PGN - NULIDAD ELECTORAL - Ministerio público solicita negar pretensiones de nulidad en la

NULIDAD ELECTORAL-Ministerio Público solicita negar pretensiones de nulidad en la elección de Director Administrativo de la Cámara de Representantes Esta Agente del Ministerio Público, al realizar el estudio del material probatorio obrante en el expediente, evidencia que el señor… cuenta con una amplia experiencia en el manejo administrativo de nivel directivo, toda vez que ha ocupado diferentes cargos que le han exigido el conocimiento del área, tales como: Asesor administrativo de la Federación Colombiana de Municipios, Alcalde municipal de GirónSantander, Presidente de la Federación Colombiana de Municipios mientras fungía como Alcalde, y ha sido parte de juntas directivas de diferentes entidades públicas y privadas, por un término superior al del indicado en la norma relacionada Asimismo, se logró probar que el demandado ya había fungido como Director Administrativo de la Cámara de Representantes según certificación expedida el día 28 de junio de 2022 por el jefe de División de personal de la Cámara de Representantes Todo lo expuesto lleva a afirmar que: (i) la interpretación más favorable de lo consignado en el parágrafo transitorio del artículo 12 y el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018, así como de lo señalado en el artículo 136 la Ley 5 de 1992, lleva a considerar ajustada la elección de… como Director Administrativo de la Cámara de Representantes, celebrada el 21 de julio de 2022, según los postulados del inciso cuarto del artículo 126 constitucional, en tanto se acreditó un procedimiento conforme con los principios de publicidad, transparencia y participación ciudadana; y, (ii) el demandado cumple a cabalidad con los requisitos mínimos exigidos por el inciso 3 del parágrafo 1 del artículo 382 de la ley 5 de

1992, en lo atinente al cargo de Director Administrativo de la Cámara de Representantes Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 1 Bogotá D.C., 3 de mayo de 2023 Concepto No. 2023-05-NE-066 Doctor

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado Ponente Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN No.: 11001-03-28-000-2022-00316-00

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL (LEY 1437 DE 2011 C.P.A.C.A, ARTÍCULO 139).

DEMANDANTE: CARLOS ROBERTO MÓJICA CERQUERA.

DEMANDADO: ACTO DE ELECCIÓN DE JOHN ABIUD

RAMÍREZ BARRIENTOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.

TRÁMITE: CONCEPTO DEFINITIVO.

ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: APLICACIÓN LEY 1904

DE 2018 POR ANALOGÍA.

Respetado Magistrado: Dentro del término concedido mediante auto del 30 de marzo de 2023, intervengo como Agente del Ministerio Público para rendir concepto dentro del proceso en que se discute la nulidad del acto de elección de JOHN ABIUD RAMÍREZ BARRIENTOS como Director Administrativo de la Cámara de Representantes, período 2022-2024.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El 22 de junio de 2022, el Presidente de la Comisión de Acreditación Documental

de la Cámara de Representantes, realizó convocatoria pública para elegir al Director Administrativo de la Cámara de Representantes, período 2022-2024, la cual fue objeto de una adenda en la que se consignó una nota aclaratoria sobre el término para responder reclamaciones. 1.1.2. La convocatoria tuvo en cuenta el siguiente cronograma; esto es, las etapas y las fechas de cumplimiento: Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 2 Etapa Fecha Apertura de la convocatoria 22 de junio de 2022 Recepción hojas de vida Del 22 al 30 junio de 2022 Cierre de inscripciones 30 de junio de 2022 Presentación hojas de vidas Requisitos de presentación Cierre de la convocatoria 30 de junio de 2022 Publicación lista de admitidos 7 de julio de 2022 Reclamaciones Del 7 al 8 de julio de 2022 Respuesta a reclamaciones 14 de julio de 2022 Audiencia pública de admitidos 14 de julio de 2022 Audiencia pública de reclamación 14 de julio o el 18 de julio de 2022 Elección 20 de julio de 2022 1.1.3. El 21 de julio de 2022, el ciudadano JOHN ABIUD RAMÍREZ BARRIENTOS fue elegido Director Administrativo de la Cámara de Representantes para el período 2022-2024.

