PGN - NULIDAD DE ELECCION DE DIPUTADO - Ejercicio de autoridad administrativa en período

Bogotá D.C. Abril de 2.003 Concepto No. 025/2003 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

M.P. Dr. DARIO QUIÑONES PINILLA

E. S. D.

Referencia: Expediente número 3090

Actor: SAMUEL DUARTE Asunto: Apelación de la sentencia del 2 de diciembre del 2.002, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección del señor Rubén Darío Rodríguez Góngora como Diputado a la Asamblea Departamental del Tolima, para el período 2.001-2.003.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda El señor Samuel Duarte, en ejercicio de la acción pública de nulidad de contenido electoral, formuló demanda ante el Tribunal Administrativo del Tolima, para que previos los trámites de los artículos 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo se efectuaran las siguientes declaraciones: “1.- Que es nula el ACTA GENERAL DE ESCRUTINIO DEPARTAMENTAL emanada de la Comisión Escrutadora Departamental y por medio de la cual se declararon electos como

1 Diputados a la Asamblea del Tolima para el período constitucional de 2.001 al 2.003 y ordenó la expedición y entrega de credenciales, en lo relativo a la elección como DIPUTADO al sr. RUBEN DARIO RODRÍGUEZ GÓNGORA por el Partido Liberal Colombiano, en la lista encabezada por el mismo. “2.- Que se ordene la exclusión del cómputo general de los votos contenidos en el Acta General de Escrutinio Departamental, respecto de

la declaratoria de elección del señor RUBEN DARIO RODRÍGUEZ GÓNGORA, como Diputado del Departamento del Tolima. Igualmente se ordene la cancelación de la respectiva credencial. “3.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se llame a ocupar su curul, al candidato que según el orden de inscripción en forma sucesiva y descendente, corresponda a la misma lista electoral. “4.- Se ordene comunicar la respectiva sentencia al señor Gobernador del Departamento del Tolima, a la Honorable Asamblea y al Señor Registrador Nacional del Estado Civil.” A) Hechos El actor refirió que el 29 de octubre del año 2.000 se llevaron a cabo en el territorio nacional las elecciones para el período constitucional 2.001-2.003. Que para dichos comicios fue inscrito el señor Rubén Darío Rodríguez Góngora como candidato a la Asamblea Departamental del Tolima, resultando elegido; así lo declaró el Consejo Nacional Electoral, mediante Acta del 5 de noviembre del 2.000. Dijo que el señor Rubén Darío Rodríguez Góngora se encontraba incurso en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 179-2 de la Constitución Política, toda vez que, dentro de los doce meses anteriores a la elección ejerció como empleado público autoridad civil y administrativa, al desempeñarse como 2 Director de la Regional Andina del Instituto Nacional de Pesca y Agricultura INPA, cargo que ejerció hasta el 24 de abril de 2.000. B) Normas violadas y concepto de la violación

El actor citó como normas violadas los artículos 299, 179-2 de la Constitución Política. Como concepto de la violación, indicó que las inhabilidades, tal como lo ha definido la Corte Constitucional, son: “aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo público, y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentren vinculados al servicio, y tienen como objetivo primordial, lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos”. El actor transcribió apartes de la sentencia del 8 de agosto del 2.000, proferida por el H. Consejo de Estado, en la que se dijo el régimen de las inhabilidades de los congresistas se aplican a los Diputados por remisión expresa del artículo 299 de la Constitución Política; para el caso concreto, dijo, los hechos de la demanda probaban fehacientemente que el señor Rubén Darío Rodríguez Góngora, siete (7) meses antes de la realización las elecciones, se encontraba ejerciendo el cargo de Director Regional del Instituto Nacional de Pesca y Agricultura INPA, en la ciudad de Ibagué; cargo en el que celebraba contratos y convenios, ordenaba gastos, confería comisiones, otorgaba vacaciones etc.; es decir, ejercía autoridad administrativa, que según es entendida por el Consejo de Estado, es la capacidad de mando inherente al ejercicio de empleos públicos cuyas funciones confieren poder subordinante. C) Solicitud de suspensión provisional

3 El demandante, en el mismo escrito de la demanda, solicitó la suspensión provisional del acto demandado, invocando para el efecto el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo. Afirmó que, de conformidad con la certificación expedida por el Jefe de la División de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Pesca y Agricultura -INPA-, el señor Rubén Darío Rodríguez Góngora había sido nombrado y posesionado como Director Regional de la Regional Andina del Instituto Nacional de Pesca y AgriculturaINPAhasta el 24 de abril de 2.000; circunstancia que lo colocaba en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 179-2 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 280 numeral 2º de la ley 5a de 1.992.

