PGN - NULIDAD - Error en la calificación jurídica de la infracción

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - NULIDAD - Error en la calificación jurídica de la infracción
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M.P.: Dr. Jorge Luís Quintero Milanes

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto demanda de casación (Rad. 21.490) Procede el Agente ordinario del Ministerio Público Delegado del señor Procurador General de la Nación, a rendir concepto en relación con la demanda se sustentación del recurso extraordinario de casación que interpuso el defensor contra la sentencia por medio de la cual el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la que profirió el Juzgado Penal del Circuito de la Zipaquirá, en disfavor de Luís Mauricio Torres Rincón por el concurso de delitos de Acceso Carnal abusivo y acto sexual abusivo con menor de 14 años.

1.- RESEÑA FACTUAL.

Por encargo de la madre de la menor durante la última semana de octubre y primeros días de noviembre de 2001, a Mónica Alexandra Sandoval su tío Luís Mauricio Torres la recogía a la salida del Colegio “Celestino Fredney”, la llevaba hasta su vivienda, de él, donde la sometía a tocamientos del cuerpo y por último al acceso carnal.

2.- SINOPSIS PROCESAL.

Luego que se enteró por la infante de lo sucedido, su progenitora denunció los hechos ante la Unidad Local de Fiscalías de Chía y Cota, que inició de inmediato la correspondiente investigación penal. Se recepcionó la ampliación de denuncia de Nubia Inés Torres Rincón, también la declaración de la impúber y el examen medico-legal sexológico forense que se ordenó, determinó “signos de desfloración reciente del himen y cuadro compatible

con contaminación venérea”. Dada la naturaleza del ilícito la actuación se remitió por competencia a la Fiscalía Cuarta de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá, que una vez se hizo efectiva la orden de captura del imputado y se lo escuchó en diligencia de indagatoria, definió su situación jurídica provisional con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, como posible autor de la conducta de Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravada por la circunstancia contemplada en el numeral 4° del artículo 211 del Código Penal. 2 En firme la decisión el asegurado manifestó por escrito su voluntad de que se lo oyera en “confesión”, para obtener los beneficios del procedimiento abreviado, en virtud de lo cual se dispuso la ampliación de su indagatoria. En el curso de la diligencia, asistido por el nuevo defensor que designó, se retractó de su deseo de acogerse a la sentencia anticipada. El recaudo probatorio se agotó con los testimonios de David, Myriam y Noemí Torres Rincón, todos hermanos entre sí y del imputado, y tras la clausura del ciclo instructivo, el mérito del sumario se calificó mediante la Resolución de Acusación del 12 de abril de 2002 por medio de la cual se llamó a responder en juicio criminal a Luís Mauricio Torres Rincón “…como autor presuntamente responsable del delito descrito en el artículo 208 del código penal, con la agravante estipulada en el artículo 211.2 ibídem, en concurso homogéneo sucesivo”.

El enjuiciatorio alcanzó su firmeza en la misma primera instancia por no haber sido objeto de impugnación, tres días hábiles después de la última notificación por anotación en Estado del 22 de abril de 2002, y el conocimiento de la etapa procesal del juzgamiento correspondió al Juzgado Único Penal del Circuito de Zipaquirá – Cundinamarca, que denegó por improcedentes la aclaración sobre la clase de enfermedad venérea del dictamen pericial y el examen siquiátrico solicitado por la defensa para determinar si todo cuanto manifestó la menor fue producto de su imaginación o no, y ordenó la práctica de otras pruebas. Se rituó el juicio oral público, durante el cual el acusado insistió en su inocencia, se evacuó de nuevo el testimonio de la madre de la menor y la Fiscalía con apoyo en el acervo probatorio se pronunció por la declaración de responsabilidad, mientras la defensa solicitó la absolución. Finalmente, mediante sentencia del 25 de octubre de 2002 se condenó al procesado Luís Mauricio Torres Rincón, de acuerdo con los cargos imputados, por el concurso homogéneo y sucesivo del delito de Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado, a la pena principal de 94 meses de prisión, la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un período igual y la de carácter civil de pagar a título de indemnización la suma equivalente a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes por los perjuicios de orden moral únicamente. En la misma determinación se denegó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

