PGN - NULIDAD ELECTORAL - Procuraduría solicita negar nulidad del acto de elección de rect

NULIDAD ELECTORAL-Procuraduría solicita negar nulidad del acto de elección de Rector de la Universidad de la Amazonia al no advertirse vulneración del ordenamiento jurídico CAUSALES DE NULIDAD ELECTORAL-Presupuestos para la configuración por desconocimiento de las normas en las que debía fundarse el acto CONFLICTO DE INTERÉSES-Cargo ejercido como secretario del consejo superior no tenía la capacidad de influir en selección del Rector Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

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Bogotá D.C., 9 de mayo de 2023 Concepto No. 2023-05-NE-072 Doctor

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Magistrado Sustanciador Consejo de Estado - Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN N°: 11001-03-28-000-2022-00339-00

ASUNTO: Nulidad Electoral, artículos 11, 12 y 137 de la Ley 1437 de 2011.

DEMANDANTE: OSCAR VILLANUEVA ROJAS DEMANDADO: ACTO DE ELECCIÓN DE FABIO BURITICÁ BERMEORECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA PARA EL PERÍODO

2023-2025

ASUNTO DE INTERÉS: Recusaciones al interior de colegiados y conflicto de intereses Respetado Magistrado: Dentro del término concedido mediante auto de 20 de abril de 2023, intervengo como agente del ministerio público en el trámite del proceso de la referencia, en el que se discute

la legalidad del acto de elección del Rector de la Universidad de la Amazonía para el período 2023-2025.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El 19 de agosto de 2022 el Consejo Superior Universitario de la Universidad de la Amazonía expidió el Acuerdo “Por medio del cual se establece el calendario para el desarrollo del proceso de designación de Rector de la Universidad de la Amazonía para el periodo estatutario 2023-2025”, el cual fue modificado el 9 de septiembre de 2022 por el Acuerdo 54 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo Superior No. 45 de 2022 “Por el cual se establece el calendario para el desarrollo del proceso de designación de Rector de la Universidad de la Amazonia para el periodo estatutario 2023 – 2025”. El calendario fue

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Página 2 Fecha Actuación 9 de septiembre de 2022 Publicación del calendario en la página web institucional 2 de octubre de 2022 Publicación por una sola vez del calendario en un diario de circulación regional y nacional. 3 de octubre de 2022 Inscripciones en la Secretaría General de la Universidad de la Amazonia o a través del correo electrónico sgelecciones@uniamazonia.edu.co 11 de octubre de 2022 Verificación de los requisitos de los aspirantes inscritos, en reunión extraordinaria por parte del

Consejo Superior Universitario. 18 de octubre de 2022 Publicación de los aspirantes admitidos al proceso. Del 19 al 21 de octubre de 2022 Presentación de reclamaciones. 24 de octubre de 2022 Reunión extraordinaria del Consejo Superior Universitario para resolver reclamaciones. 25 de octubre de 2022 Notificación de respuestas frente a las reclamaciones presentadas por parte del Consejo Superior Universitario y publicación de la lista definitiva de aspirantes a Rector. 26 de octubre de 2022 Presentación y sustentación del programa de trabajo académico y gestión administrativa propuesto por los aspirantes que conforman la lista definitiva ante la comunidad universitaria. 28 de octubre de 2022 Presentación y sustentación ante el Consejo Superior del programa de trabajo académico y de gestión administrativa propuesto por los aspirantes que conforman la lista definitiva y designación del Rector para el periodo 2023 – 2025. 1.1.2. El 10 de octubre de 2022, el secretario general de la Universidad de la Amazonía y del Consejo Superior del ente universitario, procedió con el acta de cierre de inscripciones y la determinación del listado de los aspirantes inscritos a Rector. 1.1.3. El 11 de octubre de 2022, el Consejo Superior de la Universidad, mediante la secretaría, dispuso relacionar la lista de admitidos y de inadmitidos para el cargo de Rector, período 2023-2025. 1.1.4. El 24 de octubre de 2022, el Consejo Superior, a través de secretaría, en reunión extraordinaria, procedió a analizar las reclamaciones radicadas y decidió publicar la lista

definitiva de aspirantes admitidos, así: 1. JOSÉ ANTONIO MARÍN PEÑA; 2. EDWIN

ALBERTO MILLÁN ROJAS; 3. FERNANDO CRUZ ARTUNDUAGA; 4.

