PGN - NULIDAD ELECTORAL - Ministerio público solicita negar nulidad del acto de elección

NULIDAD ELECTORAL-Ministerio Público solicita negar nulidad del acto de elección de Senador para el periodo 2022-2026 en caso de inhabilidad por gestión y celebración de contratos La demanda de nulidad del acto de elección de…, como Senador de la República, para el periodo 2022-2026, debe ser negada, toda vez que: i) no concurren los factores necesarios para la configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 2° del artículo 179 Superior; ii) no se probó la celebración o gestión de contratos llevada a cabo por el demandado; y, iii) No existe ninguna prueba que soporte o fundamente la configuración de doble militancia INHABILIDAD POR EJERCICIO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVAConfiguración del numeral 2 del artículo 179 Superior requiere la concurrencia de los factores objetivo, subjetivo, temporal y espacial INHABILIDAD POR GESTIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS-No se demostró celebración de contrato con la Gobernación de Santander durante los 6 meses previos a la fecha de elección del senador Teniendo como marco el acervo probatorio presente en el expediente, no se pudo probar que el demandado hubiera firmado contrato alguno con la Gobernación de Santander en el período inhabilitante; esto es, durante los 6 meses anteriores a la fecha de elección, por lo que en criterio de esta Delegada, el cargo endilgado no tiene vocación de prosperidad, pues no se evidencia ninguna irregularidad que conlleve a la anulación del acto de elección PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA-No reposa en el expediente elementos

para la configuración del numeral 8°del artículo 275 del C.P.A.C.A Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

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Bogotá D.C., 8 de mayo de 2023 Concepto No. 202305NE – 071 Doctor

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado Ponente Sección Quinta

E. S. D.

EXPEDIENTE: 11001-03-28-000-2022-00288-00 (acumulado)

DEMANDANTE: FLORALBA ALEJANDRINA PADRÓN

PARDO Y WILTON MOLINA SIADO

DEMANDADO: JOSÉ ALFREDO MARÍN LOZANOSENADOR DE LA REPÚBLICA, PERÍODO 2022-2026.

ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: INHABILIDAD POR

HABER EJERCIDO AUTORIDAD. INHABILIDAD POR

GESTIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS. DOBLE

MILITANCIA.

Respetado Magistrado: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esta Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El día 13 de marzo de 2022, se celebraron las elecciones para Congreso de la República, período 2022-2026. 1.1.2. Mediante formulario E-26 del 19 de julio de 2022 y la Resolución E-3332 de la

misma fecha, se declaró la elección de JOSÉ ALFREDO MARÍN LOZANO, como Senador de la República para el período 2022-2026, por el Partido Conservador Colombiano. 1.1.3. En ejercicio del Medio de Control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del C.P.A.C.A, los señores FLORALBA ALEJANDRINA PADRÓN PARDO Y WILTON MOLINA SIADO, presentaron demandas en las que solicitaron la nulidad del acto de elección de JOSÉ ALFREDO MARÍN LOZANO, como Senador de la República para el período 2022-2026. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 2 1.1.4. El 16 de enero de 2023, se decretó la acumulación de los procesos 1100103-28000-2022-00288-00 (principal) y 11001-03-28-000-2022-00274-00 (acumulado). En vista que ambos procesos eran del mismo Magistrado Ponente, no fue necesario el sorteo, como lo dispone el artículo 282 del CPACA. 1.2. Cargos de las demandas 1.2.1. Expediente 202200288-001

Cargo único: Ejercicio de autoridad La demandante indicó que la elección de JOSÉ ALFREDO MARÍN LOZANO, como Senador de la República para el período 2022-2026, desconoció el ordinal 2 del artículo

