PGN - NULIDAD - En materia disciplinaria es el último remedio procesal para subsanar un vi

FALLO DISCIPLINARIO-Nulidad del emitido en primera instancia por la Oficina de Control Disciplinario Interno del DAS NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-De los actos administrativos y ordenar al DAS cancele los sueldos, prestaciones sociales, causados y dejados de percibir CARGOS FORMULADOS-Establecer si los aludidos actos administrativos demandados se ajustan a la legalidad frente al ordenamiento jurídico y a la actuación procesal disciplinaria. NULIDAD-En el ordenamiento disciplinario, lo comprende el artículo 143 de la Ley 734 de 2002/NULIDAD-Causales/ NULIDAD-En materia disciplinaria es el último remedio procesal para subsanar un vicio Considera este despacho que es pertinente señalar que el ámbito que regula la declaratoria de nulidad en el ordenamiento disciplinario, lo comprende el artículo 143 de la Ley 734 de 2002 al determinar las causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes: 1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo. 2. La violación del derecho de defensa del investigado. 3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”. De otra parte, en el parágrafo del artículo 143 hace remisión expresa a los principios previstos en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal – Ley 600 de 2000-, que orientan la declaratoria de las nulidades en materia penal, desarrollados por la doctrina y son plenamente aplicables al ámbito disciplinario, a saber: Así las cosas, considerando que la nulidad en materia disciplinaria es el último remedio procesal para subsanar un vicio, la carga argumentativa conforme los numerales 2 y 3 del

artículo 143 de la Ley 734 de 2002, debe estar respaldada en fundamentos fácticos y jurídicos, siendo estos últimos inspirados en la vulneración de uno o varios de los principios descritos. En consecuencia, es necesario entrar a analizar rigurosamente en el caso sub-examine la existencia de la irregularidad que por su alto grado de gravedad se enmarque dentro de una causal de nulidad, como lo establece el precitado artículo 143 ibídem, con el objeto de ser garante de los derechos que tiene toda persona que se procesa en materia disciplinaria. La parte demandada adujo que no se violó el debido proceso, porque cuando se presentó el escrito de nulidad ya el expediente había ingresado al despacho para proferir fallo y porque luego del trámite del memorial en secretaría común cuando se anexó al cartulario, ya se había proferido fallo. Al respecto, está probado y es aceptado por las partes en el proceso, que la solicitud de nulidad fue recibida el 24 de diciembre de 2004 en horas del mediodía, el día 25 era festivo, el 26 era domingo y el 27 de diciembre de 2004 se dictó fallo de primera instancia, de modo que si bien el investigado solicitó nulitar el proceso disciplinario a través de memorial presentado el 24 de diciembre de 2004, al medio día, también es cierto que en estos eventos es deber del funcionario con competencia disciplinaria pronunciarse sobre las peticiones de nulidad en el fallo, momento procesal subsiguiente e inmediato al fenecimiento del traslado para alegar de conclusión, ya que tal petición no suspende la actuación ni los términos que corren, pero cuando se pretendía anexarlo al proceso este ya había entrado al despacho para proferir fallo

Actor: Cesar Augusto Patiño Walteros

Demandado: Nación Departamento Administrativo de Seguridad -DAS

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 1 no es viable su pronunciamiento, no obstante la segunda instancia advierte que en el recurso de apelación se solicitó como primera medida que se resuelva la solicitud de nulidad presentada a través del escrito ya mencionado, y en el fallo de segunda instancia se pronunció antes de desatar el recurso de alzada señalando: “En ese orden de ideas se pronuncia este despacho en primer lugar sobre la solicitud de nulidad planteada tanto por los disciplinados y su defensora de oficio Doctora Victoria Eugenia Restrepo Bedoya (…)”, y despachó negativamente tal solicitud bajo juiciosa argumentación, es decir que sí se resolvió la solicitud de nulidad planteada dentro del proceso disciplinario. ALEGATOS DE CONCLUSION-Auto de trámite que establece el termino para presentar las alegaciones e impulsar la actuación, por consiguiente su notificación no es personal como lo establece el artículo 101 de la Ley 734 de 2002. En conclusión, el artículo 103 de la Ley 734 de 2002 no es aplicable para este caso, porque la actuación solo debía notificarse por “estado” a los disciplinados, para que ejerciera su derecho a presentar alegatos si lo consideraban conveniente, sin que fuera necesario citarlo personalmente; en relación con insertar el estado pasado un día de la fecha del auto, se debe precisar que en el tramite disciplinario se notificó el día que se profirió el auto, pero con dicha

