PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - De actos por los cuales la procuraduría gra

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-De actos por los cuales la Procuraduría Gral lo sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años del cargo de Senador PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-Competencia de esta para investigar y sancionar funcionarios de elección popular según sentencia de la Corte Constitucional DEBIDO PROCESO-En actuaciones administrativas fue garantizado y se preservaron derechos fundamentales del disciplinado Así pues, se establece que una vez concluidas las etapas del proceso disciplinario verbal, con fundamento en las pruebas aportadas, fue expedido en audiencia de fallo de 16 de octubre 2012 la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años y una vez notificado en estrado, en ejercicio del derecho de defensa y contradicción, el apoderado del disciplinado manifestó su oposición al fallo, para lo cual reiteró los argumentos esgrimidos en la defensa, interpuso recurso de reposición, en cuya resolución se confirmó la decisión de sanción en sesión concluida el 17 de octubre de 2012.Verificado el agotamiento de cada una de las etapas del proceso disciplinario verbal, en que se garantizó el derecho de defensa y contradicción, no se evidenció la existencia de nulidades, pues el demandante presentó descargos, solicitó pruebas y participó en su práctica, interpuso los recursos de reposición que faculta el proceso disciplinario, rindió versión libre y presentó alegatos, por tanto se verifica el acatamiento de las garantía de defensa técnica y material a través de su apoderado, se establece que en el presente caso de dio cumplimiento a las garantías del debido

proceso que comporta según el artículo 29 de la Constitución Política: i) la competencia de la Procuraduría para investigar y sancionar disciplinariamente funcionarios de elección popular, de que trata el parágrafo único del artículo 7 del Decreto 262 de 2000, según el cual las competencias disciplinarias establecidas en los numerales 21, 22, 23 y 24 del artículo 7 de dicho Decreto podrán ser delegadas el Procurador General de la Nación en dos únicos funcionarios: en el viceprocurador general de la Nación o en la Sala Disciplinaria, sala integrada por dos procuradores delegados ACTOS ADMINISTRATIVOS-Objeto de demanda fueron adelantados conforme a las normas y rituales que regulan el proceso disciplinario/SANCIÓN-Se enmarca en principios de proporcionalidad y razonabilidad/CONDUCTA-Se encuadra en las señaladas por Corte Interamericana como actos de corrupción Así las cosas, ha de concluirse que en este caso los actos administrativos objeto de este medio de control, atendieron los deberes de motivación fáctica y jurídica, conforme a las normas que regulan el proceso disciplinario y la facultad sancionadora de la Procuraduría General de la Nación, pues se constató que el sujeto disciplinado conoció los cargos en forma clara, concisa y oportuna, pudo ejercer los medios de defensa y contradicción a lo largo del proceso disciplinario y la sanción impuesta se enmarca en los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Adicionalmente, se establece que la conducta investigada se encuadra claramente en

las señaladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como aquellas susceptibles de sanción disciplinaria, por configurarse en actos de corrupción consagrados en el artículo 1° (literal c) de la la Ley 412 de 1997, «Por la cual se aprueba la "Convención Interamericana contra la Corrupción", suscrita en Caracas el 29 de marzo de mil novecientos noventa y seis», ejecutados por servidor público de elección popular, tal como sucede en este caso por la figura denominada tráfico de influencia, que también dio lugar a sentencia de pérdida de investidura del aquí demandado, en sentencia proferida por el Consejo de Estado el 3 de noviembre de 2014

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

IUS: E-2022-070872

Concepto No.026 Bogotá, D. C., 4 de marzo de 2022 Doctora SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ Consejera ponente Sección Segunda (Subsección B) Consejo de Estado

E. S. D.

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente: 11001-03-25-000-2013-00561-00 (10932013)

Demandante: Eduardo Carlos Merlano Morales Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación Tema: Disciplinario (destitución e inhabilidad) Respetada consejera de Estado: Como agente del Ministerio Público delegado en el proceso de la referencia, en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, particularmente de aquellas atribuciones que se encaminan a la protección del

patrimonio público, defensa del orden jurídico y protección y garantía de los derechos fundamentales, de la manera más atenta procedo a rendir y someter a consideración de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado concepto de fondo en los siguientes términos.

