PGN - NULIDADES - Se debe argumentar la causal

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación: 162-42157/00

Disciplinado: MANUEL ARIAS MOLANO

Cargo: Alcalde Municipal de Tunja Quejoso: Contraloría Municipal de Tunja Fecha queja: 2 de abril de 1998

Fecha hechos: 15 de octubre de 1997

Asunto: Fallo de primera instancia

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2002 ASUNTO Procede el Despacho a FALLAR EN PRIMERA INSTANCIA el proceso disciplinario adelantado contra el señor MANUEL ARIAS MOLANO, en su condición de Alcalde Municipal de Tunja, cumplidos como se encuentran los presupuestos consagrados en el Código Disciplinario Único; y no observándose causal de nulidad que invalide la actuación. LA QUEJA Y SU TRÁMITE Mediante oficio de abril 2 de 1998 la Contraloría Municipal de Tunja denunció presuntas irregularidades cometidas por el Alcalde Municipal MANUEL ARIAS MOLANO, al suscribir el convenio ínter administrativo 355 el 15 de octubre de 1997 con CODETER, para la construcción de la avenida universitaria en el municipio de Tunja. La queja fue radicada bajo el No. 094-980818 y se le anexo la radicación 094980869, por tratarse de los mismos hechos y contra el mismo implicado. Con auto de fecha 28 de agosto de 2000, se dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el funcionario denunciado (FL. 57); y el 7 de junio del 2001 (FL. 197 Cuad. 2), le fue formulado auto de cargos que se puede sintetizar en los

siguientes términos: CARGOS 1.- “En cuanto a la selección del contratista el Dr. MANUEL ARIAS MOLANO no solicitó la presentación de propuestas,…….que según el Art. 24 parágrafo 2 y el Decreto 855 de 1994 el jefe o representante legal de la entidad estatal, o el funcionario en que hubiere delegado, debe tener en cuenta que la selección del contratista debe garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y en especial del deber de selección objetiva, según el 29 ibídem en la contratación administrativa, y dentro de ella en la directa, aun cuando se contrate con una Cooperativa, no puede omitirse el análisis de los factores de selección y evaluación de conveniencia, capacidad, idoneidad, experiencia, etc., de una pluralidad de propuestas, la selección se hará al ofrecimiento más favorable, siendo este aquel que, teniendo en cuenta el análisis previo a la suscripción del contrato resulta ser el más ventajoso para la entidad. 1 El artículo 3º del decreto 855 de 1994, concretó que para el cumplimiento del deber de selección objetiva, se deben obtener como mínimo dos ofertas antes de hacer la escogencia. Al haber realizado la contratación sin la existencia de otras ofertas, la posibilidad real de escoger la más conveniente era ficticia; se desconoció el principio constitucional de imparcialidad en el ejercicio de la función pública, porque la igualdad debe operar en las relaciones entre los administradores y administrados, para asegurar un trato equitativo por parte de las autoridades, evitando discriminaciones y favorecimientos, …”. 2.- “Por otro lado, en la cláusula cuarta del convenio Ínter administrativo

355 de 1997, firmado el 15 de octubre de 1997 por el Alcalde MANUEL ARIAS MOLANO, se pactó que el valor del contrato sería pagado el 50% a la legalización de los documentos para su ejecución y el saldo mediante actas parciales de obra previo visto bueno del Interventor designado por el municipio (folio 5-7); con fecha del 20 de octubre, se encontró la orden de pago cancelando el anticipo (folio 14) y sólo diez días después, con fecha del 20 de octubre se suscribió el modificatorio 1 al convenio (folio10), en el cual se modificó la forma de pago, resultando que además del anticipo del 50%, que ya se había cancelado, el saldo quedaría como pago anticipado, cuando ya se hubiere ejecutado el 50% de la obra objeto del contrato. El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 consagra: “En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato” Puede entonces concluirse que con la firma del modificatorio pudo contravenirse tal disposición, puesto que el 100% terminó pactándose a través de éstas modalidades, superando con ello el monto permitido legalmente." Como normas presuntamente violadas por el encartado con la anterior conducta, fueron citados además los artículos 38 y 40 numerales 1, 2, 18, 22 y 23 del Código Disciplinario Único; 24 parágrafo, 29 de la Ley 80 de 1993; 2 y 3 del Decreto 855 de

