PGN - NULIDAD - Violación de la ley

ACCIÓN CONTRACTUAL-Terminación unilateral NULIDAD-Violación de la ley En aras de establecer si en el presente caso incurrió la Administración en una violación de la ley al decretar la terminación unilateral del contrato ALC 042, es importante determinar lo que señalan los artículos 44 y 45 de la ley 80 de 1993. Esta Delegada del Ministerio Público, manifiesta que está demostrado en el presente caso que las resoluciones emitidas por la Administración, por medio de las cuales se dio por terminado unilateralmente el contrato ALC. 042, fueron emitidas de acuerdo a la ley; tanto es así que con ellas lo que se trató fue de salvaguardar el interés general ya que el contrato se encontraba viciado de nulidad absoluta de acuerdo con el numeral 2° del artículo 44 del Estatuto de Contratación Estatal, que menciona que una de dichas causales la constituye el hecho de haberse realizado un contrato contra expresa prohibición legal, pues como se mencionó con la modificación de los pliegos de la contratación directa se violó el artículo 12, parágrafo 2°, inciso 2 del Decreto 855 de 1994, por lo que no le era permitido al municipio de Puerto Berrio continuar con la ejecución del contrato ALC 042 del 14 de noviembre de 1997, de acuerdo con la facultad otorgada por el mencionado artículo 45 de la Ley 80 de 1993, en la que se autoriza a la Administración para dar por terminado de manera unilateral un contrato que esté viciado de nulidad absoluta, como sucedió en el presente caso. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO-El contratista no acreditaba solvencia

técnica/INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO-Variación sustancial de los términos de referencia De acuerdo con el material probatorio que se encuentra en el expediente se tiene que, la Alcaldía Municipal de Puerto Berrío mediante Resolución N° 907 de 1998 resolvió dar por terminado de manera unilateral el contrato ALC. 042 fundamentando su decisión básicamente en dos hechos puntuales; el primero que la empresa contratista Trash Busters S.A. E.S.P. no contaba con la acreditación de la solvencia técnica que se exigía en el pliego de condiciones, y segundo, que en el momento de realizarse el pliego de la contratación directa, se dio una variación sustancial al objeto del contrato que se había plasmado en un principio en el pliego de la licitación pública que fue declarada desierta por la no presentación de propuestas; y que por ende al encontrarse viciado de nulidad absoluta dicho contrato era lo propio declarar su terminación unilateral, tal como se hizo. PLIEGO DE CONDICIONES-Ley para las partes Así, que sea relevante mencionar que el pliego de condiciones se convierte en ley para las partes contratantes ya que en ellos se plasman aspectos relativos al objeto del contrato, la normatividad que lo rige, los derechos y obligaciones que las partes deben cumplir, la determinación y ponderación de los factores objetivos que permitirán la selección y, finalmente, las circunstancias de modo y lugar bajo las cuales se desarrollará tanto el proceso licitatorio como el contrato que resulte de este proceso; razones por las cuales deben ser cumplidos en su totalidad, situación que en el presente caso tal y como lo reconoce la administración no sucedió. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 05001233100020000341401 (39188) 5aCdeE/IJJ/Cip IUS-2011En lo que se refiere a la modificación de los términos de referencia que en este caso sucedieron durante la declaratoria de desierta de la primera licitación y la invitación pública mediante la cual se termino adjudicando el contrato ALC. 042, acerca de cuantas toneladas debían ser recogidas por día en el municipio. RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS-No deben cancelarse En lo que tiene que ver con los perjuicios que con estas decisiones se le pudieron haber causado al hoy demandante, y que son objeto de su recurso de apelación, encuentra esta Delegada del Ministerio Público que no deberán ser reconocidos puesto que Trash Busters no dio cumplimiento adecuado a sus obligaciones como contratista, ya que el servicio fue prestado de manera irregular al punto tal que sin haber sido confirmada la Resolución 907 de 1998 de mayo 11, dejo arbitrariamente de prestar el servicio para el cual había sido contratado, tal como lo narran los empleados de dicha empresa quienes manifestaron en sus testimonios que sus jefes directos quienes pertenecían a Trash Busters, les dieron la orden de suspender labores, sin presentar mayores explicaciones y sin pagarles su sueldo como era lo correspondiente.

