PGN - NULIDAD - Por incompetencia

Bogotá D.C., 7 de octubre de 2009 Memorial de fondo 101 Doctor

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Presidente Sala Penal

H. Corte Suprema de Justicia

Ciudad Rad. 28779

Contra: POMPILIO DE JESÚS AVENDAÑO LOPERA Asunto: Solicitud de nulidad JAIME GONZÁLEZ SARMIENTO, Procurador Segundo Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal, de manera respetuosa me dirijo a su Despacho con el fin de solicitar la NULIDAD de lo actuado en las diligencias de la referencia, a partir del auto de 30 de septiembre de 2009 mediante el cual la Corte avocó nuevamente el conocimiento del presente trámite, conforme con las siguientes consideraciones.

CONTEXTO JURÍDICO-PROCESAL QUE DA LUGAR A LA SOLICITUD DE INVALIDACIÓN DE LA ACTUACIÓN El Ministerio Público aborda la situación jurídica depurada en el trámite desde la arista relativa a la competencia para adelantarlo, bajo el entendido que la misión constitucional asignada a la Procuraduría General de la Nación, en el artículo 277 de la Carta Política, impele a poner de presente que el proceder de la Sala Penal al reasumir el conocimiento de este proceso, desnaturaliza el contenido del artículo 235 superior, en concreto su parágrafo que prevé textualmente respecto del fuero legal de investigación y juzgamiento de entre otros funcionarios, los congresistas, que “Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones

desempeñadas”. Por ello las consideraciones que se exponen en el presente libelo, están dirigidas a que se defina este aspecto de basilar importancia de cara a la legitimidad de la actuación y requisito insubsanable de su validez. Concretar esta circunstancia, ocupará nuestra argumentación en pos de allanar el curso que en criterio del suscrito, ha de seguir el trámite de las diligencias conforme el ordenamiento jurídico. Así ha de decirse, que el criterio adoptado por la Sala a través de un cambio en la jurisprudencia sobre el tema, es que el fuero, en el caso de los congresistas, es una garantía de esta institución como tal y no de la persona en cuanto miembro del parlamento, siendo entonces la calidad del funcionario la que le otorga competencia a la Corte para investigarlo y juzgarlo. De esta forma, se pregona que es a la Alta Corporación a la que corresponde el conocimiento de los procesos penales adelantados contra dichas personas, inclusive, en los casos que no tienen relación inmediata con las funciones que ejercieron, y pese, a ya no ostentar la calidad de integrantes de la rama legislativa, razonamiento derivado de una interpretación judicial soportada en criterios de autoridad, y de lo que se considera la hermenéutica valida derivada del artículo 230 constitucional. En desarrollo de estas premisas, en el auto cuya invalidación se solicita se mencionó, citándose otro precedente: “…Esa dinámica proselitista, conforme ha sido expuesto por la Corte, no puede interpretarse como un comportamiento carente de “relación con las funciones desempeñadas, cuando no se duda que las dichas funciones representan el cumplimiento de lo pactado

previamente”, por cuanto el parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política no establece que las conductas punibles cometidas por los congresistas cuya investigación y juzgamiento corresponde a la Corte Suprema de Justicia, deban ser realizadas durante el desempeño como congresista, sino simplemente que “ tengan relación con las funciones desempeñadas, de tal suerte que resulta factible que el comportamiento o iter criminal pueda iniciarse antes de acceder a la curul y consumarse o agotarse con posterioridad a la dejación del cargo, sin que por ello se pierda la condición de aforado para efectos penales…” (Negrillas en el texto). Esta orientación trazada por la Sala le confiere plena validez a las decisiones y actuaciones realizadas en vigencia de la primera interpretación del ordenamiento jurídico (artículo 40 de la Ley 153 de 1887), conforme las directrices puntuales que la Corporación ha trazado sobre la aplicación de la nueva tesis, y de acuerdo a los respectivos momentos procesales en que se hallan tales trámites, que involucran ex congresistas, con el delito de concierto para delinquir agravado por la existencia de presuntos vínculos suyos con grupos ilegales de autodefensa. FUNDAMENTOS DE LO DEPRECADO El auto en cuestión que reafirma la nueva postura jurisprudencial en punto de la competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer de las actuaciones penales en contra de los aforados constitucionales, cuando cesan en el ejercicio de sus cargos y en el sentido que es cuestionado por la Procuraduría; constituye una violación a la garantía fundamental del debido proceso, a los