1994. Las faltas fueron calificadas en forma provisional como graves e imputadas a titulo de responsabilidad con dolo.

La condición de funcionario público del investigado se acreditó con los documentos que obran a folios del expediente. El encartado descorrió el traslado al auto de cargos dentro del término legal (FL. 212 y SS), y solicitó la práctica de pruebas sobre las que se resolvió mediante auto de 14 de noviembre de 2001(FL. 223).

PRUEBAS RECAUDADAS

2 Dentro de las pruebas tenidas en cuenta para la formulación de cargos y las aportadas en la etapa probatoria obran entre otras, las siguientes: 1.- Convenio ínter administrativo 355 suscrito el 15 de octubre de 1997 por el investigado MANUEL ARIAS MOLANO, en su condición de alcalde municipal de Tunja y José Noe Romero Gómez, Gerente General de CODETER (Fls. 5 a 9 Cuad. 1). 2.- Convenio modificatorio No. 1 del Convenio 355/97 (FL. 10), cláusula cuarta, relativa a la forma de pago, para disponer que el 50% del saldo del valor del contrato se cancelaría en forma anticipada cuando las obras se hubieran adelantado en la mitad de lo convenido (FL. 10). 3.- Acta de 17 de diciembre de 1997 sobre la ejecución de la obra en un 50% suscrita por el alcalde investigado, el Gerente de CODETER y el interventor (FL. 11). 4.- Orden de Pago No. 11061 de 20 de octubre de 1997 mediante la cual se cancela al contratista CODETER el 50% del valor del contrato a titulo de anticipo (FL. 14).

5.- Orden de Pago No. 11212 de 26 de diciembre de 1997 mediante la cual se cancela al contratista CODETER el saldo del 50% del valor del contrato a titulo de pago anticipado (FL. 15). 6.- Adicional sin número, ni fecha al convenio 355/97 por un plazo de 6 meses (FL. 21). 7.- Acta de iniciación de obra de fecha 17 de octubre de 1997 (FL. 100). 8.- Versión libre del investigado (FL. 72 y SS). 9.- Declaración bajo la gravedad del juramento del Ingeniero Nelson Eduardo Salcedo Gutiérrez, en donde señala que para el 21 de enero de 1998 la obra contratada en el convenio 355/97 se había desarrollado en más de 50% tal como lo expuso en su informe de la fecha, al Alcalde municipal (Fls. 86 a 88). 10.- Declaración bajo la gravedad del juramento del Ingeniero Iader Wilchelm Barrios Hernández, en donde señala que para diciembre de 1997 la obra contratada en el convenio 355/97 había sido ejecutada en mas de la mitad, como quedo señalado en el acta firmada con el contratista (FL. 93 y SS). 11.- Declaración bajo la gravedad del juramento rendida por José Fernando Camargo Beltrán, sobre las razones que se tuvieron para conceder la prorroga del plazo al convenio 355/97 (Fls. 198 y SS). 12.- Planos de construcción de la obra (Fls. 182 y SS). 13.- Visita Especial practicada a la carpeta de antecedentes administrativos del Convenio 355/97 a solicitud del investigado, para establecer si obran documentos

