PGN - NULIDAD ELECTORAL - Por violación del debido proceso

ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD-Contra resolución del Consejo Nacional Electoral que declara elección de unos representantes a la Cámara ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD-Prevalencia del derecho sustancial sobre las formas Pues bien, en atención al principio constitucional de primacía del derecho sustancial sobre el procesal, y de conformidad con los derroteros jurisprudenciales pretranscritos, trazados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no obstante el carácter rogado de la jurisdicción contencioso administrativa, nada impide que en esta oportunidad el juez contencioso interprete la demanda en un sentido útil y eficaz, en orden a permitir el acceso a la administración de justicia, para resolver de fondo el asunto puesto a consideración de la jurisdicción. ACCIÓN ELECTORAL-Para ejercerla ante la jurisdicción contra el acto de elección debe someterse a examen de la autoridad administrativa NULIDAD ELECTORAL-La actuación como jurados de votación de personas no designadas como tales no convierte, por sí mismo, en falsos los escrutinios De acuerdo con las directrices jurisprudenciales pretranscritas y dado que no se señaló quienes fueron los jurados suplantados y cuales fueron las personas suplantadoras, la pretensión de nulidad que se funda en el hecho descrito no está llamada a prosperar, puesto que, como se vio, la actuación como jurados de votación de personas no designadas como tales por las autoridades electorales no convierte, por sí misma, en falsas o apócrifas las actas de escrutinio de las mesas en las que hubieran intervenido en

esa condición. Se requiere que los resultados electorales sean simulados, supuestos, fabulados o que provengan de instrumentos alterados o mutilados y que tales elementos falsos o apócrifos tengan la importancia cuantitativa suficiente para cambiar el resultado electoral. DERECHO A ELEGIR-Se preserva frente a la actuación de los jurados de votación La salvaguarda del derecho constitucional fundamental de elegir y ser elegido, así como la observancia del principio legal de la eficacia del voto, obligan a aplicar las normas jurídicas electorales de manera que no se afecte la validez de los votos legítimamente depositados, por lo que es claro que carece de todo fundamento jurídico la exclusión de mesas de votación en las que hubiera actuado como jurado una persona sin nombramiento, cuando se haya evidenciado que en ellas actuaron dos (2) o más jurados de votación legalmente designados y las actas de escrutinio se hallan suscritas por ellos. NULIDAD ELECTORAL-Por escrutinio apócrifo o falso

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especial para proceder a resolver sobre la solicitud de abstención de declaratoria de la elección, función conferida al Consejo Nacional Electoral por medio del Acto Legislativo 1 de 2009, que reformó el artículo 265 de la Carta Constitucional, como sí lo había para resolver sobre el trámite administrativo de revocatoria de la inscripción, función conferida al mismo organismo mediante la reforma constitucional señalada, tal procedimiento fue adoptado mediante la Resolución No. 093 de 2010 del CNE. No existe violación al debido proceso, cuando la máxima autoridad electoral, previendo que no había procedimiento especial para resolver las solicitudes de abstención de declaratoria de una elección, aplica para resolverlas, el procedimiento previamente establecido para resolver solicitudes de revocatorias de inscripción (artículo 8 y 48 de la ley 153 de 1988). NULIDAD ELECTORAL-Diferencia entre revocatoria de inscripción y abstención de declaratoria de elección Por lo anterior, y en atención a que la revocatoria de la inscripción, así como la solicitud de abstención de declarar la elección, se fundamentan en el mismo objetivo, no se observa vicio alguno en el hecho que al no existir procedimiento especial para uno de esos trámites, se ordene realizarlo mediante el procedimiento establecido para el otro, pues a falta de procedimiento especial, se debe remitir a los procedimientos generales consagrados para el efecto (se repite, artículos 8 y 48 de la Ley 153 de 1887). INHABILIDAD DE CONGRESISTA-Por sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos

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H. Consejera Ponente (e)

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: 5

Proceso número: 1100103280002010 00048 00

Radicado interno número: 2010-00048 (acumulados 2010-0044 y 20100047) Actor: Tarquino Pacheco Camargo y otros Asunto: Nulidad de la Resolución No. 1547 del 7 de julio de 2010, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por la cual se declaró la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento del Atlántico, para el periodo 2010 - 2014.