En virtud del recurso de apelación, el fallo lo modificó mediante el suyo del 24 de abril de 2003 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que varió el concurso homogéneo de delitos, por heterogéneo y consideró uno de Acceso Carnal con menor de 14 años mientras el resto constitutivo de Acto Sexual Abusivo. En consecuencia, redujo las penas principal y accesoria de 94 a 89 meses. 3

3.- LA DEMANDA.

Contra la expresada sentencia de segunda instancia, en nombre y representación del procesado se interpone el recurso extraordinario de casación, con fundamento en varias causales. 3.1.- Causal primera, cuerpo segundo. Se alega la violación indirecta de la ley de carácter sustancial, por aplicación indebida del artículo 208 del Código Penal y la correlativa exclusión evidente del artículo 209 de la misma obra, debido a errores de hecho en la apreciación de las pruebas, que determinaron una decisión ilegal que contraría las reglas de la persuasión racional, por el desconocimiento de los postulados de la lógica, las reglas de la experiencia y los principios de la ciencia. 3.1.- Primer cargo. Además, afirma que en la misma forma y por la misma vía se infringieron los artículos 232, inciso segundo, 234 y 238 del Estatuto Procesal Penal y en general sostiene que se aplica indebidamente la norma o se condena al procesado por conductas punibles que no ha cometido, por distorsión del acervo probatorio que tuvo origen en falsos juicios de identidad respecto de determinados medios probatorios.

Primer Error: Distorsión por agregación.

Estima que el Tribunal varió el contenido fáctico del acervo probatorio poniéndolo a decir lo que las pruebas materialmente no dicen, ya que tanto en la relación de los hechos como en el cuerpo de la sentencia se asevera que hasta “mediados del mes de noviembre de 2001” se realizaron actos sexuales sobre la menor, y esta expresión no pertenece al contenido de la denuncia y ampliación de la declaración de la madre, tampoco del interrogatorio que respondió al medico forense en el curso del examen sexológico al que fue sometida su hija, ni de las declaraciones que rindieron los hermanos Torres Rincón, incluido el incriminado. También indica que en la providencia por medio de la cual se resolvió la situación jurídica provisional del imputado, en torno a la situación fáctica la Fiscalía relacionó con fundamento en los elementos de prueba que los actos impúdicos los realizó Luís Mauricio entre “la última semana de octubre y los primeros días de noviembre”. Expone que el sentenciador, sin fundamento alguno agregó la frase “y mediados del mes de noviembre” con el sólo animo de hacer más gravosa la situación del acusado, porque tan sólo pretendió acomodar en esa forma las fechas de tal forma que guardaran concordancia de tiempo con el resultado de la desfloración reciente del himen que arrojó el dictamen medico-legal. 4 En su concepto, el incriminado no pudo ser el autor del acceso carnal si se tiene en cuenta que de acuerdo con el examen sexológico la desfloración debió ocurrir entre el 10 y el 19 de noviembre y desde el 2 de este último mes Luís Mauricio

dejó de tener contacto con la menor.

Segundo error: Distorsión por supresión.

Arguye que en su propósito de acomodar las fechas a su conveniencia para darle valor al examen médico-forense, el Tribunal omitió o no tuvo en cuenta apartes importantes de las declaraciones de la denunciante y de su hermano David Torres Rincón, favorables al procesado. Asevera que los apartes omitidos de la declaración de la madre Nubia Inés Torres permiten colegir que los supuestos hechos que denuncia contra su hermano, debieron ocurrir antes del 5 de noviembre de ese mismo año, porque según ella sólo hasta las horas de la noche del 6 la niña le contó lo que sucedía con el tío. Rechaza que los hechos del acceso ocurrieran el 13 de noviembre como lo afirma el Tribunal y a su entender este órgano colegiado tan sólo interpreta mal las fechas que suministra la denunciante porque ésta tan sólo dice como la hija le contó hacía tres días lo sucedido y no que tres días atrás de la fecha de la denuncia su tío se le había montado encima y accedido carnalmente. Asegura en forma categórica que entre los días 5 y 9 de noviembre por el interrogatorio al que la sometió su madre, la infante le contó sobre los actos sexuales, más nunca sobre el supuesto acceso, y sólo fue por insinuación de Nubia Inés que más tarde entre el 6 y el 12 de ese mismo mes manifestó haber sido accedida por el tío. Encuentra plenamente probado con base en las aseveraciones de la denunciante que el procesado no pudo haber realizado el delito de Acceso Carnal que se le

