PGN - NULIDAD ELECTORAL - Ministerio público solicita negar nulidad del acto de designació

NULIDAD ELECTORAL-Ministerio Público solicita negar nulidad del acto de designación de magistrada de la Corte Suprema de Justicia en causa por incumplimiento de deber de publicación de acto de nombramiento Esta Delegada del Ministerio Público solicitará NEGAR nulidad del acto de designación… como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en razón a que i) la ausencia o falta de publicación del acto de confirmación antes citado, no constituye un requisito para la validez de dicho acto complejo, pues el requisito de publicidad resulta necesario solamente para que el aludido acto sea oponible a terceros y; ii) el rubro para el cubrimiento del salarios y emolumentos de los servidores judiciales es apropiado de antemano en el presupuesto general de la Nación por la Rama Judicial CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Integrada por 23 magistrados elegidos por la misma Corporación para periodos individuales de 8 años de lista de elegibles enviados por el Consejo Superior de la Judicatura Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 1 Bogotá D.C., 03 de mayo de 2023 Concepto No. 2023-05-NE-065 Doctor

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado Ponente Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN N°: 11001-03-28-000-2022-00023-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL

DEMANDANTE: CARLOS ALBERTO JARAMILLO CALERO DEMANDADO: MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZMAGISTRADA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TRÁMITE: ÚNICA INSTANCIA

ASUNTOS DE INTERÉS: DEBER DE PUBLICACIÓN DE

ACTOS DE NOMBRAMIETO Respetado Magistrado: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de nulidad de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. La Constitución Política de Colombia, artículos 231, 233 y 234, así como la Ley 270 de 1996, artículo 15, señalan que la Corte Suprema de Justicia está integrada por 23 magistrados elegidos por la misma Corporación para periodos individuales de 8 años, de lista de diez elegibles enviada por el Consejo Superior de la Judicatura. 1.1.2. La señora MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ resultó elegida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia como Magistrada de la Sala de Casación Civil de dicha Corporación, para el período 2021-2029, en sesión del 25 de noviembre de 2021, a través del Acuerdo 1680 de la misma fecha , y confirmado su nombramiento en sesión de Sala Plena del 2 de diciembre de 2021 en el expediente 11001-02-30-000-2021-02109-00.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 2 1.1.3. El ciudadano CARLOS ALBERTO JARAMILLO CALERO, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del CPACA, solicitó la nulidad del acto de designación de MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ, en calidad de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia. 1.2. Cargos de la demanda La demanda se funda en que, i) la Corte Suprema de Justicia desconoció el principio de publicidad del acto de nombramiento y de confirmación al que se refiere el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 y, ii) los actos administrativos que afecten apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad y registro presupuestal, lo cual constituye un requisito de perfeccionamiento del acto como tal, con fundamento en las siguientes consideraciones: 1.2.1. La Corte Suprema de Justicia desconoció el principio de publicidad del acto de nombramiento y de confirmación al que se refiere el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Consideró el demandante que se desconoció el principio de publicidad que orienta y legitima la función administrativa electoral de la Corte Suprema de Justicia, con la ejecución irregular del acto administrativo demandado –nombramiento y confirmacióny en concreto consideró que se transgredió normativa constitucional y legal.

Indicó que, de la Constitución política se vulneró el el Preámbulo, los artículos 1, 2, 6, 13, 29, 40 y 209. Del CPACA, los artículos 1 a 3, 9.11, 87.1 y parágrafo del artículo 65 que impone publicar los actos de nombramiento y los de elecciones que no sean por voto popular. Adicionalmente, aseveró que en el presente asunto, el acto administrativo de confirmación del nombramiento de la accionada no se publicó y no obstante se ejecutó, comoquiera que la nominada se posesionó en el cargo y ha ejercido desde esa fecha función judicial y emite providencias a través de las cuales adjudica derechos e impone obligaciones a los asociados en forma continua y permanente, configurándose una típica desviación de poder generadora Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 de la nulidad del acto de nombramiento y posesión como forma de unidad jurídica indisoluble.

