PGN - OPERADOR DISCIPLINARIO - Alcance de su autonomía

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C. marzo quince (15) de dos mil siete (2007). Aprobado en Acta de Sala No. 9. Radicación No 161-3409 (030-134629-05) Disciplinados MARCO MARIN VELEZ y OTONIEL ARANGO

COLLAZOS

Cargo y Entidad Procuradora Judicial II Asuntos Administrativos y Procurador Judicial II Penal 150 Quejoso MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA Fecha queja 13/12/2005 Fecha hechos 08/11/2004 Asunto Apelación Archivo

P.D. PONENTE: DORA ANAIS CIFUENTES RAMIREZ.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 22 del decreto 262 de 2000 y en razón del recurso de apelación interpuesto por la señora MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA, conoce la Sala Disciplinaria el auto de fecha 15 de noviembre de 2006, por medio del cual la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación ordenó la terminación de las diligencias adelantadas contra los señores MARCO MARIN VELEZ y OTONIEL ARANGO COLLAZOS en su condición de Procurador Judicial II Asuntos Administrativos y Procurador Judicial II Penal 150, respectivamente. ANTECEDENTES PROCESALES Mediante escrito de fecha octubre 7 de 2005 la señora MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA, Procuradora Judicial 21 de Familia de Pereira, presentó queja contra los funcionarios encargados del trámite de la investigación disciplinaria seguida contra el señor Luis Fernando Rojas, Gerente del Fondo Editorial del Departamento de Risaralda, quienes ordenaron el archivo de la actuación con

resolución del 9 de noviembre de 2004, desconociendo el material recaudado dentro de la etapa probatoria. Por auto de fecha 27 de marzo de 2006, la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación dentro de la radicación No 030-134629-05, ordenó apertura de investigación disciplinaria en contra de los doctores Marco Marín Vélez y Otoniel Arango Collazos, en su condición de Procurador Judicial II Asuntos Administrativos 37 y Procurador Judicial II Penal 150, respectivamente. (fls 202-206) En desarrollo de la investigación, se practicó inspección al proceso No 086-1150304, adelantado por presuntas irregularidades relacionadas con malos manejos administrativos dados al Fondo Editorial de Risaralda, encontrando que la indagación preliminar se ordenó mediante auto de enero 22 de 2004; con auto de fecha 28 de mayo del mismo año, se ordenó apertura de investigación disciplinaria contra el 161-3409 señor Fernando Rojas Gonzáles, en su calidad de Gerente del Fondo Editorial de Risaralda y mediante auto de noviembre 19 de 2004, se ordenó la terminación de la actuación. (fl 21 - 218 c.o.2). Igualmente, fueron escuchados en versión libre los doctores Marco Marín Vélez y Otoniel Arango Collazos, y se recibió testimonio a la doctora Mery Cecilia Trejos Hernández. (fls 219-235 c.o.2) Surtida la investigación disciplinaria, el Veedor de la Procuraduría General de la Nación profiere decisión de archivo de las diligencias, mediante auto de fecha 15 de noviembre de 2006. (fls 267-271 c.o.2) decisión contra la cual se presenta el recurso

de apelación por parte de la quejosa doctora MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA. (fls 274-282 c.o.2)

PROVIDENCIA RECURRIDA.

La Veeduría de la Procuraduría General de la Nación sustentó su decisión de archivo de la investigación disciplinaria con base en los siguientes argumentos: En primer lugar, hace énfasis en que no es una instancia mas que pueda entrar a revisar la decisión de archivo adoptara por la Comisión Especial dentro del proceso radicado bajo el No 086-11503-04. Sostiene que el artículo 230 de la Constitución Política, señala que los jueces, en sus decisiones, sólo están sometidos al imperio de la ley; luego cita la sentencia C 417 de 1993 para señalar que existe autonomía por parte de los operadores judiciales en la aplicación e interpretación de las normas, afirmación que refuerza, entre otras, con la sentencia No T 249 de 2005, que trata sobre la autonomía funcional del juez. De allí, deduce que no hay lugar a imputar responsabilidad contra los funcionarios que adelantaron el proceso 086-11503-04, señores Marco Marín Vélez y Otoniel Arango Collazos y adoptaron la decisión de archivo de las diligencias, porque actuaron “dentro del margen de interpretación, apreciación y valoración probatoria permitido a partir de lo establecido en el artículo 230 de la Constitución Política”, sin que se encuentre que se haya producido una interpretación irracional o ilógica o viole la ley en forma grosera. Por lo anterior concluye la Veeduría que “se declarará la terminación del proceso y