YOLANDA CUÉLLAR MEDINA; 5. FABIO BURITICÁ BERMEO (Rector 2020 – 2022 y candidato a Rector 2023 - 2025); 6. ANDRÉS FELIPE LASSO PENNA; 7.

HUBER BUSTOS HURTADO; 8. OSCAR VILLANUEVA ROJAS (accionante); y 9.

GUSTAVO ADOLFO CELIS PARRA.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 3 1.1.5. El 27 de octubre de 2022, el candidato a Rector OSCAR VILLANUEVA ROJAS, en una reunión con la viceministra de educación, intervino para recusar al secretario general del Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia, WILLIAM DAVID GRIMALDO SARMIENTO, bajo el argumento central que, era: “…un funcionario de libre nombramiento y libre remoción que depende directamente del Rector, de conformidad con lo establecido por el literal h) del artículo 32 del Acuerdo 062 de 202233 , señalando para tal efecto que, la incidencia e interés directo de dicho servidor dentro del citado proceso de designación de Rector, se reflejó desde

el momento de la verificación de las hojas de vida de los aspirantes inscritos, entre las cuales se encontró el currículum vitae de su superior jerárquico, el señor FABIO BURITICÁ BERMEO, quien durante el citado proceso democrático universitario, concurrió en calidad de Rector en el periodo estatutario 2020 - 2022 y candidato a Rector para el periodo estatutario 2023 – 202534 , sin perjuicio de que el Secretario en cuestión, por disposición estatutaria, fuera además el encargado de la proyección y sustanciación de las actuaciones administrativas35 , tanto de trámite como definitivas, tal como ocurrió durante todo el pluricitado proceso de designación de Rector”. No obstante, la viceministra dejó sentado que la sustentación del recurso debía presentarse ante el órgano competente. 1.1.6. El 28 de octubre de 2022, se realizó la sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia, en la que se desarrolló la jornada de “Presentación y sustentación ante el Consejo Superior del programa de trabajo académico y de gestión administrativa propuesto por los aspirantes que conforman la lista definitiva y designación del Rector para el periodo 2023 – 2025”. 1.1.7. El 28 de octubre de 2022, a las 8: 44 am, los candidatos a Rector JOSE ANTONIO MARIN PEÑA, OSCAR VILLANUEVA ROJAS, EDWIN ALBERTO MILLÁN ROJAS, FERNANDO CRUZ ARTUNDUAGA, YOLANDA CUÉLLAR MEDINA y GUSTAVO ADOLFO CELIS PARRA, presentaron un escrito de recusación contra

WILLIAM DAVID GRIMALDO SARMIENTO, Secretario General de la Universidad de la Amazonia y del Consejo Superior Universitario, dando cuenta de un eventual conflicto de intereses, derivado de la relación de subordinación y dependencia directa y su superioridad jerárquica de FABIO BURITICÁ BERMEO, Rector de la Universidad de la Amazonia (2020 – 2022) y, además, candidato a Rector para el período 2023 – 2025. 1.1.8. El 28 de octubre de 2022, el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia, mediante comunicado de publicación electrónica, informó a la comunidad universitaria que, Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 4 fue designado FABIO BURITICÁ BERMEO como Rector de la Universidad de la Amazonia para el periodo estatutario 2023 – 2025, según el Acuerdo Superior No. 74 del 28 de octubre de 2022 “Por el cual se designa al Rector de la Universidad de la Amazonia para el periodo estatutario 20232025”, proyectado y suscrito por WILLIAM DAVID GRIMALDO SARMIENTO, en calidad de secretario general. 1.1.9. El 1 de noviembre de 2022, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de la Amazonia declaró infundada la recusación incoada contra WILLIAM DAVID GRIMALDO SARMIENTO. 1.1.10. El 13 de noviembre de 2022, el ciudadano OSCAR VILLANUEVA ROJAS

presentó demanda con solicitud de suspensión provisional del acto por medio del cual se declaró electo a FABIO BURITICÁ BERMEO como Rector de la Universidad de la Amazonia para el período estatutario 2023 – 2025. 1.1.11. El 16 de febrero de 2023 se procedió con la admisión de la demanda y se negó la suspensión provisional del acto demandado1, mediante el cual se eligió al Rector de la Universidad de la Amazonia para el período 2023 – 2025. 1.2. Cargos de la demanda El accionante solicitó la nulidad del acto por medio del cual se declaró electo a FABIO BURITICÁ BERMEO como Rector de la Universidad de la Amazonia para el período estatutario 2023 – 2025, bajo tres argumentos: i) infracción a las normas en las que debía fundarse el acto; ii) expedición irregular; y, iii) desconocimiento del derecho de defensa. 1.2.1. Infracción a las normas en las que debía fundarse El demandante argumenta que, se incurrió en: 1 M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 5 (i) Infracción al deber de declaración de impedimento consagrado en las causales No. 12, 153 y 164 establecidas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, las que se refieren a la violación al deber de manifestación o declaración de impedimento por parte del Secretario

