PGN - NULIDADES - Concepto o definición

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P. Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán

Bogotá, D.C.

REF.: Concepto demanda de Casación (Rad. 26393) El Tribunal Superior de Medellín, en sentencia de segunda instancia de 15 de junio de 2006, confirmó la decisión proferida el 21 de diciembre de 2005 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, mediante la cual ese despacho judicial condenó a Jorge Enrique Restrepo Agudelo, como autor penalmente responsable del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes y Cohecho por dar u ofrecer, conforme a los artículos 376 y 407 del Código Penal, a las penas principales de diecisiete (17) años de prisión y multa equivalente a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales vigentes en el año 2003, al igual que a la accesoria de rigor legal por el mismo tiempo de la pena principal.

La defensa interpuso el recurso extraordinario de casación, demanda que fue declarada ajustada a las exigencias legales, prevista en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000, por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia; sobre su viabilidad procede el Agente del Ministerio Público Delegado del señor Procurador General de la Nación, a rendir concepto en cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000.

I.- HECHOS.

El 8 de octubre de 2003, hacia el mediodía, agentes de la Policía del Valle de Aburra, pertenecientes al grupo de estupefacientes,

capturaron a Ana Regina Franco Romero, Virginia del Carmen Agámez Romero y Jorge Enrique Restrepo Agudelo, en una de las habitaciones del Hotel “Manzanares” al encontrarles en su poder una 2 maleta color negro que contenía 9 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de 7. 497 gramos.

II.- ACTUACIÓN PROCESAL Y VALORACIÓN JURÍDICA.

La investigación fue adelantada por la Fiscalía de Medellín la cual precluyó la investigación a favor de Ana Regina Franco Romero, por considerar que había sido utilizada instrumentalmente por los delincuentes, mientras que Virginia del Carmen Agámez Romero, reconoció su responsabilidad en los hechos investigados y se acogió a sentencia anticipada. Cerrada la Investigación acusó a Jorge Enrique Restrepo Agudelo como autor responsable de los delitos de Tráfico, Fabricación y Porte de Estupefacientes y Cohecho por dar u ofrecer, deduciéndole la agravante contemplada en el artículo 384 numeral tres del Código Penal. La Causa le correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, Despacho que después de realizadas las audiencias preparatoria y de juzgamiento profirió la sentencia condenatoria contra Restrepo Agudelo, decisión que fue confirmada integralmente por el Tribunal de Medellín.

III.- LA DEMANDA DE CASACIÓN.

La censura estructura su ataque a la decisión de segunda instancia planteando tres cargos uno principal por la vía de la causal tercera de casación y dos cargos subsidiarios por la vía de la causal primera de casación, cuerpo segundo. Primer Cargo. Plantea el censor violación al debido proceso con vulneración del

principio de la investigación integral y del derecho de defensa, por 3 cuanto el Juzgador en la audiencia preparatoria, negó la práctica de la ampliación de las declaraciones de los policías que adelantaron el operativo, la ampliación del dictamen toxicológico de la sustancia incautada y la demostración de la condición de funcionarios públicos de los policiales que realizaron el operativo de captura en flagrancia e incautación del alucinógeno. En la sustentación del cargo, sostiene que eran pruebas necesarias y convenientes, no sólo para obtener la verdad real sobre lo acontecido, sino también respecto a la responsabilidad individual del imputado. Afirma que si éstas pruebas se hubiesen practicado “la sentencia condenatoria no se habría dictado contra el procesado Restrepo Agudelo, puesto que se hubiera establecido plenamente su inocencia, acreditando que los gendarmes habían mentido sobre aspectos esenciales a la investigación y que tenían que ver con su participación y su responsabilidad en los delitos de tráfico de estupefacientes y cohecho, o al menos le hubiese permitido crear en el juzgador una duda razonable sobre su real o no participación en el hecho investigado y por ende su responsabilidad, lo que a la postre también hubiese permitido absolverlo por aplicación del principio de in dubio pro reo o en el peor de los casos, de haberse practicado la ampliación del dictamen, no se le había aplicado la agravante del numeral 3 del 376 de la misma obra, porque hubiese podido demostrar científicamente que la sustancia incautada no contenía mas de cinco kilogramos de cocaína, porque entre sus componentes estaban otros