que permitan acreditar consulta de precios o condiciones de mercado para octubre de 1997, antes de la celebración del convenio, no encontrándose ningún documento 3 al respecto. Se aportó a solicitud del investigado la lista de precios que rigió para el Departamento de Boyacá en el periodo mencionado (Fls. 258 y SS). DESCARGOS SOLICITUD DE NULIDAD DEL PROCESO Considera el disciplinado MANUEL ARIAS MOLANO que el proceso se encuentra viciado de nulidad a partir del auto de agosto 28 de 2000, por violación del debido proceso (Art. 20 C.P; 131 numeral 4 y 146 de la Ley 200/95), porque con dicho acto se abrió nuevamente investigación disciplinaria en su contra, señalando en forma equivocada que su condición era la de gobernador de Pasto, cuando ese no era el cargo desempeñado por él; y porque además se desconocieron los términos previstos en la norma, en razón a que la Procuraduría Departamental de Boyacá había agotado la etapa disciplinaria al haberle abierto investigación mediante auto de 9 de febrero de 1999. En consecuencia, afirma que las actuaciones cumplidas a partir de allí se encuentran viciadas de nulidad y no pueden servir de soporte del auto de cargos los documentos allegados con posterioridad al vencimiento de dicho término, pues como lo ha señalado la Corte Constitucional la indagación preliminar no puede ir mas allá de los seis meses contemplados en la ley para adelantarla. JUSTIFICACIONES SOBRE LOS CARGOS El señor MANUEL ARIAS MOLANO, al descorrer traslado a la acusación formulada

por la Procuraduría afirma respecto del cargo 1 que no entiende porque razón se le dice que “…sin la existencia de otras ofertas, la posibilidad real de escoger la propuesta mas conveniente era ficticia…”, cuando nunca ha expresado, ni dado a entender que ellas fueron solicitadas. Por lo tanto, tal adjetivo que califica su actuación en forma peyorativa carece de fundamento. Considera que no existe razón para que se fundamente la solicitud de ofertas en el artículo 3 del Decreto 855 de 1994, cuando de su lectura se tiene que opera en los eventos señalados en los literales a) y d) del numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y no para el c) que trata de los convenios ínter administrativos, que fue la modalidad contractual realizada por él. La Ley 80 no dispuso la solicitud de ofertas para los contratos ínter administrativo y bajo dicha interpretación taxativa y clara llevó a cabo la asignación del convenio 355/97. Tampoco existió violación del artículo 2, ni al parágrafo del Decreto 855 de 1994, puesto que esta norma es anterior al artículo 3 ibídem y general. Ni existió violación del parágrafo 2 del articulo 24 de la Ley 80/93, puesto que la obligación allí contenida es para el gobierno nacional y no para las entidades territoriales; y respecto del inciso segundo existe la misma inaplicabilidad puesto que para la fecha de la celebración del contrato ya estaba rigiendo el Decreto 855 de 1994. 4 Encuentra que tampoco existió violación del artículo 29 de la Ley 80/93, por cuanto esta norma no rige entratándose de contratación directa y menos como ocurre en

este caso en donde la cuantía del contrato no fue objeto de cuestionamiento. Manifiesta que no se investigo si los precios del mercado estuvieron ajustados a la contratación realizada por él para demostrar que en ningún momento el patrimonio público del municipio sufrió desmedro. La suscripción del convenio se hizo con CODETER por ser una entidad pública bajo los criterios de la Ley 80/93 Artículo2 numeral 3, que esta integrada societaria mente por entidades territoriales, bajo cuya organización se busca siempre mejorar las condiciones de ejecución de obras, sin que impere el lucro particular que si buscan quienes abusan de la contratación realizada con el Estado. En relación con el cargo 2 sostiene que el artículo 40 de la Ley 80/93 permite celebrar acuerdos sujetos simplemente a la autonomía de la voluntad y el parágrafo permite el pago del anticipo y el pago anticipado, sin entrar a decir que la utilización de una figura excluye la otra, simplemente entiende que ninguno de los dos pagos puede superar el 50%, pero obviamente los dos pagos sumaran el 100% del valor del contrato. Que la medida se justifica en su sentir para garantizar el flujo de recursos al contratista para la realización cabal del proyecto. Que la lectura efectuada por la Procuraduría no es acorde con el sentido de la norma, por lo que considera que no procede reproche disciplinario como en el caso anterior. De otro lado, la Procuraduría afirma que los dineros de la entidad se pusieron en riesgo, sin que exista prueba al respecto porque el valor del pago anticipado del 50% quedo sujeto a la constitución de la póliza de garantía por el 100% de su valor, situación que no permite derivar riesgo alguno para la entidad. Además la obra