Respetada señora Consejera: De la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión, ordenado mediante providencia del 20 de septiembre de 2011.

1Antecedentes 1.1La demanda presentada por el ciudadano Tarquino Pacheco Camargo El ciudadano Tarquinio Pacheco Camargo, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad de la Resolución No. 1547 del 7 de julio de 2010, por medio de la cual, el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de los Representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Departamento del Atlántico, periodo 2010-2014.

1.1.1 Hechos de la demanda Como supuesto fáctico de la pretensión refiere lo siguiente: Señala el actor que el día 14 de marzo de 2010, se desarrolló en todo el territorio nacional, las elecciones para Cámara de Representantes por las distintas circunscripciones Departamentales.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Manifiesta el apoderado del demandante que su representado, señor Tarquino Pacheco Camargo, se presentó como candidato a la Cámara de Representantes por el partido cambio radical, por el Departamento del Atlántico, para el periodo 2010-2014, obteniendo un resultado electoral de 31.639 votos, de acuerdo al acta de escrutinios E-24 visible a folio 79 del expediente. Indica el actor que mediante el acto administrativo demandado, se declaró, entre otros, la elección del señor Eduardo Alfonso Jaime Cervantes Varelo, por el partido cambio radical, como Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico. Así mismo señala que se hicieron las respectivas reclamaciones de mesas que fueron objeto de fraude electoral, las cuales fueron rechazadas, tanto por las comisiones escrutadoras Departamentales, como por el Consejo Nacional Electoral; por lo que se agotó el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2009. Manifiesta la parte actora que en el municipio de Soledad Atlántico, para

reemplazar jurados se expidieron dos resoluciones adicionales, la 5 y 6 de 2010, sin soporte legal de las excusas de los jurados principales nombrados mediante resolución 1 de 2010. En las resoluciones se reemplazan más de 700 jurados sin que existan excusas válidas y legales para conformar mesas heterogéneas, violándose los artículos 101, 105 y 108 del Código Electoral, adicionando que el día de las elecciones, en el citado municipio, fungieron más de 350 jurados ilegales, los cuales actuaron y votaron sin autorización de autoridad electoral, por lo que dichos actos administrativos se encuentran expedidos en forma irregular, con desviación de poder y falsa motivación. Indica que los jurados ilegales se apropian de las mesas para incurrir en conductas delictuosas, operando de esta manera la suplantación de electores, colocando huellas suplantadas, introduciendo tarjetas electorales en las urnas, en fin, son toda una red de fraude electoral, generando altas votaciones hacia determinado sector que no corresponden a la verdad electoral. Igualmente el día de sorteo de los jurados de votación, no se sortearon jurados para 42 mesas en el municipio de Soledad. 1.1.2 Normas violadas y explicación del concepto de violación Señaló como normas conculcadas las siguientes: Los artículos 84, 223 - 2 y 227 del C.C.A.; parágrafo del artículo 8 y numeral 4 del artículo 12 del Acto Legislativo No. 01 de 2009; artículos 4 y 5 de la Resolución NO. 0552 de 2010 del Consejo Nacional Electoral; artículo 5 de la Ley 163 de

1994; artículos 41 numeral 13, 101, 105, 108 y 114 del Código Electoral. Señala que una de las obligaciones de las comisiones escrutadoras es confrontar los formularios E-14 y los E-11 con las resoluciones de nombramiento de jurados de votación y E-2, para verificar e identificar en forma sencilla las suplantaciones

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co de jurados de votación; de esta forma se contrarrestaría el fraude electoral, que es la finalidad u objetivo buscados por el acto legislativo 1 de 2009, para que en una contienda electoral se declaren electos a quienes tengan verdadero respaldo popular. Tampoco se puede dejar pasar por alto y ser indiferente el abuso del ejercicio indiscriminado de la facultad de nombrar reemplazos de los jurados de votación, sin ninguna clase de control legal, hecho que viola el principio de imparcialidad electoral y la prohibición de heterogeneidad de mesas del artículo 101 del Código Electoral. La intervención en las mesas de votación de jurados sin nombramiento puede dar lugar a la anulación de los registros de los votos depositados en las respectivas mesas, en los eventos en que efectivamente se establezca que dichos jurados actuaron como usurpadores. 1.1.3 Admisión de la demanda Por auto del 12 de agosto de 2010 se admitió la demanda y se ordenaron las notificaciones de rigor. 1.1.4 Contestación de la demanda