componentes que lo integran como el de juez natural, legalidad y los demás que lo complementan, y puntualmente, entre otras, a las siguientes preceptivas sobre la materia: -Constitución Nacional, artículo 29: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio”. -Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14 numeral 1 (Ratificado mediante ley 74 de 1968): “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…” -Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8 numeral 1 (Ratificada a través de la ley 16 de 1972): “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter…”1 Esto por cuanto la tesis presentada en las decisiones aludidas, contiene una interpretación judicial extensiva de los efectos de la competencia otorgada por

la Constitución a la Corte Suprema de Justicia para arrogarse el conocimiento 1 Resaltado de la Procuraduría. Sobra recalcar la incidencia que tienen estas normas, que hacen parte del denominado “bloque de constitucionalidad” (Artículo 93 Carta Política) en la aplicación de la normatividad penal, postulados internacionales que enfatizan la vigencia de las garantías fundamentales en el ordenamiento jurídico interno. Tendencia que ratifica el artículo 3 de la ley 906 de 2004, al establecer “En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar bloque de constitucionalidad.” de un asunto, y que escapa a la previsión del artículo 235 de dicha obra. El parágrafo de este canon, hace cesar tal competencia para los delitos que no tienen relación con la función cuando el funcionario aforado abjura de la calidad que le otorga tal condición. Situación que en el caso que nos ocupa, se dio con la renuncia a la curul ocupada por el ex parlamentario POMPILIO DE JESÚS AVENDAÑO LOPERA, lo que demandaba, al no tener el concierto para delinquir agravado que se le endilga en el sub examine relación con las funciones congresionales, que el conocimiento del proceso se mantuviera en la jurisdicción ordinaria. La estructura de las normas, que se contrae a un supuesto de hecho y a una consecuencia jurídica, determinaba que desaparecida la condición aforada (supuesto) la Corte perdía la competencia para conocer del asunto

(consecuencia), y así se procedió en su momento. De esta manera, si no hay lugar a la situación fáctica que determinaba la prórroga de la competencia (prevista en el parágrafo pluricitado), entonces esta no podía subsistir ni reasumirse, pues el nexo jurídico que generaba la excepción al principio de juez natural, o sea el ordinario, desapareció, y por ende, no tenían cabida labores hermenéuticas para auscultar los propósitos del “constituyente primario” bajo el prurito de una eventual “antinomia constitucional”. Y es que se considera que el concierto para delinquir agravado, no tiene relación con la función de los miembros del parlamento al tratarse de una conducta punible que en su descripción típica, contempla únicamente para su configuración la asociación para cometer delitos, indeterminados; plataforma delictiva que independientemente que se despliegue en el Congreso de la República, no constituye el desarrollo de una conducta vinculada con las funciones de los congresistas, ni involucrada con la naturaleza especial de su fuero, lo cual implica su carácter de delito común que no supone la existencia de un sujeto activo calificado, o que sea un punible derivado de abuso de poder funcional. Tampoco la causal de agravación de este delito contra la seguridad pública, cuando se trata de organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley que se endilga al implicado, contempla distinciones si es cometida por servidor público. Interpretación distinta supone aplicar analógicamente el alcance del tipo y dotarlo de otra connotación jurídica.

Y resulta indiferente la finalidad propuesta por el concierto para la configuración del punible, ya que el solo pacto para asumir una empresa delictiva es lo que sanciona el legislador en este tipo abstracto de peligro, sin que sea necesario exigir un resultado específico para pregonar desvalor en la conducta2. Situación que entonces devenía como tal, en que no tenía cabida la aplicación del fuero extraordinario de investigación y juzgamiento descrito en el parágrafo 235 de la Carta Política para prorrogarlo en este asunto, por no tener relación este delito, ni vínculo alguno, con las funciones de congresista. Aunado a: El fuero lo que pretende es garantizar la independencia de las ramas del poder público y propiciar el correcto funcionamiento de las instituciones, lo que incide decididamente en el Estado de Derecho. La jurisprudencia relacionada en los prolegómenos de la decisión de la Sala de 1 de septiembre hogaño dentro del radicado 31653, a través de la cual sobrevino el cambio de jurisprudencia, así lo destaca. Por eso, una vez se deja el cargo de congresista, no se aprecia como se obstaculizaría o se interferiría en la actividad parlamentaria cuando ya no se tiene la condición de integrante de esa Corporación, deja el congresista de serlo para volver a su situación de ciudadano del común y ante ello, le son aplicables las normas ordinarias, entre ellas, las relativas a la competencia para 2 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia de 23 de septiembre de 2003, Rad. 17089, M.P. Edgar Lombana Trujillo