General y del Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia, al incurrir en un conflicto de intereses particulares y directos, derivados de la relación de dependencia, subordinación, referencia, recomendación o señalamiento, por parte de su superior jerárquico; esto es, el Rector FABIO BURITICÁ BERMEO, dentro de la perentoriedad del marco temporal y jurídico de las actuaciones administrativas contempladas en el Acuerdo No. 45 de 2022 modificado por el Acuerdo 54 del 09 de septiembre de 2022 “Por medio del cual se establece el calendario para el desarrollo del proceso de designación de Rector de la Universidad de la Amazonia para el periodo estatutario 2023 – 2025”, en concordancia con las demás normas legales y estatutarias aplicables. (ii) Violación al numeral 265 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 en concordancia con la transgresión del numeral 86 del artículo 39 de la misma Ley, disposiciones que se refieren a los deberes y prohibiciones de todo servidor público que, en materia disciplinaria consagra el citado estatuto cuya infracción se invoca, afectando de esta forma el desarrollo de la función pública y sus postulados dogmáticos sobre los cuales se debe edificar el proceder recto y probo en el ejercicio de sus funciones por parte de los servidores públicos en cuestión, al interior de la Universidad de la Amazonia. 1.2.2. Expedición irregular Alega el accionante que, sumado a la infracción al trámite que consagra el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, se incurrió en un defecto orgánico, teniendo en cuenta que el Consejo

Superior Universitario decidió avocar conocimiento y tramitar la recusación formulada, extralimitando sus funciones y competencias específicas, como quiera que el servidor 2 1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. 3 15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin. 4 16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición. 5 26. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio. 6 8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 6 legítimamente competente para conocer del trámite de recusación era el Rector de la institución. 1.2.3. Derecho de defensa Considera el recurrente que, el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia al momento de expedir el Acuerdo Superior No. 74 del 28 de octubre de 2022, por el cual resultó designado FABIO BURITICÁ BERMEO como Rector de la citada Institución de Educación Superior, no se permitió dentro del mismo la posibilidad de interponer el recurso de reposición del que tratan los artículos décimo noveno7 y vigésimo8 del Acuerdo No. 16 del 24 de mayo de 2019, por lo que se advierte una posible violación al debido proceso, toda vez que, “dentro del citado recurso, se hubiesen podido relacionar y sustentar, los cargos y censuras de nulidad con los que se edifica la presente acción pública de naturaleza electoral”. 1.3. Fijación del litigio Mediante providencia del 20 de abril de 2023, el despacho del magistrado ponente fijó el litigio en los siguientes términos: “En este caso debe determinarse si hay lugar o no a declarar la nulidad de la elección del señor Fabio Buriticá Bermeo, como rector de la Universidad de la Amazonía para el periodo 20232025 para lo cual debe determinarse si el acto acusado, esto es, el Acuerdo 074 del 28 de octubre de 2022, desconoció el régimen de impedimentos y recusaciones dado que el señor William David Grimaldo Sarmiento secretario general: (i) no se declaró impedido para actuar en el trámite administrativo que dio lugar a la

elección, pese a su condición de subordinado del rector electo, y (ii) la recusación presentada en su contra no se tramitó conforme con la ley. 7 RECURSOS CONTRA LOS ACTOS EXPEDIDOS POR EL CONSEJO SUPERIOR. Contra los actos administrativos de carácter general, los de trámite, los comunicados y las comunicaciones no procederá recurso alguno. Contra los actos administrativos particulares sólo procederá el recurso de reposición, y con éste se agotará la vía gubernativa. Cuando el Consejo Superior Universitario actuare como segunda instancia, contra sus actos no procederá ningún recurso. 8 TRÁMITE DEL RECURSO DE REPOSICIÓN. El recurso de reposición se presentará ante el Secretario del Consejo Superior Universitario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del Acto del Consejo. Una vez presentado el recurso, la Secretaría dejará constancia de la fecha y hora de su presentación y lo remitirá a la oficina jurídica para su concepto. El proyecto será presentado por el jefe de la oficina jurídica en la siguiente sesión del Consejo, para su deliberación y votación. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 7 Para tal efecto, se estudiará en concreto: - Si se incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse por omisión al deber de manifestación o declaración de impedimento prevista en el artículo 11 del CPACA, específicamente, las causales 1, 15 y 16. También si se presentó una