Asimismo, manifiesta que el acto demandado se ejecutó sin haber sido notificado a la demandada de la decisión de confirmación de su nombramiento y, pese ello, se remitió la documentación del caso a la Presidencia de la República para su posesión. 1.2.2. Los actos administrativos que afecten apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad y registro presupuestal, lo cual

constituye un requisito de perfeccionamiento del acto como tal. El demandante señaló que el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 preceptúa que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificado y registro de disponibilidad, dentro de los cuales se incluyen las decisiones de designación o nombramiento, siendo requisito de perfeccionamiento, del cual careció el acto de designación que se impugna. 1.3. Fijación del litigio En auto del 07 de septiembre de 2022, se fijó el litigio en los siguientes términos: “a) Conforme a lo indicado en la providencia del 26 de mayo de 2022, por medio de la cual, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió un recurso de súplica1, se deberá determinar si en el caso bajo examen operó la caducidad del medio del control de nulidad electoral? b) ¿La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia desconoció el principio de publicidad y, de haberse transgredido, tal circunstancia conlleva a la anulación del acto de nombramiento demandado, por violación de las disposiciones constitucionales y legales invocadas como vulneradas? c) ¿La falta del certificado previo de disponibilidad presupuestal, conforme al artículo 71 del Decreto 111 de 1996, implica la anulación del acto de nombramiento cuestionado? 1 «Finalmente, la Sala llama la atención en que si bien, en este momento, no se pudo verificar con certeza la fecha de la publicación del acto de confirmación, por las razones antes expuestas, ello no obsta para que, con base en el acervo

probatorio que arroje la verdad de lo acontecido y en el evento que aparezca la publicación o la posibilidad de constatar el dicho del señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia frente a este punto, el juez de la nulidad electoral podrá determinar la caducidad parcial de los hechos y del cargo nuevo que se plantea en la reforma, por cuanto la figura de la caducidad, como presupuesto procesal de la acción, trasciende e irradia el proceso hasta su finalización». Énfasis del Despacho. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 d) En caso de que no haya operado la caducidad frente al cargo nuevo planteado en la reforma de la demanda, se estudiará ¿si el acto demandado se ejecutó sin estar en firme y si tal hecho lo vicia de nulidad?”.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE

EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema Jurídico Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado2 determinar si el acto de elección de la actual Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ, debe declararse nulo porque i) la Corte Suprema de Justicia desconoció el principio de publicidad del acto de nombramiento y de confirmación al que se refiere el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 y; ii) los actos administrativos que afecten

apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad y registro presupuestal, lo cual constituye un requisito de perfeccionamiento del acto como tal. Para resolver el problema jurídico determinado en la fijación del litigio, el Ministerio Público considera necesario analizar los siguientes aspectos: i) las reglas para la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia fijadas en la Constitución Política y la Ley, para luego, ii) analizar el caso concreto. 2.2. De las reglas para elegir Magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia Respecto de la forma de suplir sus vacantes, el artículo 231 de la Constitución Política, dispone: “Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva Corporación, previa audiencia pública, de lista de diez elegibles enviada por el Consejo Superior de la Judicatura tras una convocatoria pública reglada de conformidad con la ley.” (Negrillas fuera de texto original). En este mismo sentido la Ley 270 de 1996, señala: “ARTÍCULO 15. INTEGRACIÓN. La Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria y está integrada por veintitrés (23) magistrados, elegidos por la misma corporación para períodos individuales de ocho años, de listas superiores a cinco 2 De conformidad con lo previsto en el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. “Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: 1. Antes de la audiencia inicial (…) , b) Cuando no haya que practicar pruebas (…).

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 (5) candidatos que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El Presidente elegido por la corporación la representará y tendrá las funciones que le señale la ley y el reglamento. PARÁGRAFO. El período individual de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos con anterioridad al 7 de julio de 1991, comenzará a contarse a partir de esta última fecha. PARÁGRAFO 2o. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia tendrá Magistrados de descongestión en forma transitoria y por un período que no podrá superar el término de ocho (8) años, contados a partir de la fecha de posesión.” (Negrillas fuera de texto original). “ARTÍCULO 53. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y CONSEJEROS. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado proveer las vacantes que se presenten en la respectiva Corporación, de listas superiores a cinco (5) candidatos, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Estos Magistrados no son reelegibles y tomarán posesión ante el Presidente de la República. (…)”. Por otra parte, el artículo 232 de la Constitución Política señala lo siguiente: “Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del

Consejo de Estado se requiere:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.