en consecuencia el archivo de las presentes diligencias”. RECURSO DE APELACION Estando dentro del término señalado en el artículo 111 de la ley 734 de 2002, la quejosa MARIA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA, interpuso recurso de apelación contra la decisión de archivo adoptada dentro del proceso No 030-134629-05. Cita la sentencia T 1102 de 2005. M.P. Dr Jaime Araujo la cual trata sobre la Potestad disciplinaria del Estado, la distinción entre derecho penal y derecho disciplinario y el principio de legalidad en materia disciplinaria. 2 161-3409 Afirma que dentro del proceso 086-11503-04, se ordenó indagación preliminar el 22 de enero de 2004 y con auto de fecha 28 de mayo de 2004, se profiere auto de apertura de investigación disciplinaria contra el Director del Fondo Editorial de Risaralda. Encuentra extraño que “los funcionarios integrantes de la comisión especial (Procuradores Judiciales II) profieren el 8 de noviembre de 2004, auto de archivo de indagación preliminar retrotrayendo el expediente a sus inicios, lo que si constituye un exabrupto jurídico y desconociendo todo el material probatorio existente” Al actuar de esta manera, los funcionarios habrían desconocido la Guía Disciplinaria y retrotrajeron la actuación al inicio para archivar la investigación que tenía material probatorio suficiente para imponer sanción. Solicita a la segunda instancia, que si a bien lo tiene, compulse copias para que la Fiscalía General de la Nación adelante investigación por prevaricato en tanto una resolución judicial o administrativa con notoria ilegalidad, es elemento objetivo de

este tipo penal. Por lo anterior, solicita la revocatoria del auto de noviembre 15 de 2006, emitida por la Veeduría. CONSIDERACIONES DE LA SALA Procede la Sala a analizar los argumentos expuesto en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de archivo de la investigación disciplinaria, radicado bajo el número No 030-134629-05, confrontándolos con las consideraciones expuestas por el a-quo, a fin de adoptar la decisión correspondiente. Sea lo primero aclarar que de acuerdo a lo señalado en el artículo 71 parágrafo del Código Único Disciplinario, el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación. Bajo esos parámetros se hará el estudio del recurso, en esa dirección tenemos que la quejosa doctora María Patricia Santacoloma se dirige a cuestionar dos aspectos: primero, que dentro del proceso No 086-11503-04, se haya ordenado el archivo de una “indagación preliminar” cuando el proceso disciplinario se encontraba en etapa investigativa, y, segundo, que se haya desconocido el material probatorio obrante dentro del expediente. Archivo de la investigación. Es un hecho cierto que la Viceprocuraduría General de la Nación conformó una Comisión Especial integrada por los Procuradores Judiciales Marco Marín Vélez y Otoniel Arango Collazos, para adelantar investigación disciplinaria por presuntas irregularidades y malos manejos administrativos de carácter contractual y presupuestal en el Fondo Editorial de Risaralda, dentro de cual