I. ANTECEDENTES 1.1 DEMANDA 1.1.1 Pretensiones. El señor Eduardo Carlos Merlano Morales, a través de apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), solicitó la nulidad de los actos administrativos de 16 y 17 de octubre de 2012, por medio de los cuales la Procuraduría General de la Nación lo sancionó disciplinariamente con destitución e inhabilidad por el término de 10 años del cargo de senador de la República.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pide, en síntesis, el reintegro al cargo del cual fue destituido, el reconocimiento y pago de salarios y prestaciones dejados de percibir durante el período en que duró el retiro del servicio. 1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el actor que fue elegido senador de la República para el período constitucional 2010-2014 y 13 de mayo de 2012, de manera oficiosa, la demandada avocó conocimiento de acción disciplinaria por hechos acaecidos en la madrugada de ese mismo día, cuando según informes de medios de comunicación se desplazaba en su vehículo, sin portar licencia de conducción, y se negó a autorizar la práctica de prueba de alcoholemia requerida

por las autoridades de tránsito. Que la accionada formuló pliego de cargos sin atender los argumentos de la defensa, ni haber practicado las pruebas solicitadas, pese a que solicitó la vinculación de los miembros de la policía de tránsito, que actuaron de manera arbitraria, y sin atender la solicitud de nulidad por falta de competencia para su investigación, por parte de dependencia distinta a la del procurador general. Que, según pruebas sobrevinientes, en desarrollo de la audiencia del proceso verbal, solicitó cambiar la calificación de la conducta imputada pues de ellas se deducen los abusos e irregularidades en el procedimiento adelantado por las autoridades de policía, solicitudes todas negadas por la demandada. 1.1.3 Fundamentos jurídicos. Citó como normas infringidas por los actos demandados los artículos 2, 13, 25, 20, 33, 113, 117, 122, 275, 277 y 279 de la Constitución Política; 4, 5, 6, 21, 22, 34.24, 48.42, 154, 175 y 182 a 191 de la Ley 734 de 2002; 7, 19 y 7.21 del Decreto 262 de 2002; 122, 126 y 131 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y sus Resoluciones reglamentarias 414 de 2002, 1183 de 2005 y 505 de 2009. Así como las Leyes 5ª de 1992 y 1548 de 2012. Aduce que la accionada incurrió en la violación del derecho al debido proceso y

desviación de poder, por cuanto la conducta que se investiga es atípica, pues habérsele imputado una falta por haber influido o determinado a los miembros de la policía, prevaleciéndose de su condición de senador de la república, para conseguir una decisión en beneficio propio, también debe existir una investigación y sanción en contra de aquellos, hecho que no se verificó. Precisó que para configurase la conducta imputada, debió tenerse en cuenta que el sujeto pasivo de la acción deber ser un funcionario con capacidad de definir la situación concreta en su beneficio, en este caso para inmovilizar un vehículo, facultad que no está consagrada en la ley, que solo hasta la expedición de la Ley 1548 de 2012 se estableció que la negativa de los ciudadanos a practicase la prueba de alcoholemia constituía infracción de tránsito. Dice que también se vulneró el derecho al debido proceso por la la falta de competencia de la Sala Disciplinaria, dado que por el fuero de senador de la República solo podría ser investigado y sancionado por el procurador general de la Nación, cuya función es indelegable, pues la constitución política indica que la función de sancionar funcionarios de elección popular la compete directamente a dicho funcionario. Señala igualmente que las pruebas testimoniales de los miembros de la Policía, que cumplieron el procedimiento para inmovilización preventiva del vehículo, son contradictorias, no solo por no ser competentes para imponer sanciones de 2 tránsito, sino para la practica de la prueba de alcoholemia, argumentos del fallo disciplinario que solo se soportaron en conceptos emitidos por el Ministerio de