la investigación y juzgamiento de los delitos que cometa. Sobre todo cuando se trata de delitos que no se encuentran conectados por un nexo de imputación entre la conducta delictiva y la función desempeñada, que es lo que da lugar a la competencia extraordinaria de la Corte. Las normas ordinarias contempladas en los pactos internacionales ya aludidos, en el artículo 29 de la Constitución y puntualmente en la ley 600 de 2000, establecen como principios axiales del procedimiento penal el de juez natural3, inescindiblemente vinculado al de legalidad que impele a su irrestricto acatamiento4 por tratarse de parámetros que orientan la interpretación de las normas que lo desarrollan5. Lo anterior puesto que en lugar de protegerse el principio de juez natural como se enarbola en la providencia, se menoscaba al pasarse por alto que son las normas previamente establecidas las que determinan el juzgamiento de los ciudadanos sin que interpretaciones jurídicas o particulares hermenéuticas, aunque provengan de la administración de justicia, den lugar a la variación de los funcionarios asignados por disposición de la Constitución y la ley para asumir la competencia de las situaciones que han de ser avocadas por la jurisdicción. No se entiende como a través de una decisión de esta naturaleza, la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia modifique el tenor y alcance de una norma constitucional y vulnere de esta manera el principio de legalidad y otros principios que de el se derivan, como la no retroactividad de 3 Art. 11.- Juez natural. “Nadie podrá ser juzgado sino por juez o tribunal competente…” 4 Art. 6.- Legalidad. “Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal

vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas propias de cada juicio.” Art. 9.- Actuación procesal. “La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a las garantías fundamentales de los sujetos procesales y la necesidad de lograr la eficacia de la administración de justicia en los términos de este Código.” 5 Art. 24.- Prevalencia. “Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación.” las leyes penales, la seguridad jurídica y el juez natural entre otros, afectándose así pilares de la Carta Política y en particular, el de separación de poderes, establecido como garantía esencial de la democracia y del Estado Social de Derecho. Y es que el principio de legalidad, que incluye las formas propias del juicio, constituye inveterado fundamento del Estado de Derecho. Con ello además, se deja a salvo el postulado político de separación de las ramas del poder público. En el evento que nos ocupa, por vía de la autoridad jurisprudencial se pretende modificar la ley de leyes y sus desarrollos normativos. Uno de los pilares en la humanización del derecho penal, Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, establece como una de sus principales reivindicaciones justamente la consagración del principio de legalidad penal, que en su arista de definición previa de los delitos y de las penas, tiene igual vigor tratándose del juez natural: “La primera consecuencia de estos principios es que sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos, y esta autoridad no puede residir más que en el legislador, que representa a toda la sociedad

unida por el contrato social. Ningún magistrado (que es parte de la sociedad) puede, con justicia, infligir penas contra otro miembro de la misma sociedad. Pero una pena aumentada más allá del límite señalado por las leyes, es la pena justa, más otra pena; por consiguiente, no puede un magistrado, bajo ningún pretexto de celo o de bien público, aumentar la pena establecida contra un ciudadano delincuente”6. También debe resaltarse para el evento que nos concita, la prohibición de la analogía (Mandato al juzgador). Esto toda vez que el operador jurídico, debe vincularse estrechamente a la ley interpretándola en sentido estricto (lex stricta), en consecuencia, el Juez debe respetar los elementos enunciados por 6 CESARE BECCARIA, De los delitos y de las penas, Tercera Edición, Editorial Temis, Bogotá 2000, pag. 12 el legislador no haciendo uso de la analogía, es decir, este principio prohíbe expresamente aplicar normas con vocación de afinidad para regular supuestos no legislados. El principio cobra especial vigencia tratándose de la prohibición de analogía in malam partem , es decir, aquella que se aplica en contra del reo. Sin embargo, la doctrina entiende mayoritariamente que la analogía in bonam partem, favorable, es la única que ocasionalmente sería admisible en materia penal. Lo anterior para mencionar que tratándose de las normas de competencia, no puede realizarse de ninguna manera analogía, que es la lectura que se le da a las decisiones que han sido cuestionadas por la Procuraduría. No puede la jurisprudencia convertirse en fuente de derecho positivo en este tema porque