se ordenó la indagación preliminar con auto de enero 22 de 2004. (fl 29 c.o.2). Igualmente se observa que con auto de fecha 28 de mayo del mismo año, se ordenó apertura de investigación disciplinaria contra el señor Fernando Rojas Gonzáles, en su calidad de Gerente del Fondo Editorial de Risaralda, con lo que se daba por 3 161-3409 agotada la etapa de indagación preliminar de que trata el artículo 150 de la ley 734 de 2002. Al momento de proferir la decisión de fondo con auto de noviembre 9 de 2004, y luego de hacer la relación de pruebas y desarrollar las consideraciones en las que se hace el análisis del material probatorio y el estudio del aspecto jurídico, la Comisión Especial de Procuradores resuelve ordenar la terminación de la actuación disciplinaria seguida contra el señor Fernando Rojas Gonzáles, y a renglón seguido, dijo que se disponía “el archivo de la indagación preliminar”. (208-217 c.o.2) Aunque la doctora María Patricia Santacoloma considera que es “un exabrupto jurídico” haber considerado que dicho acto administrativo que disponía el archivo de la “indagación preliminar”, cuando en realidad se trataba de un proceso que estaba en etapa investigativa, porque se retrotraía la investigación a los inicios, y que con esta decisión los Procuradores Judiciales que adoptaron la decisión estarían incursos en falta disciplinaria; esta Sala Disciplinaria se aparta de la valoración realizada por la quejosa porque le da a esa expresión un alcance y unas consecuencias que no existieron. Veamos, la ley 734 de 2002, estableció en el artículo 150 que la indagación

preliminar se adelanta en caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria y puede culminar con el archivo definitivo o el auto de apertura, luego se trata de una etapa que no es obligatoria y se adelanta con unos fines específicos. Por otra parte, la investigación disciplinaria se inicia por queja o informe o con fundamento en la indagación preliminar (esta última hipótesis procesal se cumplió en el proceso No 086-11503-04), y el funcionario competente, al momento de valorar las pruebas recaudadas, puede concluir la investigación ordenando el archivo definitivo de la actuación o formulando pliego de cargos, si existe mérito para ello. Nótese que, tanto en indagación preliminar como en la investigación disciplinaria, el proceso puede terminar con archivo definitivo, incluso el artículo 73 ejusdem extiende la posibilidad de ordenar el archivo de las diligencias a cualquier momento procesal, una vez cumplidas los supuestos de hecho descritos en la norma. Por tanto, el alcance que tiene un acto administrativo dictado en la etapa preliminar de una investigación disciplinaria tiene la misma connotación y valor respecto de la decisión de archivo proferido dentro de la etapa investigativa, esto es, que una vez ejecutoriada la decisión, por los mismos hechos y contra la misma persona no podrá adelantarse una nueva investigación con el mismo objeto y de la misma naturaleza procesal. Se hace la anterior aclaración para poner en su real contexto la frase consignada en el auto del 9 de noviembre de 2004, dictado dentro del proceso No 086-11503-04, donde fácil se advierte que tanto en las consideraciones como en la parte resolutiva se resalta que se trata de una decisión que da lugar a la terminación de la actuación

disciplinaria seguida contra el señor Luis Fernando Rojas Gonzáles, que una vez ejecutoriada, tiene la fuerza jurídica suficiente para impedir que el disciplinado pueda ser investigado nuevamente; luego no reviste ninguna relevancia procesal que el operador disciplinario haya agregado la frase “indagación preliminar” a la decisión de terminación de la actuación y archivo definitivo soportado jurídicamente en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, en tanto el acto administrativo, sus efectos y 4 161-3409 consecuencias son exactamente las mismas; en nada se afecta el debido proceso, pues se mantiene intacta la presunción de inocencia y el buen nombre de quien en su momento fue procesado. Por el contrario, si resulta absurdo asegurar que por el hecho de emplear esa frase en un auto en el que se ordena expresa y claramente la terminación de la investigación disciplinaria, tenga la fuerza o relevancia para que se retrotraiga la actuación a la etapa preliminar, esa afirmación de la quejosa no tiene ningún sustento jurídico y raya en el absurdo, el acto cuestionado cumple las finalidades para las cuales fue expedido y el proceso investigativo respondió a las etapas procesales fijadas en la Ley 734 de 2002. Valoración del material probatorio. El segundo cuestionamiento planteado por la quejosa en el recurso de apelación, apunta a señalar que en el proceso disciplinario adelantado contra el señor Luis Fernando Rojas, Director del Fondo Editorial de Risaralda, existió un desconocimiento del material probatorio por parte de los operadores jurídicos encargados de evaluar la investigación. Sobre este aspecto en particular, fue clara la Veeduría en señalar que existe