1.1.4. En ejercicio del Medio de Control de Nulidad Electoral, CARLOS ROBERTO MOJICA CERQUERA presentó demanda contra el acto de elección de RAMÍREZ BARRIENTOS como Director Administrativo de la Cámara de Representantes. En el escrito de la demanda, el accionante solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto electoral acusado. 1.1.5. Mediante auto del 3 de noviembre de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó el decreto de medida cautelar, al considerar que, en esa etapa procesal, no se advertía vulneración del ordenamiento jurídico en virtud de la expedición del acto demandado. 1.2. Cargo de la demanda El demandante aduce i) que el acto bajo censura fue expedido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse -art. 137 del CPACAy, ii) que el demandado no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo de Director Administrativo de la Cámara de Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 3 Representantes por ausencia de “idoneidad en el manejo de las áreas administrativas” -art. 275-5 ibídem-. Como sustento de la demanda, señala que el acto demandado infringió el parágrafo transitorio del artículo 12 y el artículo 6 de la Ley 1904 de 20181, al no aplicarse por

analogía lo señalado en esa regulación para elegir al Director Administrativo de la Cámara de Representantes. De manera específica, argumenta que en el proceso de elección del Director Administrativo fueron omitidas algunas de las etapas que prevé el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018, las cuales corresponden a: pruebas, criterios de selección, entrevista y la conformación de la lista de seleccionados. Para el actor, con la omisión de estas etapas fueron vulnerados los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y los criterios de mérito. Asimismo, afirma que la convocatoria: i) se profirió 29 días calendario previos al 20 de julio de 2022, ii) no se designó a una institución de educación superior pública o privada debidamente acreditada para adelantar ciertas etapas y, iii) el mismo día que se publicó la convocatoria, inició la etapa de las inscripciones, lo cual, a juicio del demandante, infringe lo establecido por la Ley 1904 de 2018, por lo tanto, concluye que el acto fue expedido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse. 1.3. Fijación del litigio En la providencia del 30 de marzo de 2023 se fijó el litigio de la siguiente manera: “Se deberá resolver si el acto de elección de John Abiud Ramírez Barrientos como director administrativo de la Cámara de Representantes, período 2022-2024, es nulo por la configuración de las causales de nulidad previstas en los artículos 137infracción de las normas en que debía fundarsey 275.5 del CPACA -«[s]e elijan

candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos […]»-. En ese orden se determinará si a) la elección del director administrativo de la Cámara de Representantes le resulta aplicable la analogía establecida en el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 para elegir a un servidor de una corporación pública; y si b) el demandado cumplió con el requisito relativo a la 1 “Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía”. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 idoneidad en el manejo de áreas administrativas previsto en el artículo 382 de la Ley 5ª de 1992.

El problema jurídico establecido se examinará a partir del concepto de la violación reseñado en la presente providencia, junto con las razones de hecho, de derecho y pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, sin perjuicio de otros asuntos procesales o sustanciales que resulten del debate principal.” 1.4. Traslado para alegar Con providencia de 30 de marzo de 2023, el Magistrado Ponente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 182A, numeral 1, literal c), adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, resolvió: (i) tener como prueba los documentos allegados con la demanda y