2. Admisión de la demanda El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto del 15 de diciembre del 2.000, admitió la demanda, ordenó las notificaciones de ley y denegó la suspensión provisional considerando para el efecto que para determinar qué tipo de inhabilidad se aplicaba a los Diputados, si la del artículo 179-2 de la Constitución o la del artículo 44 de la Ley 200 de 1.995 -que fija la inhabilidad para los Diputados en seis mesesse hacía necesario un estudio que no resultaba propio de la etapa procesal que se surtía.

El señor Rubén Darío Rodríguez Góngora, por intermedio de apoderado judicial, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto admisorio de la demanda. Fundamentó sus peticiones indicando que desconocía el contenido del artículo 142 del Código Contencioso

Administrativo, que disponía que la demanda debía presentarse personalmente por quien la suscribía ante el Secretario del Tribunal a quien se dirigía y que en el caso en examen el actor lo había hecho ante el Notario Quinto de Ibagué, el cual tenía la misma sede del Tribunal Administrativo, citando apartes de pronunciamientos de las diferentes secciones del H. Consejo de Estado en torno al tema. 4 También el actor interpuso recurso de apelación contra el auto que denegó la suspensión provisional del acto demandado, y manifestó que en el presente caso no se había invocado como violado el artículo 44 de la ley 200 de 1.995, sino una inhabilidad de carácter constitucional que, de conformidad con el artículo 4° de la Norma Superior, primaba sobre la legal. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto del 16 de febrero del 2.001, confirmó el auto de 15 de diciembre de 2.002 y denegó por improcedente el recurso de apelación. Una vez tramitado el recurso de apelación contra el auto que denegó la suspensión provisional, el Consejo de Estado, mediante auto del 18 de mayo de 2.001 revocó el auto de 15 de diciembre de 2.000, mediante el cual se admitió la demanda, considerando que no existía copia hábil del acto objeto del juzgamiento. Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Tolima, una vez allegada por el demandante la documentación requerida, mediante auto de 24 de septiembre de 2.001 admitió la demanda, ordenó las notificaciones de ley y denegó la suspensión provisional con fundamento en los mismos argumentos

expresados inicialmente. Nuevamente el actor interpuso recurso de apelación contra la providencia, siendo rechazada su solicitud por extemporánea. Igualmente, el apoderado del demandado presentó recurso de reposición contra el auto del 24 de septiembre del 2.001 y solicitó que se inadmitiera la demanda; petición que fue rechazada mediante auto del 19 de diciembre del 2.001.

3. Contestación de la demanda El señor Samuel Duarte, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda, y se opuso a todas y cada una de sus pretensiones. Expresó que , según el artículo 9 de la Ley 489 de 1.998, en ejercicio de la función asignada como Director Regional del INPA no ejercía autoridad civil y administrativa, toda vez que el nivel en el cual se comprendía el cargo era el ejecutivo y no el directivo o asesor.

5 Propuso las excepciones de inepta demanda por falta de requisitos formales y la de caducidad de la acción como excepción; así mismo las que denominó “Vigencia del artículo 46 del decreto 1222 del 86 al momento de la inscripción de mi mandante”, “Existencia de la ley que contiene el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los Diputados” e “Incompetencia del Director Regional del INPA para ejercer actos constitutivos de autoridad civil y administrativa”.

4. Nulidad de lo actuado El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto del 4 de febrero del 2.002 declaró “... la nulidad de todo lo actuado a partir del 2 de noviembre de 2001, fecha en que se fijó el edicto visto a folio 119, ante lo analizado en esta

providencia”. Subsanado el vicio que dio origen a la nulidad, una vez reanudado el trámite, el apoderado del demandado, dentro del término de traslado, presentó nuevamente escrito de contestación de la demanda, en los mismos términos referidos en forma antecedente.

5. Alegatos de conclusión El apoderado del demandado en su escrito de alegatos reiteró las consideraciones que expresó en la contestación de la demanda.

Dentro de esta oportunidad procesal, el señor Orlando Arciniegas Lagos solicitó que se le tuviera como coadyuvante de la acción electoral, y dijo que las pruebas allegadas en debida forma al proceso, en especial el decreto 1334 y la Resolución 276 de 1.997, contenían la descripción de funciones con las que se probaba el cargo objeto de la demanda.