actuación no se desconoció el derecho de defensa del disciplinado ni el debido proceso, por cuanto se garantizaron los términos procesales al actor, pues la notificación por estado del auto que ordenó correr traslado para alegar se fijó 13 de diciembre de 2004 y la fecha de la constancia secretarial de que no se presentó alegatos es del 24 de diciembre del mismo año, respetándose los términos al trascurrir 9 días hábiles tiempo suficiente que supera los términos legales. En síntesis, se observa que ni siquiera en forma extemporánea fueron presentados los alegatos de conclusión, es decir que el actor guardó silencio, por tal razón no es posible que la conducta omisiva de la defensa se catalogue o se pretenda trasladar como irregularidades del operador disciplinario, puesto que el apoderado del disciplinable contó con el término procesal previsto en la ley disciplinaria, pero fue aquel quien se abstuvo de actuar.

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PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 081

IUS PGN E-2019-197751

Bogotá, D.C, 2 de mayo de 2019 Doctor CÉSAR PALOMINO CORTÉS Consejero ponente Sección Segunda-Subsección “B”

Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 11001-03-25-000-2012-00302-00

No. Interno: 1162-2012

Demandante: César Augusto Patiño Walteros Demandado: NaciónDepartamento Administrativo de SeguridadDAS Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Asunto: Única instancia - Decreto 01 de 1984

I. ANTECEDENTES El señor César Augusto Patiño Walteros, actuando a través de apoderado judicial, solicitó1 la nulidad de los fallos disciplinarios sancionatorios emitidos en primera instancia por la Oficina de Control Disciplinario Interno del DAS, mediante Resolución No. 230235-32 del 27 de diciembre de 2004, y en segunda por la Dirección del Departamento Administrativo de SeguridadDAS, a través de la Resolución No. 0323 del 22 de febrero de 2005, dentro del proceso disciplinario cuyo radicado correspondió 1 Folios 79 a 97 Y 149 a 152 del c. pral.

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 3 al No. 228/01, que lo sancionó con suspensión en el cargo de Detective Profesional 207-10 del DAS, por noventa (90) días, e inhabilidad por el mismo término, siendo ejecutada por Resolución No. 0415 del 04 de marzo de 2005.

1.1. HECHOS La Oficina de Control Disciplinario Interno del DAS adelantó investigación disciplinaria con radicado No. 228-01, en contra del señor César Augusto Patiño Walteros, y otro funcionario de esa entidad2 por la retención y conducción del ciudadano Humberto Gutiérrez a las dependencias de la institución y la exigencia de dinero por su libertad, en hechos acaecidos el 25 de febrero de 2000. Como resultado del proceso disciplinario No. 228-01 la Oficina de Control Disciplinario Interno del DAS, profirió la Resolución No. 230235 del 27 de diciembre de 2004 declarando probados y no desvirtuados los cargos disciplinarios formulados y al dictar fallo de primera instancia sancionó al actor con suspensión e inhabilidad en el cargo de Detective Profesional 207-10 del DAS, por el término de noventa (90) días. Luego de interpuesto el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, se resolvió por parte del Director del Departamento Administrativo de SeguridadDAS, que por Resolución No. 0323 del 22 de febrero de 2005, confirmó en su integridad la decisión e hizo efectiva la sanción mediante Resolución No. 0415 del 04 de marzo de 2005. Solicita que, como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de los actos administrativos antes citados y a título de restablecimiento del derecho ordenar al DAS cancele los sueldos, prestaciones sociales, demás haberes y emolumentos causados y dejados de percibir durante el tiempo que permaneció suspendido, daños morales

causados; de igual forma, declarar que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio por su parte durante el tiempo de suspensión, ordenar borrar las anotaciones que se hayan hecho en la hoja de vida o en la PGN y condenar en costas y 2 También detective.

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 4 gastos del proceso. 1.2. NORMAS INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN El actor citó como normas infringidas: Constitución Política: artículos 1, 2, 4, 6, 13, 21, 29, y 209. Ley 200 de 1995, artículo 131 Ley 734 de 2002: artículos 92, 94, 100 a 103, 105, 138 a 143, 146 y 147. Código de Procedimiento Civil; artículo 231. Código Contencioso Administrativo artículo 36. El concepto de violación refiere a que los actos demandados se profirieron con: violación a normas superiores, desvió y abuso de poder, fraude procesal, falsa motivación, procedimiento irregular y prescripción de la sanción (esta última en la adición de demanda). 1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado-ANDJE y la Fiduciaria La Previsora

S.A., como vocera del PAP Fiduprevisora S.A.-Defensa Jurídica del Extinto Departamento Administrativo de Seguridad-DASy su Fondo Rotatorio, actuando a través de apoderada judicial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, al considerar que los actos demandados se fundaron en normas vigentes y con ellos no se violó derecho alguno al actor y no hay lugar al pago de indemnización por daños ni perjuicios.