179 de la Constitución Política, por lo que se configuró la causal de anulación del ordinal 5 del artículo 275 del CPACA, por lo siguiente: a) El demandado no podía ser elegido Senador de la República por estar inhabilitado para el cargo por cuanto ejerció autoridad administrativa y civil dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección, como lo prohíbe el artículo 179.2 constitucional. Según su criterio, no hay duda de que MARÍN LOZANO tenía la calidad de empleado público, como se desprende de la Resolución 1530 de 24 de febrero de 2020, en tanto ostentaba el cargo de libre nombramiento y remoción como asesor del despacho del Gobernador de Santander. b) El ejercicio de la autoridad administrativa se desprende de la delegación que le hizo el Gobernador, MAURICIO AGUILAR HURTADO, al señor JOSÉ ALFREDO MARÍN LOZANO, para asistir como su Delegado ante la Corporación de la Meseta de Bucaramanga C.D.M.B, conforme con el parágrafo del artículo 13 de la Resolución 1890 de 25 de septiembre de 2006, que define la integración del órgano principal de la CDMB y de la Asamblea Corporativa de esta. c) La jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que la autoridad administrativa es «aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional, 1 Demandante Floralba Alejandrina Padrón Pardo. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a tener esa importancia». d) El demandado ejerció autoridad civil y administrativa como delegado del Gobernador ante la CDMB, por lo siguiente: - Actuaba como presidente del órgano principal de dirección de la CDMB, la Asamblea Corporativa. Este órgano designa al revisor fiscal, aprueba la gestión de la administración, aprueba las cuentas de resultado de cada período anual; adopta los estatutos y fija los honorarios de los miembros del consejo directivo que no tienen la calidad de servidores

públicos por la asistencia a las sesiones del Acuerdo de la Asamblea Corporativa No. 7 del 27 de febrero de 2006) - Convoca a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Corporativa (artículo 17 del Acuerdo de la asamblea corporativa No. 7 del 27 de febrero de 2006) - Nombraba comisiones transitorias para el estudio de asuntos que correspondían a la Asamblea Corporativa. - Era el presidente del Consejo Directivo de la CDMB. En la dirección del Consejo Directivo puede verse cómo participó en la evaluación de la ejecución de las obras de la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), y solicita un recaudo de la sobretasa ambiental de la AMB, como puede verse en el acta No. 386.

• Elegía a los Integrantes del Consejo Directivo de la CDMB. - Elegía al director general de la CDMB. - Aprobaba el plan de acción de la CDMB, como puede verse en el acta No. 383 contenida en el anexo 6. - Aprobaba el presupuesto de la CDMB. e) El accionado actuó en representación del Gobernador como asesor adscrito al despacho.

Además, ostentó la calidad de delegado de aquel en los 12 meses anteriores a la elección del Senado de la República, lo que desequilibró la contienda electoral a su favor. En efecto, por tratarse de un empleado público, que a su vez gozaba de la confianza del Gobernador, obtuvo ventaja sobre los demás candidatos. A su vez, ejerció autoridad administrativa en la jurisdicción de varios municipios del Departamento de Santander en el cual obtuvo un gran porcentaje de su votación. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 f) El demandado también ejerció autoridad civil en la Asamblea Corporativa y en el Consejo Directivo de la CDMB elegía a los representantes del sector privado, a los de entidades sin ánimo de lucro y al de las comunidades indígenas o étnicas que tendrían asiento en el consejo directivo, conforme la definición que trae el artículo 188 de la Ley 136 de 1994. g) El elemento temporal está probado porque al demandado se le delegaron dichas

funciones durante todo el año 2021, incluso hasta el 28 de septiembre de 2022, como consta en el documento firmado por el secretario general de la CDMB que se aportó como prueba con la demanda. h) El factor territorial está acreditado pues coincide la circunscripción nacional en donde fue elegido el demandado como senador y el departamento de Santander en el que era empleado público y ejerció autoridad administrativa y civil. 1.2.2. Expediente 2022-00274-002 El demandante indicó que los artículos 107 y 179.3 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 se desconocieron por el respectivo acto de elección. De acuerdo con lo anterior, formuló los siguientes cargos: Cargo primero: doble militancia Afirmó que el demandado incurrió en esta prohibición toda vez que, como candidato del partido Conservador y también con posterioridad a su elección, apoyó e hizo proselitismo político en favor de otros candidatos que no eran de su colectividad. Sostuvo que los hechos constitutivos de doble militancia fueron puestos en conocimiento de la dirección del partido Conservador, que a la fecha no se ha pronunciado al respecto «ya que se sabe cómo se manejan las cosas en los partidos políticos y a quien favorecen, dado 2 Demandante Wilton Molina Siado. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 que sus decisiones no son jurídicas sino políticas», como consta en el auto de investigación

disciplinaria de dicha colectividad, con radicado 0014-2022 A su juicio, el demandado incurrió en la prohibición de doble militancia del artículo 107 de la Constitución Política y el artículo 224 de la Ley 1475 de 2011, lo que configuró la causal de anulación electoral establecida en el numeral 8 del artículo 275 del CPACA; es decir que «el candidato incurra en doble militancia política».