imputa. Destaca cómo un autor nacional enseña que el legista solamente puede responder “desgarro reciente” si tiene menos de diez días de ocurrido, caso en el cual los bordes están sanguinolentos y congestivos; y “desgarro antiguo” si tiene más de diez días, caso en el cual los bordes desgarrados están cicatrizados. En esa forma, con apoyo en el criterio de autoridad de la doctrina a la que apela, argumenta que de acuerdo con la fecha de la práctica del examen sexológico que arrojó el resultado de “desfloración reciente del himen”, el acceso carnal se debió realizar entre el 10 y el 19 de noviembre, por lo cual, en su opinión queda demostrado que su defendido desde ningún punto de vista lógico pudo ser el autor, porque desde el día 2 de ese mes no tuvo contacto con la sobrina debido al control estricto que ejerció la madre a partir del momento que se enteró de lo que sucedía a su hija.

Tercer error: Distorsión por transmutación.

5 En su concepto, el Tribunal dio una lectura equivocada de la injurada del procesado, por cuanto convirtió la negación de Luís Mauricio Torres en una afirmación y en esa forma cambió el sentido de esa expresión determinada. Rechaza como cierto que el procesado corrobore parcialmente su responsabilidad, simplemente porque responde en su declaración que alguna vez tocó a la sobrina por el lado del pecho cuando ella le dijo que tenía tos y fiebre, lo cual se confirmó por la propia madre de la niña quien afirmó que en la semana del 24 de octubre al recogerla del colegio advirtió que le dolía la garganta y por la noche presentó

fiebre, pero en cambio la sentencia concluye que sus exculpaciones corroboran parcialmente las acusaciones de la menor porque el aceptó que en una oportunidad le tocó el cuerpo. En resumen y en definitiva, sostiene que a partir de los errores en la valoración probatoria que menciona, surgió una equivocada adecuación típica de la conducta, porque sino se hubieren cometido se habría llegado a declarar la responsabilidad penal si acaso frente a unos actos sexuales, más nunca de un acceso carnal abusivo por el cual fue juzgado y condenado su defendido. Así, depreca que se case la sentencia impugnada y se dicte por la Corte la que en derecho corresponda, con la consiguiente libertad del procesado. 3.2.- Segundo cargo (subsidiario). Denuncia la aplicación indebida del articulo 209 del Código Penal y la correlativa exclusión evidente del artículo 7°, inciso segundo, del Código de Procedimiento Penal, según expresa porque en el proceso existe la duda sobre la ocurrencia del hecho imputado. Arguye que al desconocimiento del in dubio pro reo llegó el Tribunal debido a un error de hecho por falso juicio de identidad, y añade que así lo dio por demostrado en el primer cargo, tras lo cual ruega de la Magistratura sea tenido en cuenta como fundamento del reproche. Se limita a decir que el juzgador colegiado supuso la certeza de la responsabilidad del procesado porque se deduce del acopio probatorio que la conducta del acceso carnal no la pudo cometer éste, habida consideración que no tuvo ninguna clase de contacto con la menor entre el 9 y el 18 de noviembre, época durante la cual la