como se ha señalado, la competencia no puede ser fruto de interpretación judicial cuando está regulada de manera específica en las normas. Por ello el proceder de la Sala, desconoce en forma abierta el artículo 230 de la Constitución. Ninguna justificación puede suponer que un Juez de Colombia en aras de garantizar la justicia material o el eficientismo judicial, a través de una decisión, atente contra el principio de legalidad y los principios que de él se derivan, porque implica afectar las garantías fundamentales de los procesados. Lo peor aún, es que a esa novedad jurisprudencial se le otorgan alcances retroactivos y desfavorables, al aplicarla a casos cuya competencia la misma Corte Suprema había declinado en favor de la justicia ordinaria, circunstancia que por lo demás priva a los excongresistas de la posibilidad, de buscar lo que en su sentir constituirían mayores garantías en su proceso (separación entre investigación y juzgamiento, doble instancia, entre otras), postura respetable y que no puede ser avasallada por vía de la imposición. Con relación al principio de irretroactividad el cual se encuentra estrechamente vinculado con la legalidad penal, éste es un requisito imprescindible para gozar de seguridad jurídica, ya que impide la arbitrariedad del legislador que pretende aplicar penas o medidas retroactivamente. Se prohíbe la retroactividad desfavorable al reo. En sentido contrario, la legislación reconoce la retroactividad de las leyes penales favorables. Causa asombro entonces que se acuda entonces a los mecanismos legales de aplicación de cambio de legislación (Ley 153 de 1887), para otorgarle alcances

de ley a la jurisprudencia, y sobre todo para darle efectos retroactivos. Por lo anterior se tiene que la seguridad jurídica resulta gravemente afectada, respecto al alcance que una decisión de la Corte Suprema de Justicia pueda formular de una norma constitucional. Decisiones de este raigambre incidirán negativamente no sólo en lo que tiene que ver con el Juez natural para los congresistas que cometan delitos relacionados con su cargo, sino además en el alcance de otros fueros, como el de los demás aforados constitucionales, legales y, potencialmente, en fueros como el militar y el indígena. También se afecta el derecho a la igualdad, previsto en el artículo 13 de la Constitución Política, pues estas nuevas reglas de investigación y juzgamiento difieren en grado sustantivo de las que rigieron numerosos casos bajo la primera interpretación, y que demandaban que ante una situación igual, había que otorgarle tratamiento igual. Ahora para ajustar la interpretación legal, a la sui generis novísima interpretación jurisprudencial sobre normas de competencia, se afirmó en el auto de 15 de septiembre de 2009, proferido en el radicado 27032: “Lo acabado de decir encuentra un marco normativo restrictivo -pero diáfano y puntualdentro de cuyo contexto la Corte consigna su directriz jurisprudencial, que no es otro diferente al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que reza: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr,

y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación” Se advierte que si bien es cierto no se hace referencia en este particular caso a la aplicación de una ley que señala ritualidades, porque aquélla (la que fija la competencia y por ende el rito procedimental) está reglada en la Carta (art. 235-3), sí se alude a la jurisprudencia, que para este evento comporta la aplicación de una ley, derivada de la interpretación que con autoridad hace la Sala y que proyecta efectos inmediatos e indubitables sobre la sustanciación y ritualidad de la actuación”. Se utiliza pues, una norma antiquísima con el propósito de descontextualizar el alcance del principio de legalidad, lo que implica afectar, se reitera, la seguridad jurídica al realizarse una analogía in malam parte que menoscaba las garantías de quien es sometido a proceso penal, al someterse su asunto, al conocimiento de un juez que no es el competente y en virtud de una hermenéutica que excede el alcance de la norma constitucional, coadyuvada por la asimilación que se hace de la ley a la jurisprudencia conforme el canon en cita. Equiparar la jurisprudencia a la ley no es otra cosa que afectar la legalidad y generar inseguridad jurídica en el país. Por más loable que sea el interés o fin de la Corte, ésta no puede ir más allá de los límites que demarcan la Constitución y la Ley. No puede entonces, crearse una lex tertia a partir de una interpretación distinta del alcance del ordenamiento jurídico, con un