Cargo segundo: gestión y celebración de contratos Para el accionante, el demandado incurrió en la inhabilidad del numeral 3 del artículo 179 constitucional. Como sustento afirmó que el demandado por ser contratista tuvo que haber gestionado y celebrado los contratos respectivos dentro del término inhabilitante, lo que es un hecho notorio, pues aquel fue asesor del gobernador de Santander, en los años 2021 y

2022. Indicó que dichos negocios jurídicos se obtienen en la página del SECOP. 1.3. Fijación del litigio y traslado para alegar de conclusión.

A través del Magistrado Sustanciador, el Consejo de Estado, en proveído del 28 de febrero de 2023, fijó el litigio, indicando que aquel se circunscribiría a “resolver si las presuntas irregularidades planteadas con las demandas tienen la virtualidad de desvirtuar la presunción de legalidad del acto de elección de José Alfredo Marín Lozano como senador de la República -E26 SEN del 19 de julio de 2022 y la Resolución E-3332 del CNE de la misma fecha-. Específicamente, deberá determinarse si: i) El demandado como delegado del gobernador del departamento de Santander ante la

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga ejerció autoridad civil y administrativa81 y, por lo tanto, si se estructura la inhabilidad del artículo 179.2 constitucional. ii) El demandado celebró y gestionó contratos dentro del término de inhabilidad establecido en el artículo 179.3 de la Constitución Política. iii) Finalmente, si el demandado incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, de acuerdo con los artículos 107 constitucional y 2 de la Ley 1475 de 2011.” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 6 Asimismo, en el mencionado proveído, se determinó que en el respectivo proceso, era posible dictar sentencia anticipada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 182A, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 20213, como quiera que en el proceso no se había efectuado la audiencia inicial de que trata el artículo 283, en concordancia con el artículo 180 ídem de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021 y, además, los medios de convicción en los que se sustentará el fallo que profiera la Sección Quinta del Consejo de Estado, son de naturaleza documental. Además, se ordenó correr traslado para alegar de conclusión. Por lo expuesto, esta Delegada procede a rendir el concepto correspondiente.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado, determinar si es procedente la nulidad del acto de elección de JOSÉ ALFREDO MARÍN LOZANO, como Senador de la República para el período 2022-2026, por presuntamente violar lo dispuesto en los numerales 5 y 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) la inhabilidad por haber ejercido autoridad; ii) la inhabilidad por gestión y celebración de contratos; iii) la doble militancia; y, iv) luego se analizará el caso concreto. 2.2. Exigencias para la configuración de la inhabilidad del numeral 2 del artículo 179 constitucional. 3 “ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial: (…) b) Cuando no haya que practicar pruebas; (…) d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia. Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de

este código y la sentencia se expedirá por escrito.” (…)” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 7 El Artículo 179 Superior, determina quiénes no pueden ser congresistas, así: “1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.

3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.

4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista.

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.

6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de

cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha.

7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.

8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia a alguno de ellos no elimina la inhabilidad.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Lo dispuesto en el numeral 8 del presente artículo no se aplicará a quienes hubiesen renunciado con anterioridad a la vigencia del presente Acto Legislativo. Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en estas disposiciones. Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5.” De acuerdo con lo anterior, se encuentra que el numeral 2 del artículo en comento, contiene como primera prohibición, aquella consistente en que no podrán ser Congresistas, quienes i) ostentando la calidad de empleados públicos, ii) hayan ejercido jurisdicción, autoridad política, civil, administrativa o militar, iii) dentro del límite temporal establecido por el ordenamiento jurídico -12 meses antes de la elección-; y, iv) que las circunstancias o condiciones inhabilitantes tengan lugar en la circunscripción territorial de la respectiva elección. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Página 8 Sobre el particular, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una línea jurisprudencial consolidada, en el sentido que deben concurrir todos los elementos considerados para que prospere dicha inhabilidad4. Esto se traduce en que la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución Política, contiene varios elementos: • Temporal: 12 meses anteriores a la elección. • Subjetivo: Empleado Público. • Objetivo: Ejercicio de jurisdicción o autoridad (política, civil, administrativa o militar). • Espacial: El ejercicio de jurisdicción o autoridad en el respectivo municipio o distrito. En ese sentido, cada criterio obedece a unos elementos esenciales5. A saber: Factor temporal. Las normas disponen que la condición de empleado público, acompañado por el ejercicio de la jurisdicción, autoridad civil, política, administrativa o militar, debe ejercerse durante los doce meses anteriores a la fecha de la elección. Tiene un extremo temporal final: el día de la celebración de los respectivos comicios, para contabilizar el término inhabilitante hacía atrás, hasta completar los doce meses, que constituiría el extremo temporal inicial del factor prohibicionista. Factor subjetivo. El artículo 123 de la Carta Política de 1991 estableció la categoría genérica que denominó servidores públicos, los cuales se pueden discriminar en tres categorías: a) empleados públicos, b) miembros de corporaciones públicas y c) trabajadores

