PGN - NULIDAD PROCESAL - Relación taxativa de causales en materia disciplinaria según ley

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., marzo diecisiete (17) de dos mil cinco (2005) Aprobada en Acta de Sala No.8. Radicación 161-02583(165-084424/03) No: Disciplinado PEDRO CHÁVEZ BURGOS s:

Cargo: Alcalde Municipal Mitú,

Vaupés Quejoso: De Oficio Fecha queja: Diciembre 18 de 2000

Fecha Abril 4 de 200 hechos: Asunto: Fallo de segunda instancia

P. D. Ponente: Dr. LEÓN DANILO AHUMADA RODRÍGUEZ Mediante recurso de apelación interpuesto y sustentado en legal forma por el disciplinado PEDRO CHÁVEZ BURGOS, revisa la Sala Disciplinaria la providencia del 17 de febrero de 2005, mediante la cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal lo sancionó, en su condición de Alcalde Municipal de Mitú

(Vaupés), con destitución del cargo e inhabilidad para desempeñar funciones públicos durante tres (3) años. ANTECEDENTES PROCESALES Las presentes diligencias tuvieron su origen en el informe presentado el 18 de diciembre de 2000, por la Gerencia Departamental del Vaupés de la Contraloría General de la República, sobre las irregularidades detectadas en la auditoría realizada a los recursos del sector educación del Municipio de Mitú, en el que se establecen posibles irregularidades en la suscripción y ejecución del contrato No. 070 del 9 de julio de 1999, cuyo objeto era adquirir una mejora para adecuarla como casa

de la cultura (fls. 16 al 18 ). Mediante providencia del 4 de octubre de 2002 (fls. 73 y 74), la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal remitió a la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, las diligencias que estaba realizando sobre el contrato No 070 de 1999, para que se investigaran bajo el radicado No. 165-69514-02, que la Segunda ya venía adelantando. Con base en la anterior información, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, mediante auto del 23 de mayo del 2003, ordenó iniciar Expediente No. 161-02583 investigación disciplinaria contra PEDRO CHÁVEZ BURGOS, en su condición de Alcalde Municipal de Mitú –Vaupés (fls. 78 al 80). El 27 de febrero de 2003, el investigador ordenó el archivo de la investigación disciplinaria respecto de PEDRO SÁNCHEZ BURGOS (sic), por la no ejecución del proyecto de la Casa de la Cultura y asumió el conocimiento de las diligencias radicadas bajo el No. 165.84424, adelantadas contra MIGUEL ANTONIO VILLAMIL VARGAS y PEDRO CHÁVEZ BURGOS, ordenando abrir la correspondiente investigación disciplinaria (fls. 131 al 138) y el 7 de junio de 2004 les formuló pliego de cargos (fls. 162 al 176), decisión que fue notificada personalmente a los funcionarios, así: a CHÁVEZ BURGOS el 1º de julio de 2004, quien presentó

descargos el 9 de julio de 2004 (fls. 218 y 223 al 228), y a VILLAMIL VARGAS el 6 de julio de 2004, presentando descargos 19 de julio de 2004 (fls. 247 y 250 al 256). En providencia del 8 de septiembre de 2004 el Segundo Delegado resolvió sobre las nulidades solicitadas en descargos, ordenó la práctica de unas pruebas y negó la de otras (fls. 288 al 292). Luego de correr traslado para que los disciplinados presentaran alegatos de conclusión, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal profirió fallo el 17 de febrero de 2005, mediante el cual decretó la prescripción de la acción disciplinaria adelantada contra MIGUEL ANTONIO VILLAMIL VARGAS y sancionó con destitución del cargo de Alcalde Municipal de Mitú (Vaupés) a PEDRO CHÁVEZ BURGOS, inhabilitándolo para desempeñar funciones públicos por el término de tres (3) años. Notificado el fallo, el disciplinado interpuso recurso de apelación y fue concedido para ante esta Sala (fls. 342 y 344 al 347). DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA En el fallo del 17 de febrero de 2005, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal expuso que se encuentra plenamente probado en el expediente, que el inmueble a que se refiere el proceso fue adjudicado el 18 de mayo de 1998, a Nubia Perdomo de García por el Alcalde Municipal CESÁREO ORDÓÑEZ GÓMEZ,

