PGN - NULIDAD - Violación del debido proceso y del derecho de defensa del investigado

Señores magistrados Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal Magistrado ponente doctor Jorge Luis Quintero Milanés Bogotá Ref. Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Luis Alberto Becerra Serna contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que lo condenó por el delito de porte de estupefacientes. Rad. Nro. º 26.829

Honorables Magistrados: El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itagüí, mediante fallo de 24 de enero de 2006, condenó a Luis Alberto Becerra Serna como autor del delito de porte de estupefacientes, en la modalidad de llevar consigo, a la pena de 8 años de prisión y multa de 1.000 smlmv, como sanciones principales, e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo término.

Apelada la decisión por el defensor del procesado, el 23 de agosto de 2006, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia del a quo. El abogado de Luis Alberto Becerra Serna presentó recurso de casación contra la decisión del tribunal y lo sustentó con demanda que la Corte Suprema de Justicia declaró ajustada a las previsiones legales; corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal conceptuar sobre la viabilidad del recurso.

I. HECHOS

1 Según el Tribunal de Medellín, “historia la foliatura que el 1 de julio de 2005 a eso de las 23:30 horas, en la calle 64 nro. 55-05 establecimiento comercial denominado Licorera la 55, fue capturado por agentes de la policía el señor Luis

Alberto Becerra Serna, porque al practicar una requisa se halló en la bodega del lugar una bolsa contentiva de 4.400 gramos de cocaína, aproximadamente”.

II. ACTUACIÓN PROCESAL El 5 de julio de 2004, la Fiscalía abrió formalmente la investigación contra Luis Alberto Becerra Serna y, el mismo día, le recibió indagatoria por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Ese despacho le resolvió situación jurídica mediante resolución del 7 de julio siguiente, mediante la cual le impuso detención preventiva por el delito de almacenamiento, venta, tráfico o porte de estupefacientes.

Mediante resolución del 12 de octubre de 2005, la fiscalía profirió llamamiento a juicio del procesado y la etapa de la causa se surtió ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito. Concluida la audiencia pública de juzgamiento, el 24 de enero de 2006, el juez profirió sentencia condenatoria dentro de la misma, la notificó en estrados y dio oportunidad a los sujetos procesales, todos los cuales estaban presentes, para que interpusieran y sustentaran el recurso de apelación. Frente a la condena, la defensora interpuso el recurso de apelación y tuvo la palabra para ese efecto en dos ocasiones dentro de la misma audiencia; de la misma manera, el procesado Luis Alberto Becerra Serna también manifestó su inconformidad con la decisión y expresó diversas razones. 2 Acto seguido, el Juez de Circuito, con fundamento en el art. 193 b), numeral 1º, del Código de Procedimiento Penal (Ley 600), concedió el recurso de apelación

para ante el Tribunal de Medellín, en el efecto diferido. El expediente fue remitido al Tribunal el 27 de enero de 2006. El 27 de febrero del mismo año, el defensor de Luis Alberto Becerra Serna allegó a la Sala Penal del Tribunal de Medellín, memorial de sustentación del recurso de apelación. Mediante decisión mayoritaria de la Sala Penal, el Tribunal de Medellín confirmó la condena, mediante sentencia del 23 de agosto de 2006, y contra esta fue interpuesto el recurso extraordinario de casación que ahora se decide. Frente a esta nueva providencia, el representante judicial del encartado interpuso recurso extraordinario de casación.

III. SÍNTESIS DE LA DEMANDA Cargo primero: Causal primera. Violación directa de la ley sustancial, violación al debido proceso y al derecho de defensa.

El demandante alega que el proceso adelantado contra Becerra Serna estuvo regido por la Ley 600, sin embargo, al momento de dictarse la sentencia el juez vulneró el art. 410 del estatuto procesal penal, porque profirió sentencia condenatoria al finalizar la audiencia pública de juzgamiento y antes de que transcurrieran los 15 días de que trata esa norma. 3 En su opinión, la violación del rito ocasionó dos consecuencias que obligan a decretar la nulidad del proceso:

1. El juez del circuito no dispuso del tiempo suficiente para valorar debidamente la prueba.

2. Sorprendió a los sujetos procesales, particularmente a la defensa, quienes no tuvieron el tiempo necesario para sustentar el recurso de apelación contra la sentencia que les fue desfavorable.