concluyó en forma satisfactoria, con los ajustes técnicos que se hicieron durante el desarrollo de los trabajos. Sobre la calificación provisional de la conducta como dolosa considera que no se tuvo en cuenta que es ingeniero de vías y transportes, lo cual no le da idoneidad jurídica para conocer los aspectos normativos como para actuar dolosamente, por lo que considera que la calificación no se ajusta a derecho. Concluye solicitando se le exonere de responsabilidad por que considera que esta incurso en la causa de justificación señalada en el artículo 23 numeral 4 de la Ley 200 de 1995, puesto que actuó de buena fe y con la convicción errada e invencible de que la celebración del convenio con CODETER constituía falta disciplinaría, por cuanto la ley 80 prevé esta forma de contratación, que incluso la Procuraduría para sustentar el cargo tuvo que hacer una interpretación unilateral, pues en su sentir la norma es clara y no lugar a interpretaciones. Que en algunos fallos la entidad ha señalado que cuando la falta recae en una interpretación errada no da lugar a falta disciplinaria.

CONSIDERACIONES

SOBRE LA PETICION DE NULIDAD DEL PROCESO

5 Las causales de nulidad previstas para el proceso disciplinario en el artículo 131 de la Ley 200 de 1995, vigente para la época de los hechos; se sujetan a los cuatro casos taxativamente señalados en la norma. La incompetencia del funcionario para fallar; la violación del derecho de defensa; la vaguedad o ambigüedad de los cargos o de las normas en que se fundamenten; y la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

En este caso, el investigado no alega ninguna de las causales expresamente prevista en la norma, situación que no obliga al despacho a entrar a hacer pronunciamiento al respecto de acuerdo a lo señalado en el artículo del C. de P. C. aplicable al proceso disciplinario en virtud del principio de integración normativa contemplado en el artículo 18 del C. D. U. Sin embargo, en aras que no posar de procesalistas en la aplicación del derecho sancionador del Estado, brevemente se procederá a hace pronunciamiento respecto de los interrogantes planteados. En este caso, las circunstancias fácticas alegadas por el disciplinado podrían eventualmente encuadrarse dentro del numeral 4 contemplado en el artículo 131 del

C. D. U., esto es, la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. Por cuanto ha afirmado que en el tramite del disciplinario se profirieron dos auto de apertura de investigación en su contra, en el mismo proceso, uno de los cuales luego de vencido el término previsto por el artículo 141 ibídem, para adelantar la indagación preliminar.

Ahora bien, como se señala al inicio de este fallo con ocasión de sendas quejas presentadas por la Contraloría Municipal de Tunja, los días 2 de abril y 5 de mayo de 1998, ante la Procuraduría Departamental de Boyacá, se abrieron los radicados Nos. 094980818/98 y 094-980869/98, los cuales se ordenó tramitar bajo una misma cuerda procesal mediante auto de noviembre 27 de 1998 (FL. 10). En la primera radicación luego de evaluada la queja se ordenó apertura de

investigación disciplinaria con auto de febrero 9 de 1999 En la radicación 094-980869/98, con auto de fecha julio 18 de 1998 se ordenó la práctica de pruebas en indagación preliminar contra “FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, esto es, contra personas indeterminadas, el señor ARIAS MOLANO, solo fue vinculado a la investigación el 28 de agosto de 2002, con el auto de apertura de investigación. Durante el término de indagación preliminar no estuvo sub judice, ni se le violó ningún derecho fundamental, luego no existió irregularidad sustancial que hubiera afectado el debido proceso, como es lo mandado por la norma, para acceder a la declaratoria de nulidad. De otra parte, entre las fechas en que se profirió una y otra decisión, no se allegaron pruebas al expediente, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública decidió sobre el mérito de las diligencias con los documentos aportados en los informes de la Contraloría Municipal. De tal suerte, que las inconsistencias en que se funda la solicitud de nulidad, no constituyen irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, pues como se ve, ninguna de las etapas propias del juicio disciplinario se omitió, ni se coarto el derecho de defensa al investigado, ni se practicaron pruebas que no hubiera podido 6 controvertir, ni se le violaron derechos fundamentales. Por lo cual, la solicitud así presentada será despacha en forma desfavorable. SITUACION JURIDICA DEL INVESTIGADO CARGO UNO Considera el Despacho que el investigado MANUEL ARIAS MOLANO es responsable de la conducta categorizada como falta disciplinaria en este cargo, pues