lote avaluado en la suma de $552.000.oo; que el 29 de octubre de 1999, el Alcalde ANTONIO VILLAMIL VARGAS suscribió una promesa de compraventa del lote adjudicado con la señora Perdomo de García, por la suma de $29’000.000.oo y que el 10 de febrero de 2000 se suscribió la Escritura Pública No. 008 entre el Municipio de Mitú, representado por el Alcalde Municipal PEDRO CHÁVEZ BURGOS, y la señora Nubia Perdomo de García, ordenando el respectivo pago mediante Resolución No. 265 del 4 de abril de 2000. Se demostró que el señor CHÁVEZ BURGOS tenía conocimiento de la adjudicación del lote a la señora Perdomo de García, por cuanto en su condición de Secretario de Planeación, en 1998 suscribió la Resolución No. 032 mediante la cual se realizó la adjudicación del inmueble. No se le aceptó lo afirmación hecha en el escrito de descargos, sobre que el valor del lote adjudicado se fijó teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Ley 137 de 1959 y que ordenó pagar la suma de $29’000.000.oo por cuanto tenía que darle cumplimiento a un negocio jurídico por el que su antecesor había comprometido al 2 Expediente No. 161-02583 municipio, en razón a que, según el a-quo, su obligación era la de revisar el contrato y tomar las medidas necesarias para evitar la lesión de los intereses estatales. También se pudo constatar que no se contó con el avalúo ordenado en el mismo

negocio jurídico y, por consiguiente, el avaluó sería el establecido en la resolución No. 032 de 1998. Las anteriores razones llevaron a la Delegada a confirmar el cargo formulado al disciplinado y como se consideró que el disciplinado no buscó proteger los intereses del Estado, no cumpliendo con el deber de ejercer las funciones como lo ordenan la constitución y las leyes y permitiendo el incremento patrimonial injustificado de un tercero en los términos establecidos en el artículo 25 numeral 4 de la Ley 200 de 1995, vigente para la época de los hechos, se calificó la falta de gravísima, ordenando su destitución. RECURSO DE APELACIÓN El implicado PEDRO CHÁVEZ BURGOS presentó el recurso de apelación solicitando se revoque el fallo sancionatorio, se declare la prescripción de la acción disciplinaria y se decrete el archivo definitivo del proceso. Alegó que la Ley 734 de 2002 señala que en el régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contemplados en ella y en la Constitución Política, estableciendo en su artículo 12, que el funcionario investigador debe cumplir estrictamente con los términos previstos, términos que son perentorios y por tanto, de acuerdo con los principios establecidos, debe dársele prevalencia al derecho del encartado de no permanecer sub judice. Además, la Constitución Política consagra un grupo de garantías que deben ser respetadas, entre ellas destaca el derecho a recibir una pronta y oportuna justicia, lo que se traduce en el derecho a ser juzgado en un proceso sin dilaciones injustificadas, garantías del debido proceso y del derecho a la

defensa que se vulneran cuando los jueces omiten el deber de respetar los términos procesales fijados en la ley y en el reglamento. Sostiene que como el objeto de la acción disciplinaria no es la expedición del acto administrativo por medio del cual se ordenó la cancelación del valor del contrato de compraventa, sino que es la suscripción del contrato, se debe declarar la prescripción de la acción disciplinaria por cuanto ya han transcurrido mas de cinco (5) años, contados a partir del 10 de febrero de 2000, fecha en la que se suscribió la respectiva escritura pública de compraventa. En relación con el cargo que se le formulara, considera que el precio de adjudicación se fijó observando lo establecido en el literal b) del artículo 4 de la Ley 137 de 1959 y el precio cancelado por la administración municipal resultó del dictamen pericial realizado de acuerdo con lo establecido en el inciso 2º del artículo 15 del Decreto 855 de 1994. CONSIDERACIONES DE LA SALA De acuerdo con la naturaleza del asunto, la calidad y jerarquía del funcionario investigado, la Procuraduría Segunda para la Contratación Estatal falló en primera 3 Expediente No. 161-02583 instancia el presente proceso disciplinario y, en consecuencia, corresponde a la Sala Disciplinaria revisar, por vía de apelación, el recurso interpuesto contra la providencia del 7 de febrero de 2.005, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000. Para seguir un orden lógico en el análisis y decisión, en la presente providencia la

Sala Disciplinaria se ocupará, en primer término, de atender la solicitud de declaratoria de nulidad de lo actuado; en segundo lugar, de la declaratoria de prescripción y, por último, si hay lugar a ello, del análisis del cargo endilgado.

1. Solicitud de nulidad.

Argumenta el apelante que se le ha violado el debido proceso porque el fallador de instancia no respetó los términos procesales establecidos en la Ley 734 de 2002, términos que son de perentorio cumplimiento. Advierte la Sala Disciplinaria que las nulidades no constituyen remedios a aplicar a cada una de las irregularidades que se presentan en la actuación procesal, sino que, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias, persiguen corregir las fallas protuberantes del proceso que no puedan ser corregidas por ningún otro medio, convirtiéndose en un medio extraordinario de corregirlos, es decir, “debe ser utilizada como una garantía que asegure el apego a la ley, por lo tanto, no toda irregularidad debe significar necesariamente su declaratoria, porque para ello es indispensable verificar la existencia de los presupuestos (...)”. Debe advertirse, que el procedimiento que se siguió en el presente proceso es el prescrito en la Ley 734 de 2002, por cuanto los cargos fueron formulados el 7 de junio de 2.004. Ahora bien, las causales de nulidad están taxativamente establecidas en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002 y en ellas se contempla la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, causal citada por el recurrente, pero que no se aprecian en el presente proceso por cuanto no existieron las irregularidades

sustanciales que afectaran el debido proceso, como que en este se respetaron las distintas etapas procesales establecidas en la ley disciplinaria y se respetó el derecho a la defensa del disciplinado, si se tiene en cuenta que el disciplinado presentó los descargos correspondientes, solicitando la práctica de las pruebas que estimó convenientes, se le brindó la oportunidad de presentar los alegatos de conclusión y, además, pudo solicitar la prescripción de la acción disciplinaria y presentar el recurso de apelación contra el fallo sancionatorio. Como puede observarse, no le asiste razón alguna al recurrente al solicitar la nulidad de todo el proceso, si se tiene en cuenta que el disciplinado gozó de todas las prerrogativas para alegar los presuntos vicios en el momento oportuno y no esperar hasta la apelación para solicitarla. Sobre el tema el Procurador General de la Nación se pronunció así: “... es necesario aclarar que el investigado (…) no se refirió en el escrito del 21 de marzo de los corrientes, sustentatorio del recurso de reposición del fallo de única instancia del 18 de marzo del presente año, de solicitud de nulidad alguna, ni de causal en tal sentido, convalidando con su silencio las eventuales nulidades 4 Expediente No. 161-02583 planteadas por este, como lo ha señalado la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 18 de julio de 2002, radicado 14057, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego, respecto de la nulidad, que no se produce cuando se convalida un vicio que compromete un acto de postulación discrecional de los sujetos procesales,

así: “...cuando el vicio compromete un acto de postulación discrecional de los sujetos procesales, como por ejemplo el derecho de impugnación, sus efectos convalidatorios dependerán no solo de su trascendencia, sino de la circunstancia de no haber sido saneado con motivo de la actividad procesal asumida por la parte afectada, pues si guarda silencio frente a la informalidad, o concita la prosecución del trámite procesal haciendo caso omiso de ella, habrá de entenderse que dispone del derecho que le fue socavado renunciando a su eventual ejercicio y que el vicio, por tanto, ha sido convalidado” (Dr. Edgardo José Maya Villazón. Radicado Nro. 00952181/01. En: CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO. Tomo II. Ed. Instituto de Estudios del Ministerio Público, Bogotá, 2003, p. 236). De acuerdo con lo antes expuesto, la Sala Disciplinaria resolverá negativamente la solicitud de nulidad propuesta por el disciplinado PEDRO CHÁVEZ BURGOS.