Propuso como excepción: Legalidad del acto administrativo.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA Para esta agencia del Ministerio Público, el problema jurídico se contrae en determinar

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 5 si para proferir los fallos disciplinarios que determinó la suspensión por 90 días del actor, la entidad demandada se ajustó a la legalidad y vulneró los derechos de defensa y debido proceso del disciplinado. El actor formuló seis (6) cargos los cuales describió de la siguiente forma: 1.- Violación a normas superiores. 2.- Desvió y abuso de poder 3.- Fraude procesal 4.- Falsa motivación 5.- Procedimiento irregular 6.- Prescripción de la sanción Respecto a los cargos formulados por el actor, es necesario establecer si los aludidos actos administrativos demandados se ajustan a la legalidad, siendo necesario entrar a

efectuar el análisis de cada uno frente al ordenamiento jurídico aplicable y a la actuación procesal disciplinaria. 2.1.-Respeto al primer cargo, refiriere a que se presentó incidente de nulidad el 24 de diciembre de 200,4 fecha anterior a producirse el fallo de primera instancias del 27 del mismo mes y año, sin ser resuelto y que sin embargo al resolverse la apelación una instancia diferente hace mención a algunos parámetros tenidos en cuenta dentro del memorial de nulidad. Señaló que el investigador disciplinario lo dejó sin la oportunidad de presentar alegatos de conclusión, y además notificó directamente por estado la providencia que ordenaba correr traslado para presentar alegatos finales desconociendo el artículo 103 de la Ley 734 de 2002. Considera este despacho que es pertinente señalar que el ámbito que regula la declaratoria de nulidad en el ordenamiento disciplinario, lo comprende el artículo 143 de la Ley 734 de 2002 al determinar las causales de nulidad. Son causales de nulidad las

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 6 siguientes: “1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.

2. La violación del derecho de defensa del investigado.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”.

De otra parte, en el parágrafo del artículo 143 hace remisión expresa a los principios

previstos en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal – Ley 600 de 2000-, que orientan la declaratoria de las nulidades en materia penal, desarrollados por la doctrina y son plenamente aplicables al ámbito disciplinario, a saber: “1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa”. (Instrumentalidad de las formas). “2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento”. (Trascendencia). “3. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica”. (Protección). “4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales”. (Convalidación). “5. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial”. (Residualidad). “6. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta a las señaladas en este capítulo”. (Taxatividad).

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Así las cosas, considerando que la nulidad en materia disciplinaria es el último remedio procesal para subsanar un vicio, la carga argumentativa conforme los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, debe estar respaldada en fundamentos fácticos y jurídicos, siendo estos últimos inspirados en la vulneración de uno o varios de los principios descritos. En consecuencia, es necesario entrar a analizar rigurosamente en el caso sub-examine la existencia de la irregularidad que por su alto grado de gravedad se enmarque dentro de una causal de nulidad, como lo establece el precitado artículo 143 ibídem, con el objeto de ser garante de los derechos que tiene toda persona que se procesa en materia disciplinaria. La parte demandada adujo que no se violó el debido proceso, porque cuando se presentó el escrito de nulidad ya el expediente había ingresado al despacho para proferir fallo y porque luego del trámite del memorial en secretaría común cuando se anexó al cartulario, ya se había proferido fallo. Al respecto, está probado y es aceptado por las partes en el proceso, que la solicitud de nulidad fue recibida el 24 de diciembre de 2004 en horas del mediodía, el día 25 era festivo, el 26 era domingo y el 27 de diciembre de 2004 se dictó fallo de primera instancia, de modo que si bien el investigado solicitó nulitar el proceso disciplinario a través de memorial presentado el 24 de diciembre de 2004, al medio día, también es cierto que en estos eventos es deber del funcionario con competencia disciplinaria pronunciarse sobre las peticiones de nulidad en el fallo, momento procesal

subsiguiente e inmediato al fenecimiento del traslado para alegar de conclusión, ya que tal petición no suspende la actuación ni los términos que corren3, pero cuando se pretendía anexarlo al proceso este ya había entrado al despacho para proferir fallo no es viable su pronunciamiento, no obstante la segunda instancia advierte que en el recurso de apelación se solicitó como primera medida que se resuelva la solicitud de nulidad presentada a través del escrito ya mencionado, y en el fallo de segunda 3 El inciso final del artículo 87 del CDU consagra expresamente la única razón por medio de la cual se pueda hablar de suspensión de la actuación disciplinaria y que, en consecuencia, se interrumpen los términos procesales desde el impedimento o la recusación en ciernes y hasta tanto se defina.

