PGN - OBEDIENCIA DEBIDA - Excluyente de responsabilidad

Bogotá, D.C., enero 10 de 2001 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 8, 16-1, 17 inciso segundo, 31 parágrafo (parcial), 32-4 inciso segundo, 38 inciso primero, 101 (parcial), 106, 118 y 401 de la Ley 599 de 2000.

Actor: MARCELA ADRIANA RODRÍGUEZ GÓMEZ

Magistrado Ponente: Dr. ÁLVARO TAFÚR GÁLVIS

Expediente No. D-3137 Concepto No. 2406 Admitido el impedimento presentado por el Procurador General de la Nación para emitir concepto en la causa de la referencia, corresponde al Despacho del Viceprocurador General de la Nación asumir la representación del Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 numeral 3° del Decreto 262 de 2000, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política, desarrollados por el Decreto 2067 de 1991.

I. ANTECEDENTES La demandante MARCELA ADRIANA RODRÍGUEZ GÓMEZ, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución Política, solicita a la Honorable Corte, declarar la inconstitucionalidad de los artículos 8, 16-1, 17 inc.2, 31 parágrafo (parcial), 32-4 inc. 2°, 38 inc. 1°, 101 (parcial), 106, 118 y 401 de la Ley 599 de 2000.

II. NORMAS ACUSADAS El texto de las disposiciones demandadas es el siguiente: "Artículo 8.- Prohibición de doble incriminación. A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales. "Artículo 16.- Extraterritorialidad. La ley penal colombiana se aplicará: "1. A la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y la seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden económico social excepto la conducta definida en el artículo 323 del presente código, contra la administración pública o falsifique moneda nacional, documento de crédito público, o estampilla oficial, aun cuando hubiere sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana. "En todo caso se tendrá como parte cumplida de la pena el tiempo que hubiere estado privada de su libertad. "Artículo 17.- Sentencia extranjera. La sentencia absolutoria o condenatoria pronunciada en el extranjero tendrá valor de cosa juzgada para todos los efectos legales. "No tendrán el valor de cosa juzgada ante la ley colombiana las sentencias que se pronuncien en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1 y

2. (...) "Artículo 31.- Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción y omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin

que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. "En ningún caso la pena privativa de la libertad podrá exceder de cuarenta (40) años. "Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones distintas a las establecidas en ésta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente. "PAR.- En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte. "Artículo 32.- Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: (...) "4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. "No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. "Artículo 38. La prisión domiciliaria como medida sustitutiva de la prisión. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos... "Artículo 101.- Genocidio. El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la ley, por razón de su

pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años; en multa de dos mil (2.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años. "La pena será de prisión de diez (10) a veinticinco (25) años, la multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y la interdicción de derechos y funciones públicas de cinco (5) a quince (15) años cuando con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos: "1. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo. "2. Embarazo forzado. "3. Sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. "4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. "5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. "Artículo 106.- Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. "Artículo 118.- Parto o aborto preterintencional. Si a causa de la lesión inferida a una mujer, sobreviniere parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la

criatura, o sobreviniere el aborto, las penas imponibles según los artículos precedentes, se aumentarán de una tercera parte a la mitad. "Artículo 401.- Circunstancias de atenuación punitiva. Si antes de iniciarse la investigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere cesar el mal uso, reparare lo dañado o reintegrare lo apropiado, perdido, extraviado, o su valor, la pena se disminuirá en la mitad. Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda instancia, la pena se disminuirá en una tercera parte. "Cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá, proporcionalmente, disminuir la pena en una cuarta parte".

II. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS La demandante MARCELA ADRIANA RODRÍGUEZ GÓMEZ señala que las disposiciones demandadas quebrantan los artículos 1, 2, 5, 11, 13, 28, 29 inc. 4°, 107 y 243 de la Carta.

III. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN Para la demandante el artículo 8o. de la Ley 599 de 2000, es inconstitucional, pues establece la prohibición de doble imputación, cuando el artículo 29 de la Carta lo que proscribe es ser juzgado dos veces por un mismo hecho, pero además, la disposición desborda la Constitución al consagrar como salvedad de este principio lo dispuesto en los instrumentos Internacionales. Del mismo modo, los artículos 16 N°1 y 17 inc. 2°, establecen límites al principio del non

bis in ídem, no consagrados en el artículo 29 Superior. El parágrafo del artículo 31 de la ley 599 de 2000 vulnera el principio de igualdad al establecer un incremento punitivo para el delito continuado o masa no consagrado respecto de los delitos juzgados por la justicia penal militar, estableciendo así un trato diferencial. Así mismo, considera inconstitucional el artículo 32 N°4, inciso 2° por excluir la obediencia debida sólo para los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura, cuando igualmente se debieron incluir otros comportamientos delictivos que tampoco pueden ser permitidos dentro de un Estado Social de Derecho. La expresión "residencia o morada", utilizada para determinar el lugar de ejecución de la pena privativa de la libertad, también la considera inconstitucional, toda vez que conforme al artículo 96 N°1 literal b de la Carta, "el domicilio es el país y no la residencia del penado". En relación con el punible de genocidio descrito en el artículo 101 de la ley 599 de 2000, demanda la inexequibilidad de la expresión "que actúe dentro del margen de la ley", por que desconoce la supremacía del derecho a la vida, sólo lo garantiza en relación con las personas que actúen dentro del margen de la ley y por lo mismo, vulnera el derecho a la igualdad. Añade que mientras la Constitución garantiza la libertad y la conformación de grupos y movimientos políticos, la norma acusada limita su protección a que actúen conforme a la ley, pues de no ser así pueden ser objeto de destrucción sin consecuencia

penal alguna. Cuestiona la omisión del legislador al describir en el artículo 106 del nuevo Código Penal el delito de homicidio por piedad sin tener en cuenta las consideraciones efectuadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-239 de 1997, relacionadas con ausencia de responsabilidad de los médicos que lo realicen, con quebrantamiento de lo dispuesto en el artículo 243 inciso primero de la Carta Política. Demanda el artículo 118 ibídem, pues considera que establece el carácter de preterintencional del parto o aborto como una agravante punitivo cuando el artículo 105 ejusdem, referido al homicidio preterintencional, fija esta forma de culpabilidad como una diminuente punitiva y no como agravante, lo cual comporta un trato discriminatorio que vulnera el derecho a la igualdad. Finalmente solicita la inexequibilidad del artículo 401 de la Ley 599 de 2000, pues, al igual que la disposición antes citada, desconoce el principio de igualdad ya que mientras en el artículo 402 el pago de las sumas retenidas por los captadores de retención en la fuente da lugar a la terminación del proceso con resolución inhibitoria, preclusión o cesación del procedimiento, respecto de los delitos de peculado cometidos por los servidores públicos, este hecho sólo configura una atenuante punitiva, pero no una excluyente.

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. COMPETENCIA Por dirigirse la acusación contra varias normas que forman parte de una ley, compete a la Corte Constitucional decidir sobre su constitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Carta, desarrollado por

el artículo 43 de la Ley 270 de 1996 y el Decreto 2067 de 1991.

2. EXAMEN MATERIAL 2.1. Principio del non bis in ídem.

Con el ánimo de desarrollar el principio de non bis in ídem consignado del artículo 29 de la Carta Política, en el artículo 8° de la ley 599 de 2000 el legislador dispuso que "A nadie se le puede imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales". Aunque la descripción legal de éste postulado no se identifica literalmente con la forma como está consagrado en la norma Superior, no por ello el precepto es inconstitucional, más aún cuando lo que hace el legislador es puntualizar el alcance del non bis in ídem en materia penal. En efecto, el artículo 8° de la ley 599 de 2000, lejos de restringir el ámbito de aplicación de éste principio, lo consagra con una visión garantista indiscutible pues prohíbe que a una persona se le impute más de una vez la misma infracción penal, comprendiendo de éste modo la múltiple incriminación tanto en la etapa inicial de la actuación, como en el juicio. Es decir, bajo tales parámetros ya no sólo estará prohibido juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, sino además, adelantar varias investigaciones o instrucciones contra el mismo procesado y por iguales conductas punibles. Debe precisarse además, que la constitucionalidad de las normas legales no depende de ninguna manera de su plena identidad lingüística con el texto constitucional al cual se refieren, sino de su conformidad con los valores y