6. Fallo de primera instancia

6 El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante fallo del 2 de diciembre del 2.002, declaró no probadas las excepciones propuestas, y denegó las pretensiones de la demanda. Consideró el juzgador de primera instancia que las excepciones propuestas no estaban llamadas a prosperar, toda vez que si bien de la demanda se hizo presentación personal ante Notario, el libelo de la misma se llevó a la Oficina Judicial Distrital de la capital del Tolima, el 30 de noviembre de 2.000, cumpliéndose así con la dicha formalidad que echaba de menos el apoderado de la parte opositora; hecho con el que igualmente se descartaba la caducidad de la acción. En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal, después de efectuar una

transcripción de los artículos 179-2 de la Constitución Política, 280 de la Ley 5a de 1.992 y 299 de la Constitución, así como de las funciones del Director Regional del INPA, establecidas en la Resolución 000276 de mayo de 1.997, concluyó que: “el cargo desempeñado por el demandado era del nivel ejecutivo y no del directivo, y la mayoría de sus funciones eran ejercidas en coordinación, o participación de sus superiores o de acuerdo con las políticas trazadas en el nivel central, lo cual implicaba que sus funciones no eran autónomas e independientes, sino por el contrario, era un funcionario dependiente de su actuación de sus superiores jerárquicos, por lo que no se puede predicar de él que ejercía autoridad civil o administrativa”. De igual forma, la Sala arribó a la conclusión de que la actividad general de administración del INPA se encontraba asignada al Director General, y que por lo mismo, éste solo podía delegar sus funciones a los niveles directivo y asesor; niveles a los que no pertenecía el Director Regional, que es un cargo del Nivel Ejecutivo.

7. Recurso de apelación El señor Orlando Arciniegas Lagos, quien actuó como tercero coadyuvante de la demanda, presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, e invocó como fundamento de la impugnación los argumentos 7 señalados en la sentencia del 8 de agosto del 2.000 de la Sala Plena del Consejo de Estado, proferida en el expediente S-140, que anexó al expediente, y la sentencia proferida en el caso de la demanda de la nulidad de

la elección del señor Juan Carlos Tole Sánchez, en la que por hechos similares, se declaró la nulidad de la elección, citando apartes frente a los cuáles realiza la comparación con la situación del demandado.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SEPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Previamente a la consideración del asunto de fondo, este Despacho abordará el estudio de las excepciones propuestas por la parte demanda

1. De las excepciones formuladas A) Inepta demanda Consideró la parte pasiva que la demanda presentada por el actor era inepta por cuanto la misma carecía de requisitos formales; según su alegato, sostuvo que la demanda debió ser objeto de rechazo porque el actor no la corrigió dentro del término que para el efecto le señalara el Tribunal, en tanto que no lo hizo en forma posterior al auto que así lo ordenó sino previamente al mismo.

Sobre el trámite seguido en la presente acción se tiene lo siguiente:  La demanda presentada por el señor Samuel Duarte fue admitida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante proveído del 15 de diciembre del 2000.  El apoderado judicial de la parte demanda interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra el auto que admitió la demanda bajo la consideración de que la misma no se había sido 8 presentado en debida forma, pues no resultaba de recibo la presentación personal que ante Notario había efectuado el demandante toda vez que residía en la sede del Tribunal y que por tal razón “ ... debió haber sido rechazada porque a pesar de que el artículo 143 del

C.C.A. menciona el plazo de 5 días para corregir la demanda, el hecho de no presentar la misma en debida forma, se da como no presentada, y teniendo en cuenta que la presentación de una demanda que carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores no interrumpe los términos para la caducidad de la acción, la corrección o presentación nuevamente de la demanda ya era imposible por vencimiento de los veinte (20) días para intentar la acción electoral”  El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto del 16 de febrero del 2001 determinó NO REPONER el auto recurrido por el apoderado de la parte opositora y NEGAR por improcedente del recurso subsidiario de apelación.  La decisión anterior fue impugnada por el apoderado de la parte opositora por vía del recurso de reposición, que le fue negado mediante decisión del 2 de abril del 2001; también se ordenó por Secretaría la expedición de “... copia de las decisiones tomadas en este proceso y de lo que fuere necesario para el trámite del recurso de queja ante el Superior....”.  A su vez, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra el auto admisorio de la demanda, pero sólo en cuanto que no decretó la suspensión provisional del acto. Este le fue concedido mediante proveído del 16 de febrero del 2001.  El H. Consejo de Estado, al decidir sobre el recurso de apelación, adviertió “... que en el expediente no obra copia autenticada del acto administrativo demandado –el que declaró la elección del Señor Rubén