2. Ser abogado.

3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

4. Haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la magistratura a ejercer.” Parágrafo. Para ser Magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la

carrera judicial.” De las normas transcritas, se tiene que constitucional y legalmente, se establecieron las reglas para la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en tanto advierten que i) serán elegidos por la respectiva Corporación; ii) de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura tras una convocatoria pública reglada de conformidad con la ley. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 6 En cuanto a los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el artículo

232 Superior es claro al señalar los siguientes: ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; abogado; no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos y; haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. No se requiere pertenecer a la carrera judicial. Ahora bien, el Reglamento General de la citada Corporación, establece la forma en que dicha elección y las referidas reformas deben adelantarse: “Acuerdo 006 de 2002. Artículo 5. Quórum. El quórum para deliberar será la mayoría de los miembros de la Corporación. Las decisiones se tomarán por igual mayoría, salvo en los siguientes casos en los cuales se requerirá del voto favorable de las dos terceras partes 2/3 de sus integrantes: elección de presidente y vicepresidente de la Corte, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del fiscal general de la Nación, de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los integrantes de las ternas para los magistrados de la Corte Constitucional, procurador general de la Nación, contralor general de la República y auditor de la Contraloría, las reformas al presente reglamento y los proyectos de ley de iniciativa de la Corte.” En este orden, resulta diáfano que de acuerdo con la referida norma, para la elección de los

magistrados de la Corte Suprema de Justicia se requiere voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. 2.3. Análisis del caso concreto El accionante funda la solicitud de nulidad del acto acusado, en que i) la elección de la demandada, desconoce flagrantemente el principio de publicidad del acto de nombramiento y de confirmación al que se refiere el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 y; ii) los actos administrativos que afecten apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad y registro presupuestal, lo cual constituye un requisito de perfeccionamiento del acto como tal. Frente al argumento conforme al cual el demandante consideró que se desconoció el principio de publicidad del acto de nombramiento y de confirmación al que se refiere el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, debido a la ejecución irregular del acto administrativo Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 7 demandado y en concreto consideró que se transgredió normativa constitucional y legal, esta Delegada del Ministerio Público no comparte la afirmación del actor.

Lo anterior, debido a que se advierte que el acto de nombramiento de la demandada, contenido en el Acuerdo 1680 del 25 de noviembre de 2021, proferido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, fue debidamente publicado en la página web de esa corporación, “el 13 de diciembre de 2021 en el sitio web de esta Corporación –

www.cortesuprema.gov.co-, en el enlace –secretaria general / actos de nombramiento”, de conformidad con la certificación suscrita por la Secretaria General3. En relación con el acto de confirmación, se tiene que frente a este no se surtió el proceso de publicación, toda vez que únicamente tuvo acceso a esa actuación administrativa la designada y no la ciudadanía, según se observa de la referida certificación suscrita por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, en la que se lee: «En la sesión Plenaria celebrada el 23 de septiembre de 2021 intervinieron en el recinto de la Sala Plena de la Corporación, los aspirantes de la citada lista. La Sala Plena, luego de analizar las hojas de vida de los candidatos, en la sesión ordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2021, eligió mediante votación nominal y por unanimidad a la doctora MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ. Dicha determinación se plasmó en el Acuerdo de Sala Plena N° 1680 de 25 de noviembre de 2021, el cual fue notificado a la interesada mediante el oficio PCSJ N° 1411 de esa fecha. Ese acto, a su vez, fue publicado el 13 de diciembre de 2021 en el sitio web de esta Corporación –www.cortesuprema.gov.co-, en el enlace –secretaria general / actos de nombramiento-4. El 26 de noviembre de 2021 la doctora GUZMÁN ÁLVAREZ allegó los documentos necesarios para su confirmación como Magistrada de la Sala de Casación Civil. La Secretaría General, en el marco de sus facultades, se encargó de la recepción y

organización de dicha documentación. A continuación, dio apertura a un expediente para ser asignado, por el sistema de reparto, a uno de los Magistrados integrantes de la Sala Plena, con el fin de verificar los requisitos para el ejercicio del cargo y elaborar la ponencia correspondiente. Para efectos del proceso de confirmación en el cargo de la doctora GUZMÁN ÁLVAREZ, el 29 de noviembre de 2021 se radicó en el Sistema de Gestión de la Corporación el expediente con el radicado 11001023000020210210900. En esa fecha, dicho asunto fue sometido a reparto entre los Magistrados integrantes de la Sala Plena, y fue asignado al doctor LUIS ALONSO RICO PUERTA. El 30 de noviembre de 2021 ingresó el expediente al despacho del señor Magistrado, quien presentó en la Sala Plena de 2 de diciembre siguiente proyecto de confirmación de 3 Certificación CSG – 0674 del 28 de julio de 2022. 4El acto de nombramiento se puede consultar en: https://cortesuprema.gov.co/corte/wpcontent/uploads/secgen/MagistradaCSJFebrero2021. pdf. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 la doctora MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ, como Magistrada de la Sala de