2. Solicitud de prescripción.

El investigado fundamenta su petición en que el objeto de la investigación disciplinaria no es la expedición del acto administrativo que ordenó la cancelación del valor del contrato suscrito con la señora Nubia Perdomo de García, sino la suscripción del contrato que dio origen al acto administrativo de pago, hecho que sucedió el 10 de febrero de 2000 y, por consiguiente, a la fecha, han transcurrido mas de cinco (5) años. Al estudiar el expediente, la Sala encuentra que el cargo formulado al disciplinado se refiere a la orden de pagar la suma de $29’000.000.oo a la señora Nubia Perdomo de

García, acto que fue ordenado mediante Resolución No. 265 del 4 de abril de 2000 y, en consecuencia, a la fecha no han transcurrido los cinco (5) años a los que se refiere al artículo 30 de la Ley 734 de 2002, tiempo necesario para declarar la prescripción de la acción disciplinaria. Con base en lo anterior, la Sala Disciplinaria negará la solicitud de declaratoria de la prescripción del acción disciplinaria propuesta por el disciplinado.

3. Análisis del cargo.

Al señor PEDRO CHÁVEZ BURGOS, Alcalde del Municipio de Mitú (Vaupés), se le formuló el siguiente cargo: “En su calidad de Alcalde del Municipio de Mitú, mediante Resolución No. 265 del día 4 de abril de 2000, ordenó pagar la suma de $29 millones a la señora NUBIA PERDOMO DE GARCÍA, como concepto por la compra de un bien inmueble – lote de terreno – ubicado en el barrio INAYA del Municipio de Mitú, cuando previamente USTED, en su condición de Alcalde de la localidad, le había adjudicado a la mencionada señora el mismo lote de terreno por un valor de $552.000, mediante Resolución No. 032 de 1998. Este bien, a su vez le había sido vendido al municipio por $29 millones de los cuales se canceló el 50% correspondiente a $14 millones 5 Expediente No. 161-02583 quinientos mil pesos, mediante Resolución No. 959 del 19 de noviembre de 1999, es decir, el bien adjudicado por el municipio le fue vendido dos (2) veces por el mismo valor. Por lo anterior, en su calidad de Alcalde, le causó un perjuicio económico a las

arcas municipales al no proteger los derechos de la entidad, permitiendo un incremento patrimonial a favor de un tercero”. Consideró el a-quo que el disciplinado había violado lo establecido en los artículos 3, 23, 26 numerales 1, 4 y 5 de la Ley 80 de 1993; 6 y 209 de la Constitución Política y los artículos 40 numeral 1, y 23 de la Ley 200 de 1995, calificando la falta como gravísima de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley 200 de 1993, cometida a título de dolo. El problema que debe ser dilucidado en el presente caso radica en determinar si el disciplinado permitió o no el incremento patrimonial en favor de terceros, con la celebración del contrato de compraventa suscrito por el Alcalde de Mitú y la señora Nubia Perdomo de García y la posterior cancelación del valor pactado. El a-quo, para imponer la sanción de destitución al disciplinado, se apoyó en la existencia de la escritura No. 165 del 27 de octubre de 1999 suscrita entre la señora Perdomo de García y el Municipio de Mitú, por medio de la cual se protocolizó la adjudicación definitiva, en calidad de compraventa, de un lote de terreno cedido por el Municipio a la señora Perdomo, avaluado en la suma de $552.000.oo (fls. 103 al 105); la existencia de un contrato de promesa de compraventa suscrito entre los mismos intervinientes en el negocio descrito anteriormente, el 29 de octubre de 1999,

por medio del cual la señora Perdomo de García se comprometía a transferir al Municipio de Mitú el lote de terreno que le había sido adjudicado, por un valor de $29’000.000.oo (fls. 21 al 24), existiendo solo dos días de diferencia entre ambos acuerdos. Al respecto debe manifestarse que mediante la escritura No. 165 de 1999 (fls.103 a 105) se protocolizó la adjudicación de un lote baldío ubicado en el sector urbano de Mitú, adjudicación que se había efectuado mediante Resolución No. 032 de 1998, en la que el Alcalde Mitú, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Municipal del 23 de abril de 1983, documento que no se encuentra en el proceso, y lo ordenado por la Ley 137 de 1959, procedió a adjudicar de manera definitiva, a título de venta, a la señora NUBIA PERDOMO DE GARCÍA, un lote de terreno baldío ubicado en el Barrio Inaya, zona urbana del Municipio de Mitú. De acuerdo con lo establecido en la parte motiva de la resolución de adjudicación, la beneficiaria de dicha adjudicación había presentado la respectiva solicitud al Municipio, aprobada mediante auto del 16 de abril de 1997, y en razón a que la solicitud se refería a un lote urbano baldío, la Administración Municipal, para poderlo adjudicar debía cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley 137 de 1959, mediante la cual la Nación le cedió a los municipio los terrenos urbanos que se encontraran en las mismas situaciones establecidas en la citada ley, ordenando que para su adjudicación a particulares se debía aplicar el tratamiento que describía, de

acuerdo con los límites establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a condición de que éstos procedieran “a transferir a los propietarios de mejoras el dominio de los respectivos solares a título de compraventa” (negrillas nuestras), quienes debían proponer la compraventa de los mismos dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la citada ley. 6 Expediente No. 161-02583 De acuerdo con lo anterior, el Municipio debía realizar la venta a los propietarios de mejoras, “con preferencia a cualquier otro proponente, y a expedirles la correspondiente titulación” (negrillas nuestras), con el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) realizar un avalúo del bien por tres peritos, uno designado por la entidad, otro por el proponente y el tercero nombrado por ambos; b) el precio de la venta sería equivalente al 10% del avalúo del bien; c) antes de otorgar la escritura de compraventa debía emplazarse a quienes se creyeran con mejor derecho a la adquisición, mediante edicto que debía ser publicado “profusamente”, para que éstos se presentaran a hacer valer sus derechos dentro de los treinta días siguientes. Se señalaba en la ley que el incumplimiento de estos requisitos hacía nula la compraventa y que en caso de controversia sobre la calidad de ocupante, poseedor o titular de mejoras, el municipio debía abstenerse de vender mientras la justicia decidiera. El Decreto Reglamentario 1943 de 1960 reguló lo relacionado con la forma de pago de los terrenos a que se refería la Ley 137 de 1959; la constitución de hipoteca, si

era necesario, en favor del municipio; señaló la autoridad encargada de nombrar el perito para realizar el avalúo del bien; la manera de publicar el edicto emplazatorio y la destinación que debían dar los municipios a los fondos recaudados por tales ventas. En el Decreto Reglamentario 3313 de 1965, por su parte, se señaló la manera como los municipios debían delimitar las respectivas áreas urbanas que les fueron cedidas por la Nación; además se dispuso que dichos terrenos no serían adjudicados por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que las tierras baldías, a diferencia de lo que ocurre en materia civil con los inmuebles en general, no se adquieren mediante la prescripción, sino por la ocupación y posterior adjudicación, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. En otras palabras, los terrenos baldíos están destinados a ser adjudicados en propiedad a quienes los detentan materialmente y les han incorporado mejoras o inversiones y lo han explotado económicamente, dentro de las condiciones establecidas por la ley. Como puede deducirse de lo antes citado, la adjudicación que realizó el Municipio de Mitú a la señora Nubia Perdomo de García, de un lote de terreno baldío que detentaba materialmente y en el que se habían construido unas mejoras, con base en todas las disposiciones citadas el Municipio de Mitú, previo un avalúo realizado de acuerdo con lo estipulado en el Ley 137 de 1959, que estableció como valor del lote la suma de $552.000.oo y, por consiguiente, el precio que efectivamente debía pagar

el adjudicatario era igual al 10% del valor del avalúo, es decir $55.200.oo, aclarando, que contrario a lo afirmado por el fallador de instancia, dicho avalúo no podía comprender las mejoras realizadas porque no le pertenecían al Municipio, sino que fueron realizadas por quienes ocupaban dicho lote, adjudicación que como se ha afirmado, fue efectuada mediante Resolución No. 032 de 1998 y protocolizada en la escritura No. 165 de 1999. En el año de 1999 el Municipio de Mitú tomó la determinación de poner en funcionamiento una Casa de la Cultura y para el efecto, solicitó públicamente la presentación de propuestas para la adquisición de un inmueble, mediante un aviso que se fijó en la cartelera de la Alcaldía el 21 de septiembre de 1999 y por el término de dos días (fl. 257). 7 Expediente No. 161-02583 Atendiendo la invitación pública se presentaron nueve (9) propuestas y de acuerdo con lo anunciado en oficio que el 28 de septiembre de 1999, la Asesora Jurídica se las remitió al Alcalde Municipal MIGUEL ANTONIO VILLAMIL (fls. 261 y 262), de las que fueron analizadas y avaluadas técnicamente cinco (5) propuestas por el arquitecto Miguel Ángel Gómez Moller (fls. 264 al 269), analizando las construcciones ofrecidas, en las que se tuvieron en cuenta: cimentación, mampostería, pañetes, acabados muros, cubierta, pisos, acabado pisos, estructura

en madera, estructura en concreto, carpintería en madera, carpintería metálica, pintura, obras exteriores, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, aparatos y accesorios, obras especiales, cerraduras y obras adicionales, avaluando la construcción, para el caso de la señora NUBIA PERDOMO DE GARCÍA en $37’941.446.oo y valor del lote fue fijado en $16’333.000.oo, para un valor total del lote y la construcción de $54’274.446.oo. A pesar de no ser la propuesta mas barata, la administración municipal determinó adquirir el predio ofrecido por la señora NUBIA PERDOMO DE GARCÍA, porque de acuerdo con el concepto del arquitecto encargado de realizar los análisis de las propuestas, su predio satisfacía todas las expectativas por cuanto ofrecía mayor cantidad de terreno; el área construida, sin ser la mayor, presentaba la opción de ampliar la sede en un 80% y el total del área arquitectónica integral era de 1.633,23 m2. De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que hubo una deficiente apreciación de los documentos aportados al proceso, por cuanto la Resolución No. 032 de 1998 y la Escritura Pública 165 de 1999, se referían a la adjudicación y traspaso del derecho de dominio y posesión de un lote ubicado en el sector urbano de Mitú, lote que se catalogaba como baldío y pertenecía al Municipio por cesión que realizara la Nación, condición que primó a la hora de realizar el avalúo correspondiente, sin que la administración pudiera incluir las mejoras existentes porque eran propiedad de la

poseedora y no del Municipio, mejoras que estaban conformadas por una casa de habitación de una planta con paredes en ladrillo y concreto, piso en cemento esmaltado, techo en láminas de zinc, que consta de cuatro habitaciones, una cocina, dos baños, con servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, como se lee en la cláusula segunda de la citada escritura, mientras que en el contrato de promesa de compraventa No. 082 de 1999 (fls. 21 al 24) y en la escritura pública No. 008 del 10 de febrero de 2000 (fls. 58 al 61), se negociaba el lote con las construcciones que había levantado la poseedora del bien. Como se puede establecer los negocios mencionados se refieren a objetos diferentes, por cuanto que los primeros documentos citados tratan sobre un lote baldío con abstracción de lo construido en él, en razón a que lo único que era de propiedad el Estado era el lote, por cuanto, como se dijo anteriormente, las mejoras pertenecían al poseedor del mismo; en cambio la escritura suscrita en el año 2000 trata de la venta del lote y del inmueble que se edificó, que la propietaria de éstos le efectuara al Municipio, existiendo, lógicamente, una diferencia en el precio de los dos negocios, sin poderse afirmar que por ello se obtuvo un incremento patrimonial a favor de un tercero. Tampoco puede afirmarse que el disciplinado no protegió los intereses del Municipio y que su actuación constituyó una falta de consideración para con los administrados, porque, como ya se dijo, la propuesta presentada por la señora Perdomo de García

8 Expediente No. 161-02583 fue avaluada en la suma de $54’274.446.oo, mientras que la suma pagada por la compra del bien inmueble fue de $29’000.000.oo, significando con ello, que se buscó realizar un negocio protegiendo los intereses del Municipio de Mitú, que incluye un lote de terreno mejorado con obras urbanísticas y servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía y cuyo valor no asciende, siquiera, a la tercera parte de lo pagado por el inmueble adquirido por el Municipio para funcionamiento de la casa de la Cultura, siendo su avalúo totalmente diferente al realizado para la adjudicación del lote baldío en el que no se tienen en cuenta las obras urbanísticas ni las mejoras realizadas por los poseedores y la casa construida en el terreno. Debe advertirse que el a quo, en el fallo objeto de alzada, no precisó en que consistió el incremento patrimonial indebido a favor de un tercero, puesto que sólo se limitó a afirmar que existía sin demostrarlo plenamente como lo exige el Código Único Disciplinario, es decir, no probó el cargo atribuido, pues no realizó discriminación alguna sobre los valores contrastados del bien inmueble objeto del cargo, para indicar de que manera se produjo el perjuicio económico. También es cierto, como lo afirmó el disciplinado en el transcurso del proceso, que la expedición de la Resolución No. 0265 de abril 4 de 2000 (fl. 42), por medio de la cual se reconoce y ordena el pago a la señora NUBIA E. PERDOMO DE GARCÍA, de la

suma de $29’000.000.oo (fl. 42), se realizó en cumplimiento de un compromiso previamente adquirido por el Municipio, con la suscripción de la promesa de compraventa el 29 de octubre de 2000, al culminar el procedimiento adelantado por la administración municipal para adquirir un lote por el sistema de oferta pública. Las razones antes expuestas llevan a la Sala Disciplinaria a absolver al disciplinado PEDRO CHÁVEZ BURGOS del cargo endilgado y en consecuencia, deberá revocar el fallo sancionatorio emitido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, no sin antes dejar constancia que el proceso fue recibido en la Sala el 10 de marzo de 2005. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en uso de sus facultades legales, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la providencia del 7 de febrero de 2005 por medio de la cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal le impuso la sanción de DESTITUCIÓN e INHABILIDAD por tres (3) años para el ejercicio de funciones públicas a PEDRO CHÁVEZ BURGOS, identificado con la cédula de ciudadanía No.17’317.530 de Villavicencio, en su calidad de Alcalde Municipal de Mitú (Vaupés), y en su lugar ABSOLVERLO del cargo formulado, de acuerdo con lo expuesto en precedencia SEGUNDO: Por el Centro de Notificaciones de la Procuraduría General de la Nación

y con facultades para comisionar, NOTIFICAR el presente fallo al disciplinado PEDRO CHÁVEZ BURGOS en el Barrio La Esperanza de Mitú (Vaupés), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y siguientes del Código Único Disciplinario, advirtiéndole que contra el mismo no procede recurso alguno por la vía gubernativa. 9 Expediente No. 161-02583

TERCERO: Por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, REMITIR copias de los fallos de primera y segunda instancia a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación para lo de su cargo.

CUARTO: Realizados los registros pertinentes, DEVOLVER el expediente a la Delegada de origen.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

LEÓN DANILO AHUMADA RODRÍGUEZ

Procurador Primero Delegado

DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ

Procuradora Segunda Delegado Exp. No. 161-02583(165-084424/03)

LDAR / DACR / LFGJ

10