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 30 de marzo de 2011

Doctor

ENRIQUE GIL BOTERO

Consejero Ponente – Sección Tercera – Subsección “C”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11-69

Acción Contractual Radicado 05001233100020000341401 (39188)

Actor: Trash Busters S.A. E.S.P.

Demandado: Municipio de Puerto BerrioAntioquia

2 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 05001233100020000341401 (39188) 5aCdeE/IJJ/Cip IUS-2011Honorable Señor Consejero: Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en trámite del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 26 de mayo de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante el cual se solicita la modificación del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

ANTECEDENTES

1.- Demanda

1. La compañía Trash Busters S.A. E.S.P, presentó demanda contractual1 contra el Municipio de Puerto Berrio, solicitando como pretensiones principales que se declarara la nulidad de la resolución N° 907 de mayo de 1998, por medio de la cual se declaró la terminación unilateral del contrato ALC042 de 1997, que tenía por objeto la administración, operación y mantenimiento del sistema integral de aseo urbano de dicho municipio.

2. Igualmente solicitó se decretara la nulidad de la resolución N° 2282 de septiembre de 1998, en la cual se resolvió el recurso de reposición

interpuesto por la accionante, contra la resolución N° 907 del mismo año; y que, como consecuencia de lo anterior se condene al municipio a pagar los perjuicios causados a aquella.

3. Como pretensiones subsidiarias solicitó se declarara la liquidación del contrato de concesión ALC042 de 1997, constituyendo a favor de Trash Busters el reconocimiento de las indemnizaciones por daño emergente y 1 Fls 143 a 180 del cuaderno 1.

3 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 05001233100020000341401 (39188) 5aCdeE/IJJ/Cip IUS-2011lucro cesante, con el fin de que se restablezca el equilibrio económico del contrato. 2.- Contestación de la Demanda Dentro del término legal correspondiente, el municipio de Puerto BerrioAntioquia presentó contestación de la demanda2 en los siguientes términos: Frente a los hechos, realizó una respuesta detallada a cada uno de los numerales expuestos en el líbelo de la demanda, manifestando no estar de acuerdo con ninguno de ellos, puesto que la Administración dentro del presente caso actuó de la manera como le correspondía, todo en aras de la protección de los intereses colectivos, tal como se manifestó en la resolución que dio por terminado el contrato de la empresa Trash Busters S.A. E.S.P., ya que ésta no contaba con la capacidad técnica y operacional que se requería para llevar a cabo el contrato de manejo y recolección de las basuras como correspondía;

poniendo así en riesgo al municipio. 3.- Sentencia de Primera Instancia En sentencia calendada 26 de mayo de 2010 el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de las resoluciones N° 907 y N° 2282 de 1998, con fundamento en los siguientes argumentos: “La Administración del Municipio de Puerto Berrio, invocó como causal de terminación la consagrada en la legislación civil, relacionada con la capacidad para contratar (artículo 1502) y vinculó a su análisis la falta de capacidad e idoneidad de la Empresa Trash Busters S.A. E.S.P. para celebrar el contrato, como elemento de la naturaleza de la relación negocial.” “Supuesto de nulidad propio del derecho común, que no encaja en las hipótesis descritas en los mencionados numerales 1°, 2° y 4°, razón por la cual puede decirse que los actos son nulos por incompetencia de la Administración para declarar su terminación, violando así los artículos 121 y 122 de la Constitución Nacional, 45 de la Ley 80 y el contrato mismo, sin que sea sólido el argumento de que por esa vía lo que se pretendía era proteger los derechos 2 Fls 187 a 228 del cuaderno 1. 4 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 05001233100020000341401 (39188) 5aCdeE/IJJ/Cip IUS-2011colectivos y los intereses de la comunidad, pues para eso la legislación otorga otros poderes y consagra otros mecanismos.”