niña debió ser desflorada según se desprende del examen sexológico, la prueba más importante de esta clase de delitos. 3.2.- Causal tercera. En un sólo y único cargo la demanda sostiene que la sentencia objeto de impugnación se dictó dentro de un proceso viciado de nulidad porque el juzgador equivocó la adecuación típica de la conducta: 6 a) Por desconocimiento del principio de investigación integral (Art. 20 del C.P.P.), debido a que se omitió o no se confrontó lo descrito en el dictamen medico-legal con el resto de pruebas obrantes en el proceso, ni tampoco las citas que en su defensa hace el procesado en la injurada, según dice el Letrado como se demostró en el desarrollo de los cargos de la causal primera y pide sea tenido en cuenta como fundamento de la nulidad. La subestimación de la prueba recaudada a favor del procesado y la denegación autentica del derecho de defensa, considera que constituyen causal supralegal de nulidad, por violación del artículo 29 de la Constitución Política, y a la vez la de carácter legal que contemplan los numerales 2 y 3 del artículo 306 del Estatuto Procesal Penal por afectación del debido proceso y las formas propias del juicio. b) Por error de hecho en la apreciación jurídica de la prueba, porque incluso desde la acusación misma, se dieron por establecidos los presupuestos de tipicidad del comportamiento de Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado, cuando brilla por su ausencia la prueba reina cual es el examen sexológico que comprometa al procesado.

Añade que el dictamen medico-legal allegado al proceso y practicado el 19 de noviembre de 2001 tan sólo permite llegar a la conclusión que la desfloración tuvo lugar dentro de los diez días anteriores, como también así lo demostró con anterioridad y en esas condiciones bajo ningún aspecto la menor pudo ser accedida por él, porque la prueba demostró que a partir del 2 del mismo mes y año Luís Mauricio Torres Rincón no volvió a tener contacto con ella por el control estricto de la madre. Según el demandante, la ausencia de prueba que demuestre el acceso realizado por el acusado, constituye causal de nulidad supralegal por violación de las formas propias del juicio. En su propósito de demostrar la procedencia de la nulidad y la falta de otro camino para corregir el yerro de la errada calificación, insiste que se conculcaron las formas propias del juicio porque se cambió el tipo penal como quiera que el Juzgado ni el Tribunal condenaron al procesado como debieron por el delito de Lesiones Personales culposas. Apela al criterio de autoridad de la jurisprudencia y conforme a la decisión del 28 de marzo de 1985 originaria de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la cual enseña sobre la necesidad del análisis de las pruebas que demuestren el “cuerpo del delito”, denuncia la violación de las exigencias sustanciales y formales tanto de la acusación como de la sentencia porque el instructor y los juzgadores gratuitamente y sin respaldo probatorio condenan al procesado por el delito de Acceso carnal abusivo que jamás realizó en atención a que la prueba recaudada

permite concluir de manera irrefutable que éste no pudo desflorar a la menor y si acaso tan sólo cometió actos sexuales con menor de 14 años. 7 Sostiene que no haber sido estudiado a fondo el proceso y extractado la realidad procesal conllevó a una nulidad por error en el tipo penal, violatorio del debido proceso, la presunción de inocencia, el principio de la favorabilidad y todos aquellos supremos principios que integra la noción de un juzgamiento justo e imparcial. Pide, en definitiva, que prospere la nulidad y se readecue la conducta con la consiguiente orden de libertad inmediata del sentenciado.

4.- CONCEPTO.

En el orden que exige el principio de prioridad de la causal tercera respecto de la primera de casación, y que no respeta la demanda, se procederá al examen de los cargos. 4.1.- De la petición de nulidad, por error en la calificación jurídica de la infracción. La acusación determinó que el abuso sexual del que fue víctima la menor se repitió entre la última semana de octubre y los primeros días de noviembre, y llamó a responder en juicio al justiciable por el concurso homogéneo sucesivo del delito de Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado por razón de la edad del sujeto pasivo (Art. 211, numeral 4°). La sentencia de primera instancia, por su lado, no obstante que expresa la imposibilidad de la cifra exacta, también dio por sentado que “la conducta se repitió en varias oportunidades” o que ocurrió en “más de una oportunidad”, y