violación de los numerales 26 y 8 de los artículos 38 y 39 y 44 de la Ley 1952 de 2019 y del artículo 44 del Acuerdo 062 de 2022. - Si se configuró una expedición irregular del acto acusado por parte del consejo superior de la universidad por no tener en cuenta el trámite de impedimentos y recusaciones previsto en el artículo 12 del CPACA y si con ello actuó por fuera de sus funciones y competencias. - Y, por último, si se desconoció el derecho de defensa del demandante por cuanto el trámite pasó por alto los artículos 19 y 20 del Acuerdo 18 del 24 de mayo de 2019 que consagran la posibilidad de presentar recurso de reposición contra el acto demandado”. 1.4. Traslado para alegar de conclusión Con providencia de 20 de abril de 2023, el magistrado ponente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 182A, numeral 1, literales a) y d), adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, resolvió: (i) tener como prueba los documentos allegados con las demandas, traslados y las contestaciones; (ii) fijar el litigio de la controversia jurídica; y, (iii) luego de ejecutoriada la decisión, correr traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011. Razón por la cual, se procede a rendir el concepto correspondiente9.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA

DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico

Corresponde determinar si es procedente declarar la nulidad del acto de elección de FABIO BURITICÁ BERMEO como Rector de la Universidad de la Amazonia para el periodo estatutario 2023 – 2025, por haber sido expedido, presuntamente, con vulneración de disposiciones normativas y de manera irregular. 9 En la anotación 40 del SAMAI se fijó la constancia de traslado para alegar y/o conceptuar entre el 27 de abril de 2023 y el 11 de mayo de 2023. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 8 Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre i) la autonomía universitaria; ii) el trámite de recusaciones al interior de los consejos superiores universitarios y, iii) luego, analizará los fundamentos de la nulidad deprecada en el presente caso. 2.1.1. La autonomía universitaria y sus límites El artículo 69 de la Constitución Política establece que la autonomía universitaria se debe garantizar y que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, e inclusive, que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Para el efecto, la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, tuvo en cuenta el criterio del artículo 69 constitucional, al establecer

en el artículo 28 que se “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. La Corte Constitucional en la sentencia C337 de 199610, retomando y reiterando lo consignado en la Ley 30 de 1992, señaló que la autonomía universitaria se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior. En ese ejercicio, las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales. 10 M.P. Hernando Herrera Vergara Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 9 En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, como principio fundante, en donde todos los poderes, órganos e instituciones están supeditados a los principios, valores y derechos fundamentales, hace que la garantía de la autonomía universitaria tenga unos límites. La Corte Constitucional, en sentencia T187 de 199311, relacionó esos límites, así: “Los límites al ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional: pues el conjunto de disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, en las garantías que establece y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Posición que se mantiene vigente, en el entendido que la autonomía universitaria empieza por la construcción de los reglamentos y/o estatutos de carácter obligatorio12, al ser estos, las regulaciones que determinan todos los componentes del ámbito universitario -la naturaleza jurídica, el funcionamiento y el régimen para la prestación de servicios públicos, entre otroslos cuales, sin embargo, deben respetar el marco constitucional y legal. “[e]l ejercicio de la autonomía universitaria se debe dar en el marco de la racionalidad, la justicia y el respeto por los mandatos de la ley y la Constitución. La estructura de derechos y obligaciones mutuas, en torno a la educación superior, podría irse abajo si por extralimitación o abuso de su autonomía, la universidad