ciertamente que la facultad de contratar directamente con la COOPERATIVA DE DESARROLLO TERRITORIAL CODETER LTDA., entidad estatal, para efectos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Art. 2 Parágrafo Ley 80/93), no le eximia del deber de garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y del deber de selección objetiva en la escogencia del contratista. En efecto, tal como se señaló en el auto de cargos la entidad contratista beneficiada fue escogida a dedo, sin justificación alguna, pues cualquier firma dedicada a la Ingeniería en el país, podía desempeñar el objeto del contrato; y no únicamente CODETER. La ley ha previsto que aún entramándose de convenios ínter administrativos que en atención al artículo 24 numeral 1 literal c) pueden celebrarse directamente, existe para el responsable de la dirección y manejo de la actividad contractual, el Jefe o representante de la entidad estatal, el deber de observar en la escogencia del contratista los principios establecidos por el legislador de transparencia, economía y el deber de selección objetiva. No es una interpretación forzada de la Procuraduría, la que se expone en el auto de cargos para fundamentar la adecuación típica de la conducta que se endilga como falta disciplinaria al Dr. MANUEL ARIAS MOLANO, como lo afirma en sus descargos, pues de una parte, el mismo Estatuto General de Contratación de la Administración Pública establece en el parágrafo 2 del artículo 24, que: “ (…) Si el Gobierno no expidiere el reglamento respectivo, no podrá celebrarse

directamente contrato alguno por ninguna entidad estatal so pena de su nulidad.” El Gobierno Nacional expidió el reglamento de contratación directa mediante el Decreto 855 de 1994. De tal suerte, que para la fecha de ocurrencia de los hechos octubre 15 de 1997, el Municipio de Tunja podían celebrar las contrataciones directas a que se refiere el numeral 1 del artículo 24, puesto que el reglamento había sido expedido. El investigado podía contratar directamente en el caso señalado en el numeral 1 literal c) del artículo 24, convenio ínter administrativo, pero debía sujetarse a las reglas que señala el reglamento de contratación directa, en manera alguna le estaba permitido omitir los procedimientos que para este tipo de convenios estableció el legislador extraordinario. 7 De otra parte, la doctrina nacional1 en forma clara ha entendido que de la redacción del numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, se deduce: “que la licitación pública constituye en el derecho nacional la regla general para la escogencia de contratistas, debiendo todos ellos, en principio, escogerse a través de este trámite procedimental administrativo. Por vía de excepción, el ordenamiento jurídico permite que en ciertos casos señalados de manera específica por el legislador las entidades estatales no acudan a la licitación pública sino, por el contrario, a otros procedimientos de carácter especial, y por lo tanto de aplicación restrictiva, entre los cuales encontramos la llamada contratación directa. La contratación directa no constituye, en modo alguno una excepción a este postulado garantístico y protector del interés general y del patrimonio público. En efecto el legislador, en el parágrafo 2 del artículo 24 de la ley 80 de 1993, a través