la contestación; (ii) fijar el litigio de la controversia jurídica; y, (iii) luego de ejecutoriada la decisión, correr traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, de conformidad con lo previsto en el ordinal 1°, inciso segundo del artículo 182 A y el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011. Razón por la cual, se procede a rendir el concepto correspondiente2.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema Jurídico Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la nulidad del acto de elección de JOHN ABIUD RAMÍREZ BARRIENTOS como Director Administrativo de la Cámara de Representantes. Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) la convocatoria pública y el concurso de méritos y ii) el caso concreto. 2.1.1. Concurso de méritos y la convocatoria pública La Constitución de 1991 elevó a norma constitucional la regla según la cual los empleos en los órganos y entidades del Estado serían de carrera, razón por la que el ingreso y ascenso a 2 De acuerdo con la anotación en el SAMAI No. 62, el traslado para alegar tiene como extremos del 19 de abril al 3 de mayo de 2023. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 5 ella sería mediante el concurso de méritos, previo cumplimiento de los requisitos y calidades exigidos por la ley. En ese orden, se entendió que, salvo los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y otros cargos indicados en la Constitución y la ley, los empleos serían provistos mediante el sistema de carrera administrativa, en donde la regla del mérito sería la determinante para el acceso al respetivo cargo. De esta manera, la carrera se ha entendido como un sistema técnico de administración de personal que tiene en el mérito la fuente para el ingreso, permanencia y ascenso en los cargos públicos, cuya finalidad es garantizar que, en condiciones de igualdad, cualquier persona que tenga los requisitos y calidades para acceder al desempeño de un empleo público, lo pueda lograr sin más condiciones que ser el mejor calificado para ello, después de superar las etapas previstas para el efecto3. Es por ello por lo que el resultado de este concurso público de méritos termina con la conformación de una lista de elegibles, que obliga al nominador a proveer el cargo o cargos vacantes en estricto orden en que aquella fue conformada, pues precisamente su integración es el resultado de las diversas pruebas aplicadas a efectos de determinar cuál o cuáles aspirantes están mejor calificados para desempeñar el cargo ofrecido. Lista que, en términos generales, tiene una vocación de dos años, para que cualquier vacante que se produzca en ese período se pueda proveer con los integrantes de aquella en estricto orden descendente. Por consiguiente, ha de entenderse que el concurso público de méritos, a partir de criterios

objetivos de calificación, busca erradicar la discrecionalidad del nominador a la hora de proveer el empleo de carrera, en tanto no será su voluntad, sino el resultado de aquel, plasmado en una lista de elegibles el que determina a quién le corresponde ocupar la vacante. En donde el nominador solo puede designar al primero que de la lista o a quien le siga en orden estrictamente descendente. 3 Corte Constitucional. Sentencias C-040 de 1995, T-202 de 1998, C-654 de 2011 y C-284 de 2013, entre otras. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 6 La convocatoria pública que fue elevada a norma constitucional en la reforma política de 2015, mediante el Acto Legislativo 02, es otro medio o sistema para proveer aquellos cargos que no son de carrera y que corresponde por disposición constitucional o legal, surtir a las corporaciones públicas. Lo cual es congruente con lo dispuesto en la Ley 1904 de 2018 en el parágrafo transitorio del artículo 12, en el sentido que, “Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía”. Es decir, que las pautas de la Ley 1904 de 2018 se aplican en todas las elecciones que