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 8 instancia se pronunció antes de desatar el recurso de alzada señalando: “En ese orden de ideas se pronuncia este despacho en primer lugar sobre la solicitud de nulidad planteada tanto por los disciplinados y su defensora de oficio Doctora Victoria Eugenia Restrepo Bedoya (…)”, y despachó negativamente tal solicitud bajo juiciosa argumentación, es decir que sí se resolvió la solicitud de nulidad planteada dentro del proceso disciplinario. En cuanto a que se dejó sin oportunidad de presentar alegatos de conclusión,

notificando directamente por estado la providencia que ordenaba correr traslado para presentar alegatos finales desconociendo el artículo 103 de la Ley 734 de 2002, se considera que el auto que corre traslado a los sujetos procesales es de “tramite” ,en el cual se establece el termino para presentar las alegaciones e impulsar de esta manera la actuación, por consiguiente su notificación no es personal como lo establece el artículo 101 de la Ley 734 de 2002. “ARTICULO 101. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Se notificarán personalmente los autos de apertura de indagación preliminar y de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo” (lo resaltado y subrayado es nuestro). Los autos que no requieran notificación personal deben realizarse en términos del artículo 105 ibídem, a saber: “ARTÍCULO 105. NOTIFICACIÓN POR ESTADO. La notificación por estado se hará conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil”. En conclusión, el artículo 103 de la Ley 734 de 2002 no es aplicable para este caso, porque la actuación solo debía notificarse por “estado” a los disciplinados, para que ejerciera su derecho a presentar alegatos si lo consideraban conveniente, sin que fuera necesario citarlo personalmente; en relación con insertar el estado pasado un día de la fecha del auto, se debe precisar que en el tramite disciplinario se notificó el día que se profirió el auto, pero con dicha actuación no se desconoció el derecho de defensa del disciplinado ni el debido proceso, por cuanto se garantizaron los términos procesales al

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 9 actor, pues la notificación por estado del auto que ordenó correr traslado para alegar se fijó 13 de diciembre de 2004 y la fecha de la constancia secretarial de que no se presentó alegatos es del 24 de diciembre del mismo año, respetándose los términos al trascurrir 9 días hábiles tiempo suficiente que supera los términos legales. En síntesis, se observa que ni siquiera en forma extemporánea fueron presentados los alegatos de conclusión, es decir que el actor guardó silencio, por tal razón no es posible que la conducta omisiva de la defensa se catalogue o se pretenda trasladar como irregularidades del operador disciplinario, puesto que el apoderado del disciplinable contó con el término procesal previsto en la ley disciplinaria, pero fue aquel quien se abstuvo de actuar. 2.2.- En cuanto al cargo segundo, “Desvió y abuso de poder”, al señalar que cuando el nominador pretermite términos en contra de los derechos del actor, al no notificar en debida forma las providencias para el ejercicio de derechos, como fue el caso de la notificación del auto mediante el cual se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión y no resolver el incidente de nulidad interpuesto, y por tal motivo hubo desconocimiento y violación directa a la ley (C.D.U. y C de P. Civil.), se reitera la

consideración expuesta por esta agencia al examinar el primer cargo, dejando en claro que dicha actuación procesal es de simple trámite y no debe ser notificada en forma personal, mientras que la solicitud de nulidad fue resuelta oportunamente por la segunda instancia. 2.3. Respecto al cargo tercero, “Fraude procesal”, el demandante señaló que el actuar del investigador encargado de adelantar el proceso No. 228/01 incurrió en fraude procesal, falsedad y prevaricato, por cuanto con los documentos que el operador cambió dentro del proceso, hizo incurrir en un error al Director del DAS al resolver la apelación, al basarse en documentos cambiados y porque el juez disciplinario profirió fallo contrario a la ley. Agregó que el prevaricato se tipifica, teniendo en cuenta que el investigador profirió fallo contrario a la ley y después concluyó: “Indudablemente por la animadversión contra los investigados y en desarrollo de sus funciones públicas, luego