1.1.4.1 Por el ciudadano Jaime Cervantes Varelo El ciudadano de la referencia, quien fue elegido Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico, a través de apoderado judicial, contestó la demanda para oponerse a las pretensiones, toda vez que no es posible aceptar bajo ningún fundamento jurídico que los jurados designados para el municipio de Soledad en las elecciones del 14 de marzo de 2010, debían pertenecer exclusivamente a la circunscripción electoral del mismo, pues la circunscripción departamental exige la residencia de los ciudadanos habilitados para participar en la elección de Representantes a la Cámara en cualquier municipio del Departamento. Sin embargo, en la eventualidad de un supuesto acto irregular aislado e identificado de suplantación y/o jurados de facto dentro del proceso, no resulta jurídicamente posible aceptar que estos, puedan afectar ostensiblemente los registros electorales definitivos y bajo estas conjeturas solicitar la exclusión de las mesas que se relacionaron en la demanda. 1.1.5 Tercero Interviniente El ciudadano José Eugenio Sandoval, concurrió oportunamente al proceso, solicitando se nieguen las pretensiones de la demanda, proponiendo la excepción de ineptitud de la demanda por cuanto no se especifica la causal invocada para solicitar la nulidad y el demandante no agotó el requisito de procedibilidad consagrado en el parágrafo del artículo 237 de la Constitución Política respecto de todos los demandados.

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 1.2 La demanda presentada por el ciudadano Enrique Chapman Baca El ciudadano Enrique Chapman Baca, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad de la Resolución No. 1547 del 7 de julio de 2010, por medio de la cual, el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de los Representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Departamento del Atlántico, periodo 2010-2014. 1.2.1 Hechos de la demanda Como supuesto fáctico de la pretensión refiere lo siguiente: Señala el actor que el día 14 de marzo de 2010, se realizaron elecciones para Congreso de la República para el periodo 2010-2014, a la cual se inscribió el demandante como candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico, en la lista del Partido Liberal. Manifiesta que para efectos de su candidatura, el demandante acreditó ante el partido liberal colombiano y ante las autoridades electorales todos y cada uno de los requisitos para su aspiración, sin que en ningún momento fuere impugnada su inscripción ante el partido liberal, ni ante el Consejo Nacional Electoral. Advierte que en lo relativo de la elección de la Cámara de Representantes por el Departamento de Atlántico, el partido liberal obtuvo una curul, siendo el demandante quien obtuvo la mayor votación con 28.227 votos, seguido de la señora María Victoria Vargas Vives con 18.884 votos. Asevera que ya concluida la jornada electoral, el Director Nacional del Partido Liberal le solicitó al Consejo Nacional Electoral, se abstuviera de expedir

credencial como miembro del Congreso de la República al actor, hasta que se aclarara su situación jurídica, solicitud hecha también por la candidata María Victoria Vargas por violación al régimen de inhabilidades. Indica el actor que luego del trámite pertinente, el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución No. 1351 de 2010, se abstuvo de declarar la elección del señor Enrique Chapman como Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico y, en su lugar, declaró la elección y entregó la credencial al candidato en número de votos que siguiera dentro de la lista del partido liberal, esto es a la señora María Eugenia Vargas Vives, ante la cual se interpuso recurso de reposición, el cual fue negado mediante resolución No. 1384 del mismo año. 1.2.2 Normas violadas y explicación del concepto de violación Señaló como normas conculcadas las siguientes: Los artículos 4, 13, 29, 40, 263 A (sic) de la Constitución Política; artículos 4 y 12 del Acto Legislativo No. 01 de 2009; artículos 1, 2, 3, 84, 223 numerales 2, 4 y 5, y

