguiente 3 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 18 de julio de 2013. Expediente 47001-23-31-000-2012-00010-01.

Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 4 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Auto de 2 de agosto de 2018. Expediente 13001-23-33-000-2018-00394-01.

Actor: Procuraduría General de la Nación. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.

5 Ibídem. Página 9 Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co objeto contractual: “SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA GGC NO 219/2017 – CORPONOR NO 021/2017, PARA

BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL E IMPLANTAR ACCIONES DE

FORMALIZACIÓN EN ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, FINANCIEROS,

ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, ASÍ COMO PARA EL

ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN MINERO

AMBIENTAL CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL MARCO DE

LA POLÍTICA MINERA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER” Según el actor la ejecución del precitado contrato se extendió hasta el 31 de noviembre de ese mismo año, hecho sobre el cual no existe duda alguna, pues con la demanda se anexó copia del contrato No 425 de 2017, en cual no fue objeto de tacha por el demandado. Así pues, está acreditado que el demandado suscribió un contrato con una entidad pública, es decir, están dados los dos primeros supuestos de la inhabilidad en estudio: i) la celebración del contrato y ii) la suscripción del contrato con una entidad pública. Resta establecer si el mencionado contrato fue suscrito en el extremo temporal que genera la inhabilidad, esto es, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección. Como se dejó expuesto con antelación, el contrato en que se funda la nulidad fue el No 425 de 2017, suscrito el 12 de mayo de 2017 y la elección como Representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander, se realizó el 11 de marzo de 2018. Es decir, que el referido contrato fue celebrado por fuera del período que genera la inhabilidad. En efecto, este fue suscrito con una antelación diez (10) meses a la fecha en que efectuó el certamen electoral. En consecuencia, el elemento temporal no se cumple en el caso concreto. Así las cosas, se considera que no es posible acceder a la pretensión de nulidad

del acto electoral, en tanto la inhabilidad que se le atribuye al demandado no cumple uno de los elementos para su estructuración: el extremo temporal, razón por la que se le solicitará a la Sección Quinta negar las pretensiones de la demanda. 2.4. La ejecución del contrato como elemento inhabilitante Como se indicó en el aparte de la aclaración previa, esta Delegada del Ministerio Público llama la atención de la Sala en cuanto a la necesidad de analizar si existen los supuestos jurídicos para modificar la regla reiterada de esa Sección6, según la 6 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 18 de febrero de 2010. Expediente 50001233100020070112901.

Actor: Román Felipe Acosta Guzmán y otros. Demandado: Concejales del Municipio de Villavicencio. C.P. Dr. Filemón

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co cual las actividades posteriores a la suscripción del contrato no tienen la potencialidad para dar origen a la causal de inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 179 y en otras normas legales que hacen referencia a la gestión de negocios.

Lo anterior, por cuanto la Procuraduría General de la Nación considera que más allá de la celebración de un contrato, el rompimiento de los principios que deben conservarse en la contienda electoral se puede presentar en el marco de la ejecución de un contrato, en donde sin lugar a dudas el contratista-candidato

puede incidir en el electorado a partir de diversas acciones o gestiones que debe hacer por razón de las cláusulas contractuales, las que, sin lugar a dudas, lo dejen en una posición de privilegio frente a los demás contendores. La Sección Quinta ha indicado que la teleología de la inhabilidad del numeral 3 del artículo 179 constitucional, es “precaver los vicios en la relación del candidato con las entidades públicas que implique la indebida utilización de esa condición de candidato en las actividades que adelante ante aquellas y, evitar, vicios de mayor trascendencia, como es que, el candidato utilice sus vínculos y relaciones con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones electorales o que el electorado asocie, deduzca o concluya que verlo en tratativas con las entidades públicas le aventaja y con ello acreditarse ante los electores para obtener los votos”7. Si ello es así