Explica el censor que la Ley 600 no faculta al juez para proferir sentencia en

estrados y que, en caso de que tal procedimiento fuera viable, no se dio oportunidad al procesado Luis Alberto Becerra Serna para manifestarse sobre su deseo de apelar o no la decisión que fue contraria a sus intereses, ni al defensor el tiempo para sustentar en debida forma el recurso de apelación ante el Tribunal. Afirma que en las circunstancias del proceso particular, la Ley 906, que al parecer resultó aplicada por el Juez, no estaba llamada a regular el proceso por el principio de favorabilidad porque no lo era para Becerra Serna. En criterio del defensor, dados esos antecedentes, el juez debía dar el traslado dispuesto en el art. 194 de la Ley 600 para que la defensora sustentara el recurso de apelación. En apoyo de su tesis, el libelista transcribe el salvamento de voto presentado por el magistrado disidente de la Sala Penal del Tribunal que resolvió el recurso de apelación.

Cargo segundo: 4

Presentado al amparo de la causal primera por error de hecho por falso juicio de raciocinio (sic) sobre las pruebas allegadas al proceso, yerro que señala sobre varios puntos que pueden ser resumidos de la siguiente manera. Existió un falso raciocinio en la sentencia recurrida porque, según el libelista, no tuvo en cuenta en su integridad las declaraciones del implicado y su familia; desconoce integralmente los principios de valoración de la prueba, los principios y postulados de la ciencia al interpretar erróneamente los medios probatorios; desconoció la reglamentación sobre la experiencia y el valor real probatorio de las pruebas arrimadas a la investigación, y, en su análisis, la aplicación de la sana

crítica. Sobre el acervo probatorio, denuncia la errada valoración de las declaraciones de Jairo Ríos Tamayo y de Ángela Patricia Sierra Valencia propietaria del taxi que maneja el implicado Luis Alberto Becerra Serna, ambos se manifestaron sobre el buen comportamiento del acusado y su disposición a colaborar con las personas que se lo requieren y a guardar paquetes para hacerle el favor a sus clientes. A partir de las ratificaciones de los agentes que hicieron el operativo de incautación, que dicen que la droga se encontraba en la bodega, encima de cajas de cerveza vacías, sin ningún camuflaje, e informan que el dueño del negocio Luis Alberto Becerra Serna accedió voluntariamente a la penetración de los policiales a tal sitio del establecimiento de comercio, el censor presenta alegatos exculpatorios que consisten, fundamentalmente, en negar el compromiso personal de aquél con la tenencia de la cocaína en su establecimiento comercial denominado Licorera la 55, porque no era el propietario del alijo decomisado y tampoco conocía de su existencia, ya que creía que era ropa que le tenía guardada a un cliente de nombre Jorge N. Reitera que no puede descartarse la disculpa aducida por el procesado, según la cual la bolsa que contenía la cocaína llegó a la bodega de Becerra Serna porque 5 un cliente, de nombre Jorge, que se desplazaba en un automóvil Mazda, azul, con rines de lujo, se la entregó y le pidió que se la guardara, diciéndole que regresaría en horas de la tarde para recogerla; y que la guardó porque Jorge N., a quien

conocía desde 15 días atrás, cuando empezó a pasar a tomarse unos tragos a la Licorera la 55 y a invitar al mismo Becerra, se aprovechó de su confianza. Para acreditar la inocencia de Luis Alberto Becerra Serna porque no era el poseedor de la droga ilegal y carecía de conocimiento sobre su existencia en el paquete entregado por Jorge N., el defensor señala:

1. Que si Luis Alberto Becerra Serna hubiera tenido conocimiento del contenido de la bolsa, de que se trataba de estupefaciente, no la habría dejado a la vista de las autoridades sobre las cajas de cerveza, sino que la habría escondido.