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 227; artículos 1, 2, 7, 184 del Código Electoral; resoluciones Nos. 0093 y 552 de 2010 del CNE. Señala que toda la actuación surtida por el CNE que concluyó con la expedición

de las Resoluciones 1351, 1384 y 1547 de 2010, vulneró el debido proceso constitucional, pues se realizaron sin procedimiento reglado previo, bajo la liberalidad, subjetividad, y discrecionalidad tanto del consejero ponente, como de la Sala Plena del CNE, quienes arbitrariamente reconocieron no haber determinado con suficiente antelación las reglas bajo las cuales se daría aplicación a la facultad Constitucional que les otorgó el Acto Legislativo 1 de 2009. Indica que siendo el Consejo Nacional Electoral la máxima autoridad electoral, además de ser quien instituye como órgano rector de la organización electoral, en cumplimiento de sus deberes no le está permitido obrar de manera arbitraria o discrecional para vulnerar derechos fundamentales o garantías electorales que se ofrecen no solo a los ciudadanos que ejercen su derecho a elegir, sino a los que además quieren ser elegidos. En la decisión de abstenerse de declarar la elección del demandante, de ninguno de los documentos allegados al proceso se puede predicar la existencia de plena prueba sobre la existencia de condena penal en contra del señor Enrique Chapman por parte de la justicia norteamericana, pues nunca se aportó el documento que diere certeza sobre la ejecutoria de la referida sentencia y, mucho menos, con documento idóneo que dicha persona correspondiere al demandante. 1.2.3 Admisión de la demanda Por auto del 07 de octubre de 2010 se admitió la demanda y se ordenaron las notificaciones de rigor. 1.2.4 Contestación de la demanda 1.2.4.1 Por la ciudadana Victoria Eugenia Vargas Vives

La ciudadana de la referencia, quien fue elegida Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico, a través de apoderado judicial, contestó la demanda para oponerse a las pretensiones, toda vez que el Consejo Nacional Electoral mediante la resolución No. 1351 de 2010 y mediante auto del 17 de junio de 2010, adoptó el procedimiento contenido en la resolución No. 0093 del mismo año (contentiva del procedimiento para la revocatoria de inscripción de candidatos), para adelantar el procedimiento administrativo tendiente a la abstención de declaratoria de la elección del señor Enrique Chapman. Esta decisión de ninguna manera viola el debido proceso, ni el derecho de defensa del afectado, pues justamente en el auto que se avocó conocimiento de la solicitud de no declaratoria de inscripción, se le indicó que se iba a tramitar mediante el procedimiento establecido en la resolución No. 0093 ya referida.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Así mismo propuso la excepción de inepta demanda por omitir los requisitos exigidos en los artículos 229 y 137 numeral 4 del Código Contencioso Administrativo. 1.3 La demanda presentada por el ciudadano Elverth Santos Romero El ciudadano Elverth Santos Romero, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad de la Resolución No. 1547 del 7 de julio de 2010, por medio de la cual, el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de los Representantes a la Cámara por la

circunscripción electoral del Departamento del Atlántico, periodo 2010-2014. 1.3.1 Hechos de la demanda Como supuesto fáctico de la pretensión refiere lo siguiente: Señala el actor que el día 14 de marzo de 2010, se desarrolló en todo el territorio nacional, las elecciones para Cámara de Representantes por las distintas circunscripciones Departamentales. Manifiesta el apoderado del demandante que su representado, señor Elverth Santos Romero, se presentó como candidato a la Cámara de Representantes por el partido social de unidad nacional, por el Departamento del Atlántico, para el periodo 2010-2014, obteniendo un resultado electoral de 28.512 votos, de acuerdo al acta de escrutinios E-24 visible a folio 221 del expediente. Indica el actor que mediante el acto administrativo demandado, se declaró, entre otros, la elección del señor Eduardo Alfonso Crissien Borrero, por el partido social de unidad nacional, como Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico. Así mismo señala que se hicieron las respectivas reclamaciones de mesas que fueron objeto de fraude electoral, las cuales fueron rechazadas, tanto por las comisiones escrutadoras Departamentales, como por el Consejo Nacional Electoral, por lo que se agotó con el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2009. 1.3.2 Normas violadas y explicación del concepto de violación Señaló como normas conculcadas las siguientes: Los artículos 84, 223 - 2 y 227 del C.C.A.; parágrafo del artículo 8 y numeral 4 del