irrumpiera ilegítimamente en los predios del interés común, atentara contra los derechos de los estudiantes o vulnerara los intereses de la propia comunidad académica” (T-585 de 199913). En ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-1010 de 201014 estableció dos subreglas sobre el régimen de la autonomía universitaria, así: i) los entes universitarios pueden regirse por sus propias normas, dentro de los marcos constitucionales y legales, y ii) tales normas deben ser respetadas por la comunidad universitaria, por cuanto, la autonomía universitaria se materializa, entre otros, en la capacidad de definir estatutos o reglamentos, los cuales deben ser respetados y atendidos por toda la comunidad educativa, compuesta por alumnos y directivas de la institución. 11 M.P. Alejandro Martínez Caballero 12 Ver sentencia T-1010 de 2010. 13M.P. Hernando Herrera Vergara 14 M.P. María Victoria Calle Correa Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 10 Estas directrices fueron detalladas por la Corte Constitucional en la sentencia C137 de 201815, en el entendido que la autonomía universitaria implicaba dos libertades: la de i) auto-organización “darse sus directivas” y la de ii) auto-regulación “regirse por sus propios estatutos” y, por el otro, que no podía existir un total distanciamiento entre las

universidades y el Estado, pues, según lo afirmado por el propio Tribunal constitucional, “esta libertad de acción no debe entenderse como una autorización que propicie una universidad aislada de la sociedad o emancipada completamente del Estado”16, ya que encuentra limitaciones derivadas de la propia Constitución. Exponiendo, entre esas limitaciones, las siguientes: “(i) la facultad reconocida al Estado para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación (Art. 67 de la C. P.), (ii) la competencia atribuida al legislador para expedir las disposiciones generales con arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos (Art. 69 de la C. P.), (iii) la facultad de configuración legislativa para expedir las leyes que regirán la prestación efectiva de los servicios públicos (Art. 150-23 de la C. P.) y (iv) el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales (Título II, Capítulo II de la Constitución)” (C-168 de 200817) De donde se sistematiza entonces, en referencia a los límites de la autonomía universitaria, que i) “encuentra su límite tanto en el orden constitucional, como en el legal”18 y ii) “esta capacidad de autodeterminación está limitada por la Constitución, el respeto a los derechos fundamentales de la comunidad universitaria y, en especial, de los estudiantes y la legislación”19. De ese contexto normativo y de interpretación constitucional, traídos a colación, se destaca lo siguiente: i). La autonomía universitaria es una garantía institucional que tiene una definición legal y encuentra su mayor desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

15 M.P. Alejandro Martínez Cantillo 16 Ver sentencia C-491 de 2016. 17 M.P. Humberto Sierra Porto 18 Ver sentencia C-829 de 2002. 19 Ver sentencia T-097 de 2016. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 11 ii). La autonomía universitaria implica dos ámbitos esenciales para su materialización: e de i) auto-organización “darse sus directivas” y el de ii) auto-regulación “regirse por sus propios estatutos”. iii). El alcance la autonomía universitaria implica que las universidades tienen derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales de cara a cumplir con los derechos de toda la comunidad académica y administrativa. iv). Los estatutos y/o reglamento de las universidades se convierten en la primera expresión genuina y auténtica de la autonomía universitaria, por lo que resultan de obligatorio cumplimiento, tanto para las directivas como para el estudiantado, y todo el sector administrativo, en general.

v). La autonomía universitaria no se constituye en un criterio absoluto de libertad de la universidad, como ente autónomo, frente a las políticas y definición del Estado. Sus límites están en el orden constitucional y legal –libertad de configuración del Legisladory, en especial, en los derechos fundamentales. 2.1.2. Del trámite de los impedimentos y recusaciones En cuanto al trámite de impedimentos y recusaciones de los miembros de los Consejos Superiores de las universidades públicas, se debe aplicar el artículo 1220 del CPACA. 20 Artículo 12. Trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las autoridades territoriales. La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del expediente. Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior. La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la

presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos para que Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409-12444

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Página 12 Para el Ministerio Público, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Quinta21, no cabe duda de la aplicación a las universidades públicas del artículo 12 del CPACA22, sobre el trámite de las recusaciones contra los miembros de los Consejos Superiores Universitarios, dado que carecen de superior jerárquico, como ocurre con los integrantes de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. En ese orden, debe darse aplicación a las siguientes reglas que rigen la materia23:  Ante la falta de norma expresa para el trámite de las recusaciones en las corporaciones autónomas regionales, se aplica lo dispuesto en la primera parte del CPACA por mandato del artículo 2.  Si uno de los miembros de un consejo directivo de una de estas entidades, está impedido o es recusado, se debe dar aplicación a la regla establecida en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.  La actuación se suspende desde la manifestación de impedimento o desde la presentación de la recusación hasta cuando se decida. Es decir, la actuación no puede continuar, hasta tanto se hayan definido de fondo las alegaciones relacionadas con posibles causales de impedimento o recusación. En este orden de ideas, corresponde analizar los cargos en q