Darío Rodríguez Góngora como Diputado a la Asamblea Departamental del Tolima-“, indispensable presupuesto procesal, y con fundamento en 9 esta consideración determinó revocar el “ ... auto dictado el 15 de diciembre de 2000 por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante el cual se admitió la demanda promovida por el Señor Samuel Duarte con el objeto de solicitar la nulidad del acto que declaró la elección del Señor Rubén Darío Rodríguez Góngora como Diputado a la Asamblea de ese Departamento y resolvió sobre la solicitud de suspensión provisional”  El actor, mediante escrito presentado en el Tribunal el 13 de agosto del 2001, según el sello de correspondencia, “... para dar cumplimiento a lo ordenado por el CONSEJO DE ESTADO y como quiera que se solicitan las actas parcial y general debidamente autenticadas, anexo las mismas con la respectiva constancia de que fueron tomadas del original que reposa en la Registraduría del Estado Civil”.  Por auto del Magistrado conductor del 24 de agosto del 2001, “Atendiendo a lo dispuesto por el Honorable Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – en providencia del 18 de mayo del 2001 y estudiando nuevamente el libelo introductorio, se ORDENA que el accionante en el término de cinco (5) días so pena de rechazo corrija la demanda en el sentido de aportar fotocopia autentica del Acta Parcial del Escrutinio para la Asamblea del Tolima (formulario E-26) y Acta General del Escrutinio Departamental expedida

el 5 de noviembre de 2000 por la Comisión Escrutadora Departamental, en la que se declaró elegido como diputado al doctor Rubén Darío Rodríguez Góngora”.  A través del auto del 21 de septiembre del 2001, el Tribunal procedió a admitir la demanda. El argumento del demandado propende por restarle todo valor procesal a la actuación realizada por el actor, quien previamente a la determinación del Tribunal, optó por subsanar la falencia de su demanda que fue advertida por el Consejo de Estado, pero según el opositor la copia autenticada del acto acusado solo podía ser allegada al plenario en forma posterior al auto que ordenó la corrección de la demanda, no antes. 10 Este formalismo extremo esgrimido no resulta valido en el caso en examen porque las disposiciones que rigen el procedimiento resultarían absurdas si sancionaran la actividad diligente del actor, esta es norma de conducta de las partes en el debate y de ella no se pueden derivar consecuencias adversas; verdaderamente es la actividad omitiva o displicente la que genera consecuencias adversas en el contencioso, por manera que, de no cumplirse a cabalidad con las órdenes impartidas por el Juez, dentro de los perentorios términos en que han de acatarse, se asumen las consecuencias derivadas de ello, como hubiera acontecido en el caso en examen si el actor no hubiere cumplido con el mandato del Magistrado conductor de corregir la demanda allegando copia idónea del acto acusado dentro del término de los cinco (5)días señalados para el efecto, pues en este evento se impondría el rechazo

de la demanda. En este asunto, se evidenció, por el contrario, diligencia por parte del demandante. Así las cosas, la excepción propuesta no está llamada a prosperar. B) Ineptitud de la demanda Señaló que la demanda era inepta, porque no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 142 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que no había sido presentada personalmente por el actor en la Secretaría del Tribunal, sino ante Notario, a pesar de encontrarse en el mismo domicilio de la sede del Tribunal. Según el opositor, el actor estaba domiciliado y residenciado en Ibagué, pues así lo manifestó en el encabezado del libelo, no obstante lo cual efectuó la presentación personal de la demanda ante el Notario 5° del Circulo Notarial de Ibagué, cuando de conformidad con el artículo 142 del Código Contencioso administrativo ha debido hacerlo en la Secretaria del Tribunal Administrativo del Tolima. 11 Este argumento deberá, en criterio del Ministerio Público, debe ser desestimado por cuanto si bien es cierto que aparece la nota de presentación ante el Notario 5° del Circulo Notarial de Ibagué con fecha 30 de noviembre, no lo es menos que igualmente aparece un sello de la oficina judicial en el cual se aprecia la misma fecha y según lo indicado por el a-quo “... con la creación del Consejo Superior de la Judicatura y la existencia de las Oficinas Judiciales en los Distritos de igual nombre, las demandas se presentan en dichas dependencias y no ante el Secretario del Tribunal como lo señala el artículo 142 del Código Contencioso Administrativo”. En efecto por medio del Acuerdo