condena al procesado por el ilícito denominado Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado por la particular autoridad del autor del hecho sobre “Heidy Alejandra” (sic) y la edad menor de 12 años de la víctima. En virtud de ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal incrementa la pena de 84 meses de prisión que fijó respecto del delito, en diez meses. Por último, el Tribunal Superior confirmó con modificaciones el fallo de primera instancia y la referencia histórica de los hechos no sólo la relacionó hacía finales de octubre y mediados de noviembre de 2001 sino que aclaró que de acuerdo con la prueba se podía concluir la concurrencia de un ilícito de Acceso Carnal y los abusos producidos en otras ocasiones calificarse de meros actos sexuales, por lo cual varió el concurso homogéneo a heterogéneo y condenó al acusado por los delitos de Acceso Carnal abusivo y Acto sexual abusivo con menor de 14 años. El juzgador colegiado consideró posible la variación en la sentencia de la calificación jurídica de la infracción de Acceso Carnal abusivo por Acto Sexual Abusivo con menor de 14 años, por no degradar sino constituir un beneficio para 8 la situación jurídica del procesado y por razón de lo anterior, redosificó el incremento punitivo por el concurso y en lugar de diez, lo redujo a cinco meses. El recurrente admite sin ambages que no coinciden con la calificación jurídica el Juez de primera instancia y el Tribunal, como efectivamente ocurrió respecto de uno de los delitos concurrentes, sin embargo insiste que el sentenciador de

segundo grado mantuvo el error en la denominación del otro porque en lugar de absolver al justiciable lo condenó sin la prueba en toda la situación fáctica y sustancial que demuestre el Acceso Carnal Abusivo por él realizado. El cargo planteado en los anteriores términos, constituye un verdadero absurdo, sobre todo cuando se advierte que toda la argumentación la dirige a demostrar la inocencia del incriminado, por la imposibilidad de imputarle la desfloración de la sobrina. No discrepa del resultado en si del desgarro himeneal o desfloración del himen que determinó el dictamen del legista, y en esas condiciones no se comprende en verdad la denuncia del cambio del tipo penal y menos la exigencia de una calificación jurídica de la infracción distinta del Acceso Carnal Abusivo, cuando lo que se niega es su autoría, que conllevaría necesariamente a la absolución sin la necesidad de desconocer la entidad y especie del delito. Si se califica el hecho como un determinado delito cuando en realidad constituye otro diverso, en el fondo, se trata de un error de juicio o de lógica jurídica. Por tratarse de un vicio «in iudicando» su demostración se debe desarrollar con apego a los requisitos técnicos de la violación directa o mediata de la ley de carácter sustancial propia de la causal primera de casación. El actor señala que el vacío dejado con la supresión por la legislación procesal actual de la variación de la calificación jurídica de la infracción que regulaba el artículo 501 del anterior Estatuto Adjetivo Penal, se debe suplir necesariamente con la nulidad1, y es justo reconocer que el equívoco de la ubicación típica de la

conducta se la atribuye a errores de hecho en la apreciación jurídica de la prueba. Empero, tal parece que la presentación posterior del cargo al de la causal primera, presupone o deja librada la demostración de los supuestos falsos juicios de identidad sobre determinados medios de convicción, a la primera censura por violación indirecta de la ley de carácter sustancial. Indica indistintamente la infracción al debido proceso, por errada calificación de la infracción y el desconocimiento del principio de investigación integral, sin advertir que son motivos de nulidad independientes y requieren de un diverso desarrollo, pero lo más extraño es que también de manera indistinta reclama que el procesado debió ser condenado por el delito de Lesiones Personales Culposas, alegando la violación tanto del debido proceso como la presunción de inocencia y 1 En vigencia de la ley procesal anterior, el error en la calificación jurídica de la infracción se podía proponer con fundamento en la causal tercera de casación por cuanto su corrección implicaba volver a estructurar el proceso, pero se debía desarrollar conforme a los requisitos técnicos de la causal primera, según se tratara de la infracción directa o indirecta. 9 el principio de favorabilidad, cuando es sabido que el segundo conlleva a la absolución y el último se refiere a un conflicto de leyes o de normas por razón del tránsito legislativo. Se evidencia en toda su manifestación que el recurrente no cumple siquiera con el requisito de argumentación de claridad y precisión, hay inseguridad y confusión, lo cual impide la prosperidad del cargo de nulidad. 4.2.- Causal primera.

La demanda únicamente pone en cuestión uno de los dos delitos concurrentes. Se aclara por el contexto que se conforma por la condena en relación con el delito de Acto sexual abusivo y en esas condiciones la quiebra de la sentencia sería parcial que obligaría únicamente a la redosificación de la pena y no como lo pide el Letrado a la libertad inmediata del condenado, pero ninguno de los dos cargos que postulan la pretensión de absolución por el punible de Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, está llamado a prosperar, porque carecen de fundamento válido. 4.2.1.- Primer cargo. Alega la violación indirecta de la ley de carácter sustancial por indebida aplicación del artículo 208 del Código Penal, debido a la apreciación errónea de la prueba. El sentenciador de segunda instancia, tras resaltar la importancia y el carácter de prueba básica del delito y de la responsabilidad del autor que adquiere el testimonio de las victimas de ultraje sexual por la forma oculta a los ojos de extraños como suele ocurrir en la mayoría de casos, encuentra esencialmente el fundamento probatorio de la condena en la prueba directa de la declaración de la infante Mónica Alexandra quien le merece absoluta credibilidad por su relato coherente e ilustrativo y no vislumbrar en ella que hubiera sido aleccionada de la intención perversa de perjudicar a un pariente tan cercano, como su tío materno. El actor para nada se ocupa del testimonio de la impúber y sólo denuncia errores de apreciación del juzgador en relación con la prueba indirecta constituida por la declaración de la madre y de otros hermanos suyos, quienes exponen tanto la

práctica lasciva del hermano común que les relató la hija y sobrina, respectivamente, como el momento en que ella los enteró, para deducir de la confrontación de esto último con la fecha del experticio forense que dictaminó desfloración reciente del himen la ajenidad de su defendido en relación con el delito de Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Simplemente sostiene que de acuerdo con la época del abuso, durante la última semana de octubre y primeros días de noviembre, que estos testigos informaron, Luís Mauricio Torres Rincón estuvo en absoluta imposibilidad de cometer dicho delito contra la niña porque desde el 2 de noviembre él no tuvo contacto con ella debido al control estricto de la madre, y la desfloración por ser “reciente” sólo 10 debió ocurrir dentro de los diez días anteriores al examen sexológico que se le practicó el 19 de ese mismo mes. En contra de lo que asegura el Letrado, el juzgador no distorsionó por transmutación la injurada del incriminado, porque no es cierto que la negación implícita del carácter lascivo en cuanto al tocamiento del pecho de la menor en una ocasión que admitió, se lo tuviera como una confesión de responsabilidad. El Tribunal reconoció que se trató de exculpaciones y simplemente anotó la manera parcial cómo corroboró las manifestaciones de la niña cuando aceptó que la recogía en el colegio, la llevaba a su casa “y que en alguna oportunidad le tocó el cuerpo, comportamiento que a continuación justificó ante cierta dolencia que aquella refería en el pecho”, lo cual deja claro que fue fiel al sentido de las

expresiones del declarante. Se basa, de otro lado, en la omisión de apartes del testimonio de la madre y de los otros testigos que informaron sobre el tiempo durante el cual la menor fue sometida a actos libidinosos, como también en el error de la sentencia de señalar el tiempo de prolongación del abuso sexual hasta mediados de noviembre, en lugar de los primeros días de ese mes que indicaron aquellos, y su trascendencia para establecer la inocencia del acusado la deriva únicamente del dato de la ciencia médica que trae a colación el demandante sobre el momento no superior a diez días en que ocurre la desfloración himeneal cuando ésta se diagnostica como reciente. El recurrente soslaya que con relación a la evolución de la cicatrización de la lesión himeneal que incluye en si la desfloración reciente, según el docente autorizado de Medicina Legal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, el medico siquiatra ALFREDO ACHAVAL1, “su duración es variable, dependiendo en mucho de la vida sexual, de las contaminaciones, del PH, de la flora vaginal, etc.…” La desfloración reciente se considera cuando se presenta al examen en estado de herida, es decir, sangrante, y mucho menos contempla el Letrado que ese periodo cuando se agregan nuevos traumatismos himeneales, sostiene el autor citado, puede prolongarse excepcionalmente a los plazos de 15 a 20 días Así también enseña SIMONIN, profesor de la Facultad de Medicina y Director del Instituto de Medicina Legal y Medicina Social de la Universidad de Estrasburgo, que cuando los desgarros son recientes, sus bordes son rojos, sangrantes,

tumefactos y a veces supurantes, hasta un periodo de 15 a 20 días si hay inflamación2. En el caso de Mónica Alexandra, es preciso tener en cuenta que en el momento del examen sexológico también se diagnosticó un cuadro compatible con contaminación venérea, que si bien no se determinó la clase de enfermedad, no 1 Manual de Medicina Legal – Práctica Forense, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Página 616. 2 Medicina Legal Judicial, Editorial Jims, Barcelona, Pagina 402. 11 se podía descartar como factor determinante de la variación del tiempo de cicatrización normal. Aún si se admitiera la distorsión de la prueba por el Tribunal, tenía que demostrar el influjo del yerro en el sentido del fallo, de tal modo que sin el hubiera sido distinto, porque quedaba sin fundamento alguno la decisión adoptada. La menor, en compañía de su representante legal, reconoció ante el Fiscal Instructor que una de las tantas veces de sometimiento a caricias sexuales su tío le introdujo el pene en su vagina y la credibilidad tanto de esta versión como de la incriminación a su pariente, que reproduce la sentencia en forma textual, dependió también de otros muchos factores, y no exclusivamente de los testigos de oídas que habrían comparecido a corroborar su dicho. Estaba obligado el opugnante a reclamar que al testimonio incriminatorio de la niña no se le podía otorgar el mérito de fundamento probatorio de la condena, por demeritarlo su confrontación con la enseñanza de la experiencia científica y demostrar a ese propósito un error de hecho respecto de tal medio de convicción

por falso raciocinio. No discurre por ese camino y así ignora saber que cuando la impugnación de la sentencia se hace por errores sobre la prueba, indispensable se hace desquiciar toda la base de convicción que haya tenido el juzgador, esto es, atacar todos y cada uno de los fundamentos probatorios, porque de lo contrario, basta que persista un sólo fundamento con suficiente contundencia para que la decisión subsista. Si la acusación es parcial, el fallo impugnado permanece incólume como debe suceder en este caso particular. 4.2.2.- Segundo cargo. Subsidiariamente, se reprocha la condena por el delito de Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, según el actor con claro desconocimiento del principio ecuménico del «in dubio pro reo», empero sólo anuncia que fue debido a los mismos errores de hecho en la apreciación de la prueba y se remite al desarrollo del cargo anterior que también con fundamento en la causal primera postula contra la sentencia, lo cual es impertinente porque atenta contra la autonomía y razón suficiente que debe caracterizar cada censura. Simplemente afirma que jamás se podía llegar al grado de convencimiento de la responsabilidad del procesado, porque de la fecha y el contenido del dictamen médico-legal se deduce que él no pudo cometer la conducta imputada del Acceso Carnal Abusivo. Son de la Corte Constitucional, las siguientes enseñanzas, que vienen al caso para no dejar dudas de la necesidad que se tenía por parte del censor de un desarrollo adecuado del cargo: 12 “…las dudas que tenga el funcionario judicial sobre la ocurrencia del hecho o el

grado de responsabilidad del autor o de los partícipes no deben ser resueltas, ab initio en benefici

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