PGN - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN ASUNTOS PENSIONALES - Caja nacional de pre

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN ASUNTOS PENSIONALES-Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL reconoció y pagó pensión gracia a docente sin cumplimiento de requisitos FACULTAD OFICIOSA DE DECRETAR PRUEBAS-Debido proceso PENSIÓN GRACIA-Efectos del reconocimiento ordenado por fallo de tutela Resulta palmario que el reconocimiento de la pensión gracia al causante, mediante decisión de tutela, y aun cuando la administración en su momento no hubiese controvertido el respectivo fallo, no impedía que el Tribunal Administrativo de Risaralda, como Juez natural de la causa, procediera como lo hizo, analizando y resolviendo la controversia desde el punto de vista material y de fondo Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 222-2021 Ministerio Público Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2949-2020 UGPP vs. María Elena del Socorro Tobón de Valencia

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PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 222-2021

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2021 Honorables Magistrados

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección B

Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez Ciudad RADICADO 66001-23-33-000-2016-0067-01 (2949-2020)

DEMANDANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTION PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCION SOCIAL -UGPP

DEMANDADO María Elena del Socorro Tobón de Valencia ACCIÓN O MEDIO Nulidad y Restablecimiento del Derecho DE CONTROL (Lesividad) CONTROVERSIA Pensión Gracia Docente En la condición de Ministerio Público en el trámite de la referencia, y estando en la oportunidad procesal1, procede esta Procuraduría Delegada a rendir concepto2, en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA

1.1. Pretensiones. La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA 1 Conforme al artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso, y el auto de fecha 4 de junio de 2021, notificado en estado del 16 de julio siguiente. 2 De conformidad con el ordinal 7º del artículo 277 de la Constitución Política, los artículos 23, 28 y 30 del Decreto Ley 262 de 2000 y los artículos 300 y 303 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde al Ministerio Público intervenir como sujeto procesal especial en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando sea necesario en defensa de los intereses generales, del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036

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PROTECCION SOCIAL -UGPP promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contra de la señora María Elena del Socorro Tobón de Valencia, mediante el cual formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERA: Que se declare la Nulidad de los Actos Administrativos correspondientes las Resoluciones: N° 17760 del 231 de abril de 2006, N° RDP 018855 del 10 de diciembre de 2012 y la N° RDP 013979 del 21 de marzo de 2013, expedidas por la Extinta Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL y la UGPP, mediante las cuales (i) se reconoció y pagó una pensión gracia a un docente con vinculación NACIONAL en cumplimiento a un fallo de tutela, (ii) se sustituyó la prestación a sobrevivientes y (iii) finalmente, se modificó-aclaró la fecha a partir de la cual se hacía efectiva la sustitución, todas estas actuaciones a favor de la demandada en referencia, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos SEGUNDA: Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada, Sra. JESUS RODRIGO VALENCIA VILLEGAS y/o su beneficiaría, devolver todas y cada una de las sumas de dinero recibidas

como pago de la pensión gracia sin que tuviese derecho a disfrutar de tal prestación, por ser un docente con vinculación NACIONAL, efectiva a partir del 09 de abril de 1991, fecha desde la cual se hizo el reconocimiento, en cumplimiento de un fallo de tutela, sin aplicar prescripción trienal, y en lo sucesivo, hasta cuando se verifique el pago de mesadas pensiónales a la demandada, pues de acuerdo a la ley, esta persona según la ley no cuenta con el derecho para acceder al pago de esa mesada pensional.

TERCERA: Que todas las sumas que resulten reconocidas a favor de la demandante se cancelen en forma retroactiva e indexada.

CUARTA: Que se condene en costas a la demandada.» 1.2. Sustento fáctico. La parte actora relacionó como hechos relevantes, los siguientes: - Según la demanda, el señor Jesús Rodrigo Valencia Villegas, nació el 09 de abril de 1941. 3.2El peticionario prestó los siguientes tiempos al servicio del Estado: • En el Ministerio de Educación Nacional, desde el 09 de marzo de 1964 hasta el 30 de abril de 1991 3.3El último cargo desempeñado por el Causante fue el de Docente Tiempo completo en el Colegio Nacional Deogracias Cardona, ubicado en la ciudad de PereiraRisaralda, con tipo de Vinculación Nacional.

Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 222-2021 Ministerio Público

Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2949-2020 UGPP vs. María Elena del Socorro Tobón de Valencia Página: 4 3.4El señor JESUS RODRIGO VALENCIA VILLEGAS, falleció el día 06 de junio de 2011, según consta el Certificado de Defunción. 3.5La Beneficiada la señora MARIA ELENA DEL SOCORRO TOBON DE VALENCIA, identificada con la cédula de Ciudadanía N° 24. 927.714 de Pereira, nació el 15 de junio de 1943, en calidad de cónyuge. 3.6. Por medio de la Resolución N° 001350 del 30 de enero de 1998, la entonces CAJANAL negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor del señor JESUS RODRIGO VALENCIA VILLEGAS, por cuanto el peticionario no laboro en la docencia primaria. 3-.7. Mediante la Resolución N° 002023 del 25 de abril de 2001, la ya liquidada CAJANAL, resolvió un recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución N° 001350 del 30 de enero de 1998, por cuanto en las certificaciones de tiempo de servicio se muestra con claridad que los cargos desempeñados por el docente han sido mediante designación del gobierno nacional. 3.8. Obra fallo de Tutela proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Honda (Tolima), quien mediante sentencia de fecha 15 de noviembre de 2005, ordenó: "(...) así las cosas y bajo el entendido de que los accionantes... JESUS

RODRIGO VALENCIA VILLEGAS..., cumplen con los requisitos exigidos por la ley 114 de 1913 en armonía con las leyes 116 de 1928 y 91 de 1989 para tener derecho a la pensión gracia, es por lo que se accede a las pretensiones de la acción de tutela y en consecuencia se ordena que dentro del término de 10 días la entidad accionada, esto es, el director o gerente de la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) proceda a producir el acto administrativo en donde se reconozca el derecho de la pensión gracia...

RESUELVE: PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales constitucionales de igualdad, debido proceso, seguridad social, por conexidad con mínimo vital de los señores... JESUS RODRIGO VALENCIA VILLEGAS portador

de la CC. No. 8.230.513 de Medellín.

SEGUNDO: Consecuentemente con lo anterior, ordenar al director o gerente de la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIALCAJANAL. para que en el término de diez (10) contados a partir de la notificación del presente fallo, proceda a elaborar el acto administrativo mediante el cual se reconozca la PENSION GRACIA a que tiene derecho los accionantes relacionados en el numeral primero de esta decisión, previa acreditación de los requisitos exigidos por la ley TERCERO: Reconocer la pensión de Jubilación gracia definitiva a favor de los accionantes incluyendo todos los factores salariales con su respectiva retroactividad, reajustes e indexación a que tienen derecho CUARTO: ORDENAR al funcionario arriba citado para que en el término del plazo concedido en el numeral anterior, informe al juzgado sobre el

Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 222-2021 Ministerio Público Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2949-2020 UGPP vs. María Elena del Socorro Tobón de Valencia Página: 5 cumplimiento de lo aquí dispuesto, so pena de darle apertura de incidente de DESACATO. (...)" 3.9.- Mediante la Resolución N° 17760 del 21 de abril de 2006, la extinta CAJANAL, dio cumplimiento a un fallo judicial proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Honda, y en consecuencia reconoció una pensión Gracia al señor VALENCIA VILLEGAS JESUS RODRIGO, en cuantía de $ 105.652.97, efectiva a partir del 09 de abril de 1991, de manera indexada, conforme al fallo objeto de cumplimiento. 3.10.- A través de la Resolución N° RDP 018855 del 10 de diciembre de 2012, esa Entidad reconoció una pensión de sobreviviente con ocasión del fallecimiento de JESUS RODRIGO VALENCIA VILLEGAS, a partir del 09 de junio de 2011, día siguiente del fallecimiento, a favor de la señora MARIA ELENA DEL SOCORRO TOBON DE VALENCIA, equivalente al 100% de la cuantía que venía devengando el causante, la pensión reconocida en de carácter vitalicio. 3.11.-Mediante la Resolución N° RDP 013979 del 21 de marzo de 2013, esta Entidad

modifico la parte motiva pertinente y el artículo segundo de la resolución N° RDP 01885 del 10 de diciembre de 2012, en el sentido indicar que la efectividad de la prestación periódica es a partir del 07 de junio de 2011, día siguiente del fallecimiento del causante.» 1.3. Disposiciones señaladas como vulneradas y concepto de violación. En criterio de la parte demandante, se violaron las siguientes disposiciones: Constitución Política artículo 1, 2, 4, 6, 121, 123, 128 y 209 Ley 114 de 1913, Ley 116 de 1928, Ley 37 de 1933, Ley 91 de1989 y Decreto 2277 de 1979. Consideró que el acto administrativo enjuiciado, fue proferido contrariando las normas que regulan el reconocimiento de la pensión gracia, tales como La Ley 114 de 1913 y Ley 91 de 1989. Afirma que el reconocimiento realizado al docente mediante la Resolución No. 17760 de fecha 21 de abril de 2006 es abiertamente ilegal, toda vez que si bien cumplía con el requisito de 20 años de servicio este es de carácter nacional y no es admisible complementar o computar tiempos de servicios prestados en la Nación, cuyo nombramiento provenga del Ministerio de Educación, con los prestados en un Departamento, Distrito o Municipio, razón por la cual se deben desestimar.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El apoderado de la demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones en especial la que ordena devolver todas las sumas de dinero recibidas como pago de la pensión gracia. Señalo «que la pensión gracia