Transporte, sin fundamento jurídico suficiente, por lo que no son obligatorios. Arguye que el proceso que debió adelantar la demandada es el ordinario, pues no se dan los presupuestos de ley para aplicar el procedimiento verbal previsto para conductas leves o gravísimas allí señaladas, y que en su caso tampoco se dieron los requisitos para que, sin practicar las pruebas de la defensa se formulará pliego de cargos, pues ni la conducta es típica ni se verificó la existencia de violación de deber funcional. En cuanto se refiere a la desviación de poder, reitera argumentos de la violación del debido proceso por que la competencia para investigarlo es exclusiva del procurador general, por otorgar valor probatorio a los conceptos del Ministerio de Transporte cuando no hay norma que le otorgue competencia a la Policía Nacional para inmovilizar el vehículo y/o practicar las pruebas de alcoholemia y también al otorgar valor probatorio a las grabaciones que entregó la Policía Nacional sobre el desarrollo del operativo en que se verificó su conducta. Finalmente reitera los anteriores señalamientos para fundamentar la causal de nulidad de falsa motivación, especialmente las relacionadas con las deficiencias probatorias pues concluye que la demandada se centró en la sospecha del estado de embriaguez sin que hubiese certeza sobre ella o sobre el uso de investidura del senador, para que los agentes del operativo omitieran el cumplimiento de sus deberes, precisando que el fallo disciplinario incurrió en erro de hecho por falso juicio de identidad en la valoración de las pruebas que lo llevan a la conclusión de la ocurrencia de unos hechos que no se configuran en irregularidad disciplinaria.

1.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Procuraduría General de la Nación, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y frente a los hechos indicó que algunos son ciertos, otros parcialmente ciertos y los demás no corresponden a la realidad procesal. Argumentó que con los actos disciplinarios no se incurrió en vulneración del derecho al debido proceso, pues tanto el artículo 277 de la Constitución Política, que faculta al procurador o sus delegados a sancionar funcionarios de elección popular, como el Decreto ley 262 de 2000 facultan al procurador para asignar agentes especiales que adelanten investigaciones a su cargo, de manera que las facultades de delegación y asignación de funcionario especial para avocar y concluir investigaciones disciplinarias se encuentran amparadas por la Constitución y la ley. Respecto de la legalidad del trámite del proceso verbal, indico que la Ley 734 de 2002 señala claramente que una vez al momento de evaluar el proceso y proceder a la apertura de investigación se encuentran dados los requisitos sustanciales para formular pliego de cargos, procederá la citación a audiencia del proceso verbal frente a la conducta que se imputó al investigado, denominada tráfico de influencias, se verifica en los hechos que el ofrecimiento fue del investigado de manera individual y no es procedente establecer la coparticipación de los 3 miembros de la Policía, por lo cual no se puede dar aplicación al artículo 79 de la Ley 734 de 2002. También señaló que la investigación disciplinaria contó con suficiente acervo probatorio, del cual se deduce la responsabilidad del investigado, hechos relacionados con la obstrucción al procedimiento de inmovilización preventiva del

vehículo, que indican que antepuso su condición de senador para negarse a la practica de la prueba sobre las condiciones físicas en que se encontraba al momento de conducir, abusando de su calidad de servidor público para oponerse al cumplimiento de los fines del operativo policial para la prevención de accidentes de tránsito, configurándose así la conducta señalada en el numeral 42 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, que vulnera los principios de imparcialidad y moralidad.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1 Problema jurídico Consiste en determinar si la sanción disciplinaria conculcó las disposiciones constitucionales y legales que sustenta la competencia de la demandada y si en virtud de la regla jurisprudencial de control integral de los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias, se deberá establecer si fueron expedidos con apego a la Constitución y la ley. 2.2 Marco jurídico 2.2.1 Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar funcionarios de elección popular La Constitución Política en su artículos 275 a 279, confirió a la Procuraduría General de la Nación, la guarda de la disciplina y la ética en el ejercicio de la función pública, potestad que resulta esencial en el marco del Estado social de derecho, por cuanto son los servidores públicos y los particulares que ejercen de manera permanente o transitoria función pública quienes tienen la responsabilidad de materializar los fines del Estado y por ende ejercer la función administrativa, cuya vigilancia y control en materia disciplinaria corresponde a dicho organismo, en relación con una tipología de servidores de la Administración, los que son