elementos de lícita tenencia. Lo mismo acontece con las pruebas referentes a acreditar la calidad de servidores públicos de los agentes del orden al momento de la captura”. Por ello pide a la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que anule el proceso hasta la audiencia preparatoria del juicio inclusive, para que se ordene la práctica de éstos medios probatorios. Segundo Cargo. El censor formula este cargo en forma subsidiaria, por la vía de la causal primera de casación, acusando la decisión de segunda instancia de haber violado la ley sustancial, artículos 29, 31, 376, 3844 3, artículo 29 de la Constitución Nacional, artículos 6 y 13 del Código de Procedimiento Penal en forma indirecta por incurrir en manifiesto error de hecho consistente en falso juicio de legalidad, por la omisión de determinados requisitos sustanciales y procesales –artículos 8, 9, 10, 14, 17, 267, 269, 286, 314, 319 y 232 del Código de Procedimiento Penal, en relación con concretos medios de prueba que sirvieron de fundamento para la sentencia condenatoria, yerros que de no haberse presentado hubiesen permitido la absolución del procesado por aplicación del principio del in dubio pro reo y de presunción de inocencia. En la demostración del cargo el letrado censura de los juzgadores, en primer término, el haber tomado como indicio grave la existencia de una llamada anónima en la que se informaba que se realizaría una transacción de droga y que la persona que recibiría la droga era “un sujeto alto, cabello ondulado, tez trigueña, contextura gruesa, que era

un ex policía”. Información anónima no fue verificada, por lo que no podía ser fundamento de la conclusión de que el capturado en flagrancia fuera narcotraficante, y en segundo término que constituye falso juicio de legalidad suponer los juzgadores que los cargos lanzados por Virginia del Carmen Agámez Romero, cumplieron con todas las ritualidades legales y constitucionales, que demandaba tal prueba testimonial, cuando en realidad ésta era ilegítima y jurídicamente nula, por violación de los derechos fundamentales del procesado Restrepo Agudelo e incumplimiento de las solemnidades legales que tal prueba demandaba. Considera entonces vulnerados los principios de oportunidad, lealtad, publicidad y contradicción de la prueba, que son manifestación del derecho de defensa y hacen parte del debido proceso. Tercer Cargo. Planteado también en forma subsidiaria como el anterior, la censura acusa la sentencia de segunda instancia de ser violatoria en forma indirecta de la ley sustancial, artículo 376 y numeral 3 del artículo 384 del Código Penal, debido a error de hecho generado por falso juicio de 5 existencia ocasionado -por omisión o ignorancia del dictamen toxicológico de la sustancia incautada y la diligencia de pesaje, identificación, toma de muestra y destrucción del remanente de la sustancia incautada, porque en su distorsión encontró demostrado sin estarlo que la sustancia incautada, a base de cocaína contenía más de cinco kilogramos de cocaína dejando de aplicar con ello los principios de estricta legalidad de los delitos y las penas y el principio del in

dubio pro reo-. Considera el letrado que la aplicación de la agravante está supeditada no sólo al peso de la sustancia incautada, sino también a la composición química de la sustancia, para lo cual debe examinarse su pureza y concentración.

IV.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

PRIMER CARGO.

El censor afirma la violación al debido proceso, con la consecuente vulneración del derecho de contradicción y del derecho de defensa, por lo cual en su criterio se impone la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia preparatoria del juicio inclusive. Las nulidades como se tiene establecido (artículos 306-310 Ley 600 de 200) constituyen un remedio extremo para enmendar irregularidades sustanciales, no subsanables de otra manera, que afectan las garantías y derechos en el proceso, por lo que en su declaración se requiere establecer de manera meridiana el acto constitutivo del quebranto y su capacidad cierta de lesionar el debido proceso o el derecho de defensa. La jurisprudencia de la honorable Sala Penal de Casación ha recordado que este mecanismo jurídico correctivo se rige por los principios de taxatividad, protección, convalidación, trascendencia y residualidad. Que garantizan su función, pero evitan la falta de rigor en su aplicación. Principios que ha desarrollado afirmando que -De acuerdo con ellos, solamente es posible alegar las nulidades expresamente previstas en la ley (taxatividad); no puede invocarlas el sujeto procesal que con su 6 conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidatorio, salvo el caso de ausencia de defensa técnica, (protección); aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el

consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales (convalidación); quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y/o el juzgamiento (trascendencia); y, además, que no existe otro remedio procesal, distinto de la nulidad, para subsanar el yerro que se advierte (residualidad). También ha enseñado esa alta corporación, descartando la libre postulación, -que la causal de nulidad no es ajena a los lineamientos básicos que guían las otras causales de casación, sino que está sujeta a unos insoslayables requisitos, pues si se trata de un medio para preservar la estructura del proceso y las garantías de los sujetos procesales, quien la invoque debe sustentarla en debido forma, indicando el motivo de la nulidad, en qué se apoya la irregularidad sustancial que alega, la manera como ésta socava la estructura de la actuación ó afecta las garantías de los sujetos procesales y su incidencia en el fallo, de tal manera trascendente, que si no se hubiera cometido el sentido de éste hubiera sido distinto, y la actuación que en virtud del yerro queda viciada-. El motivo de la nulidad invocada lo concreta el censor es tres aspectos, uno de ellos tiene relación con la negativa por parte de los Juzgadores de ampliar durante el juicio, el testimonio de los policiales que realizaron el operativo que permitió la captura en flagrancia de las

personas involucradas en los hechos criminales objeto de éste proceso. El Juzgado de primera instancia, en la audiencia preparatoria, negó la solicitud de ampliación de éstos testimonios por ser ello innecesario, inconducente y superfluo, cuando se trata de un informe que fue oportunamente ratificado y ampliado. Señaló en esa oportunidad el Despacho Judicial que una nueva ampliación no tiene sentido ni tiende a demostrar nada desconocido y que en el juicio las pruebas deben cumplir rigurosamente con los criterios de pertinencia y conducencia para lo cual debe quedar clara su trascendencia en cuanto se hubiese pasado algo por alto en la instrucción, por su parte el Tribunal calificó 7 esa solicitud e inoficiosa y superflua –La verdad, dijo, es que allí están sus testimonios iniciales y si alguna contradicción advierte el censor entre ellos puede perfectamente, conforme a su derecho de contradicción, hacerlas notar y buscar su incidencia en pro de los intereses de su cliente, labor que puede igualmente proyectar a la comparación de dichos testimonios con la versión de Ana Regina, la cual contiene ya esos elementos sobre los cuales pretende volver a interrogar el señor abogado recurrente-. En éste caso no se trata de omisión de práctica de una prueba, sino de la negativa razonada por parte del juzgador para ampliar unos testimonios, que tuvieron ocurrencia en el sumario y que la defensa pidió que se volvieran a practicar, no con el propósito de ampliarlos en un aspecto no conocido, sino con la idea de confrontarlos con las afirmaciones de su defendido. Con esta precisión surge diáfana la negativa del Juez en la audiencia preparatoria de ordenar las

ampliaciones de los testimonios de los policiales, porque la tarea de confrontación conforme al sistema procesal de la Ley 600 de 2000, puede realizarse sobre las actas de las deponencias, en un ejercicio de crítica probatoria, que no requiere la escenificación de la diligencia. Además como lo ha señalado la Honorable Sala de Casación Penal, el Juez no tiene obligación de recaudar todas las pruebas posiblemente practicables en un proceso, sino sólo aquellas que de acuerdo con su criterio fueren necesarias para llegar a lo que considera la verdad histórica de los hechos. Parece olvidar el casacionista que el sistema procesal penal que reguló el proceso, se rige por el principio de la prevalencia de la prueba practicada en el sumario bajo la dirección de la Fiscalía, conforme a sus atribuciones, y estos testimonios fueron legalmente aportados y sometidos al conocimiento y crítica de las partes; en el expediente obran además de los informes policivos, los testimonios de los policiales, Carlos Ovidio Aguirre Gomezo, Manuel Gilberto Salcedo Reina, Wilber Orlando Aranguren Trujillo, Elkin Alberto Ospina Cano, así como las declaraciones de algunos de ellos ante la Policía Metropolitana de Medellín, no se trata entonces de pruebas que los sujetos procesales no hayan tenido la oportunidad jurídica de controvertir durante el sumario. 8 Ahora bien, en el sistema de la Ley 600 de 2000 la controversia probatoria no se satisface solamente con la posibilidad de interrogar al testigo, ella se cumple con la comparación de la prueba con otras, con su crítica racional para revisar el soporte lógico, histórico de las