que fue otorgada al señor Jesús Rodrigo Valencia Villegas a través de una sentencia de tutela, no menos cierto es que dichas decisiones deben ser controvertidas dentro de la oportunidad legal y se observa que la entidad Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 222-2021 Ministerio Público Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2949-2020 UGPP vs. María Elena del Socorro Tobón de Valencia Página: 6 demandante no impugnó el fallo de tutela que concedía tal derecho y en consecuencia no puede pretenderse que diez (10) años después pretenda que dicha decisión sea infirmada porque no fue el juez natural de la acción quien profirió la sentencia, pues estaríamos frente a un efecto inútil de los fallos de tutela».

Propuso las excepciones de: i) falta de competencia señalo que el derecho de la señora María Elena del Socorro Valencia fue reconocido y está en firme como consecuencia de la Resolución que otorgó la pensión de sobrevivientes, por lo que para para infirmar dichos actos ha debido demandarse a través del recurso extraordinario de revisión ante el Honorable Consejo de Estado, y, ii) cobro de lo no debido, indicó que no procede la devolución de las sumas pagadas en exceso en razón a que no existe ninguna evidencia en el proceso de que los demandados hubiesen actuado de mala fe, manifestó que el reconocimiento proviene de la

voluntad de una autoridad legítima, plasmada en unos actos administrativos, por lo tanto los dineros percibidos fueron de buena fe.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda– Sala Primera de Decisión profirió sentencia el 30 de junio de 2020, en la que se declaró la nulidad de la Resolución No.17760 del 21 de abril de 2006, a través de la cual se reconoció y ordenó el pago de la pensión gracia a favor del señor Jesús Rodrigo Valencia Villegas en cumplimiento de una orden dada en amparo constitucional de tutela, así como de las resoluciones No. RDP 018855 del 10 de diciembre de 2012 y la RDP 013979 del 21 de marzo de 2013, proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP por las cuales se sustituyó la prestación en favor de la señora María Elena del Socorro Tobón de Valencia, y se modificó la fecha a partir de la cual se hizo efectiva la prestación, negó las demás pretensiones de demanda y no condenó en costas.

Realizó un repaso sobre la normatividad que rige el tema referente la pensión gracia y trajo a colación jurisprudencia del Consejo de Estado. En cuanto a la pretensión de restitución de los dineros pagados solicitados por la UGPP, la Sala detentó la tesis de que no hay lugar a ordenar su reintegro ya que por disposición legal no se pueden recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. Indico que «En el sub examine, no puede pasar por alto el Tribunal que al

docente Jesús Rodrigo Valencia se le reconoció la pensión gracia en acatamiento al fallo de tutela de fecha 15 de noviembre de 2005 proferido por el Juzgado Promiscuo de Honda (Tolima), pese a no cumplir con los requisitos de ley para su Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 222-2021 Ministerio Público Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2949-2020 UGPP vs. María Elena del Socorro Tobón de Valencia Página: 7 reconocimiento, sin embargo, no por ello puede concluirse que haya lugar a la devolución de las sumas pagadas, por parte de la señora María Elena del Socorro Tobón dada su calidad de beneficiada de la sustitución pensional del fallecido Jesús Rodrigo Valencia, cuando el trámite de reconocimiento que se reprocha fue adelantado por el causante y no por ésta».

4. RECURSO DE APELACIÓN Solicitó el apoderado de la parte demandada que se revoque la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Su inconformidad con la sentencia radica en que «… el Honorable tribunal de Risaralda sustituyó las obligaciones en materia probatoria que correspondían al demandante, decretando pruebas de oficio respecto de una obligación que correspondía al demandante aportarlas en la demanda como soporte de sus pretensiones». Afirma que «no puede suplir la facultad oficiosa del operador jurídico la