elegidos popularmente. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-355 de 2015, expresó sobre el particular: 4.2. La Corte debe señalar que, según lo decidido en las sentencias C-028 de 2006 y C-500 de 2014, y con fundamento en los artículos 277 y 278 de la Constitución: (i) es constitucionalmente válida la competencia de la PGN para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluyendo a los de elección popular -con excepción de aquellos que se encuentren amparados por fuero-; y (ii) es constitucionalmente válida la competencia de la PGN para imponer la sanción de destitución e inhabilidad general cuando se cometan las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima. 4 […] 4.4. La Corte advierte, en adición a lo expuesto, que respecto de la validez de la competencia de la Procuraduría General de la Nación para el juzgamiento disciplinario de los Alcaldes, debe atenderse el precedente fijado por la Sala Plena en la Sentencia SU-712 de 2013. De esa providencia, pese a que se ocupó de un caso en el que se debatía la competencia disciplinaria en relación con los congresistas, se desprende una regla jurisprudencial según la cual dicho órgano es titular de la atribución para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los funcionarios públicos, incluso los elegidos popularmente, con excepción de aquellos amparados por el fuero. 4.5. En atención a lo anterior, la Corte concluye que, con independencia de las

conclusiones a las que se arribe respecto de la procedencia de la acción de tutela en el presente caso, es indiscutible la existencia de la referida competencia y, en esa medida, su cuestionamiento no es jurídicamente admisible. Asimismo, esa Corporación en diversas sentencias se ha pronunciado respecto de la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar a servidores públicos de elección popular que incurran en falta disciplinaria, en concordancia del orden jurídico interno con el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así también con el marco convencional, a la luz de otros tratados internacionales suscritos por Colombia. En particular, la interpretación constitucional expresa la armonía del marco convencional con las facultades de la Procuraduría General de la Nación para investigar funcionarios de elección popular. En efecto, la línea de la doctrina constitucional se encuentra desarrollada en las sentencias C - 28 de 2006, 500 de 2014, 101 de 2018, 86 de 2019 y 111 de 2019. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sentencia de 8 de julio de 2020, en el caso Petro Urrego contra Colombia, indicó que las funciones descritas en los artículos 277 y 278 de la Constitución Política son compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos; al respecto señaló:

112. En el presente caso, el Tribunal constata que el artículo 277.6 de la Constitución Política de Colombia faculta al Procurador para “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas,

inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”. El debate suscitado por la referida sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se centra fundamentalmente en la facultad de la Procuraduría General de la Nación, con carácter de sancionador administrativo, para desvincular a funcionarios de elección popular por los denominados actos de 5 corrupción1 y a través de la imposición de sanciones que imponen el retiro del servicio e inhabilitan el ejercicio de cargos públicos, se vulneran los derechos de participación política de los electores y los derechos políticos de sus representantes elegidos en procesos democráticos legítimos al inhabilitarlos para ejercer dicha representación, no así, respecto de la facultad de investigar y sancionar conductas disciplinarias diversas a la destitución y el consecuente impedimento para ser elegido, es decir, la suspensión sin inhabilidad, la multa y amonestación. En consecuencia, las sanciones disciplinarias impuestas con ocasión de irregularidades administrativas que no restringen los derechos de acceso a cargos de elección popular y demás derechos políticos, no son violatorios de las disposiciones de la Convención Interamericana de Derecho Humanos. 2.2.2 Garantía del debido proceso La exigibilidad de las garantías propias del debido proceso, tanto en actuaciones judiciales como en las de carácter administrativo, ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia a partir del mandato del artículo 29 Superior. De esta manera, el Consejo de Estado en sentencia de 14 de febrero de 2019,

expediente 11001-03-25-000-2014-00073-00(0140-14), hizo énfasis en que el debido proceso en las actuaciones administrativas debe ser garantizado en aras de preservar los derechos fundamentales del disciplinado, la seguridad jurídica y el control de la potestad estatal disciplinaria. Ese pronunciamiento resulta relevante, en tanto hizo una compilación de las principales garantías del debido proceso, tal como se muestra a continuación: 1 Ley 412 de 1997, Por la cual se aprueba la Convención Interamericana de lucha contra la Corrupción: Actos de Corrupción: 1.La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción: a) El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; b) El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; c) La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;

d) El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo, y e) La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.

2. La presente Convención también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o más Estados Partes, en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella.