afirmaciones, las motivaciones del testigo y muchas otras circunstancias que deben ser tenidas en cuenta para establecer la veracidad de sus afirmaciones, no observándose entonces violación al debido proceso, ni vulneración de los derechos de contradicción y de defensa. El censor no cumple en éste caso con la demostración de la trascendencia de la supuesta violación, entre otras razones porque la prueba sobre la responsabilidad penal de Jorge Enrique Restrepo Agudelo es abundante y contundente, empezando con lo dicho por Virginia del Carmen Agámez Romero, cuando señalo en la diligencia de aceptación de cargos “Sí eso es verdad, él, Jorge Restrepo Agudelo era quien recibía la droga de Caucasia; yo quería aclarar esto, mal hecho, pero él, Jorge Restrepo Agudelo me mandó una plata, 200 mil pesos para que yo se la entregara a Pedro Cardona de Caucasia, entonces Jorge me dijo a mi que si tenía un familiar acá en Medellín, para que le recibiera la encomienda con la droga y yo hice eso con mi hermana Virginia y mi cuñado Fernando, eso es verdad”, testimonio al que se le agrega su situación de flagrancia, su mala justificación y demás indicios que obran en su contra. Otro aspecto sobre el cual la censura pretende la nulidad por violación al debido proceso y vulneración de los derechos de contradicción y de defensa, radica en la negativa de los juzgadores a conceder la aclaración del dictamen de toxicología, con lo cual la defensa pretendía establecer si efectivamente la sustancia incautada era cocaína y la cantidad de la misma. El Juzgado de instancia en el momento de resolver las solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria negó la solicitud de

ampliación del dictamen, pero a renglón seguido procedió a correr traslado del mencionado dictamen -a los sujetos procesales para que oportunamente soliciten su aclaración, ampliación o adición, de conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal-. 9 Apelada ésta decisión por el defensor inconforme, el interlocutorio notificado en estrados fue tramitado conforme a las reglas previstas en los artículos 192 y 193, específicamente en lo pertinente al efecto diferido. Cuando el Tribunal al desatar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de negar la práctica de ésta prueba, señaló: “En lo que se refiere a la aclaración del dictamen pedida por el señor abogado, pensamos que la discrepancia con el juzgado es más aparente que real en tanto que éste último dispuso fue su sometimiento al traslado de ley para los efectos que de él se puedan desprender, por lo que la decisión sobre una eventual aclaración queda supeditada al agotamiento del traslado”. En esas condiciones el tema quedó resuelto favorablemente para los intereses de la defensa, que contó con el término del traslado para efectos de hacer las solicitudes pertinentes sobre el dictamen, una vez desatado el recurso de apelación, por lo que no son de recibo las consideraciones del defensor en la sustentación del recurso extraordinario, afirmando que con éste procedimiento mientras se surtía el trámite de la segunda instancia perdió la oportunidad procesal para solicitar la ampliación del dictamen. Es claro, entonces, que la defensa no hizo uso del término señalado por el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal, tampoco objetó