inactividad de la parte que es la obligada a demostrar los hechos que dan soporte a sus pretensiones, es decir, el Tribunal Administrativo de Risaralda suplió la obligación probatoria que le correspondía a la UGPP dentro de las etapas procesales hacerlas valer, bien sea con la presentación de la demanda aportándolas o solicitándolas, dentro del término para reformar la demanda, tampoco existe prueba alguna que nos permita decir que las solicitó mediante derecho de petición y le fueron negadas por las entidades a quien de oficio el operador jurídico ordenó arrimarlas al proceso, en una evidente violación del debido proceso, pues son las pruebas que obligatoriamente debía aportadas con la demanda o en esas etapas del proceso conforme a lo dispuesto por el articulo 162 numeral 5 y artículo 212 inciso I del CPCA.». Indica que el Operador Jurídico rompió el equilibrio procesal de las partes al tomar posición del demandante supliendo su deber decretando pruebas de oficio que eran obligación de la parte demandante proveerlas con la demanda o en las demás oportunidades procesales.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

5. PROBLEMA JURÍDICO Atendiendo el recurso de apelación, el debate en sede de segunda instancia se centra en dilucidar (i) si el Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró el debido proceso de la demandada al hacer uso de su facultad oficiosa probatoria; (ii) si el reconocimiento de la pensión gracia al causante señor Jesús Rodrigo Valencia Villegas (q.e.p.d.), vía fallo de tutela, aparejaba una situación jurídica consolidada, no susceptible de controvertir en medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho; y (iii) según lo anterior, si la demandada María Elena del Socorro Tobón de Valencia tiene derecho Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 222-2021 Ministerio Público Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2949-2020 UGPP vs. María Elena del Socorro Tobón de Valencia Página: 8 a continuar percibiendo la pensión de sobrevivientes reconocida, por sustitución de la pensión gracia, luego del fallecimiento de su cónyuge, el señor Jesús Rodrigo Valencia Villegas (q.e.p.d), dados los fundamentos de la alzada, en particular por cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos para el efecto en Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.

6. TESIS DEL MINISTERIO PÚBLICO Esta Agencia del Ministerio Público, con el debido respeto, estima que (i) el Tribunal Administrativo de Risaralda no vulneró la garantía del debido proceso de la demandada al hacer ejercicio de su facultad oficiosa probatoria, puesto que, no solo así está previsto en el ordenamiento jurídico, sino que, además, cumplió con los propósitos señalados en el artículo 103 del CPACA, especialmente referidos a la efectividad de los derechos y a la preservación del orden jurídico; (ii) el reconocimiento de la pensión gracia al

señor Jesús Rodrigo Valencia Villegas (q.e.p.d.), por decisión de tutela, no implicaba la consolidación de una situación jurídica definitiva, que no pudiera revisarse en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, no tiene los efectos de cosa juzgada ni impide que sea el Juez ordinario el que resuelva sobre el derecho; y (iii) descendiendo al caso concreto, el causante no cumplió con los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión gracia, puesto que no resulta admisible considerar que su vinculación docente de carácter nacional, mutó a territorial por los procesos de descentralización de la educación dispuestos a partir de la Ley 60 de 1993, en cuyo caso no cumplió con la prestación mínima de 20 años de servicios como docente territorial o nacionalizado.

7. RAZONES EN QUE SE APOYA LA TESIS EXPUESTA 7.1. Recaudo Probatorio. Revisadas las pruebas documentales obrantes en el plenario, encuentra esta Agencia del Ministerio Público las siguientes: -El señor Jesús Rodrigo Valencia Villegas (q.e.p.d.) nació el 09 de abril de 1941. -El señor Jesús Rodrigo Valencia Villegas (q.e.p.d.) prestó sus servicios como docente al Ministerio de Educación Nacional del 8 de junio de 1964 al 23 de enero de 2003, esto es, por más de 20 años, y que el último cargo desempeñado fue de docente en el Colegio Nacional Deogracias. -El 28 de julio de 2000 mediante Resolución No. 1350 CAJANAL negó el reconocimiento de una pensión gracia, por el no cumplimiento de los

requisitos previstos en la Ley 114 de 1913 es decir 20 años de servicio en la docencia oficial del orden departamental municipal o distrital. Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 222-2021 Ministerio Público Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2949-2020 UGPP vs. María Elena del Socorro Tobón de Valencia Página: 9 -Resolución No. 17760 del 21 de abril de 2006 proferida por CAJANAL por medio de la cual se da cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Honda y se reconoció una pensión gracia al señor Jesús Rodrigo Valencia Villegas (q.e.p.d) en cuantía de $105.652.97 efectiva a partir del 9 de abril de 1991. -Resolución No RDP 018855 del 10 de diciembre de 2012 por la cual se reconoce la pensión gracia a la señora María Elena del Socorro Tobón de Valencia con ocasión del fallecimiento del señor Valencia Villegas a partir del 9 de junio de 2011. -Resolución No. RDP 013979 del 21 de marzo de 2013 por medio de la cual se modificó la Resolución No. RDP 018855 del 10 de diciembre de 2012 en cuanto a la fecha a partir de la cual se hizo efectiva la prestación. -Copia del Formato Único para la expedición de certificado de historia laboral del departamento de Risaralda en el cual consta que el señor