artículo 12 del Acto Legislativo No. 01 de 2009; artículos 4 y 5 de la Resolución No. 0552 de 2010 del Consejo Nacional Electoral; artículos 41 numeral 13, 101, 105, 108, 114, 144, 192 numeral 7 del Código Electoral. Señala que una de las obligaciones de las comisiones escrutadoras es confrontar los formularios E-14 y los E-11 con las resoluciones de nombramiento de jurados

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co de votación y E-2, para verificar e identificar en forma sencilla las suplantaciones de jurados de votación. De esta forma se contrarrestaría el fraude electoral, que es la finalidad u objetivo buscados por el acto legislativo 1 de 2009, para que en una contienda electoral se declaren electos a quienes tengan verdadero respaldo popular. Tampoco se puede dejar pasar por alto y ser indiferente al abuso del ejercicio indiscriminado de la facultad de nombrar reemplazos de los jurados de votación, sin ninguna clase de control legal, hecho que viola el principio de imparcialidad electoral y la prohibición de heterogeneidad de mesas del artículo 101 del Código Electoral. La intervención en las mesas de votación de jurados sin nombramiento pueden dar lugar a la anulación de los registros de los votos depositados en las respectivas mesas, en los eventos en que efectivamente se establezca que dichos jurados actuaron como usurpadores.

1.3.3 Admisión de la demanda Por auto del 24 de septiembre de 2010 se admitió la demanda y se ordenaron las notificaciones de rigor. 1.3.4 Contestación de la demanda Las contestaciones de la demanda, no se tuvieron en cuenta por extemporáneas, tampoco se aceptó la intervención del señor José Eugenio Sandoval por extemporánea. 1.4 Alegatos de conclusión 1.4.1 Del apoderado judicial de la elegida Representante a la Cámara doctora Victoria Eugenia Vargas Vives Se reiteran los planteamientos de la contestación de la demanda, solicitando la negación de las pretensiones de ella, toda vez que Enrique Chapman había sido condenada por la justicia de los Estados Unidos de América por el delito de narcotráfico, de esta circunstancia existió plena prueba dentro del proceso administrativo, que para tal fin adelantó el Consejo Nacional Electoral. 1.4.2 Del tercero interviniente, señor José Eugenio Sandoval El referido ciudadano, se ratificó en los argumentos expuestos en la intervención hecha en el término de traslado de la demanda. 1.4.3 Del demandado Eduardo Alfonso Crissien Borrero Por intermedio de apoderado judicial solicita no se acceda a las pretensiones de la demanda, toda vez que con las pruebas recaudadas no se logró probar como

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ciertos los cargos formulados en las demandas acumuladas, pues del dictamen pericial efectuado por el Instituto de Medicina Legal, se puede apreciar que 20 de las impresiones dactilares cotejadas, tan solo dos no corresponden al documento de identificación, resultado que es inocuo frente a los resultados finales de votación. 1.4.4. Del demandante Enrique Chapman Baca El apoderado del demandante, quien resulta ser el apoderado del demandado enunciado en el numeral anterior, solicita se acceda a las pretensiones de la demanda, reiterando los fundamentos de la demanda, y además señalando que la inhabilidad que se predica de su cliente se configura por condena dictada con ocasión de la comisión de delitos de narcotráfico en Colombia o en el exterior, siendo necesario destacar que en la norma se determina el ámbito de territorialidad donde pudo cometerse el delito de narcotráfico, mas no puede entenderse que la inhabilidad se materializa por condenas dictadas en Colombia o en el exterior, lo que viene a ser una diferencia absolutamente sustancial y que ha de ser tenida en cuenta a lo largo del debate. Refuta la interpretación hecha por el Consejo Nacional Electoral, puesto que la previsión constitucional no iba encaminada a insertar automáticamente a nuestro régimen jurídico interno, las condenas dictadas en el exterior, como erradamente lo entendió esa corporación, sino a estipular que toda condena por narcotráfico dictada en nuestro sistema judicial interno, indistintamente de que los hechos tuvieren desarrollo dentro o fuera de nuestro país, genera inhabilidad para desempeñarse como servidor público o contratista del Estado. 1.4.5 Del demandado Jaime Cervantes Varelo