el dictamen por error, lo cual podía hacer hasta antes de la finalización de la audiencia pública, por lo que no puede hablarse de vulneración del debido proceso en esas circunstancias. Por último afirma que no está demostrada la condición de funcionarios públicos de los policiales que realizaron el operativo de captura en flagrancia e incautación del alucinógeno, porque a pesar de haberse ordenado solicitar el informe correspondiente a la Policía Nacional, el Juzgado negligentemente no hizo nada para ello, por lo que estima que se impone la atipicidad de la conducta de cohecho por no estar demostrada esta condición esencial de la norma aplicada, censura que en criterio de esta Delegada resulta intrascendente e irrelevante. 10 La solicitud de certificación de la condición de miembros de la Policía Nacional, de estos agentes fue dispuesta dentro de las pruebas a practicar en el juicio y ciertamente tal certificación no fue allegada al proceso, pero realmente la ausencia de ésta no tiene la capacidad de generar nulidad sobre lo actuado, no se nota en ello violación al debido proceso, tampoco esta prueba resulta necesaria para establecer la condición de miembros activos de la Policía Nacional, que tenían los agentes que practicaron el operativo. En efecto, en el expediente, existe prueba suficiente e incontrastable de la condición de miembros de la Policía que tenían los agentes, por lo que la ausencia de la certificación en nada afecta la construcción lógica y fundamentada de la decisión judicial sobre la tipicidad del delito de cohecho, ello se afirma porque el ataque parece estar planteado bajo la perspectiva de la violación indirecta por falso juicio

de existencia, por suposición de prueba. Se encuentra, entre otros el informe dejando a disposición a los capturados y la droga incautada firmado por el Capitán Manuel Gilberto Salcedo Reina, Jefe del grupo de Estupefacientes SIJIN MEVAL, en el que precisa que conocieron el caso junto con él, los señores SI Aranguren Trujillo Wilber, SI Ospina Cano Elkin, SI López Acevedo Jorge, AG. Aguirre Gómez Carlos. (folios 1-10) las declaraciones de los policiales ante la fiscalía (folios 58-74). Elementos probatorios que demuestran la condición de miembros de la Policía Nacional de los agentes que realizaron el operativo. Por ello en opinión del Ministerio Público el cargo no debe prosperar.

SEGUNDO CARGO.

Este cargo viene formulado en forma subsidiaria por la vía de la causal primera de casación cuerpo segundo, por considerar el censor que el fallo impugnado adolece de manifiesto error de hecho (sic.) por haber incurrido los falladores en falso juicio de legalidad en relación con dos 11 pruebas que fueron objeto de apreciación para efectos de establecer la responsabilidad penal de su asistido. Debe advertirse al censor, que el falso juicio de legalidad se enmarca conceptualmente en el ámbito del error de derecho como lo tiene establecido la decantada doctrina de la Honorable Sala de Casación Penal, yerro que se relaciona con el proceso de formación de la prueba y que exige revisar la legalidad de la misma, las reglas exigidas para producir e incorporar la prueba al proceso con la observancia de los presupuestos y formalidades exigidas para cada medio probatorio.

El falso juicio de legalidad, conduce entonces a la posibilidad de exclusión de la prueba que debe resolverse por los senderos de la prueba ilícita o de la prueba ilegal. Se refiere en primer término a la llamada anónima que recibieron los policiales en la que les comunicaban la realización de una transacción con alucinógenos, les indicaban el sitio y les describieron en la forma más detallada posible las características de las personas involucradas en el asunto y que en su opinión no podía ser considerada como prueba en cuanto no fue ratificada, ni incorporada legalmente al proceso. Al Ministerio Público le parece que éste es un ataque inane, por cuanto es el letrado quién le está dando trascendencia probatoria a la evidente llamada anónima que alertó a la Policía de la ocurrencia del ilícito. Bien puede afirmarse que sobre la llamada anónima no se construyó el contundente discurrir de los falladores sobre la delincuencia del sujeto Restrepo Agudelo y su indudable responsabilidad penal; la llamada anónima fue sólo la comunicación que puso en alerta y aviso a los agentes de la Policía que se estaba produciendo un delito, información que les sirvió para realizar el operativo que culminó con la captura en flagrancia de las personas comprometidas en esa delincuencia; conforme a lo previsto en la parte final del artículo 314 12 estas noticias no tienen valor de testimonio ni de indicios y sólo sirven como criterios orientadores de la investigación. Es apenas natural, que el comentario sobre la llamada anónima quedara plasmado en el informe de los policiales, como también en sus declaraciones. Y es notorio, por cuanto así tenía que ser, qué