208 del 10 de diciembre de 1997, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura –Sala Administrativa- “Por medio del cual se reestructuran las Oficinas Judiciales de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial y se crean otras dependencias para la prestación de servicios administrativos comunes a los diferentes despachos judiciales”, a las Oficinas Judiciales se les señaló como función “ Recibir las presentaciones personales de las demandas, poderes, denuncias y memoriales que según la ley la requieran” (Artículo 2°, numeral 4°). Así las cosas, resulta válida la presentación de la demanda realizada en los términos de la norma señalada anteriormente, y por tal razón impróspera la excepción. C) Caducidad de la acción Señaló la parte demandada que el numeral 12 del artículo 44 de la ley 446 de 1.998 establecía que la acción electoral caducará en veinte (20) días contados a partir del siguiente a aquel en que se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento de cuya nulidad se trata, y que frente a los actos de confirmación, el término de caducidad de la acción se contará a partir del día siguiente a la fecha en la cual se confirme la designación o nombramiento; así las cosas, y habida 12 consideración de que no había sido presentada la demanda en la Secretaria de la Corporación correspondiente, como también de no haberse corregido en tiempo, debía entenderse por no presentado el libelo, razón por la cual no se interrumpió el término de caducidad. El argumento en el cual el opositor sustentó la excepción de caducidad, parte

del convencimiento de que las excepciones que propuso de inepta demanda estaban llamadas a prosperar, y partiendo de ello configuró la caducidad de la acción. Efectivamente, la parte opositora entendió que la demanda era inepta y así fue que propuso la excepción en el entendido de que con ella no se allegó debidamente autenticado el acto acusado, como tampoco se hizo dentro del término de la corrección; además sostuvo que el libelo no se presentó personalmente ante la Secretaría del Tribunal. Bajo este entendido señaló que la acción incoada por el ciudadano señor Samuel Duarte había caducado, pues careciendo de estos requisitos la demanda, no se podía entender que por razón de su presentación se había interrumpido el término de caducidad de la acción. Como estos razonamientos, en sentir del Despacho, no configuraron la ineptitud de la demanda que se alegó, la defensa fundada en la caducidad de la pretensión deberá desestimarse igualmente porque la presentación de la demanda se realizó en debida forma y además que fue corregida allegando el acto acusado dentro de la oportunidad procesal debida. Presentándose la demanda ante el Tribunal en debida forma y corregida conforme lo ordenado por el a-quo, el fenómeno de la caducidad se interrumpió con la presentación de la misma. De conformidad con el numeral 12 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, “La acción electoral caducará en veinte (20) días contados a partir del siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento de cuya

nulidad se trata. Frente a los actos de confirmación, el término de caducidad de la acción se contará a partir del día siguiente a la fecha en la cual se 13 confirme la designación o nombramiento”, plazo que se computa bajo la regla hermenéutica que enseña según la cual cuando los términos se encuentren señalados en días, si éstos no se califican se entienden hábiles y por lo mismo suprimidos los festivos y de vacancia. Así las cosas, como se tiene que en el asunto en examen se demandó la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección de Diputado de la Asamblea Departamental del Tolima del señor Rubén Darío Rodríguez, el cual se profirió por los Delegados del Consejo Nacional Electoral el 5 de noviembre del 2000; dado que su notificación se surtió en estrados, el término de caducidad tiene lugar a partir del día siguiente. Si la demanda se presentó el 30 de noviembre del mismo año, puede concluirse sin dubitación alguna que el término de caducidad no operó pues entre la fecha de expedición del acto y el de presentación del libelo no se habían surtido los veinte días señalados en la norma. Así las cosas, la excepción de caducidad no está llamada a prosperar.