oficiales. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-0002018-00018-00. Sentencia de 25 de octubre de 2018. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2014-0002100. Sentencia de 15 de abril de 2015. M.P. Susana Buitrago Valencia; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00628-00. Sentencia de 16 de mayo de 2019. M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00029-00. Sentencia de 24 de noviembre de 2018. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Citadas en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00091-00. Sentencia de 30 de mayo de 2019. M.P. Rocío Aráujo Oñate. 5 Sobre el particular, se puede ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-00091-00. Sentencia de 30 de mayo de 2019. M.P. Rocío Aráujo Oñate.

Accionante: Jorge Lara Bonilla y otros. Demandado: Horacio José Serpa Moncada.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 9 a). Empleado público. Los artículos 122 y 123 constitucionales, enuncian ciertos requisitos con los que debe contar este tipo de vinculación: i) las funciones se encuentren detalladas en la ley o reglamento, ii) tengan remuneración, iii) hagan parte de la respectiva planta de personal de la entidad, iv) sus emolumentos se encuentren previstos en el presupuesto correspondiente y, v) su vinculación se efectúe por un acto de nombramiento.

En el mismo sentido, el inciso 3° del artículo 1º. de la Ley 909 de 2004, definió las clases de empleos públicos: “De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos: a) Empleos públicos de carrera; b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; c) Empleos de período fijo; d) Empleos temporales”. Se tiene entonces, que el empleado público es aquel que está vinculado a la administración mediante una relación legal y reglamentaria, nombrado en los respectivos empleos que han sido creados por la Ley, de conformidad con la nomenclatura, clasificación, funciones, requisitos y grado salarial. b). Trabajadores oficiales. Según lo expuesto por el Consejo de Estado6, son aquellos que se encuentran vinculados mediante contrato de trabajo, cuyas condiciones en cuanto a modo, lugar, tiempo de duración, remuneración, entre otros aspectos, son establecidas a

través de un acuerdo de voluntades entre la entidad y el trabajador y complementadas con lo previsto en los respectivos reglamentos internos de trabajo, pactos o convenciones colectivas y lo señalado en la ley. c). Miembro de Corporaciones Públicas. Según la jurisprudencia de lo contencioso administrativo, la categoría de miembro de corporaciones públicas7, hace referencia a un servidor público que forma parte de un cuerpo colegiado, el cual en algunos casos puede ser de elección popular, tal y como el Congreso de la República, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales o Juntas Administradoras Locales. 6 Ibídem. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, proceso No. 08001-23-31-0002008-00965-01, sentencia de 10 de julio de 2009, M.P. Mauricio Torres Cuervo. Citada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-0009100. Sentencia de 30 de mayo de 2019. M.P. Rocío Aráujo Oñate. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 10 Factor Objetivo. Se refiere al ejercicio de jurisdicción, autoridad civil o política, administrativa o militar. Esto es, el complemento directo como acción o actividad del sujeto calificado. a). Actividad de jurisdicción. La labor del servidor público de administrar justicia, sea como juez, magistrado, fiscal, labor en la justicia penal militar, las labores de la comisión

de acusación del Senado de la República, así como, lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que tiene que ver con “El ejercicio de la Función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares”; esto es, los involucrados en los métodos alternativos de solución de conflictos, como arbitramento, conciliación y amigable composición. b). Actividad de autoridad civil. El artículo el artículo 188 la Ley 136 de 1996 establece sobre el particular: “…se entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:

1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.

2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por delegación.

3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones”.