6 Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002, disponen que el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente, y con observancia de las formas propias de cada juicio. La Corte Constitucional respecto al mencionado derecho, ha manifestado que en materia disciplinaria las actuaciones deben estar acordes a este, en garantía de un orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el control de la potestad estatal disciplinaria. Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) el derecho a la

jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con 30 Sentencia C-708 de 22 de septiembre de 1999, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis. fundamento en los hechos,

conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas. 2.2.3. Proceso disciplinario verbal - procedencia y trámite El Artículo 175 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, señala: El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve. 7 También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley. En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a audiencia, en cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos. En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia. La norma en comento, dispone que el procedimiento verbal se aplica en los siguientes eventos i) cuando el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos

que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve; ii) para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de la Ley 734 de 2002; y iii) en todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos. Respecto de esta última situación, la Corte Constitucional, en sentencia C-242 de 2010, precisó: Considera más bien la Sala que el contenido normativo previsto en el inciso 3º acusado en lugar de desconocer la Constitución persigue un fin constitucionalmente legítimo, cual es, propender porque las actuaciones en materia disciplinaria sean ágiles y se adelanten bajo estricto cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía procesal, celeridad lo que armoniza con el artículo 209 superior y resulta consistente con los objetivos que buscó obtener la Ley 734 de 2002. […] 3.2.12. El reparo de falta de precisión y excesiva amplitud que, supuestamente, trae como consecuencia la posibilidad de que la autoridad disciplinaria decida de modo arbitrario el proceso que ha de aplicarse, queda contrarrestado por lo siguiente: (i) el propósito que busca alcanzar la norma es

legítimo, desde el punto de vista constitucional, y concuerda además con las finalidades previstas en la Ley 734 de 2002; (ii) lo establecido en el inciso 3º del artículo 175 debe ser leído a la luz de lo dispuesto en el Libro I –contentivo de los principios de los procedimientos disciplinarios sin excepcióny debe ser comprendido como una manera de agilizar las actuaciones disciplinarias, de modo que “en todo caso” distinto de los previstos en los incisos 1º y 2º del artículo 175 del CDU, “cualquiera que sea el sujeto disciplinado” si se dan los requisitos sustanciales para levantar pliego de cargos se puede citar a audiencia. Adviértase, de otra parte, que la eventualidad prevista en el inciso tercero acusado está precedida en el caso del procedimiento ordinario –que es en virtud de la imbricación que tiene lugar por mandato legal donde precisamente tiene aplicación el contenido normativo de dicho inciso–, de un conjunto de etapas que amplían las garantías de la persona disciplinada. Únicamente cuando se halla verificada objetivamente la falta y existe prueba 8 que compromete la responsabilidad de la persona disciplinada, y sólo ante una eventualidad tal, puede el funcionario de conocimiento citar a audiencia. […] A juicio de la Sala el precepto acusado no solo concuerda con lo dispuesto en el artículo 29 superior sino que su aplicación resulta por entero razonable, tanto más si se piensa en la necesidad de asegurar una actuación disciplinaria ágil, transparente efectuada bajo cumplimiento de los principios de celeridad, eficacia y economía procesal, que son también los que se busca garantizar al

emplear el principio de oralidad en los trámites y actuaciones judiciales y disciplinarias. Con apoyo en las consideraciones efectuadas en precedencia, procede la Sala a declarar la exequibilidad del inciso tercero del artículo 175 de la Ley 734 de 2002 por el cargo analizado en la presente sentencia. Como se observa, en el inciso 3° del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, faculta al operador disciplinario para tramitar la actuación bajo el procedimiento verbal por causas diferentes a las previstas en los inciso 1° y 2° de la norma en comento; en cualquier caso, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, según las precisiones efectuadas por la Corte Constitucional. Conforme el inciso final de la norma precitada, en el presente estado de evaluación de las diligencias preliminares, se precisa que se reúnen los requisitos de ley para proferir pliego de cargos, en el entendido de que estará plenamente identificados los investigados, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verifica la ocurrencia de los hechos, a través de los medios de prueba necesarios, conducentes y pertinentes, por lo cual, es procedente adelantar la actuación disciplinaria por el procedimiento señalado en el Código Disciplinario Unico. Al respecto, el Consejo de Estado2 precisó: La Corte Constitucional respecto al mencionado derecho, ha manifestado que en materia disciplinaria las actuac