éstos señalaran lo preciso que fue el informante anónimo al describir las características de las personas involucradas en el delito y demás circunstancias, lo cual además es resaltado por los juzgadores dentro del proceso argumentativo de la construcción de la decisión judicial; pero lo trascendente en términos probatorios, fue la ubicación de Restrepo Agudelo en la habitación del Hotel “Manzanares” en el momento en que recibía los estupefacientes, lo cual permitió su captura en flagrancia, e igualmente lo expresado por Virginia del Carmen Agámez Romero quien señala a Restrepo Agudelo, como la persona que manejaba la operación delictiva. La coincidencia de la llamada anónima en la descripción del sujeto que estaba cometiendo el delito, como el encargado de recibir la droga para su comercio en Medellín, como un sujeto alto, cabello ondulado, trigueño y expolicía, con las características físicas apreciadas a Jorge Enrique Restrepo Agudelo, en el momento de su captura en flagrancia, fue resaltado en el proceso, pero ello no fue determinante para su captura, para su verdadera identificación e individualización y para deducirle la responsabilidad penal. Tampoco es aceptable, a juicio de ésta Delegada la pretendida censura que realiza el letrado a la validez que le otorgaron los juzgadores a lo afirmado por la también condenada por estos hechos criminales, Virginia del Carmen Agámez Romero, quien señaló a Jorge Enrique Restrepo Agudelo como el sujeto organizador de la delincuencia. En la diligencia de acogimiento a sentencia anticipada lo manifestó bajo la gravedad del juramento.

No se observa entonces atentado contra la legalidad de esta prueba, que analizada en conjunto con las restantes permitió establecer la responsabilidad penal del procesado Restrepo Agudelo. 13 Por ello éste cargo no debe prosperar.

TERCER CARGO.

Observa el Ministerio Público que éste cargo es idéntico al planteado como principal en la demanda, por la vía de la nulidad, y que la inconformidad del censor radica en el convencimiento que tiene el letrado que la agravante que duplica la pena, establecida en el numeral tercero del artículo 384, -Cuando la cantidad incautada sea superior a.., cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona- , sólo puede aplicarse cuando la cantidad superior a cinco kilos es de cocaína pura y no de las sustancias a base de cocaína, por lo que según su criterio se requería la ampliación del dictamen para que por los expertos se discriminara el contenido de cocaína y de los demás componentes del producto incautado, para establecer el peso exacto de la cocaína, después de restarle el de los demás componentes y de ésta manera precisar si cabía o no en el caso concreto la mencionada agravante. En las instancias el planteamiento de la defensa tuvo cabal respuesta tanto por el Juzgado como por el Tribunal quienes se ocuparon en forma cuidadosa de dar respuesta a las inquietudes del defensor, siguiendo en ello las precisiones de la Honorable Sala de Casación Penal cuando señaló “conductas similares, cometidas en las mismas circunstancias, que afectan de igual modo el bien jurídico protegido, la

respuesta normativa no puede ser diferente…No es adecuado, por tanto, desde la perspectiva lógica jurídica aplicada al ámbito de protección de las normas represoras, esperar una reacción punitiva más benigna para el tráfico de cantidades elevadas de “bazuco”, que para el tráfico de cantidades equivalentes de cocaína”1 Por ello la Corte ha insistido en que el legislador no considera distintas para efectos de punibilidad, la cocaína y las sustancias derivadas a base de cocaína entre ellas el “bazuco”. En razón a lo anterior, el cargo no debe prosperar. 1 C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia de Abril 27 de 2005. M.P. Dr. Edgar Lombana Trujillo. 14

V.- PETICIÓN.

Por lo expuesto, esta Delegada del Ministerio Público, solicita respetuosamente a la H. Corte Suprema de Justicia NO CASAR el fallo impugnado con base en los cargos formulados en la demanda. Atentamente,

RODOLFO MANTILLA JACOME

Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal Bogotá, D.C., 7 de Noviembre de 2008