A través de apoderado judicial solicita se denieguen las pretensiones de la demanda por los mismos argumentos expuestos en la contestación de la demanda y además señalando que no está demostrada la existencia de suplantación de jurados, tampoco se demostró que los E-14, hayan sido firmados por jurados suplantadores. Advierte que la jurisprudencia del Consejo de Estado señala que no existe sustento legal que permita invalidar los registros electorales por la actuación de jurados usurpadores, y que la salvaguarda del derecho fundamental a elegir y ser elegido, así como la observancia del principio legal de la eficacia del voto obligan a aplicar las normas electorales de manera que no afecten la validez de los votos legítimamente depositados, lo que hace claro la carencia de fundamento jurídico de la exclusión de las mesas de votación en las que hubiera actuado como jurado de votación una persona sin nombramiento, cuando se haya evidenciado que en ellas actuaron dos o mas jurados de votación legalmente designados y las actas se escrutinios se hallaren firmadas por ellos, puesto que constituye un interés jurídico superior, impedir que se conculque el derecho constitucional a elegir y ser elegido.

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la nulidad del acto demandado por las razones expresadas en la demanda; además, porque se encuentra demostrado conforme lo certificó la Registraduría que faltan los formularios E-17 de algunas mesas, hechos que constituyen prueba idónea para excluir los votos de dichas mesas.

2. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO De manera previa al estudio de fondo del asunto, se abordaran las excepciones propuestas por parte de los terceros intervinientes y del apoderado judicial de la demandada Victoria Eugenia Vargas Vives. 2.1. Excepción del tercero interviniente señor José Eugenio Sandoval El señalado ciudadano, interviene en el debate para oponerse a las pretensiones de la demanda y propone la excepción que denominó «Inepta demanda» por las siguientes razones: 2.1.1. La demanda no especifica cual es la causal invocada Señala que para el caso que nos ocupa, se está frente a una demanda de acción electoral que no cumple con un requisito de fondo, pues no se ciñe al ordenamiento previsto en la ley y del cual no se puede concebir la aplicación optativa o discrecional, sino de obligatorio cumplimiento. Por ello, como el demandante omitió calificar la causal o causales en las que se fundamenta su demanda se debe proferir un fallo inhibitorio, al no tener el fallador un elemento de fondo aplicable de conformidad con el artículo 223 del Código Contencioso

Administrativo. Señala el artículo 137, numeral 4 del Código Contencioso Administrativo: «ARTICULO 137. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda ante la

jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: (…) 4. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.» La Corte Constitucional, en sentencia C-197 de 1999, al declarar la constitucionalidad condicionada del anterior numeral señaló: «- Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución». Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado, respecto del contenido de la demanda de nulidad electoral y, específicamente, en lo que respecta al deber de indicar las normas violadas y explicar el concepto de violación, siguiendo la jurisprudencia constitucional antes citada, en sentencia del 27 de octubre de 2005,

dentro del expediente No. 41001-23-31-000-2003-01292-01 (3678) con ponencia del doctor Reinaldo Chavarro Buritica, sostuvo: «No puede, sin embargo, deducirse de los mismos criterios que en todos los casos en que el demandante señale erradamente la norma violada y el concepto de la violación el carácter rogado de la jurisdicción le impone al juez contencioso administrativo el deber de decidir con base en esa parte de la demanda, porque es posible que la deje de lado y decida conforme a la que resulta aplicable al caso cuando, merced a la interpretación de la demanda, encuentre que puede inferirla razonablemente de su contenido y también en los casos en que no se citó norma violada alguna, pero se debe examinar un cargo de violación para proteger derechos constitucionales fundamentales de aplicación inmediata que de otro modo serían violados, o aplicar la excepción de inconstitucionalidad, tal como lo ha determinado la jurisprudencia constitucional. 1 La facultad y el deber de los jueces de interpretar las demandas ha sido justificado como un medio para hace