(…) De la conducta de la entidad demandada de dar por terminado el contrato unilateralmente, sin facultades legales ni contractuales para hacerlo, puede inferirse que ella incumplió el contrato, en especial si se tiene en cuenta el artículo 1602 del Código Civil, conforme al cual todo contrato legalmente celebrado es una Ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.” “Según los medios de convicción que obran en el proceso, el Contratista, sin que estuviere ejecutoriada la Resolución que dio por terminado unilateralmente el contrato, suspendió los trabajos de recolección de basura en el Municipio de Puerto Berrio y las demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.” “Son incumplimientos que puede catalogarse como recíprocos o correlativos en el sentido de que se identifican como iguales o correspondientes; tienen la misma gravedad y no permiten calificar la conducta de la Administración como determinante para el incumplimiento del contratista, pues el deber de éste era continuar prestando el servicio mientras no se definieran los recursos contra el acto de terminación.”3 4.- Recurso de Apelación La parte demandante interpuso recurso de apelación4 contra el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, señalando su inconformidad por el no reconocimiento de los perjuicios causados a ella como consecuencia de la terminación unilateral del contrato, ni la liquidación del mismo. Justifica lo anterior, en el hecho de que al haberse declarado la nulidad de las resoluciones por haber sido contrarias a derecho, surge a cargo del municipio de Puerto Berrio una responsabilidad patrimonial por los daños causados con dichos actos

administrativos. Manifiesta igualmente, que en lo que se refiere a los presuntos incumplimientos por parte del contratista, los mismos no se encuentran debidamente probados al interior del plenario, pues al haber declarado la nulidad de las resoluciones lo dicho en ellas no puede ser tenido en cuenta como argumento para sustentar el no cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de aquél. 3 Fls. 551 a 563 del cuaderno principal. 4 Fls. 574 a 582 del cuaderno principal. 5 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 05001233100020000341401 (39188) 5aCdeE/IJJ/Cip IUS-2011Al respecto de la negativa del Tribunal de liquidar el contrato en cuestión, dice la demandante que el argumento que éste tuvo para sustentar su decisión, no es valida puesto que la resolución que supuso para el a quo que ya se había tal liquidación teniendo en cuenta su contenido el acto que allí se registró no “corresponde a la liquidación de un contrato, sino al reconocimiento de un gasto (…)”. Concluye manifestando que, con la terminación abrupta del contrato “independientemente de cualquier otra consideración, privó al contratista de obtener el pago de la remuneración del servicio prestado y de obtener la justa utilidad por el término contractual restante, acorde con lo establecido en el Pliego de Condiciones y en el Contrato mismo, perjuicios que jurídicamente deben reconocerse (…)”.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Problema Jurídico

¿Actuó la Administración de acuerdo a lo estipulado en los artículos 44 y 45 de la ley 80 de 1993, al haber dado por terminado de manera unilateral el contrato ALC 042, causando con esto un perjuicio a la demandante? Análisis Probatorio

1. Se encuentra en el expediente el oficio 21-000695 del 12 de abril, mediante el cual la Alcaldía Municipal de Puerto Berrio adjunta copia del pliego de condiciones de la invitación pública OP-001-97.

2. Consta en el expediente original de la resolución N° 3536 del 4 de noviembre de 1997, por medio de la cual el Departamento de Antioquia adjudicó un contrato para la administración, operación y mantenimiento del

6 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 05001233100020000341401 (39188) 5aCdeE/IJJ/Cip IUS-2011sistema integral de aseo urbano del municipio de Puerto Berrio a la empresa Trash Busters S.A. E.S.P.5

3. Mediante oficio DSG 703 del Secretario de Gobierno (E) se remiten copias al expediente de los siguientes documentos:  contrato para la administración, operación y mantenimiento del sistema integral de aseo urbano del municipio de Puerto Berrio ALC. 042, suscrito entre el Alcalde municipal de Puerto Berrio y Trash Busters S.A. E.S.P.6  Resolución N° 907 de 1998, por la cual el Alcalde Municipal de Puerto

Berrio resuelve: “TERMINAR UNILATERALMENTE el contrato ALC. 042 (…). SEGUNDO: ORDENAR LA LIQUIDACION del contrato ALC. 042”.  Resolución N° 2282 de 1998 en la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución N° 907 del mismo año, confirmando ésta en su totalidad.

4. Por resolución No. 2674 del 15 de octubre de 1998 el Alcalde Municipal de Puerto Berrio, resolvió liquidar el contrato ALC. 042 por haberse dado por terminado el mismo. Consta también, la orden de pago 2976 del 15 de octubre de 1998 en la cual consta el pago hecho a la compañía Trash Busters S.A.

E.S.P.7

6. Finalmente se encuentran diversos testimonios rendidos por empleados de la Compañía Trash Busters S.A. E.S.P., así como la constancia expedida por el

Comandante Distrito de Policía Once Puerto Berrio. Análisis Jurídico La controversia que se ciñe al presente caso se inicia por el presunto desbordamiento en la aplicación de la ley 80 de 1993, específicamente en lo que se refiere al artículo 45 que autoriza a la entidad respectiva a dar por 5 Fls. 13 a 14 del cuaderno 1. 6 Fls. 16 a 28 del cuaderno 1. 7 Fls. 235 a 239 del cuaderno 1. 7 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

05001233100020000341401 (39188) 5aCdeE/IJJ/Cip IUS-2011terminado un contrato en el estado en el que éste se encuentre, siempre que se hayan presentado alguno de los casos de nulidad absoluta previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de dicho estatuto. Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena señalar los argumentos que tuvo el municipio de Puerto Berrío para emitir la Resolución N° 907 de mayo 11 de 1998, mediante la cual dio por terminado de manera unilateral el contrato ALC 042: “PRIMERO. Que mediante Licitación Pública N°. 01 de 1997 el Municipio de Puerto Berrío inició el procedimiento de selección de la “persona natural o jurídica que administre, opere y mantenga el sistema integral de Aseo Urbano para el Municipio.” (…) TERCERO. Que, con posterioridad a la declaratoria de desierta de la Licitación Pública N°. 01 de 1997 fue abierta la invitación pública OP -001 -97 “para la selección del operador del sistema de aseo del municipio de Puerto Berrío”. (…) SEXTO. Que el mismo pliego, en su numeral 3.3.2. regimenta la forma de acreditar la solvencia técnica del proponente (…). SÉPTIMO. Que dicha exigencia técnica, fundamentalmente en lo que dice a las toneladas/día que debe estar recogiendo el proponente, se varió de manera sustancial, al pasar de 500 toneladas/día en el pliego de la Licitación Pública, a apenas 12 toneladas/día en el pliego de la contratación directa (…).

DÉCIMO. Que, no obstante la exigencia del pliego para la evaluación de la solvencia técnica, TRASH BUSTERS S.A.-E.S.P., como único proponente, sólo acreditó lo siguiente: 1º. Con una certificación de la propia Empresa, firmada por la señora Patricia Archbold B., supuestamente en la calidad de “Gerente”, condición que no consta en el Certificado de Existencia y Representación que aportan con la propuesta, afirman que dicha Empresa: “cuenta con los vehículos, maquinaria pesada y semi-pesada… para el desarrollo de la operación de recolección, barrido de vías-cayos y disposición final de residuos: (…) Es claro además que estos equipos no están disponibles para le Sistema de Puerto Berrío, sino que se encuentran afectados el contrato que, según allí se afirma, vienen prestando en San Andrés. (…) DÉCIMO TERCERO: Que no obstante tratarse de un proponente único, es necesario que éste cumpla en su totalidad con las exigencias del pliego y, 8 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 05001233100020000341401 (39188) 5aCdeE/IJJ/Cip IUS-2011fundamentalmente, que demuestre a su Contratante la idoneidad y capacidad que le asisten para resultar beneficiado con la adjudicación, lo cual no se acreditó dentro de la oportunidad establecida al efecto, es decir, antes que se produjera la adjudicación.

DÉCIMO QUINTO. Que el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, prevé que los contratos administrativos son absolutamente nulos en los eventos que allí mismo se enumeran y, además, “en los casos previstos en el derecho común”. DÉCIMO NOVENO. Que el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, dispone que ante la ocurrencia de la nulidad absoluta “el jefe o representante legal de la entidad respectiva dará por terminado el contrato mediante acto administrativos debidamente motivado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.”8 Así las cosas, en aras de establecer si en el presente caso incurrió la Administración en una violación de la ley al decretar la terminación unilateral del contrato ALC 042, es importante determinar lo que señalan los artículos 44 y 45 de la ley 80 de 1993; el primero señala como causales de nulidad absoluta específicamente para el caso que nos atañe en sus numerales 1°, 2° y 4° las siguientes: “Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando: 1o. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; 2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal; 4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten (…)” A su vez, el artículo 45 de la ley 80 de 1993 establece respecto de cuando se presenta nulidad absoluta en los contratos estatales que: “La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del