principios que la ley fundamental ha establecido como mandatos Superiores. De tal manera que aunque la disposición legal acusada no utiliza el término juzgar, lleva implícita la prohibición de investigar y juzgar (fallar) más de una vez, a un imputado por los mismos hechos, lo cual la hace coherente con el postulado constitucional de non bis in ídem, el cual, según lo ha definido la Corte Constitucional, implica que "la competencia de los jueces, en los asuntos sometidos a su conocimiento, se contrae, única y exclusivamente, al estudio y decisión de cuestiones que no hayan sido debatidas y resueltas en un proceso judicial llevado a cabo en forma previa".1 Así las cosas, por cuanto el término imputar, no constituye una limitación al principio del non bis in ídem, su inclusión en el artículo 8° citado, se ajusta a la Carta Política. La expresión "salvo lo establecido en instrumentos internacionales" tampoco vulnera el principio antes citado, por cuanto con esta excepción el legislador permite que mediante pactos, convenios o tratados internacionales, se determine que las sentencias dictadas en el extranjero respecto de ciertos delitos cometidos en otras circunstancias fuera de las señaladas en los artículos 15 y 16 Nos. 1 y 2 de la Ley 599 de 2000, carecen del valor de la cosa juzgada. Esta posibilidad de convenir mediante instrumentos internacionales que determinadas providencias de autoridades extranjeras no tengan efectos de cosa juzgada ante la ley colombiana, realmente no limita la aplicabilidad del principio del non bis in ídem de manera caprichosa sino en favor de la soberanía judicial y prevalencia del derecho interno, en la medida que permite

al Estado Colombiano convenir con otros que en determinados eventos cada Estado parte se reserva el derecho a juzgar y sancionar determinadas conductas, aunque ya hubieren sido materia de un proceso adelantado en el extranjero. Yerra la demandante al plantear que ésta y otras normas relativas a la cosa juzgada son inconstitucionales porque restringen este principio consagrado 1 ? Sentencia T-162 de 1998 con carácter absoluto en la Carta, pues como reiteradamente ha dicho la Corte "los derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y, por tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida institucional no serían posibles".2 De este modo, lo que hace el legislador en los artículos 8 y 17 de la ley 599 de 2000, es justamente armonizar las garantías de cosa juzgada y non bis in ídem con el principio fundante de la soberanía del Estado. La viabilidad de establecer excepciones al principio de cosa juzgada y en consecuencia al non bis in ídem en el ámbito del derecho internacional, fue aceptada por la Corte Constitucional, aún antes de la expedición de las normas acusadas, cuando expresó: "Con relación al reconocimiento de la cosa juzgada o el principio de non bis in ídem, éste no se reconoce para los eventos determinados en los artículos 14, 15 num. 1 y 2 del Código Penal. En lo demás, es posible el mantenimiento de la

absolución o la procedencia de la condena extranjera. En los demás casos se presenta el fenómeno de concurso de sentencias (nacionales y extranjeras) según las siguientes reglas: "A juicio de la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, 17 de junio de 1987: "1. Prevalece la sentencia colombiana al punto que tiene imperio la condenatoria nacional sobre la absolutoria proferida en el exterior; y dentro de las de sanción la de mayor gravedad si es la nacional la que exhibe esta característica (art. 16 del Código Penal). "2. En los tres casos de excepción (14, 15-1 y 2), "la pena o parte de ella que el reo hubiere cumplido en virtud de tales sentencias se descontará de la que se impusiere de acuerdo a la ley colombiana, si ambas son de igual naturaleza y si no se harán las conversiones pertinentes" (art. 16 inc. segundo). Así se da aplicación al principio de legalidad consagrado en la Constitución de 1886 y en la Constitución de 1991 (arts. 6o., 28, y 29 de la Carta). 2 Sentencia No. C-578 de 1995. "Se presenta, como lo ha sostenido la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, un juego de "aspectos de seguridad y existencia del Estado colombiano o de dignidad de representación internacional, que obligan a esta mayor severidad, debiéndose recalcar el atributo de soberanía que implica el sometimiento a la ley y que las sentencias penales colombianas no sufren restricciones ni toleran mengua o decaimiento. Es