2. Que el acceso a la bodega, que en principio habría requerido orden judicial, fue permitido voluntariamente por el procesado Luis Alberto Becerra Serna.

3. Que Luis Alberto Becerra Serna se habría sometido a sentencia anticipada para obtener los beneficios y no al proceso con la sola esperanza de obtener la absolución.

Finalmente, el defensor alega que el juzgador sancionó por responsabilidad objetiva, porque no hubo compromiso de Luis Alberto Becerra Serna con la droga decomisada y la condena obedeció únicamente a que era el dueño del local donde fue encontrada.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Cargo primero: 6

Lo presentó el censor bajo la causal de nulidad por violación del debido proceso y del derecho de defensa, porque la sentencia se dictó al finalizar la audiencia pública de juzgamiento. El demandante alega que el proceso adelantado contra Becerra Serna estuvo regido por la Ley 600, sin embargo, al momento de dictarse la sentencia el juez

vulneró el art. 410 del estatuto procesal penal, porque profirió sentencia condenatoria al finalizar la vista pública y antes de que transcurrieran los 15 días de que trata esa norma, y, al parecer, aplicó el nuevo ordenamiento procesal que no correspondía al caso. Sobre este particular, la Delegada comparte lo dicho por la sentencia del ad quem, en cuanto el término de 15 días fijado por el art. 410 de la Ley 600 es un máximo que no se puede superar, pero que supone que el juez está autorizado para dictar su pronunciamiento definitivo, en cualquier momento, una vez finalizada la audiencia de juzgamiento, incluso a continuación de ella. Por ello, pues, en nada vulnera el debido proceso que la sentencia del a quo hubiera sido proferida luego de la práctica de pruebas y oída la intervención de los sujetos procesales en la audiencia, según las voces de la norma arriba señalada. La Delegada estima que también le asiste razón al Tribunal, en cuanto señaló que la sentencia es una de las providencias que, de acuerdo con la anterior legislación procesal, podía ser proferida en estrados, esto es, dentro de una audiencia pública debidamente celebrada, con la citación obligada de los sujetos procesales, y en tal caso, es en ella donde debe notificarse y sustentarse. En el caso que nos ocupa, la sentencia contra Becerra Serna fue proferida por el Juez de Conocimiento al finalizar la audiencia de juzgamiento, en la cual se encontraban todos los sujetos procesales reconocidos y cuya participación era obligatoria, valga decir, fiscal y defensor, y además, el procesado y varios testigos,

tal como consta en las firmas de asistencia a la misma. 7 En torno a la afirmación del censor, según la cual la toma de decisión condenatoria en la misma audiencia de juzgamiento supuso una merma en el tiempo necesario de valoración de la prueba por parte del juez, la Delegada estima que no ocurrió tal cosa, porque el fallador de primera instancia pronunció la motivación de su decisión con una argumentación suficiente, se refirió a las pruebas recaudadas para dar valor a cada una de ellas y apreciarlas también en su conjunto, y su decisión cumplió con los requisitos formales que se exigen para esta clase de actos. Respecto al sorprendimiento de que fueron víctimas los sujetos procesales, en especial, la defensora técnica y el procesado con el pronunciamiento de una sentencia condenatoria, y que, según el censor, les impidió la debida sustentación del recurso de alzada; estima la Procuraduría que no le asiste razón, en primer lugar porque los sujetos procesales comparecieron a la audiencia de juzgamiento de la conducta punible, en la cual era posible, y sabido por los comparecientes, que se produjeran decisiones de diversa índole, incluida la sentencia y para ello estaban preparados, al menos desde el punto de vista técnico-jurídico. En segundo lugar, la defensora técnica del procesado y el condenado mismo, al momento de sustentar las razones de su disenso respecto a la sentencia, esgrimieron iguales, idénticos, argumentos de que ahora hace uso el casacionista, esto es, ajenidad a los hechos por desconocimiento del contenido del paquete y por ser otra persona el propietario de la cosa ilícita.