autonomía por parte de los operadores judiciales en la aplicación e interpretación de las normas, siempre y cuando sus decisiones se adopten dentro del margen de interpretación, apreciación y valoración de las pruebas permitido por el mismo marco legal. Los tiempos en que el juez (o en este caso el investigador disciplinario) cumplía el papel de “la boca inanimada que pronuncia las palabras de la ley” como lo describiera Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes” (1748), por fortuna ya han sido superados, el operador no es un simple instrumento de la ley sino que esta facultado para realizar ejercicios hermenéuticos, respecto de los que no hay lugar a procesarlo disciplinariamente. Con la anterior afirmación no se pretende desconocer que los servidores públicos encargados de iniciar, adelantar y decidir investigaciones disciplinarias deben ser diligentes y cuidadosos en el cumplimiento de sus funciones; las decisiones o actos administrativos proferidos deben estar ajustados a la ley; sólo que se enfatiza en que tratándose de la valoración del material probatorio arrimado al proceso y la interpretación jurídica de las normas que sirven de base para adoptar una decisión, no existe una tabla única que obligue al operador a resolver en una única vía, justamente la valoración corresponde a un juicio subjetivo enmarcado dentro de los parámetros de la sana crítica, la lógica y la autonomía, lo cual se cumplió en el auto recurrido. Este argumento toma mayor fuerza cuando la quejosa se limita a afirmar de manera vaga que en el auto en cuestión se desconoció “todo el material probatorio existente”

y que se archivó una investigación que tenía “suficientes medios probatorios para seguir su curso normal y llegar a sanción”; se advierte en ambos casos que el recurso de apelación no concreta cual fue la prueba desconocida que hubiese cambiado el rumbo de la decisión y menos acierta cuando sostiene que la decisión de archivo deja de lado “todo” el material probatorio, lo que no se ajusta con la realidad procesal y por el contrario con esa apreciación genérica la quejosa demuestra que en realidad está inconforme con la valoración misma del conjunto de las pruebas y sobre este aspecto, se reitera, existe autonomía por parte del operador 5 161-3409 jurídico; en todo caso, en la investigación penal seguida contra el señor Luis Fernando Rojas, la Fiscalía al emitir resolución inhibitoria, también llegó a la misma conclusión del aquo respecto de la ausencia de responsabilidad del implicado. (fls 193-203 c.o.2) En consecuencia, se confirmará la decisión de archivo adoptada dentro del proceso disciplinario radicado bajo el número 030-134629-05, por estar ajustada a los requisitos del artículo 73 de la ley 734 de 2002. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria en los términos de su competencia, RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 15 de noviembre de 2006, por medio de la cual la Veeduría resolvió ordenar la terminación del proceso disciplinario No 030134629-05 adelantado contra los señores Marco Marín Vélez y Otoniel Arango Collazos, en su condición de Procurador Judicial II Asuntos Administrativos 37 y Procurador Judicial II Penal 150, respectivamente, y en consecuencia dispuso el

archivo definitivo de la actuación.

SEGUNDO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, COMUNICAR esta decisión a los sujetos procesales: señores Marco Marín Vélez y Otoniel Arango Collazos, para tal efecto se COMISIONA al señor

Procurador Regional de Risaralda, a la doctora MARTA PATRICIA SANTACOLOMA VILLA, se le puede ubicar en la carrera 7ª Bis No 18B -31 Edificio Santiago Londoño. Pereira (Risaralda); advirtiéndoles que contra la misma no procede ningún recurso en la vía gubernativa.

TERCERO: Cumplido el trámite de comunicación DEVOLVER el proceso a la oficina de origen, previas las anotaciones de rigor.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

ESIQUIO MANUEL SANCHEZ HERRERA

Procurador Primero Delegado

DORA ANAIS CIFUENTES RAMIREZ

Procuradora Segunda Delegada. EMSH/ DACR/wgrh. Exp. No 030-134629-05 6