análisis judicial que atenta gravemente contra la legalidad. Menos aún cuando no existe un criterio jurisprudencial unificado, eso supone reiterar que si la jurisprudencia es dinámica y cambiante, se genera aún más una desvinculación de su naturaleza como criterio auxiliar del derecho, frente a situaciones que no ameritan variación. Resulta aventurado asumir como deviene de la nueva interpretación jurisprudencial, que la jurisdicción ordinaria no está en capacidad de sancionar las conductas punibles, y más arrogarse la Corte la competencia para la investigación y juzgamiento en ciertos casos particulares, ajenos a las excepciones contempladas en el ordenamiento jurídico. Tampoco una conducta punible aisladamente considerada, en esta oportunidad el concierto para delinquir agravado, puede definir de manera automática una vinculación entre el cargo y el ejercicio, o dar lugar a relacionar este delito con las funciones de los miembros del Congreso, pues serán las circunstancias en cada caso específico las que permitan depurar el alcance del parágrafo del artículo 235 de la Constitución Nacional. No se desconoce el flagelo que para la institucionalidad ha significado la denominada “parapolítica”, particular calificativo que condensa las ignominiosas maniobras desplegadas por grupos de autodefensa que para infiltrar al Estado, han acudido a oscuras alianzas para obtener así sus protervos propósitos; pero por difíciles que sean las circunstancias precisamente coyunturales, no pueden variarse las competencias ordinarias para la investigación y juzgamiento de delitos porque se desquiciaría el andamiaje en el que se soporta el Estado Social de Derecho

constituido por el acatamiento a las leyes que conforme el artículo 6 de la magna codificación restringe la actuación de los servidores públicos a lo contemplado en las mismas. Así se ha decantado inclusive por la doctrina al analizar el concepto de juez natural: “En fin, es de tal alcance el apotegma examinado, que un ordenamiento procesal respetuoso de él no puede crear jueces ex post facto o con posterioridad al hecho; ni mucho menos, establecer dispensadores de justicia especiales para un determinado caso, o atribuir competencias a órganos extraños a los jueces naturales, así se trate de circunstancias excepcionales o de anormalidad.”7 Por ello ni siquiera en los estados de excepción, pueden variarse las normas que definen las competencias8. Mucho menos la hermenéutica puede reemplazar los mandatos previstos en las normas jurídicas cuando no hay lugar a realizar disquisiciones sobre su alcance, y así se ha establecido de antaño, para lo cual se cita la fórmula correspondiente incluida en el Código Civil: “Artículo 27: Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu…” Ahora, no es una interpretación exegética del precepto superior la que aquí se pretende presentar, sino que se busca poner de relieve el fin constitucional que se encuentra vinculado con la naturaleza de la institución en comento, porque reiteramos, cuando cesa el fuero ninguna injerencia puede existir en el ejercicio de las ramas del poder público y no se puede hablar sin mayores elementos de juicio, que la condición de ex congresista otorga capacidad para influir en las

decisiones judiciales puesto que se auspiciaría una coyuntura de tratamiento diferenciado y desigualdad ante la ley prohijada paradójicamente, por la propia administración de justicia. Por ello se solicita la nulidad de la actuación surtida ante la Corte recientemente en las diligencias de la referencia, toda vez que el principio de juez natural como componente del debido proceso se conculca al recibirse el trámite de la justicia especializada para emitirse sentencia. La decisión a partir 7 VELASQUEZ VELASQUEZ, Fernando, Manual de Derecho Penal Parte General, Editorial Temis, Bogotá 2002, página 71 8 Artículo 252: “Aun durante los estados de excepción de que trata la Constitución en sus artículos 212 y 213, el gobierno no podrá suprimir, ni modificar los organismos ni las funciones básicas de instrucción y juzgamiento.” de la cual se invoca la nulidad del proceso, y que prohíja el proceder que se censura, contiene una interpretación que choca con la Constitución al amparar el principio de juez natural en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, cuando se trata de personas que estuvieron vinculadas con el Congreso; a la manera de un derecho absoluto pese a que estos no existen en nuestra tradición normativa, anteponiéndose una situación coyuntural a las garantías fundamentales de los ciudadanos cuyo respeto y vigencia son los pilares del Estado Social de Derecho. Ahora bien, frente a una hipotética antinomia constitucional a la que se hace referencia en las determinaciones aludidas, la Corte Constitucional ha indicado que en esos eventos en los que no es posible arribar a una armonización

concreta de los derechos en conflicto, debe dársele prioridad al debido proceso pues la eficacia de la administración de justicia y la seguridad jurídica no pueden alcanzarse a costa de las garantías fundamentales, pues la dignidad humana y el respeto a ésta, son la directriz de la Constitución: “Es entonces el contenido o núcleo esencial de los derechos fundamentales en juego el criterio a partir del cual se deben establecer los límites de lo que le es dable al juez ponderar. En efecto, tales derechos son el fundamento del sistema constitucional en su conjunto e integran, en su forma objetiva, el concepto de interés general que se pretende servir mediante la prestación de un adecuado servicio de administración de justicia”9 Así, el respeto a los propósitos de la Carta no se encuentra en la voluntad de los intérpretes judiciales, ni en la de las personas sometidas a procesos penales, sino en el sometimiento a la naturaleza de las instituciones que aquella consagra, y que constituyen el acuerdo político que en la teoría del Estado es el que sustenta los consensos de la sociedad incorporados en nuestra Constitución Política y que no pueden ser remplazados, sustituidos o modificados por el capricho de uno cualquiera de estos. 9 Corte Constitucional, sentencia T-784 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa Por otra parte, aunque se comparta que no puede constituir un límite que la prórroga del fuero del parágrafo del artículo 235 de la Constitución se circunscriba a los denominados delitos propios, es en cada caso concreto, como se dijo, donde debe analizarse la relación que tendría en el evento

particular el delito con la función. Esto para que la conclusión de la competencia de la Corte, no se derive de la interpretación de normas con criterio exclusivo en la autoridad hermenéutica, sino de la subsunción de los hechos a los postulados jurídicos, que tratándose de la competencia, insistimos, no son susceptibles en nuestro criterio de elucubración por su clara y expresa consagración previa en la Constitución y la ley. Es decir, no puede convertirse la jurisprudencia en fuente de derecho positivo para el tema de competencias, cuando existe ley que regula el punto de manera diáfana y concreta. Contradictoriamente la decisión de 17 de abril de 1995 de la Sala Penal, radicado 8954, que es citada para cambiar la jurisprudencia sobre el tema, depura los lineamientos sobre el mismo y su falta de aplicación se suscita dada la nueva orientación brindada a la materia: “Desde este punto de vista no podrá valorarse la competencia como una simple formalidad legal y menos creerse que su inobservancia se subsane con el silencio, la voluntad de los sujetos procesales, o la indiferencia de los funcionarios, pues sin ella el valor jurídico de las decisiones se verá permanentemente interferido por la ilegitimidad representada en la suplantación del juez natural, verdadero detentador del poder conferido por el Estado para juzgar. Desde otro aspecto, la tesis de que el juez de mayor jerarquía, por ser más capacitado puede asumir competencias asignadas a su inferior, no solo es arbitraria y opuesta a la ley, sino que irremediablemente lleva al riesgo de abolir en la práctica toda la estructura organizativa jurisdiccional, y de paso el principio de la

doble instancia… Así, entonces, mal puede sostenerse que so pretexto de la operancia del derecho sustancial sobre las formas puedan sacrificarse principios como el de legalidad, o el de juez natural, pues no resulta difícil comprender que la operancia de aquel imperativo práctico de eficacia sólo puede realizarse al interior de un proceso debido y no mediante la adopción de decisiones arbitrarias de cualquier funcionario incompetente. En otros términos, valga apuntar que lo importante para un Estado de derecho no es el que se emitan muchos fallos de condena, sino que éstos se produzcan con respeto pleno de los principios y las garantías constitucionales que son el presupuesto de legitimidad de las decisiones judiciales, y cuyo extrañamiento, así fuese por motivos de conveniencia o pragmatismo, tornarían el ejercicio del poder del juez en prototipo de arbitrariedad y tiranía”. (Negrillas de la Delegada) CONCLUSIONES En las diligencias se ha asimilado el fu