Siendo así las cosas, y que con el paso del tiempo no han aparecido razones adicionales, desconocidas, ignoradas para ese momento, y el debate casi doce meses después (hasta la presentación de la demanda de casación) de la sentencia de primera instancia no ha aportado a la defensa, como sujeto procesal, razón diferente para impugnar la sentencia, mal se ve que el ahora recurrente invoque falta de tiempo para sustentar su desacuerdo con la sentencia atacada. 8 En efecto, seguido el hilo conductor de los argumentos defensivos, se advierte que ellos permanecieron inalterados y constantes desde la misma indagatoria del procesado, que su estrategia no ha variado desde ese momento hasta el actual recurso extraordinario, que, entre otras cosas, son las mismas que ahora presenta como cargo segundo dentro de la demanda. No se ve cómo, si el juez hubiera hecho uso del término de 15 días para tomar su decisión, habría podido mejorar la situación procesal del condenado, o incluso, si la defensa hubiera dispuesto de términos adicionales. Así las cosas, el procedimiento llevado a cabo por el juez de instancia, en cuanto profirió la sentencia dentro de la audiencia de juzgamiento y allí dio la oportunidad de sustentación del recurso de apelación tanto a la defensora técnica como al procesado, no vulneró el debido proceso consagrado en la Ley 600, que era el aplicable. Por lo expuesto, el cargo de nulidad formulado contra la sentencia no debe ser acogido.

Cargo segundo: Fue formulado como falso raciocinio sobre algunas pruebas allegadas, con fundamento en la causal primera cuerpo primero de casación.

Las alegaciones del libelista son confusas e incompletas, habida consideración del falso juicio que denuncia, lo cual fuerza a una interpretación de su pretensión, y ello está prohibido en esta sede, en virtud del principio de limitación que rige sobre la casación. Además de ello, adelanta ataques debería invocar bajo otras causales, que aún haciendo caso omiso de la falencia técnica, presenta sin una sustentación que permita adelantar su estudio. 9 No obstante lo anterior, la Delegada estima que los reparos hechos sobre la sentencia atacada carecen de toda razón, porque las pruebas fueron analizadas en conjunto para efectuar la valoración de la responsabilidad del procesado, y en ello no se advierte vulneración de principios de la lógica, de la ciencia o de la experiencia, ni el demandante se ocupa siquiera de enunciarlos; tampoco se estima que alguna de las pruebas allegadas hubiera sido desconocida o no tenida en cuenta, puesto que los hechos atinentes al proceso fueron considerados y las pruebas admitidas sirvieron al Tribunal para un examen de conjunto, que dio lugar a la declaración de certeza sobre el hecho y la responsabilidad del condenado. En lo que atañe al ataque de fondo en la sustentación del recurso de apelación:

1. La tipicidad no ofrece dudas porque aparece probado dentro del expediente que el fármaco hallado en la propiedad del condenado era cocaína, con lo cual se configura el delito de porte de estupefacientes, descrito en la norma penal; además, el procesado admitió tenerlo en las dependencias de su negocio.

2. En cuanto a la alegación de buena fe del procesado y de aprovechamiento

de su confianza por Jorge N., así como los argumentos ad absurdum que enuncia, no pasan de ser expresiones de litigante, válidas en las instancias, pero que no ameritan mayor consideración en casación, como quiera que además tuvieron su respuesta adecuada en las sentencias del a quo y del ad quem, quienes refirieron a tales falacias argumentativas.

3. Finalmente, en el caso estudiado no existe tal responsabilidad objetiva, pues lo que se endilga a Becerra no es sólo el ser propietario del predio donde se halló el alucinógeno, sino su conocimiento de ello y el compromiso asumido de resguardarla en el establecimiento de comercio.

Así, pues, el yerro propuesto no tiene vocación de prosperidad. 10

V. PETICIÓN Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Delegada del Ministerio Público solicita a la Corte NO CASAR la sentencia impugnada.

Atentamente, MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal Bogotá, enero 20 de 2009 Rad. 26.829 MLZA/mcya 11