Valencia Villegas laboró como docente Nacional. 7.2. Marco jurídico y jurisprudencial de la pensión gracia. La pensión gracia, como lo ha precisado la jurisprudencia, es «un derecho de carácter especial y autónomo frente al régimen pensional ordinario, concebida como una compensación o retribución a favor de los docentes territoriales que tenían una diferencia salarial frente a los maestros de carácter nacional. Por tanto, su reconocimiento es directo e independiente de cualquier otra situación ordinaria, la cual sólo es aplicable a los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando acrediten la totalidad de los requisitos señalados para su reconocimiento a cargo de la UGPP.3» En efecto, la pensión gracia fue creada con la Ley 114 de 1913, con destino a los «maestros de Escuelas Primarias oficiales que hubieren servido en el magisterio por un término no menor de veinte años»; con la Ley 116 de 1928, se amplió la cobertura a «empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública»; y, con la Ley 37 de 1933, a «maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria». A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenada por la Ley 43 de 1975, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «la educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias

salariales entre los distintos docentes del sector oficial. 3 Sentencia T-411/16. Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 222-2021 Ministerio Público Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2949-2020 UGPP vs. María Elena del Socorro Tobón de Valencia

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La Corte Constitucional, en la sentencia C-084 de 1999, se refirió así a ese proceso: «[…] el crecimiento de la población y la extensión cada vez mayor de la cobertura del servicio educativo, llevó a los departamentos a una casi imposibilidad de cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales del personal docente, razón por la cual el Estado, mediante la Ley 43 de 1975, optó por lo que se denominó la ‘nacionalización’ de la educación primaria y secundaria» Posteriormente, con la Ley 91 de 1989, se definió la forma como la Nación y los entes territoriales se harían cargos de las obligaciones laborales y prestacionales para con los docentes oficiales. En dicha normativa, se distinguieron tres (3) categorías de docentes, así: «ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de

entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» Con la expedición de las Leyes 43 de 1975 y 91 de 1989, se previó que dicha pensión se reconocería a los docentes del orden territorial y aquellos nacionalizados, es decir que estuvieron a cargo de un ente territorial pero que pasaron a la Nación. Asimismo, con la Ley 91 de 19894, se consagró una regla en el artículo 15, numeral 2º, literal a, según la cual quienes venían vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, «por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 4 “A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos

que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional”. Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 222-2021 Ministerio Público Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2949-2020 UGPP vs. María Elena del Socorro Tobón de Valencia Página: 11 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.» El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con sentencia del 26 de agosto de 1997, y ponencia del doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, concluyó que sólo tienen derecho a la pensión gracia los maestros de enseñanza primaria oficial, empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción pública y maestros que hubieren completado los servicios en establecimientos de enseñanza secundaria, en planteles municipales, distritales, departamentales o nacionalizados. De modo que no tienen derecho a dicha prestación o

recompensa, los que se hubieren desempeñado sus servicios en centros educativos de carácter nacional. Por último, se dirá que los requisitos para tener derecho a la pensión gracia, además de lo relativo al tiempo de servicios y fecha de vinculación, son los que fueron consagrados en el artículo 4º de la Ley 114 de 1913, en los siguientes términos:  Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.  Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento  Que observe buena conducta.  Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento. «En resumen, -dijo el Consejo de Estadode conformidad con las leyes antes citadas, han tenido derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, los maestros de enseñanza primaria oficial, empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción pública y maestros que hubieran completado los servicios en establecimientos de enseñanza secundaria, prestación a la que, a partir de las precisiones que se hicieron por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 26 de agosto de 1997, dictada en el proceso No. S-699 de la cual fue ponente el Magistrado Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, sólo acceden aquellos docentes que hubieran prestado los servicios en planteles municipales, distritales o

departamentales. No tienen derecho a ella, aquellos que hubieran servido en centros educativos de carácter nacional5.» 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de mayo de 2011. C.P. doctor Gerardo Arenas Monsalve. Carrera 5 #15-80 piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 Ext 12035-12036 notidel3cedo@procuraduria.gov.co Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado – Concepto Nº 222-2021 Ministerio Público Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2949-2020 UGPP vs. María Elena del Socorro Tobón de Valencia

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Ahora bien, el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante s