PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Acto por el cual se negó el reconocimiento

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Acto por el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías definitivas CESANTIAS DEFINITIVAS-El régimen retroactivo no tiene previsto el reconocimiento de sanción moratoria por pago extemporáneo CESANTIAS-Régimen retroactivo El régimen retroactivo de las cesantías implica que la prestación se liquida con base en el último salario devengado, a razón de un mes de sueldo por cada año de servicios, teniendo en cuenta todo el periodo de vinculación del trabajador, según los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945, 1º de la Ley 65 de 1946 y 1º del Decreto 2567 de 1946 CESANTIAS-Sanción moratoria por no pago oportuno Se concluye, entonces, que la citada ley fijó un término perentorio para el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías de los servidores públicos y, en caso de mora, estableció a título de sanción, a cargo de la administración y a favor del trabajador, un día de salario por cada día de retardo en el pago de la referida prestación, pero solo en lo que corresponde a las cesantías definitivas. CESANTIAS–Causación de la mora De manera que la mora se causa y perdura desde el día siguiente al vencimiento de los 65 días, a la que refiere el artículo 1º de la Ley 244 de 1995, hasta la fecha en que se hace efectivo el pago, pues de lo contrario se estaría desconociendo todo el periodo en el que incumplió la administración, es decir, que bajo este planteamiento la exigibilidad no inicia a partir de que se hace efectivo el pago, sino desde el vencimiento del término de los 65 días

para realizarlo, postura que se considera la más ajustada a la interpretación del artículo 2º de la Ley 244 de 1995. CESANTIAS DEFINITIVAS-El régimen retroactivo no tiene previsto el reconocimiento de sanción moratoria por pago extemporáneo CESANTIAS-Evolución normativa Por otra parte, se advierte que el régimen retroactivo de cesantías finalizó para los empleados de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, de conformidad con el Decreto Ley 3118 de 1968, pues dispuso que la liquidación de dicha prestación sería anual y por ello reconoció intereses a las mismas, de ahí que a partir de su vigencia las entidades de este nivel de la administración pública liquidaron las cesantías a sus trabajadores año por año; sin embargo, esta regulación no comprendió a los empleados del orden territorial, puesto que mantuvieron el reconocimiento y pago retroactivo de tal prestación. Demandante Zulia Gorgonia Camacho de Córdoba

Demandado: Departamento del Chocó

E2019-588690 Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 2 Posteriormente, la Ley 344 de 1996 extendió la irretroactividad de la cesantía a todos los servidores del Estado, es decir, que incluyó también a los del nivel territorial, por cuanto señaló que los órganos y entidades del Estado se regirían por el sistema de liquidación anual de cesantías, no obstante, se entiende que comprende sólo a los servidores que se vincularon con posterioridad a su vigencia, es decir, que lo mantuvo para aquellos que

adquirieron el derecho antes de su expedición. REGIMEN PRESTACIONAL-Para empleados del orden territorial CESANTIAS-Reconocimiento y pago De acuerdo con lo anterior, es claro que el empleador o quien tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, tiene un plazo de 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud para expedir el acto de reconocimiento, mientras que la entidad pagadora dispone de 45 días para cancelar la prestación social. SANCION MORATORIA-Prescripción De conformidad con la disposición transcrita, el término de 3 años deberá contarse a partir de la exigibilidad de la obligación, la cual varía en tratándose de la sanción moratoria causada, es decir, si se trata de la prevista para el régimen anualizado de cesantías o la contemplada respecto de todos los servidores públicos que soliciten el retiro parcial o definitivo de dicha prestación social

Demandante: Zulia Gorgonia Camacho de Córdoba

Demandado: Departamento del Choco

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PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE

ESTADO

CONCEPTO No. 230

E2019-588690 Bogotá, D. C., 21 de octubre de 2019 Doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez Consejera Ponente Sección Segunda - Subsección “B”

H. Consejo de Estado

Ciudad.

Ref: 27001233300020170012201

No. Interno: 1808-2019

Demandante: Zulia Gorgonia Camacho de Córdoba Demandado: Departamento del Chocó Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Asunto: Apelación sentencia (Ley 1437 de 2011).

Procede esta agencia del Ministerio Público a rendir su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES La parte actora demandó la nulidad del oficio1 GDCH-01-02-17-045 del 21 de junio de 2017, suscrito por el Jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación del Chocó, a través de la cual negó el reconocimiento y 1 El accionante nominó el acto acusado como Resolución, aunque realmente es un oficio de respuesta a un derecho de petición instaurado por el apoderado de la accionante (fl. 21).

Demandante: Zulia Gorgonia Camacho de Córdoba

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E2019-588690 Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 4 pago de la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías definitivas, cuya petición fue radicada el 6 de junio de 2017 (fl. 21). Solicitó que como consecuencia de lo anterior, se restablezcan sus derechos y se condene al Departamento del Chocó a pagar a la demandante el valor de la sanción moratoria, contemplada en la Ley 244 de 1995, en un valor equivalente a $89.543.070.60. I.1.HECHOS (Síntesis)

La demandante indicó que ingresó a laborar en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales en el municipio de Bagadó (Chocó), en el Instituto Educativo “Nuestra Señora de la Candelaria”, el 4 de agosto de 1978. El ente territorial retiró a la accionante mediante el Decreto 0725 del 27 de diciembre de 2007, teniendo en cuenta que cumplió la edad de retiro forzoso (65 años), no obstante, no hizo efectiva la liquidación y el pago de la cesantía definitiva. Mediante petición del 6 de enero de 2010, la actora solicitó a la Gobernación de Chocó el pago de las cesantías. La Gobernación del Chocó, a través de resolución del 28 de junio de 2016, ordenó el pago de las cesantías definitivas, acto administrativo que se produjo por disposición de la sentencia de tutela del 11 de febrero de 2016, expedida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado 27001-23-31-000-2015-00075-01, M.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

Demandante: Zulia Gorgonia Camacho de Córdoba

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E2019-588690 Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 5 El 6 de junio de 2017, la actora solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria conforme a lo previsto por la Ley 244 de 1995, petición

que se negó a través del oficio GDCH-01-02-17-045 del 21 de junio de 2017, que es el acto acusado en el sub judice. 1.2 NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN (Síntesis) El apoderado de la actora sostuvo que con la expedición del acto demandado, resultaron conculcados los artículos 2, 13, 53, 83 y 84 de la Constitución Política; artículo 2º, parágrafo 2º, de la Ley 244 de 1995 y los artículos 2 y 5 de la Ley 1071 de 20062. Argumentó que el Departamento del Chocó desconoció la situación particular de la demandante, esto es, que a pesar de que estaba sometida al régimen retroactivo de las cesantías y al haber sido retirada por edad de retiro forzoso, le tenía que reconocer y pagar la prestación dentro de los términos establecidos por la Ley 244 de 1995, no obstante, la administración no reconoció la sanción moratoria aduciendo razones equivocadas y superfluas, por lo que se configura, en su criterio, una falsa motivación del acto. 1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA (Síntesis) El Departamento del Chocó y la Secretaría de Educación de esa entidad territorial señalaron al unísono que la demandante no tiene derecho a la sanción moratoria que reclama, por cuanto se vinculó en el empleo de Auxiliar de Servicios Generales el 4 de agosto de 1978, es decir antes del 2 La accionante indicó que la Ley 1071 era de 2005, pero realmente es de 2006.

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E2019-588690 Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 6 31 de diciembre de 1998, en consecuencia, su situación se reguló por el régimen retroactivo de cesantías, al tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 y no por la Ley 244 de 1995. Agregó que la demandante no probó su manifestación expresa para pasarse al régimen anualizado, razón por la cual se considera que el régimen de cesantía era el retroactivo. 1.4. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2018, negó las pretensiones de la demanda, porque consideró que la servidora Zulia Gorgonia Camacho de Córdoba no tiene derecho a la sanción moratoria que reclama, toda vez que su vinculación se hizo con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 244 de 1995, es decir, que el régimen de cesantía aplicable era el retroactivo, según los términos establecidos en la Ley 6ª de 1945. Precisó que existen tres sistemas de liquidación de cesantías: i) el retroactivo que regula la Ley 6ª de 1945; ii) el anualizado que creó la Ley 50 de 1990, en el que se incluye el pago de intereses al trabajador por parte del empleador y que comprende a los empleados vinculados a

partir del 31 de diciembre de 1996, o aquellos que optan por este sistema anualizado en concordancia con lo previsto en la Ley 344 de 1996 y el Decreto Reglamentario 1582 de 1998; iii) y aquellos que se afilian al Fondo Nacional del Ahorro que no tienen derecho a la sanción moratoria, de conformidad con lo previsto en la Ley 432 de 1998.

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E2019-588690 Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 7 1.5. RECURSO DE APELACIÓN (Síntesis) El apoderado de la accionante interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, argumentando que el A-quo no tuvo en cuenta que en este caso la Gobernación del Chocó no la afilió a fondo de cesantías alguno, es decir, que el valor de la prestación siempre hizo parte del presupuesto del ente territorial, no obstante, tomó la fecha de vinculación para afirmar que la accionante estaba sujeta al sistema retroactivo para negar la sanción moratoria, sin advertir que una vez se retiró tenía derecho a la aplicación de las Leyes 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2005, en las que se regula el procedimiento para otorgar la prestación de manera definitiva, pues la desvinculación de la demandante se produjo el 27 de diciembre de 2007, a través del Decreto

0725. Señaló que la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006 consagran la sanción moratoria por el incumplimiento del término para el reconocimiento de las cesantías o su pago tardío, de modo que, en su sentir, la actora tiene derecho a la prestación, que se produce por el retardo una vez se termine la relación laboral, presupuesto que difiere de la no consignación total o parcial.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Demandante: Zulia Gorgonia Camacho de Córdoba

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E2019-588690 Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 8 El problema jurídico en el presente caso se circunscribe en determinar si los servidores sometidos al régimen retroactivo, como ocurre en el caso de la demandante, tienen derecho a la aplicación del artículo 2º de la Ley 244 de 1995, en la que se regula el procedimiento y los términos para reconocer la sanción moratoria cuando la cesantía definitiva no se desembolsa oportunamente, una vez se produce el retiro definitivo de tales funcionarios. Para resolver la controversia nos referiremos, en primer lugar, a la normatividad y posición jurisprudencial que gobierna el tema, en segundo lugar, solucionaremos el problema jurídico y, por último, examinaremos lo concerniente a la prescripción trienal. 2.1. Régimen retroactivo de la cesantía (normatividad y posición jurisprudencial) El régimen retroactivo de las cesantías implica que la prestación se

liquida con base en el último salario devengado, a razón de un mes de sueldo por cada año de servicios, teniendo en cuenta todo el periodo de vinculación del trabajador, según los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945, 1º de la Ley 65 de 1946 y 1º del Decreto 2567 de 1946 que a la letra consagran, en su orden: Ley 6ª de 1945: ”Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones sociales: a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942(…)”

Demandante: Zulia Gorgonia Camacho de Córdoba

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E2019-588690 Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 9 Ley 65 de 1946: “Artículo 1º, inc 1º: Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa de retiro.”. Decreto 2567 de 1946:

“Artículo 1º, inc 1º. El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servicio de la Nación, los Departamento y los Municipios, se liquidará de conformidad con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio, si este fuere menor de doce meses.” Ahora bien, el artículo 2º del Decreto 1160 de 1947 extendió el beneficio de las cesantías retroactivas a los trabajadores de los departamentos y municipios, y contempló, además, que el pago de la cesantía definitiva se haría cuando se produzca el retiro del servicio del empleado; como sigue: “Artículo 2º.- Lo dispuesto en el artículo anterior se extiende a los trabajadores de los Departamentos, Intendencias, Comisarías y Municipios, teniendo en cuenta respecto de éstos lo dispuesto por el Decreto 2767 de 1945. Pero si la entidad correspondiente no hubiere obtenido su clasificación, estará obligada a la cancelación de las prestaciones sociales en su totalidad, sin atender a las limitaciones establecidas en el Decreto mencionado.” Por otra parte, se advierte que el régimen retroactivo de cesantías finalizó para los empleados de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, de conformidad con el Decreto Ley 3118 de 1968, pues dispuso que la liquidación de dicha prestación sería anual y por ello reconoció intereses a las mismas, de ahí que a partir de su vigencia las

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E2019-588690 Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 10 entidades de este nivel de la administración pública liquidaron las cesantías a sus trabajadores año por año; sin embargo, esta regulación no comprendió a los empleados del orden territorial, puesto que mantuvieron el reconocimiento y pago retroactivo de tal prestación. Posteriormente, la Ley 344 de 1996 extendió la irretroactividad de la cesantía a todos los servidores del Estado, es decir, que incluyó también a los del nivel territorial, por cuanto señaló que los órganos y entidades del Estado se regirían por el sistema de liquidación anual de cesantías, no obstante, se entiende que comprende sólo a los servidores que se vincularon con posterioridad a su vigencia, es decir, que lo mantuvo para aquellos que adquirieron el derecho antes de su expedición, pues señaló: “Artículo 13º.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre

cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (…) “ Igualmente, el Decreto 1919 de 2002 que reguló el régimen prestacional de los servidores públicos territoriales, dispuso en el artículo 3º, sobre la vigencia de la retroactividad de la cesantía, lo siguiente:

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E2019-588690 Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 11 “Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.“ Adicionalmente, el artículo 2º del Decreto 1252 de 2000 dispuso que los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del sistema retroactivo de la cesantía, continuarían en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional; por ende, la disposición les permitió continuar con esta modalidad a aquellos que estuvieran vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 344 de 1996. La Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 26 de mayo de 2016, manifestó sobre el tema lo siguiente:3 “De lo expuesto, es claro que no existe prueba alguna de que la

demandante haya manifestado su deseo de optar por el régimen anualizado, ni que haya adelantado alguno de los trámites exigidos por el Decreto 1582 de 1998 para su traslado, por lo que se entiende que operó un cambio de administrador de los recursos para el pago de las cesantías de una servidora pública del nivel territorial que se encuentra bajo el sistema tradicional de retroactividad conforme al artículo 2 ibídem, sin que su régimen hubiera sufrido alguna modificación como de manera desacertada lo entiende la parte actora, al considerar que con el cambio de administrador de cesantías realizado, modificó la anualidad en el sistema de liquidación y pago de la referida prestación. Para la Sala resulta claro entonces que la demandante es beneficiaria del régimen retroactivo de cesantías, en los términos de la Ley 6º de 1945 y demás normas complementarias. En consecuencia, cualquier análisis en torno a la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 así como la prescripción de la misma es impertinente, por cuanto no se puede derivar el incumplimiento de 3 Sección Segunda del Consejo de Estado. MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Exp. 08001233100020110124101, exp int 4269-2013

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12 la entidad sin la manifestación expresa de la accionante de acogerse al nuevo régimen. Es pertinente señalar que si bien la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, prevén una sanción moratoria, ésta se configura por el incumplimiento del término para el reconocimiento de las cesantías o el pago que se hiciere de manera tardía directamente al empleado afiliado, cuando solicita su retiro parcial o definitivo y no por la omisión en la consignación en el fondo privado de cesantías.” (Subraya fuera de texto). De igual modo, la Sección Segunda de la misma corporación, en sentencia del 1º de agosto de 20184, consideró que si bien el servidor sometido al régimen retroactivo no tiene derecho a la sanción moratoria, no es menos cierto que sí procede su reconocimiento cuando se trata de una cesantía definitiva, pues sostuvo: “Así las cosas, es forzoso concluir que el demandante, al estar amparado por el régimen de retroactividad de cesantías, no tiene derecho al reconocimiento de la sanción por mora, pues esta previsión fue consagrada para el régimen de liquidación anual y para el régimen de retroactividad por retiro definitivo del servicio, de conformidad con la Ley 244 de 1995. Es necesario precisar, además, que con la documental aportada al expediente, no se comprobó que el actor hubiera manifestado ante su empleador, la intención de trasladarse de régimen de cesantías, lo que impide considerar que se acogió al sistema de liquidación anual. Adicionalmente, verificadas las pruebas que obran en el expediente se pudo establecer que si bien el accionante se afilió en el año 2000

a un fondo privado administrador de cesantías, en este caso Colfondos, ello no constituye prueba del cambio del régimen que lo amparaba en esa materia, pues para ese efecto era necesario que el señor (…) hubiera aportado la manifestación de su voluntad escrita ante su empleador, en la que informara sobre su decisión de cambio de régimen, y no se considera suficiente la mera afiliación a un fondo administrador de cesantías, toda vez que la entidad debía conocer esa decisión, para proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998. (…)” (Subraya fuera de texto). 4 Sección Segunda del Consejo de Estado. MP. Rafael Francisco Suárez. Exp. 08001233100020110065001, exp int , exp int 0659-2016

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a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley. Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar. Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social. Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.

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Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 14 Artículo 3.- Los Organismos de Control del Estado garantizarán que los funcionarios encargados del pago de las prestaciones sociales de los servidores públicos, cumplan con los términos señalados en la presente Ley. Igualmente vigilarán que las cesantías sean canceladas en estricto orden como se hayan radicado las solicitudes, so pena de incurrir los funcionarios en falta gravísima sancionable con destitución. Parágrafo transitorio. Establécese el término de un (1) año, contado a partir de la vigencia de la presente Ley, para que las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal o distrital, se pongan al día en el pago de las cesantías definitivas atrasadas, sin que durante este término se les aplique la sanción prevista en el parágrafo del artículo 2 de esta Ley.” Se concluye, entonces, que la citada ley fijó un término perentorio para el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías de los servidores públicos y, en caso de mora, estableció a título de sanción, a cargo de la administración y a favor del trabajador, un día de salario por cada día de retardo en el pago de la referida prestación, pero solo en lo que corresponde a las cesantías definitivas. A su turno, la Ley 1071 de 2006 reguló el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, estableciendo sanciones y fijando los términos para su cancelación, a saber:

“Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.

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inciso primero de este artículo”. “Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.” De acuerdo con lo anterior, es claro que el empleador o quien tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, tiene un plazo de 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud para expedir el acto de reconocimiento, mientras que la entidad pagadora dispone de 45 días para cancelar la prestación social. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 19 de

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16 enero de 2017, destacó la importancia del reconocimiento de la cesantía definitiva, teniendo en cuenta que el trabajador queda cesante y por tal virtud requiere de su valor para poder suplir sus necesidades básicas; así mismo se refirió sobre el término para contabilizar la sanción moratoria de la siguiente manera: “En atención a la importancia del auxilio de cesantías el legislador estableció por medio de la Ley 244 de 19955, la obligación de la entidad de empleadora de liquidación y reconocimiento de la prestación social en el evento en que el servidor público