D) “VIGENCIA DEL ARTÍCULO 46 DEL DECRETO 1222 DEL 86

AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN” En relación con esta excepción, el sujeto pasivo de la pretensión manifestó que, de conformidad con el artículo 46 del Decreto 1222 de 1986, norma que era la vigente al momento de la inscripción, no podía ser elegido Diputado el

funcionario que seis meses antes de la elección hubiere ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar en la circunscripción electoral respectiva, mientras que él se desempeñó como Director del INPA hasta el 24 de abril del 2000, es decir, que no lo comprendía la inhabilidad. Según lo señalado por el opositor, fue inscrito como candidato a la Asamblea Departamental el 8 de agosto de 2.000, “... fecha en la que cambió la jurisprudencia, situación desconocida en tal día, pues aún no se había autorizado la publicación de la sentencia proferida por la Sala Plena del 14 Consejo de estado para que tuviera efectos en los candidatos que pretendían inscribirse basados en normas vigentes como el artículo 46 del decreto 1222 de 1986 citado. A NADIE SE LE PUEDEN CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO EN LA MITAD DEL CAMINO, por elo (sic) fue que se aprobó el art 86 de la Ley 617 del 2.000 en el sentido de que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades regirá para las elecciones que se realicen a partir del 2001, ...” La señalada excepción no está llamada a prosperar, no sólo por cuanto no se trata de un medio exceptivo propiamente tal, sino además porque es un argumento relativo al fondo de la controversia, como es el relacionado con la normatividad aplicable a los Diputados en materia de inhabilidades.

E) “EXISTENCIA DE LEY QUE CONTIENE EL REGIMEN DE

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS DIPUTADOS” Al igual que la excepción precedentemente considerada, este Despacho

considera que la razón de la defensa planteada de esa manera, se refiere al litigio propiamente dicho, que deberá resolverse al estudiarse el mérito de la controversia en la sentencia, pues será allí en donde se determine el régimen legal aplicable a los Diputados en relación con inhabilidades e incompatibilidades.

F) “INCOMPETENCIA DEL DIRECTOR REGIONAL DEL INPA

PARA EJERCER ACTOS CONSTITUTIVOS DE AUTORIDAD CIVIL Y ADMINISTRATIVA” En relación con dicha excepción, sostuvo el apoderado de la parte demandada que la Ley 489 de 1.988 reguló el ejercicio de la función administrativa, determinó la estructura de la administración, definió los principios y reglas 15 básicas para su organización y funcionamiento. Así mismo señaló que esta Ley, en su artículo 7, dispuso que al interior de las entidades nacionales descentralizadas, el Gobierno velaría porque se establecieran disposiciones de Delegación y Desconcentración de funciones de tal modo que los funcionarios Regionales de estas entidades poseyeran y ejercieran efectivamente facultades de ejecución presupuestal, ordenación del gasto, contratación y nominación, así como la formulación de los proyectos de presupuesto anual de la respectiva entidad para la región sobre la cual ejercen su función. Es decir, que a través de dichas disposiciones se delegaban funciones administrativas. De igual forma, sostuvo que el artículo 9º de la misma Ley establecía que las autoridades administrativas podían mediante acto de delegación transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias; y que los Ministros, los Directores de Departamento Administrativo, Superintendentes, Representantes Legales de Organismos y

entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa, podían delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles DIRECTIVO Y ASESOR. Que el cargo que ostentaba como Director Regional del INPA pertenecía al nivel EJECUTIVO, por lo cual, a pesar de que la Resolución No. 00276 de 2 de mayo de 1.997 estableciera las funciones del Director Regional, ellas habían desaparecido con la expedición de la Ley 489 de 1.998 que disponía que la Delegación de funciones solamente podía hacerse en funcionarios del Nivel Directivo y Asesor. En consideración de este Despacho el argumento del apoderado de la parte demandada no constituye una excepción propiamente dicha. Está enderezado a demostrar que no ejercía función alguna que lo inhabilitara y la determinación de este aspecto corresponde hacerse en la decisión definitiva. Así las cosas, el Ministerio Público es del sentir que las excepciones propuestas no están llamadas a prosperar, debiendo por lo mismo considerarse el fondo del asunto. 16

2. El asunto de mérito Se esgrimió por el demandante que el elegido Diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, Rubén Darío Rodríguez Góngora, se encontraba incurso en causal de inhabilidad que le hacía inelegible, pues dentro de los doce meses anteriores a su elección se había desempeñado como Director Regional del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura –INPA-, y las funciones inherentes al cargo se comprendían dentro de las que comportan autoridad civil y administrativa, configurándose la causal de inhabilidad consagrada en el

numeral 2° del artículo 179 de la Carta Política. La norma señalada por el demandante establece lo siguiente: Constitución Política “Artículo 179. No podrán ser congresistas: (...) “2. Quienes hubieren ejercido, como empelados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección”, disposición que resulta aplicable por virtud de lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 299 de la Carta, modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo número