PGN - NULIDAD - La corte ha sostenido que cuando se invoca ésta causal la técnica de la de

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

E. S. D.

Ref: casación interpuesta por la defensora del procesado Luis Humberto Bedoya Morales, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que lo condenó por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y fabricación y porte de armas de fuego o municiones.

Rad: 23.618

Honorables Magistrados: El Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali, mediante sentencia del treinta de abril de 2004, condenó a Luis Humberto Bedoya Morales, a la pena principal de 162 meses de prisión, como coautor de los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte de armas de fuego o municiones en concurso y las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena que accede conforme lo dispuesto en el artículo 52 del Código Penal vigente, y al pago de perjuicios materiales por la suma de $52.556.833.oo a la

empresa Lloreda Grasas S.A. El procesado apeló la sentencia y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, la confirmó en su integridad en fallo del doce de octubre de 2004. Contra esa decisión la defensora del sentenciado interpuso el recurso extraordinario de casación, con demanda que la Corte Suprema de Justicia encontró ajustada a las formalidades legales y la envió a esta oficina del Ministerio Público para que rinda el concepto correspondiente.

CASACIÓN 23.618

LUIS HUMBERTO BEDOYA MORALES

1. HECHOS Mediante labores de inteligencia realizadas por un agente investigador de la policía Judicial de Santiago de Cali, el once de septiembre de 2002, se informó a la Unidad de Reacción Inmediata sobre la captura de dos individuos dejados a disposición, que se identificaron con los nombres de Luis Humberto Bedoya Morales y José Bertulfo Caicedo, quienes el día anterior descargaron una mercancía en la vivienda de Bedoya Morales, consistente en varias cajas de aceite pertenecientes a la empresa Lloreda Grasas S.A., que iban a ser entregadas en el Supermercado

Mercar de Santa Elena.

2. ACTUACIÓN PROCESAL El once de septiembre de 2002 la Fiscalía Seccional 180 avocó el conocimiento de las diligencias y dispuso la apertura de instrucción en contra de José Bertulfo Caicedo y de Humberto Bedoya Morales por los delitos de secuestro, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas.

Oídos en diligencia de indagatoria le fue resuelta la situación jurídica a Luis Humberto Bedoya, el 17 de septiembre de 2002, imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva como cómplice en los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas. La Fiscal 74 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública Patrimonio Económico y otros, calificó el mérito del sumario el 9 de diciembre de 2002, con resolución de acusación contra Bedoya Morales como cómplice por los delitos enunciados. Ejecutoriada la acusación, el expediente pasó al Juzgado Doce Penal del Circuito de

Cali, quien abrió el juicio a pruebas mediante auto del 14 de enero de 2003. 2

CASACIÓN 23.618

LUIS HUMBERTO BEDOYA MORALES Celebrada la audiencia pública, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Cali, profirió sentencia condenatoria contra el procesado el 30 de abril de 2004, la que fuera apelada por el condenado Luis Humberto Bedoya Morales, y su defensora; recurso que fue desatado por el Tribunal del Distrito Judicial de Cali, en la sentencia condenatoria que es objeto de este recurso extraordinario interpuesto por la defensora del procesado.

3. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN Único cargo Con apoyo en la causal tercera de casación la demandante plantea que la sentencia fue dictada en proceso viciado de nulidad, por falta de competencia del funcionario judicial conforme lo establecido en la Ley 733 del 29 de enero de 2002, artículo 14, vigente a la fecha en que se dictó la sentencia.

Para fundamentar el cargo sostiene que una de las garantías del debido proceso es el derecho de defensa consagrado en el artículo 15 del C. de P.P., y el artículo 29 constitucional, normas que dejan por fuera de la esfera la competencia de la Fiscalía, encargada de acusar conservando el principio de imparcialidad del juez encargado de condenar o absolver. Considera que igualmente es viable la nulidad porque el sentenciador no tuvo en cuenta el mandato de los artículos 6° del C.P., y 7° del C. de P.P., en lo que respecta a la complicidad y los principios de favorabilidad y de inocencia, normas

sustanciales que al no ser aplicadas afectan el debido proceso y por ende el derecho de defensa. 3

CASACIÓN 23.618

LUIS HUMBERTO BEDOYA MORALES Omisión con la cual se conculcaron los intereses del procesado debido a la que considera excesiva pena 162 meses que equivalen a casi 13 años, cuando si se hubiera aplicado el principio de inocencia consagrado en el artículo 7° procedimental, hubiese sido absuelto, habida cuenta que el fallo se fundamentó en los famosos términos de evidencias e indicios graves, lo que contraria el mandato del artículo 232 que se refiere a la “Certeza de la Responsabilidad del Procesado”, que al no darse se impone la aplicación del principio “In dubio Pro Reo”. Pide casar el fallo y se decrete la nulidad de todo lo actuado para que se remita al funcionario competente, se dicte sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, una vez que se corrija la calificación de la conducta del procesado, la que a su juicio debe ser menor por haber actuado como cómplice del delito de hurto, razón por la cual solicita la libertad provisional, conforme lo estipulado en el artículo 365 del C.P., numeral 4°.

4. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La nulidad invocada por la demandante no está llamada a prosperar, por cuanto a la manera de un alegato de instancia, pretende se declare porque considera que el sentenciador, en este caso el Juez Doce Penal del Circuito de Cali, no era el competente para proferir la sentencia condenatoria.

Reiteradamente la Corte ha sostenido que, cuando se invoca causal de nulidad, la

técnica de la demanda es menos exigente, circunstancia que no autoriza al censor para cumplir con su compromiso de señalar los vicios trascendentales que hacen evidente la necesidad de quebrantar la sentencia. De los principios que regulan la nulidad puede derivarse que ésta es remedio extremo al que se acude cuando de afectar la sentencia se trata, cuando se evidencien vicios de tan grave entidad como la violación de garantías fundamentales 4

CASACIÓN 23.618

LUIS HUMBERTO BEDOYA MORALES establecidas a favor de los sujetos procesales o cuando se vulneren seriamente las formas propias del juicio. Desde esta perspectiva, la demanda no logra demostrar la presencia de defectos sustanciales, pues se limita a realizar un somero reparo sobre lo que considera falta de competencia del funcionario que condenó en primera instancia y de manera genérica presentar su desacuerdo con la decisión. Respecto al factor objetivo de la competencia, la Corte ha sostenido, que los jueces, deben supeditarse al contenido de la resolución de acusación, que en este caso estableció que se trata de un concurso material sucesivo y heterogéneo los cuales son respecto a Luis Humberto Bedoya Morales, el secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. En el caso en estudio, se observa que la resolución de acusación se dictó el 9 de diciembre de 2002, y el 9 de septiembre del mismo año, el Presidente de la República, en ejercicio de las Facultades del Estado de Conmoción Interior, expidió el Decreto 2001 del 2002 (Diario Oficial 44.930 de 11 de septiembre de 2002), en el

que se modificó la competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados, suspendiendo la vigencia de los artículos 5º Transitorio de la Ley 600 de 2000 y 14 de la Ley 733 de 2002; normatividad que no contempla el secuestro simple dentro de la competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados y que reclama la censora fue la que debió aplicarse en el presente caso. De esta manera, por expreso mandato legal, consagrado en el artículo 2° del referido decreto, se atribuyó a los Jueces Penales del Circuito el conocimiento inmediato y en el estado en que se encontraran, de los procesos que conocían los Jueces Penales del Circuito Especializados, normatividad excepcional, que declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-1064 de 2002, con la cual la Alta Corporación lo que hizo fue trasladar procesos de conocimiento de la justicia Especializada a los Jueces Penales del Circuito, como quiera que la creación de los Jueces Penales del Circuito Especializados, se debió a la necesidad de contrarrestar el crimen 5

CASACIÓN 23.618

LUIS HUMBERTO BEDOYA MORALES organizado, lo cual, por sustracción de materia, deja sin soporte legal los argumentos de la recurrente y en consecuencia no logran quebrar la sentencia impugnada. Más aún, la estructura del proceso se fortalece, con la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 246, y todos los dictados al amparo de la conmoción interior, los que perdieron vigencia, restableciéndose de esta manera las mismas leyes ordinarias que antes regían, con la consecuencia lógica que los Jueces

Penales del Circuito y Especializados, retomaron la competencia que les fuera sustraída con el Decreto 2001 del 2002. Como se desprende del contenido del artículo 77 literal b), la competencia para conocer por el delito de secuestro simple, fue asignada a los Jueces Penales del Circuito, y en el 5° Transitorio numeral 4° del Código de Procedimiento Penal, se fijó la competencia para ciertos delitos a los Jueces Penales del Circuito Especializados. En reciente pronunciamiento del 10 de agosto de 2005, proceso 23.871, Magistrado Ponente, Doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, la Corte estableció lo siguiente: “A más de lo expresado por los artículos 91 y 7° transitorio de la Ley 600 de 2000, no existe diferencia sustancial, de fondo entre el juez del circuito y el especializado. Ambos son “jueces penales del circuito” y el agregado de “especializado”, al último obedece exclusivamente a la circunstancia de que, como medida, temporal de los delitos que por regla general siempre conoce aquél, algunos fueron adjudicados a este. Los dos funcionarios deben cumplir los mismos requisitos para acceder al cargo; tiene los mismos derechos y obligaciones; están compelidos a respetar el debido proceso el derecho a la defensa y demás garantía fundamentales; y tienen el mismo superior funcional. El Tribunal Superior”. 6

CASACIÓN 23.618

LUIS HUMBERTO BEDOYA MORALES Así las cosas, al estar plenamente demostrado que, el funcionario judicial competente para conocer del presente asunto es el Juez Penal del Circuito, el cargo no esta llamado a prosperar. También la demandante, dentro del mismo cargo expuesto y fundado en la causal

tercera de casación, se refiere a otra situación según la cual podría la sentencia estar incursa en nulidad. Esta tiene relación con que el Tribunal no tuvo en cuenta los argumentos sobre la aplicación del artículo 6° del C.P. (Principio de Legalidad), artículo 30, (complicidad) y artículos 6° y 7° del Código de Procedimiento Penal (principios de Favorabilidad y Presunción de Inocencia), pero no expone en el desarrollo cuáles las razones para estimar la vulneración de los principios fundamentales citados, sino se limita a aseverarlo sin razón alguna. Respecto de la participación, que según la defensora el Tribunal Superior no atendió sus requerimientos, claramente se aprecia en la sentencia de segunda instancia que ese aspecto fue analizado con fundamento en los testimonios de Ligia Alicia Chamorro y Susana Andrea Bedoya, pruebas suficientes para vincularlo con los comportamientos delictivos agotados, pues todos los integrantes del grupo realizaron funciones diferentes.

Así lo expuso el Tribunal: “…así, mientras los primeros adquirieron la carga y retuvieron a los motoristas, había que buscar el lugar donde guardar la carga, y obviamente tal proceder no podía realizarse de un momento a otro, en lo cual intervino activamente el acusado.

Los indicios graves que sirvieron para llevar este procesado hasta sentencia se encuentran edificados sobre la oportunidad, las manifestaciones anteriores y 7

CASACIÓN 23.618

LUIS HUMBERTO BEDOYA MORALES posteriores al delito, las deficientes explicaciones que fácilmente se derrumbaron al ser cotejadas con las de otros testigos, etc.”. Así, con esta somera referencia, se estima que en las sentencia de segunda

instancia sí se tuvieron en cuenta las consideraciones de la defensa, y en esa medida, no tienen vocación de prosperidad los argumentos expuestos, que si bien corresponden a juicios de reproche por vía de la causal primera, tampoco tienen fundamento como para quebrar la sentencia y procurar la absolución del procesado.

5. PETICIÓN Comediadamente se solicita a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia NO CASAR la sentencia impugnada.

Señores Magistrados,

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA

Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal Bogotá, D.C, 24 de julio de 2006 Exp. 23.618 MLZA/ampm 8