del cual otorgó facultades al Gobierno Nacional para expedir un reglamento de contratación directa, que vino a ser el Decreto 855 de 1994, condicionó el ejercicio de dichas facultades, de manera expresa, concreta y especifica, a que se garantizaran en dicho reglamento los principios de transparencia, economía y selección objetiva en los términos establecidos en el estatuto general de contratación de la Administración Pública. Es decir que fue deseo original del legislador el de impedir y reprochar cualquier posibilidad de arbitrariedad o subjetivismo a través de la llamada contratación directa2. En relación con la practica recurrente de celebrar los contratos de prestación de servicios profesionales o prestación de servicios a través del mecanismo excepcional de la escogencia del contratista conforme a los parámetros procedimentales del parágrafo del artículo 3 del Decreto 855 de 1994, esto es, bajo la forma de contratos intuito personae, no significa de ninguna manera, que se admita en el ordenamiento jurídico la contratación subjetiva o personal por parte de los servidores públicos. Esta modalidad de contratación, que por su misma naturaleza es excepcional y restrictiva, se encuentra sujeta plenamente a los principios de economía y transparencia, y en especial al deber de selección objetiva, según lo regulado en el artículo 2 del Decreto 8555 de 1994. Por lo tanto, la escogencia del contratista en los convenios ínter administrativos no puede ser subjetiva; será irremediablemente objetiva y cuando no sea de esta forma es irregular y compromete como lógica consecuencia, la responsabilidad del jefe del organismo que celebro la contratación en esas condiciones.

El investigado al descorrer traslado a la acusación acepta haber celebrado el contrato sin la existencia de otras ofertas, sin analizar propuestas, ni escoger la propuesta más conveniente y es enfático en señalar que nunca ha expresado, ni dado a entender que ellas fueron solicitadas. De ahí, que la aceptación del investigado aunada al hecho de que en las visitas especiales practicadas a los antecedentes administrativos del convenio 355/97 y las copias de estos aportados al proceso, no se encontraron documentos que permitan acreditar que los 1 Santofimio, Jaime Orlando, Delitos de celebración indebida de contratos, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000, pag. 215, 217, ss. 2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 30de enero de 1997, C.P.: Javier Henao Hidrón, exp.938 en Banco de Datos Jurídicos. 8 procedimientos establecidos por los artículos 2 y 3 del Decreto 855/94, se satisficieron, se considera plenamente probada la conducta. La falta así acreditada no se desvirtúa con las interpretaciones que de los artículos 2 parágrafo, 3 del Decreto 855 de 1994; 24 numeral 1 parágrafo 2 y 29 de la Ley 80 de 1993, hace el investigado, pues su interpretación parte de un supuesto falso, como es del de considerar que contratación directa es sinónimo de escogencia caprichosa del contratista, cuando el estatuto de contratación de la administración establece para todos los casos el deber de garantizar la observancia de los principios de

transparencia, economía y selección objetiva, al punto que como se observa del parágrafo del artículo 24 trascrito, si no se hubiera expedido el reglamento de contratación directa, simplemente por este mecanismo no podía celebrarse ningún contrato, en ninguna entidad pública. Así las cosas, la falta se considera probada y no desvirtuada.

CARGO 2

Considera el Despacho que también debe responder disciplinariamente el investigado por esta falta, como quiera que la estipulación pactada el 20 de octubre de 1997 en el modificatorio 1 al convenio 355/97 (folio10), esta expresamente prohibida por el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, pues la modificación permitió al contratista hacerse al 100% del precio del contrato, cuando solo había ejecutado la mitad de la labor. Actuación expresamente prohibida por la norma que señala: “En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato” En este caso, el precio total del contrato como se observa de la cláusula tercera del convenio era la suma de $ 1.803.880.000 (Fl. 6); se cancelo por anticipo con Orden de Pago No. 11061 de octubre 20 de 1997 el 50% del valor del contrato, la suma de $ 901.940.000 (FL. 14); y con la Orden de Pago No. 11212 de diciembre 26 de 1997 el saldo a titulo de pago anticipado, la suma de $ 901.940.000 (FL. 15), valores que