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En dicha Plenaria se sometió el asunto a consideración y votación de los señores

Magistrados, quienes aprobaron la confirmación en el cargo. De ese acto, se dejó constancia el 2 de diciembre de 2021 en el Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada. Por su parte, la doctora GUZMÁN ÁLVAREZ fue enterada de esa decisión a través del oficio OSG N° 5140 de la referida fecha. » (Negrillas y subrayas fuera del texto). No obstante, el Ministerio Público estima que la situación antes descrita no tiene la entidad suficiente para afectar la legalidad del acto complejo de designación (nombramiento y confirmación) de la señora MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en razón a que la ausencia o falta de publicación del acto de confirmación antes citado, no constituye un requisito para la validez de dicho acto complejo, pues el requisito de publicidad resulta necesario solamente para que el aludido acto sea oponible a terceros, específicamente, para determinar el momento desde el cual empieza el cómputo del término de caducidad frente a los actos de nombramiento que requieren confirmación, previsto en el inciso final del literal a), numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, razón por la que el cargo no tiene vocación de prosperidad. En efecto, la notificación, comunicación y publicación de la manifestación de voluntad de la administración, hacen parte del aspecto externo del acto administrativo; esto es, a la eficacia del mismo, con la cual se busca que surta efectos jurídicos ante terceros.

En este sentido, lo que eventualmente puede verse afectado es la eficacia del acto de designación; es decir, su oponibilidad frente a terceros, tal y como de manera reiterada e inequívoca lo ha manifestado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Sobre el particular, en la sentencia C-957 de 1999 la Corte Constitucional expuso que “… En relación con la vigencia de los actos administrativos, el Consejo de Estado considera que la decisión administrativa contenida en el acto de carácter general o particular es válida desde el momento en que se expide (desde que ha sido firmado, aún sin haber sido publicado o notificado, según el caso); sin embargo, su fuerza vinculante comienza desde que se ha producido la publicación o notificación del acto; por lo tanto, la publicación no constituye un requisito de validez del acto administrativo; se trata simplemente de una Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 condición para que pueda ser oponible a los particulares, es decir, de obligatoriedad. En este evento, se está ante un problema de eficacia de la norma, no de validez; es un aspecto extrínseco del acto y posterior al mismo. Adicionalmente, la jurisprudencia contencioso administrativa sostiene que, si el acto administrativo concede un derecho al particular, éste puede reclamarlo de la administración aunque el acto no haya sido publicado. Si por el contrario, el acto impone una obligación, ésta no puede exigirse hasta tanto dicho acto

sea publicado, aunque haya una instrucción en el mismo en sentido contrario…”. Asimismo, el Consejo de Estado5 ha señalado también que la falta de notificación de un acto administrativo bien sea de carácter general o particular, no conlleva a su inexistencia o invalidez sino a su ineficacia o inoponibilidad, además las razones que pueden conducir a la declaratoria de nulidad son las referidas a la realidad jurídica al momento de su nacimiento, y no al trámite de notificación, razones suficientes para determinar que la referida omisión de publicación no tiene la virtualidad de vulnerar la legalidad del acto de nombramiento acusado. En este orden, para el Ministerio Público tampoco son de recibo los planteamientos del demandante en relación con la desviación de poder, por cuanto en el caso sub examine, se encuentra acreditado que el acto de nombramiento existe, fue publicado y el acto de confirmación también fue expedido, pero no fue socializado; hecho del cual no es posible evidenciar que, con ello se haya incidido en el propósito que dio nacimiento y legitimidad al acto de designación acusado. Ahora bien, respecto del argumento que adujo el accionante, en el sentido que el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 preceptúa que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificado y registro de disponibilidad, dentro de los cuales se incluyen las decisiones de designación o nombramiento, siendo requisito de perfeccionamiento del cual careció el acto de designación que se impugna, el Ministerio Público considera que el mencionado argumento no tiene asidero jurídico, como

pasa a explicarse: 5 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 8 de marzo de 2018, Radicación número 25000-23-24000-2005 01532-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 10 En este punto, es importante poner de presente que para la provisión de un empleo cuya creación está consagrada constitucional y legalmente6 de tiempo atrás, el respectivo compromiso presupuestal respectivo ya está adquirido con anticipación en el presupuesto anualizado de caja (PAC)7. Así las cosas, el Ministerio público evidencia que el nombramiento de la demandada corresponde a una de las 23 plazas creadas anticipadamente para la Corte Suprema de Justicia. De hecho, la señora MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ resultó elegida en reemplazo del anterior titular LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA, situación de la cual se observa que dicho cargo pertenece de tiempo atrás a la planta de personal de la Rama Judicial, sin que sea necesaria la previsión de la disponibilidad presupuestal para el mencionado cargo, pues este ya contaba con la apropiación presupuestal correspondiente, en razón a que los recursos para el funcionamiento de la Rama Judicial son aprobados en el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República para el Sector Justicia, con lo cual se garantiza

la disponibilidad presupuestal para los diferentes cargos que hacen parte de aquella. Por otra parte, el Ministerio público evidencia que una vez analizado el acervo probatorio, en particular, los antecedentes administrativos del acto de designación de la demandada, en el presente asunto no ha operado el fenómeno de la caducidad, debido a que no es posible tener certeza de la fecha de publicación del acto de confirmación de la señora GUZMÁN

ÁLVAREZ.

Al respecto, la Sección Quinta, en auto de sala del 8 de junio de 2021 señaló que en relación con la publicación del acto de confirmación y la caducidad del medio de control de nulidad electoral, lo siguiente: “De lo expuesto, se advierte que frente al acto de confirmación no se surtió el proceso de publicación, con el fin de que cualquier persona pudiera tener 6 El artículo 234 Superior indica que la Corte Suprema de Justicia se compondrá de un número impar de magistrados determinados en la ley. En complemento, la Ley 270 de 1996, en el artículo 15, regula que serán 23 funcionarios judiciales, elegidos por la misma corporación para períodos individuales de ocho años, de listas superiores a cinco (5) candidatos que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 7 El PAC es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional para los órganos financiados con recursos de la Nación y el monto máximo de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos (Recursos Propios), con el fin de

cumplir sus compromisos. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 conocimiento de la actuación administrativa y, de esta manera, posibilitar el control de la ciudadanía a través del instrumento idóneo para ello.

Lo anterior, encuentra asidero en el momento desde el cual empieza el cómputo del término de caducidad frente a los actos de nombramiento que requieren confirmación previsto en el inciso final del literal a), numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que, según dicho postulado, el plazo de treinta días para el ejercicio del medio de control “se contará a partir del día siguiente al de la confirmación”. Bajo esa premisa, para que inicie el cómputo del término de caducidad se debe tener en cuenta no solo la expedición del acto de confirmación por parte de la autoridad nominadora, sino que, adicionalmente, debe ser publicado, con el propósito de que, se reitera, se propicie que cualquier ciudadano interesado en la defensa en abstracto del ordenamiento jurídico pueda promover el medio de control de nulidad electoral cuya naturaleza es eminentemente pública. Es importante poner de presente que si bien el inciso final del literal a), numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 no supedita el cómputo del término de caducidad a la publicación del acto de confirmación, es necesario realizar una integración normativa de dicha consagración con el artículo 65 ibidem, en el

sentido de que todos los actos de nombramiento y los de elección distintos a los de voto popular deben publicarse”. En este sentido, ante la falta de certeza de la publicación del acto de confirmación, el juez de la nulidad electoral debe admitir que el término de caducidad del medio de control no tiene aún un extremo temporal inicial para contabilizar el termino de caducidad de 30 días, lo que implica que el cargo nuevo propuesto en la reforma de la demanda debe ser analizado en la respectiva sentencia. En este punto, el demandante aseveró que el acto demandado se ejecutó sin haber sido notificado a la demandada de la decisión de confirmación de su nombramiento y, pese ello, se remitió la documentación del caso a la Presidencia de la República para su posesión. Para el Ministerio Público, este cargo no tiene prosperidad, puesto que resulta claro que a través del oficio OSG No. 5140 del 2 de diciembre de 2021, fue comunicada a la demandada la confirmación de su nombramiento como magistrada de la Corte Suprema de Justicia; por lo tanto, éste tenía carácter ejecutorio al haberse cumplido con el requisitos de notificación o comunicación. Por lo tanto, para esta Agencia del Ministerio