Es antagónica a la actividad militar y, según la Sección Segunda del Consejo de Estado, implica que: “La autoridad civil confiada a un servidor público por razón de sus funciones consiste en la potestad de mando, de imposición, de dirección que se ejerce sobre la generalidad de las personas. Su expresión puede ser diversa y puede consistir en competencias reglamentarias, o de designación y remoción de los empleados, o en potestades correccionales o disciplinarias o de imposición de sanciones distintas, o de control que comporte poder de decisión sobre los actos o sobre las personas

controladas. Por lo tanto, la determinación en cada caso concreto de si un servidor público ejerce o no autoridad civil, debe partir del análisis del contenido funcional que tenga su cargo y así se podrá establecer el tipo de poderes que ejerce y las sujeciones a las cuales quedan sometidos los particulares. Si dichas potestades revisten una naturaleza tal que su ejercicio permita tener influencia en el electorado, Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 las mismas configuran la ‘autoridad civil’ que reclama la Constitución para la estructuración de la causal de inhabilidad de que se trata”8. c). El ejercicio de autoridad administrativa. Se trata de aquellos poderes decisorios de mando o imposición de sanciones que ostentan quienes se encuentran en cargos de administración nacional, departamental, municipal o de los órganos electorales y de control con capacidad para “hacer que la administración funcione, también ejerciendo mando y dirección sobre los órganos del aparato administrativo, nombrando y removiendo sus agentes, celebrando contratos, supervigilando la prestación de servicios, castigando infracciones al reglamento, etc. Todo eso y más, es la autoridad administrativa.”9

Lo que distingue a la autoridad administrativa, es que se ejerce cuando se tiene potestad contractual por ciertos servidores públicos que tenga a su cargo el manejo del erario público. d). Ejercicio de autoridad política. La Sección Quinta del Consejo de Estado la ha definido

como la capacidad para “presentar proyectos de Ley y sancionarlas, manejar las relaciones con los otros poderes y con otros Estados, gestionar, trazar y apalancar el rumbo de la Nación”10. No se requiere la verificación efectiva de que el servidor público haya hecho uso de algunas de las atribuciones que le otorga la ley, sino que basta con que aquel tenga la virtualidad o potencialidad de desarrollarlas, para afirmar que ejerció autoridad. “La autoridad se ejerce por el mero hecho de detentarla11. 8 Consejo de EstadoSala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de julio de 2015. C.P. Gerardo Arenas Monsalve Rad. 11001-03-15-000-2014-02130-00(PI). Citada en la sentencia del Sentencia de 30 de mayo de 2019. M.P. Rocío Araujo Oñate, en la cual se determinó con mayor claridad que “…la autoridad civil es aquella que reviste a un determinado servidor público de funciones, tendientes a ejercer poderes coercitivos sobre sus dependientes y los ciudadanos en general, los cuales se traducen en ciertas atribuciones para expedir reglamentos, designar o remover empleados, como también disciplinar a los mismos a través de la potestad sancionatoria otorgadas por la ley. Por contera, la autoridad militar, es aquella ejercida por medio de las armas y la fuerza pública. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de junio 9 de 1.998. Exp. AC–

5779. M.P Germán Rodríguez Villamizar. 10 Ibídem. 11 En este sentido se ha pronunciado la Sección Quinta del Consejo de estado, entre otras, en las siguientes

providencias: Consejo de Estado Sección Quinta, sentencia de Julio 14 de 2005. C.P. Reinaldo Chavarro Buritica Rad. 170012331000200301538-01 (3681); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de junio de 2009 C.P. María Nohemí Hernández Pinzón Rad. 68001-23-15-000-2007-0067702; Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia de 17 de febrero de 2005 María Nohemí Hernández Pinzón Rad. 27001-2331-000-2003-00764-02(3441); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de mayo de 2013 C.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. 17001-23-31-000-2011-00637-01 (Acumulado) y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de octubre de 2013, CP. Alberto Yepes Barreiro Rad. 19001-33-31-006-2011-0044201. Citadas en la sentencia del Sentencia de 30 de mayo de 2019. M.P. Rocío Aráujo Oñate. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 12 Factor espacial. Se requiere que el empleado público, acompañado por el ejercicio de la jurisdicción, autoridad civil, política, administrativa o militar, haya ejercido cualquiera de ellas, durante los doce meses anteriores a la fecha de la elección dentro de la

circunscripción en la que se inscribió la candidatura. Respecto de la regulación de inhabilidades, que no son otra cosa distinta a una limitación al ejercicio de los derechos políticos, la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia del 8 de febrero de 2011, determinó lo siguiente: “Las inhabilidades e incompatibilidades, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal. La tipificaci