como se ve corresponden al monto total del convenio. La modificación al convenio que permitió al contratista hacerse al 100% del precio del contrato antes de terminar la construcción de la Avenida Universitaria del Municipio de Tunja, viola la norma antes transcrita. Los argumentos de descargos del encartado, como en la situación anterior se reducen a interpretar las normas, para adecuarlas a su conveniencia y luego concluir que no es disciplinable por que actuó con la convicción errada e invencible de que la interpretación dada por él a la ley y conforme a la cual oriento su conducta era la correcta. No lo eximen de responsabilidad disciplinaria, pues el Despacho, considera que como responsable del proceso de contratación en el municipio de Tunja como quiera que aspiro y resulto elegido alcalde, no obstante su condición de ingeniero, asumió los deberes que el cargo le imponía en forma conciente y era su responsabilidad actuar con rigurosa atención a las normas y actualizar el conocimiento para atender sus funciones de manera adecuada, imparcial, eficiente y 9 con salvaguarda de los intereses públicos, por sobre otros criterios, como lo señalan los numerales 1, 2, 18 y 22 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, que debe hacerse. CALIFICACION DEFINITIVA DE LAS FALTAS Las conductas imputadas como faltas disciplinarias al investigado fueron calificadas en forma provisional como graves e imputadas a titulo de responsabilidad con dolo, en el auto de cargos. En esta oportunidad el Despacho mantiene y asume en forma definitiva, tal calificación, pues como se dejó visto la suscripción del contrato contrariando los procedimientos contemplados en el Decreto 885/94 artículos 2 y 3;

y las modificiones al convenio contrarias al artículo 40 paragrafo de la ley 80/93, con las cuales solo se benefició el contratista, se consideran graves y dolosas, puesto que el estatuto de contratación contempla la dirección clara y precisa que debe observar el responsable de la contratación pública, tendiente en todo caso a satisfacer el interés general y a buscar los fines previstos en la ley, el margen de operatividad discrecional del funcionario en el proceso es supremamente restringido y el análisis de los contenidos normativos es estrictamente orientado al cumplimiento de estos. De tal suerte, que cualquier actuación contraria a los procedimientos allí establecidos resulta censurable disciplinariamente, por cuanto conlleva transgresión de los deberes señalados a los servidores públicos en este caso especial los contemplados en el artículo 40 numerales 1,2, 18 y 22 del Código Disciplinario Único, que le imponían el deber de observar la constitución y la ley, de cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo y abstenerse de cualquier acto que implique ejercicio indebido del cargo, así como proteger los bienes encomendados. DOSIFICACION DE LA SANCION El artículo 32 ibídem, señala que las faltas graves se sancionarán con multa entre 11 y 90 días del salario devengado al tiempo de cometerlas, suspensión en el cargo hasta por el mismo término, teniendo en cuenta los criterios señalados en el artículo

27. En este caso la medida disciplinaria a imponer al investigado como responsable de la falta acreditada y no desvirtuada será de MULTA equivalente a 60 días del

sueldo que devengaba por la época de los hechos, habida cuenta de la concurrencia de la causal de agravación, relativa a la jerarquía y mando que el servidor investigado tenía en la entidad, como quiera que se desempeñaba como Alcalde del municipio y a que el funcionario se encuentra retirado del servicio público. Por lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 25 numeral 1 literal a) del Decreto Ley 262 de 2000, en consonancia con la Resolución 0017 de marzo 4 de 2000 artículo 19 inciso segundo y cumplidos como se encuentran los presupuestos consagrados en los artículos 138 y siguientes del Código Disciplinario Único,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD DEL PROCESO DISCIPLINARIO INCOADA POR EL INVESTIGADO MANUEL ARIAS MOLANO, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

10

SEGUNDO: Declarar disciplinariamente responsable al señor MANUEL ARIAS

MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.181 de Tunja, en su condición de Alcalde de Tunja, como autor responsable de la falta disciplinaria calificada en forma definitiva como GRAVE e imputada a titulo de responsabilidad con dolo, cometida en las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidas en este fallo.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior se le imponen sanción de multa equivalente a 60 días del sueldo que devengaba por la época de los hechos.

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, comuníquese a la Oficina de Registro y

Control de la Procuraduría General de la Nación para que procedan a hacer efectivas las sanciones señaladas y para que se hagan las correspondientes anotaciones en la hoja de vida del discip