ministerio público, por cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación. En los casos previstos en los numerales 1o., 2o. y 4o. del artículo anterior, el jefe o representante legal de la entidad respectiva deberá dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.” 8 Fls. 34 a 40 del cuaderno 1. 9 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 05001233100020000341401 (39188) 5aCdeE/IJJ/Cip IUS-2011El Consejo de Estado a través de diversa jurisprudencia ha hecho el análisis acerca de las causales de nulidad absoluta de los contratos, las cuales si se cumplen entonces darán lugar a que aquellos se den por terminados. En este sentido el siguiente fallo: “Así las cosas, se impone puntualizar que los contratos estatales serán nulos entonces, de manera absoluta, i) en aquellos eventos establecidos en el Código Civil como constitutivos de la nulidad absoluta de los actos o contratos, según las previsiones de sus artículos 6 y 1741 y ii) en los casos específicamente determinados en los diferentes numerales del transcrito artículo 44 de la Ley 80. Como resulta apenas natural, hay lugar a señalar que aquellas causales de nulidad absoluta de los contratos estatales que provienen del Código Civil, por la incorporación que de las mismas dispuso a la Ley 80 la parte inicial de su

artículo 44, sin perjuicio de adaptarlas a algunos de los principios que regulan y orientan tanto la contratación pública como el Derecho Administrativo en general, deberán ser interpretadas y aplicadas en los términos en que las mismas han sido entendidas tanto por la Jurisprudencia que al respecto ha construido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, como por la doctrina desarrollada a partir, precisamente, del estudio de las normas que integran esa codificación y en idéntico sentido habrá que concluir que en este campo también serán aplicables aquellas otras disposiciones legales contenidas en el Código Civil que se ocupan de precisar el sentido y el alcance de las nociones que sirven para estructurar las causales de nulidad absoluta consagradas en los artículos 6 y 1741 de ese cuerpo normativo (como el caso de la ilicitud en el objeto, la ilicitud en la causa, la incapacidad absoluta, etc.; artículos 1503, 1504, 1517, 1518, 1519, 1521, 1523, 1524 C.C.)”9 De igual manera a través de su jurisprudencia como la que se trajo a colación, el Consejo de Estado ha determinado que debe entenderse por terminación unilateral del contrato estatal con fundamento en el artículo 45 de la ley 80 de 1993, como una potestad que le ha sido otorgada a la Administración en consideración a la salvaguarda que tiene ella del interés general como principio fundamental de la actividad contractual que finalmente tiene a su cargo, dirección y por la cual debe velar.10 Caso concreto Vistas así las cosas, de acuerdo con el material probatorio que se encuentra en

el expediente se tiene que, la Alcaldía Municipal de Puerto Berrío mediante 9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010. Radicado:

14390. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

10 Ídem. 10 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 05001233100020000341401 (39188) 5aCdeE/IJJ/Cip IUS-2011Resolución N° 907 de 1998 resolvió dar por terminado de manera unilateral el contrato ALC. 042 fundamentando su decisión básicamente en dos hechos puntuales; el primero que la empresa contratista Trash Busters S.A. E.S.P. no contaba con la acreditación de la solvencia técnica que se exigía en el pliego de condiciones, y segundo, que en el momento de realizarse el pliego de la contratación directa, se dio una variación sustancial al objeto del contrato que se había plasmado en un principio en el pliego de la licitación pública que fue declarada desierta por la no presentación de propuestas; y que por ende al encontrarse viciado de nulidad absoluta dicho contrato era lo propio declarar su terminación unilateral, tal como se hizo. En lo que tiene que ver con el primer punto acerca de la no acreditación de la solvencia técnica, lo cual se constituía como un requisito fundamental para que el proponente se hiciera acreedor del contrato, no encontró la Administración el acta del comité evaluador con la que se diera cuenta de que la empresa Trush

Busters S.A. E.S.P. cumplía a cabalidad dicho requisito, el cual consistía de un lado en acreditar la capacidad de los vehículos con que contaba el proponente para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato; tanto es así que el municipio de Puerto Berrio entregó varios vehículos al contratista con el fin de que desempeñara sus funciones de recolección de basuras, tal como quedó plasmado en el acta de entrega de equipos por parte del municipio a Trash Busters S.A. E.S.P. como el contratista, pues los que acreditó para adjudicarse el contrato estaban afectados a un contrato que la empresa tenía en la Ciudad de San Andrés Islas. Dicha falencia inclusive se constata con el oficio 21000695 del 12 de abril de 2000, suscrito por Martha Edith Gutiérrez Múnera Secretaria General y de Gobierno en el que manifiesta remitir al Tribunal los documentos solicitados excepto el “Acta del Comité Evaluador de las Propuestas, pues no se encuentra en el Centro de Administración Documental CAD.”11 Y de otro lado, debía el proponente acreditar la experiencia de las personas que componían su equipo de trabajo la cual se refrendó con la copia simple del 11 Fl. 496 del cuaderno 2. 11 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 05001233100020000341401 (39188) 5aCdeE/IJJ/Cip IUS-2011contrato 214 de 1995, que Trash Busters había celebrado con el Departamento de San Andrés el cual le fue adjudicado por mediar urgencia manifiesta en el

Archipiélago; con lo cual no quedó acreditado absolutamente la capacidad laboral y experiencia de sus empleados. Así, que sea relevante mencionar que el pliego de condiciones12 se convierte en ley para las partes contratantes ya que en ellos se plasman aspectos relativos al objeto del contrato, la normatividad que lo rige, los derechos y obligaciones que las partes deben cumplir, la determinación y ponderación de los factores objetivos que permitirán la selección y, finalmente, las circunstancias de modo y lugar bajo las cuales se desarrollará tanto el proceso licitatorio como el contrato que resulte de este proceso;13 razones por las cuales deben ser cumplidos en su totalidad, situación que en el presente caso tal y como lo reconoce la administración no sucedió. Ahora bien, en lo que se refiere a la modificación de los términos de referencia que en este caso sucedieron durante la declaratoria de desierta de la primera licitación y la invitación pública mediante la cual se termino adjudicando el contrato ALC. 042, acerca de cuantas toneladas debían ser recogidas por día en el municipio, mismas que un comienzo se habían señalado en 500/día y quedaron finalmente plasmadas en 12/día; no era posible ya que para el 12 Estatuto de Contratación EstatalLey 80 de 1993. Artículo 30: De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas: 2°. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta Ley, en los cuales se detallarán especialmente los aspectos

relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas. 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007. Radicado:

16209. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra. “(…) es pues evidente, que el pliego de condiciones, elaborado por la Administración unilateralmente, contiene una serie de disposiciones que, una vez abierta la licitación y entregado el pliego a los participantes en la misma, se tornan obligatorias e inmodificables, salvo las expresas excepciones permitidas por la ley, y tal obligatoriedad se pregona no sólo frente a los proponentes, sino también, y con mayor razón, de cara a la misma entidad que lo elaboró; cuando se dice que el pliego de condiciones es ley del proceso de selección y del futuro contrato, debe entenderse que lo es, para todos los intervinientes en el primero, y para las partes del segundo; luego dicho documento, es ley también para la entidad licitante, que, en consecuencia, está sujeta a sus términos.”

12 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 05001233100020000341401 (39188) 5aCdeE/IJJ/Cip IUS-2011momento de los hechos contaba con expresa prohibición de ley, en este caso del Decreto 855 de 1994 (Derogado por el Decreto Nacional 066 de 2008) el

cual en su artículo 12 parágrafo 1° señalaba que: “En todo caso, cuando se contrae (sic) directamente por declaratoria de desierta de la licitación o concurso, la entidad estatal no podrá variar el objeto del contrato proyectado, ni modificar sustancialmente los términos de referencia”. (Negrillas fuera de texto) Por lo anterior esta Delegada del Ministerio Público, manifiesta que está demostrado en el presente caso que las resoluciones emitidas por la Administración, por medio de las cuales se dio por terminado unilateralmente el contrato ALC. 042, fueron emitidas de acuerdo a la ley; tanto es así que con ellas lo que se trató fue de salvaguardar el interés general ya que el contrato se encontraba viciado de nulidad absoluta de acuerdo con el numeral 2° del artículo 44 del Estatuto de Contratación Estatal, que menciona que una de dichas causales la constituye el hecho de haberse realizado un contrato contra expresa prohibición legal, pues como se mencionó con la modificación de los pliegos de la contratación directa se violó el artículo 12, parágrafo 2°, inciso 2 del Decreto 855 de 1994, por lo que no le era permitido al municipio de Puerto Berrio continuar con la ejecución del contrato ALC 042 del 14 de noviembre de 1997, de acuerdo con la facultad otorgada por el mencionado artículo 45 de la Ley 80 de 1993, en la que se autoriza a la Administración para dar por terminado de manera