deban realizar las corporaciones públicas de los distintos servidores públicos sin distinción alguna, salvo que tengan regulación especial. Se deben destacar las etapas del proceso de selección dispuestas en el artículo 6, esto es, que se deben utilizar como imperativas las siguientes fases: la convocatoria, la inscripción, la lista de elegidos, las pruebas, criterios de selección, entrevista, la conformación de la lista de selecciones y la elección. En este sentido, la convocatoria a la que hace referencia el artículo 126 constitucional en correlación con lo dispuesto en la Ley 1904 de 2018, tiene por finalidad garantizar que en la provisión de dichos cargos, todos aquellos que tengan tener las aptitudes para desempeñar el cargo pueden presentarse y someterse a las reglas previamente establecidas para el efecto por el legislador, las cuales pueden dividirse en dos: una objetiva, compuesta por pruebas de conocimiento y evaluación de hojas de vida, es decir, experiencia profesional, formación académica, experiencia docente y publicaciones, las cuales serán objeto de calificación y ponderación, arrojando como resultado la integración de una lista con los resultados según el orden de los factores objeto de evaluación y, una subjetiva, en donde el nominador, es decir, la corporación pública llamada a elegir, debe realizar una entrevista como paso previo para conformar la lista de la persona llamada a ocupar el cargo. Estas convocatorias buscan satisfacer, entre otros, los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y el criterio del mérito, artículo 126 constitucional. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Página 7 Al igual que en el concurso público, se pretende que toda la sociedad, pero en especial aquellas personas que crean tener las aptitudes para desempeñar el cargo de elección, pueden participar de la misma. Es por ello por lo que la convocatoria que impuso el artículo 126 constitucional y, de manera específica, el parágrafo transitorio del artículo 12 en relación con el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018, busca que el procedimiento de selección de diferentes cargos no sea cuestión de unos pocos, razón por la que exige su publicidad, igualmente que, en estas, la equidad de género juegue un papel preponderante y que, pese a la discrecionalidad del ente nominador, se aplique una fase objetiva que garantice que se valore el mérito de quienes se postulan para ser designados en un cargo de esta naturaleza. Es importante resaltar que el Congreso de la República es una corporación pública y, por tanto, está cobijada en sus procesos de selección por la regla de la convocatoria a la que hace referencia al artículo 126 constitucional en relación con el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018. Así las cosas, bajo ese marco constitucional y legal se definirá si están dados los elementos de suficiencia para solicitar que se suspenda el acto demandado. 2.1.2. Análisis del caso concreto 2.1.2.1 Analogía del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de

2018 frente a la elección de Director Administrativo de la Cámara de Representantes. La petición de nulidad del acto demandado se sustenta en la interpretación que realiza el accionante del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018; esto es, que el Congreso de la República, en su calidad de corporación pública, debió aplicarle al proceso de elección del director administrativo de la Cámara de Representantes, las etapas señaladas en el artículo 6 de ese compilado normativo, en relación con lo dispuesto en el artículo 126 constitucional. Consecuente con el problema jurídico planteado, se allegó al proceso (i) la copia de la convocatoria pública del 16 de junio de 2022, suscrita por el presidente de la Comisión de Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 8 Acreditación Documental de la Cámara de Representantes, para elegir, entre otros, al director administrativo de la Cámara de Representantes; (ii) la copia del informe de la Comisión de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes sobre los resultados de la valoración de las hojas de vida allegadas para elegir al director administrativo; y, (iii) la Gaceta 1046 que contiene el Acta No. 01 de la Sesión ordinaria, en la que se llevó a cabo la elección de JOHN ABIUD RAMÍREZ BARRIENTOS como Director Administrativo de la Cámara de Representantes.

Bajo ese marco, se tiene que, en el concepto sobre la solicitud de medida cautelar presentado por el Ministerio Público, se partió del hecho de que no existía ninguna afectación o restricción de aplicabilidad del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 20184, en el entendido que el Congreso de la República, en su calidad de corporación pública, debía aplicar las reglas para la elección de los servidores públicos a su cargo, contenidas en el artículo 6, ibídem, por analogía. Lo cual era congruente con la interpretación reciente de la Sala Electoral del Consejo de Estado5 sobre el particular, en los siguientes términos: “60. Contexto: La Ley 1904 de 2018 establece las reglas de la convocatoria pública que antecede a la designación del contralor general de la República por parte del Congreso en pleno. Se trata de un estatuto adjetivo que desarrolla los mandatos normativos del inciso 4° del artículo 126 constitucional que prescribe que, salvo los concursos regulados por la ley, “la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.” (Negrilla fuera de texto) 4 El parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 fue derogado expresamente en el año 2019 por la Ley 1955, “Por [la] cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, en cuyo artículo 336 se