irrestricta y de un efecto totalizante e insoslayable. En estos eventos los demás países, por lo mismo que tales conductas podrían tener para ellos una menor significación, no suelen presentar idéntico interés de persecución ni igual dureza de tratamiento. Colombia en todo caso, parte del enunciado legal, plenamente explicable por las circunstancias dichas, de quedar satisfecha la protección de sus derechos de tan singular connotación sólo con las decisiones de sus propios tribunales". "La necesidad cada vez mayor de un principio de justicia mundial o de universalidad, por los múltiples vínculos y ágiles movimientos y comunicaciones del delito, hacen que no sea extraño sino algo habitual en las legislaciones de los países como las comentadas en nuestro Código Penal, la existencia de estos procedimientos, particularmente cuando se trata de delitos que tienen ejecución en el territorio nacional y en el extranjero, que imponen la simultánea actividad investigadora, y sin que ello implique el que un delincuente pueda ser juzgado dos veces por el mismo acto. Ya se ha advertido, que investigar no es juzgar, y que este último concepto representa la finalización de un proceso con sentencia. "En la hipótesis de pluralidad de procesos no se afecta el principio constitucional, pues éste lo que prohíbe es la doble condena, resultando aconsejable y factible la pluralidad de la labor investigativa, bien porque no se ignore su coexistencia, y principalmente para evitar la impunidad y lograr la defensa social; resolviéndose finalmente la situación por la preferencia de lo resuelto por las autoridades nacionales, con exclusión de lo diligenciado por las autoridades extranjeras,

como lo prevén los arts. 14, 15 numerales 1 y 2, del Código Penal. "Visto lo anterior, no queda duda de la conformidad con la Carta Política de estos otros preceptos. Pues ellos no tienen otro alcance que el de perseguir el delito en todas las latitudes, cuando amenace bienes esenciales del Estado, de la sociedad y de la civilidad colombiana, y de reconocer y admitir y aprovechar las acciones que otros estados adelanten para reprimir el delito".3 Estas mismas consideraciones sirven de fundamento para excluir los cargos formulados contra los artículos 16 N°1 y 17 inciso 2°, cuyo texto coincide con el de los artículos 15 N°1 y 16 del Decreto 100 de 19804, los cuales según pronunciamiento del Máximo Tribunal de Control Constitucional son excepciones constitucionalmente válidas al principio de cosa juzgada, entre otras razones, por cuanto los delitos enunciados en el artículo 16 N°1 constituyen atentados contra la soberanía económica, política y jurídica, es decir, contra bienes jurídicos nacionales, que indiscutiblemente deben sancionar las autoridades judiciales colombianas, como guardianas de tales valores. De otra parte, negar el valor de cosa juzgada de la sentencia extranjera, en el evento señalado en el artículo 16 N° 2 de la ley 599 de 2000, es decir, respecto 3 Sentencia No. C-264 de 1995. 4 "Artículo 15.-Extraterritorialidad. La ley penal se aplicará: 1. A la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y la

seguridad del estado, el régimen constitucional, el orden económico o socia, la salud pública, la administración de pública, o falsifique moneda nacional, documento de crédito público, papel sellado o estampilla oficial, aun cuando hubiere sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana. En todo caso se tendrá como parte cumplida de la pena el tiempo que hubiere estado privada de su libertad. Artículo 16.- No tendrá el valor de cosa juzgada ante la ley colombiana las sentencias que se pronuncien en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 14 y 15, numeral 2. "La pena o parte de ella que el reo hubiere cumplido en virtud de tales sentencias se descontará de la que se impusiere de acuerdo con la ley colombiana, si ambas son de igual naturaleza y si no, se harán las conversiones pertinentes (...)" . de los delitos cometidos por persona que esté al servicio del Estado colombiano, goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa delito en el extranjero, para la Vista Fiscal tiene fundamento no sólo en la especial relación de sujeción que existe entre el Estado y la persona que representándolo incurren en delito en el extranjero, sino además, en el reconocimiento por el derecho internacional de la inmunidad, que per se impide ser válidamente investigado y juzgado por una autoridad del país extranjero5. En este punto, valga resaltar la importancia de precisar en el texto del artículo 8° de la ley 599 de 2000 como excepción al principio de cosa juzgada lo 5 Al respecto el profesor Luis Carlos Pérez sostuvo "Los delitos cometidos a bordo de una nave o aeronave nacional de guerra que