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 10 desde solicito al Despacho de considerar probado este hecho punible se compulsen copias a la justicia penal para que se investigue la conducta del investigador”. Para esta agencia el cargo es ambiguo, toda vez que el actor no precisó qué documentos supuestamente cambió la accionada, en qué momento ello, al parecer,

sucedió, cuál fue el propósito de esa presunta acción, en qué consistió la incidencia en las garantías procesales del disciplinable, tampoco expuso y sustentó la causa, los efectos ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la pretendida animadversión, de ahí que no sea posible siquiera pronunciarnos sobre el particular, más aún cuando se refiere a conductas penales cuya investigación y juzgamiento corresponde a otra jurisdicción, en tanto que es sabido que no es el Consejo de Estado el competente para resolver si se presentó o no este tipo de delitos, y si el actor considera que se presentaron puede acudir a la autoridad competente para denunciarlo en concreto. 2.4. En cuanto al cuarto cargo, “Falsa motivación”, considera el accionante que los actos impugnados no se ajustan a la realidad fáctica, pues el investigador actuó en varias oportunidades sin ningún sustento probatorio y fueron estas las que determinaron la imposición de la sanción y que al no haber concordancia entre la descripción de los hechos, la actuación procesal, la parte motiva y la resolutiva, existe falsa motivación. En cuanto a este cargo esta agencia considera que es abstracto y no precisa a qué se refiere con “actuar en varias oportunidades sin ningún sustento probatorio”, no identificó cuáles pruebas se dejaron de valorar o cuáles se valoraron indebidamente, no es preciso en determinar en qué consistió la falsedad que motivó los actos y a qué hechos entonces refiere. Vale recordar que la falsa motivación en criterio del Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, dentro del radicado número: 11001-0327-000-2018 00006-00 (22326), en fallo del 26 de julio de 2017, con ponencia del consejero Dr. Milton Chaves García, expresó que es necesario que se demuestre uno

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 11 de dos presupuestos: o que la administración no tuvo en cuenta los hechos como motivos determinantes de la decisión al no estar probados, o que omitió tener en cuenta hechos que sí están demostrados, como veremos en el aparte del proveído asi: “Sobre la falsa motivación, la Sección Cuarta ha precisado que esta "causal autónoma e independiente se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa. Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación, la Sala ha señalado que "es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente". Por su parte, en cuanto a la falta o ausencia de motivación, la Sección Cuarta ha señalado lo siguiente:

"La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo: n la expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que: inspiraron la producción de los mismos. En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este cargo se denomina técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 12 administrativo, se está condicionando la forme del acto administrativo, el modo de expedirse. Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en vicio de expedición irregular y, por ende, so configura la nulidad del acto administrativo. En efecto, la expresión de los motivos por los cuales se profiere un acto

administrativo de carácter particular y concreto es indispensable, pues es a partir de los mismos que el administrado puede controvertir aquellos aspectos de hecho y de derecho que considera no pueden ser el soporte de la decisión, pero cuando se prescinde de la motivación se impide que el particular afectado con la decisión pueda ejercitar cabalmente su derecho de defensa y contradicción". En conclusión, respecto a este cargo no está llamado a prosperar, por cuanto es inconcreto y abstracto, no permitiendo determinar con exactitud a qué se refiere el actor con su argumentación sobre lo que denominó falsa motivación. 2.5. Respecto al cargo quinto, denominado “procedimiento irregular”, el actor señaló que se configura con la expedición de los actos impugnados, porque la normatividad aplicable al proceso disciplinario vigente para la época de los hechos, es clara en determinar que cuando el disciplinado interpone incidente de nulidad debidamente sustentado y antes de proferir el fallo, este debe ser resuelto con anterioridad a cualquier pronunciamiento, situación que, a su juicio, se hizo caso omiso y se profirió fallo sin resolverse. Para esta agencia del Ministerio Público este cargo tiene el mismo contenido que el primero al cual ya nos hemos referido, de suerte que nos remitimos a lo allí expresado. 2.6. Frente al cargo denominado “prescripción de la sanción”, que invocara en la aclaración y adición de la demanda, el actor refiere a que para evitar el fenómeno prescriptivo tenía que haber sido notificado de los tres actos administrativos acusados antes del 25 de febrero de 2005, por cuanto los presuntos hechos investigados datan

del 25 de febrero de 2000 y que en esas circunstancias se produjo la prescripción,

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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 13 porque el CDU determina que el fenómeno se presenta a los cinco (5) años de producido el hecho y citó como soporte el artículo 30 de la Ley 734 de 2002. Considera esta agencia que el accionante se equivoca en denominar el cargo como prescripción de la sanción soportándolo en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, porque lo solicitado se enmarca en la prescripción de la acción disciplinaria, siendo dos con