estableció: “Vigencia y derogaciones. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. (…) Se derogan expresamente el artículo 4o de la Ley 14 de 1983; el artículo 84 de la Ley 100 de 1993; (…) el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018…”. No obstante, el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 fue demandado ante la Corte Constitucional. Se alegó que la derogatoria del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018 vulneraba los principios de consecutividad e identidad flexible, comoquiera que su integración dentro de este no fue discutida en el primer debate surtido conjuntamente por las comisiones económicas de Senado y Cámara. El alto tribunal constitucional dio la razón al accionante, declarando la inexequibilidad parcial del artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, en punto de la derogatoria del parágrafo transitorio de la Ley 1904 de 2018. La sentencia C-133 del 13 de mayo de 2021 señaló en consecuencia: “la Sala Plena señaló que como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión demandada, ha operado la reviviscencia o reincorporación al ordenamiento jurídico del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018.”. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de julio de 2022 dentro del radicado 05001-23-33-000-2021-02010-02. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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61. En cumplimiento de este precepto, y teniendo claro que la elección del contralor general es asignada a una corporación de esa naturaleza, el legislador de 2018, a través de la Ley 1904, prescribió los parámetros a observar para su escogencia. En ese sentido, estableció un procedimiento público, caracterizado por el desarrollo de 8 etapas, a saber: (i) convocatoria; (ii) inscripción; (iii) lista de elegidos; (iv) pruebas;

(v) criterios de selección; (vi) entrevista; (vii) lista definitiva de aspirantes y; (viii) elección6 .

62. Sin embargo, y aunque la regulación se dirige en principio a la designación del contralor general de la República, el parágrafo transitorio del artículo 12 consagró que sus preceptos se aplicarían por analogía a otras elecciones asignadas a las corporaciones públicas, mientras el Congreso expedía la normatividad especial para ellas”.

En efecto, la Sección dejó claro el alcance del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, en el entendido que el artículo 6, ibídem, regula “…la convocatoria que cobija la totalidad de los certámenes en los que las corporaciones disponen de facultad eleccionaria7, hasta tanto no exista ley singular para éstas”8. Bajo esa perspectiva, se señaló que esa valoración fáctica y jurídica, en relación con la

situación bajo análisis y la interpretación que remarca el positivismo normativista, presentaba dos alternativas posibles. La primera en consonancia con lo señalado por los demandantes. El desconocimiento de la corporación pública de los postulados dispuestos en el artículo 6 de la Ley 1904 de 2018 en la elección de JOHN ABIUD RAMÍREZ BARRIENTOS como director administrativo de la Cámara de Representantes el 21 de julio de 2022, por aplicación analógica, según la remisión del parágrafo transitorio del artículo 12 de la misma normativa, en relación con lo dispuesto en el artículo 126 constitucional, según la deducción funcionalista en grado de orden, pues: i). No existe normativa expresa que regule la escogencia del director administrativo de la Cámara de Representantes. Si bien los artículos 136,137,138 y el parágrafo 1 del 382 en relación con los principios comunes de la Ley 5 de 1992 -Reglamento del Congreso-, señalan que “El Director Administrativo de la Corporación, será elegido por la Plenaria de la Cámara de Representantes para un período de dos (2) años previa inscripción de los candidatos ante la comisión de acreditación documental que verificara el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo (...) ”; también es claro que no dispone criterios sobre 6 Artículo 6° de la Ley 1904 de 2018. 7 Ello exceptuando claro está la elección del contralor general de la República. 8 Ibídem. Sentencia del 14 de julio de 2022. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 10 las formas o los juicios formales que se deben materializar para surtir el proceso de selección de ese servidor público, en tratándose de convocatoria o concurso. ii). El Director administrativo de la Cámara de Representantes tiene la condición de servidor público, de manera específica, de empleado público, según lo señalado en el artículo 384 de la Ley 5 de 19929 y su interpretación sistemática con el artículo 123 constitucional, el cual dispone que “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicio”. iii). El Congreso de la República es una corporación pública de ascendencia democrática según el marco constitucional, tal y como lo marca el artículo 134 y siguientes de la Carta Política. iv). Por consiguiente, al no existir regulación expresa sobre la forma, las etapas y los criterios de selección de mérito del director administrativo de la Cámara de Representantes, se debe proceder con lo dispuesto en lo señalado en los artículos 12parágrafo transitorioy 6 de la Ley 1904 de 2018, en consonancia con el 126 constitucional. 9 ARTICULO 384. Principios que regulan. Los servicios administrativos y técnicos del Senado de la República y de la Cámara de Representantes que por medio de esta Ley se establecen, se fundamentan en los siguientes principios: 1. Los funcionarios al servicio de las Corporaciones, se denominan empleados de la Rama Legislativa del Poder Público. 2. Por el origen de su nombramiento, los empleados de la Rama

Legislativa del Poder Público se clasifican de la siguiente manera: a) De elección. Secretarios Generales, Subsecretarios Generales, secretarios generales de las Comisiones Constitucionales y los Coordinadores de las Comisiones legales de ambas Cámaras y el director general del Senado de la República. b) De libre nombramiento y remoción. Director Administrativo de la Cámara de Representantes, Jefes de División y Jefes de Oficina del Senado y la Cámara, Secretarios Privados, Profesionales Universitarios, Secretarias Ejecutivas y Conductores de las Presidencias y Vicepresidencias de ambas Cámaras; la Secretaria Ejecutiva, los Conductores, el Profesional II y el Asistente Administrativo de la Secretaría General de ambas Cámaras; el Profesional Universitario, y el conductor del Director General del Senado; conductores de las Comisiones Constitucionales y Legales de ambas Cámaras; el Asistente de Control de Cuentas de la Cámara, los Coordinadores de las Comisiones de Ética de ambas Cámaras y de Derechos Humanos y Audiencias, y de la Comisión adscrita a organismos Nacionales e Internacionales del Senado. Así mismo, los empleados de la Unidad de trabajo Legislativo de que trata la presente Ley; c) De carrera administrativa. Los demás cargos o empleos no contemplados en los literales anteriores. 3. La función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y, en general, conforme lo establece el artículo 209 de la Constitución Nacional. PARAGRAFO. Mientras se expiden las normas sobre carrera administrativa de la Rama Legislativa, se

aplicarán las normas generales de Carrera Administrativa que rigen para la Rama Ejecutiva del Poder Público en lo que sean compatibles. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12444 -12473 - 12409

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Página 11 El parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, menciona: “Mientras el Congreso de la República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía”. Por su parte, el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política dispone que “Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”. Lo que llevaba a la aplicación del artículo 6 de la Ley 1904 de 2018, cuyo contenido refiere que el proceso para la elección del Contralor General de la República tendrá obligatoriamente las siguientes etapas: la convocatoria; la inscripción; lista de elegidos; pruebas; criterios de selección; entrevista; la conformación de la lista de seleccionados

y elección. Por lo tanto, al no existir regulación expresa sobre la elección del director administrativo de la Cámara de Representantes demandado, se interpretó preliminarmente, que devenía en obligatoria la aplicación de lo dispuesto en la Ley 1904 de 2018, de manera particular y directa, lo señalado en el artículo 6, que trata de las etapas y criterios imperativos para tener en cuenta en la elección de los servidores públicos por parte de las corporaciones públicas. Por cuanto, de lo allegado en materia de pruebas, de manera comparativa, en tratándose de la elección de JOHN ABIUD RAMÍREZ BARRIENTOS como Director Administrativo de la Cámara de Representantes, se daba cuenta de lo siguiente: Etapas surtidas con la convocatoria del Etapas obligatorias del artículo 6 la Ley 16 de junio de 2022 1904 de 2018 Apertura Convocatoria Cierre de inscripciones Inscripción Publicación lista de inscritos Lista de elegidos Entrega de documentos a la Comisión de Pruebas Acreditación Procuraduría Séptima Dele