se encuentra fuera del territorio colombiano y los que se cometan a bordo de cualquier otra nave o aeronave nacional en alta mar, según el artículo 14 pueden ser juzgados por autoridades foráneas. Pero la ley colombiana niega toda validez a las sentencias dictadas por estas autoridades, aunque la acción se haya seguido según las formas propias de los juicios en esas localidades extranjeras. La razón principal de este rechazo es la de que siempre hay la posibilidad de un error respecto del lugar exacto donde se encontraba la embarcación en el momento del delito y la ley colombiana no puede permitir que hechos tan graves queden sin calificarse debidamente conforme a la norma citada. Tampoco reconoce Colombia las sentencias absolutorias o condenatorias dictadas en el exterior respecto del servicio del Estado colombiano amparado por las inmunidades diplomáticas o consulares, cuando ha cometido cualquier infracción, pues las conveniencias nacionales y aun la dignidad colectiva pueden afectarse fácilmente por una decisión de funcionarios a quienes nada interesan esos factores, como pruebas muchas veces distintas de las que puede aportar el gobierno local, único conocedor de los motivos existentes para encomendar a determinada persona una gestión o una serie de servicios (...). Además, si la persona al servicio del Estado colombiano en el exterior... goza de inmunidad de acuerdo con el derecho internacional, no puede ser juzgada en el país donde desempeña su misión". Derecho Penal, Tomo I,1981, pág.98. establecido en los instrumentos internacionales, a través de los cuales naturalmente es posible establecer inmunidades. Ahora bien, las condiciones en que se realicen los convenios internacionales en relación con la materia y su conformidad con la Carta Política es un asunto

que debe examinarse frente al instrumento de derecho internacional en concreto cuando éste sea objeto del respectivo control de constitucionalidad; pero, se repite, no se opone al artículo 29 de la Carta Política, que a través de tratados públicos internacionales se determinen algunos eventos en los cuales las sentencias de los Estados partes no son valoradas como cosa juzgada en el ámbito interno. El non bis in ídem, como manifestación del principio general de Cosa Juzgada no se afecta cuando el delito transnacional es investigado por los Estados que han sido afectados. Por los argumentos expuestos, para el Ministerio Público no deben prosperar los cargos formulados contra los artículos 8, 16-1 y 17-2 de la ley 599 de 2000, y en consecuencia, se solicitará declarar su exequibilidad. 2.2. Establecimiento de las penas y principio de igualdad. Acusa la demandante el parágrafo del artículo 31 de la ley citada, porque fija un sistema de dosificación punitiva para el delito continuado y masa distinto al señalado para los militares en la ley 522 de 1999. Como reiteradamente lo ha sostenido la Corte Constitucional, el legislador tiene un amplio margen de discrecionalidad para estructurar el régimen punitivo que, sin embargo, esta limitado por el respeto de las normas constitucionales y los criterios de racionalidad y proporcionalidad. En ejercicio de esta potestad punitiva, el legislador ordinario consagró en la norma acusada de manera específica, y para todos los eventos, el quantum punitivo a que se haría acreedor quien incurriere en delito continuado y masa, no así lo hizo en la Ley 522 de 1999 -Código Penal Militar-, donde sin

puntualizar la pena aplicable para ésta clase de delitos, señala con carácter general unos parámetros dentro de los cuales se determinará la pena imponible para los casos de concurso de delitos y, siguiendo la tradición normativa nacional, fijó los límites dentro de los cuales la autoridad judicial puede determinar la pena imponible ante esta clase de delitos" 6. Mirado el texto de las normas relacionadas con el concurso de delitos en la ley 522 de 1999 y en la 599 de 2000 podría considerarse que hay un tratamiento punitivo diferente y más benévolo en la penalización de los delitos masa y continuado cometidos por miembros de la Fuerza Pública; sin embargo, en criterio de la Vista Fiscal realmente la norma acusada no suscita la discriminación de la que se acusa, toda vez que los artículos 32 y 33 del Código Penal Militar -ley 522 de 1999donde se define qué se entiende como delito continuado y se fija el tope máximo de la pena imponible en el caso de los concursos, han sido modificados por el artículo 31 del Código Penal, el cual establece de manera específica la pena imponible para delitos continuados o delitos masa, de tal forma que una vez comience a regir el parágrafo acusado, el próximo mes de julio, la tasación punitiva de esta clase de reatos, ya sean cometidos por personal castrense como por cualquier otro ciudadano, se efectuará conforme a los parámetros 6 "Artículo 30. CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones y omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave imponible, aumentada hasta en otro tanto,

cualquiera que sea la naturaleza del concurso. "Artículo 32. HECHO PUNIBLE UNITARIO O CONTINUADO. Cuando la ejecución del hecho punible se fragmente en varias aciones y omisiones se tendrá como hecho punible unitario. Exequible, Corte Constitucional, sentencia C-368 de 2000 "Artículo 33. LIMITE DE LA PENA EN EL CONCURSO. La pena aplicable al concurso no podrá ser superior a la suma aritmética de las penas imponibles a los respectivos hechos punibles. "Para los efectos del inciso anterior, tres (3) días de arresto equivalentes a uno (1) de prisión". allí fijados. Cabe precisar que aunque el Código Penal Militar fue expedido para fijar un régimen penal especial para las conductas punibles cometidas por miembros de la Fuerza pública, los artículos 32 y 33 ibídem en los que se regula la tasación punitiva de los delitos masa y continuados, no son normas expedidas especialmente para regular la punibilidad de los delitos cometidos por los castrenses en consideración a la función que desempeñan, sino que comparten la naturaleza general de los preceptos del ordenamiento penal ordinario que se refieren a la punibilidad en general, y por esto debe entenderse que los referidos artículos fueron modificados por la ley posterior (599 de 2000), que determina normas sobre tasación punitiva para los delitos continuado y masa en el artículo 31. La inexistencia de dos normas que de forma simultánea se apliquen para la tasación punitiva de los delitos masa y continuados en forma distinta y discriminatoria, desvirtúa el cargo formulado contra el parágrafo del artículo

31 de la ley 599 de 2000. Por fuera de lo precedente se estima conveniente precisar que el parágrafo acusado respeta el principio de proporcionalidad, por cuanto al disponer que "en los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte", según el artículo 60 de la ley 599 de 2000, está incrementando en dicha proporción los límites mínimo y máximo dentro de los cuales el funcionario judicial debe tasar la pena imponible en el caso concreto, considerando las circunstancias particulares, el grado de culpabilidad, número de conductas desplegadas y el grado de afectación del bien jurídico tutelado. Recuérdese que al examinar las características que debe reunir el derecho penal colombiano, conforme a la Constitución, precisó la Corte Constitucional: "1. En un derecho penal del acto la pena se condiciona a la realización de un hecho antijurídico, dependiendo del grado de culpabilidad. (...) "a. La Constitución colombiana consagra un derecho penal del acto, que supone la adopción del principio de culpabilidad. (...) "En otros términos, el derecho penal del acto supone la adopción del principio de culpabilidad, que se fundamenta en la voluntad del individuo que controla y domina el comportamiento externo que se le imputa, en virtud de lo cual sólo puede llamarse acto al hecho voluntario"7. "En pronunciamientos anteriores (C-556 y C-557 de 1992 y C-093 y C-565 de 1993), la Corte ha reconocido la competencia del Legislador "para establecer, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, regímenes estructurados a partir de criterios

diferenciales en el tratamiento penal de las conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicamente protegidos, basados por ejemplo, en la existencia objetiva de distintas categorías delictivas que