PGN - ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS - Permitir su ejecución con personas inhabilitadas

Dependencia: PROOCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA

CONTRATACIÓN ESTATAL

Radicación: 089-2896-05

Disciplinado: Marcelino Gómez Gómez y otros Cargo y entidad: Alcalde titular Municipio de Uribía – Guajira y otros Quejoso: Néstor Pérez Fecha de la Queja 11 de abril de 2005

Fecha Hechos: Enero 2 a 15 de junio de 2004.

Decisión: Fallo de segunda instancia

Bogotá. D.C., 19 de julio de 2007 Procede el Despacho a desatar el recurso de apelación interpuesto por Mónica Osmery Oñate Quintero, contra el fallo verbal emitido por la Procuraduría Regional de la Guajira, contenido en providencia de 15 de febrero de 2007, mediante el cual se sancionó a los implicados con suspensión e inhabilidad especial por un término de seis (6) meses para ejercer funciones públicas (fls. 1010 a 1087 c5).

I. ANTECEDENTES A la Procuraduría Regional de la Guajira, el señor Néstor Pérez mediante escritos recibos en abril 11 y mayo 10 de 2005, solicitó que se adelantara la correspondiente investigación contra el ciudadano MARCELINO GOMEZ GOMEZ, en calidad de Alcalde Municipal de Uribia Guajira, por ciertas irregularidades ocurridas en la celebración de contratos de prestación de servicios con familiares del concejal Aldrin Gutiérrez Fajardo. (flios. 2 al 5 y 9 c1).

Dicha Regional mediante auto de 22 de abril de 2005, dispuso abrir indagación

preliminar atribuida al funcionario Marcelino Gómez Gómez (flio. 6 c1): Por auto de 7 de octubre de 2005, la citada regional encuentra procedente adoptar el procedimiento verbal y procede a formular cargos contra Marcelino Gómez Gómez, Elias Deluque Gutiérrez, Juan Franciso Suárez, Laura Herrera y Edith Henríquez Gonzalez, en sus condiciones de alcalde titular, alcalde encargado, asesor jurídico, jefe de personal y Tesorera del Municipio de Uribia – Guajira (fls. 473 a 506 c3). En el mismo auto ordena suspensión provisional respecto de los disciplinados Elias Deluque Gutiérrez y Marcelino Gómez Gómez, en sus condiciones de alcalde encargado y titular respectivamente. Por auto de 14 de diciembre de 2005, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, ordena revocar la suspensión provisional decretada contra los funcionarios Marcelino Gómez Gómez y Elías Deluque (fls. 953 a 955 c5). Expediente 089-2896 Fallo de segunda instancia E.Cleves Por auto de 15 de febrero de 2007, la Regional Guajira profiere fallo de primera instancia en el que absuelve a las disciplinadas Laura Herrera Morales en su condición de Jefe de Personal, Eudith Henríquez Gonzalez, en su condición de Tesorera del Municipio de Urbilla y a Marcelino de Jesús Gómez de los cargos contenidos en el literal a) del punto II del acta de citación a audiencia (fls. 486 a 488) relacionado con la orden de servicios 010 de enero 2 de 2004. (flio. 1087c5).

Así mismo declara responsable disciplinariamente al disciplinado Marcelino Gómez por las imputaciones contenidas en los siguientes literales de la citada providencia: Literal b) “MARCELINO GOMEZ GOMEZ en la condición señalada, omitió el deber de velar por el debido cumplimiento de las funciones delegadas o encargadas al doctor ELIAS DELUQUE GUTIERREZ, Secretario de Gobierno Municipal, todavez que tal servidor público suscribió durante el año 2004 de manera reiterada e irregular, como se plasmó en el acápite de los acontecimientos, varias ordenes de suministro, prestación de servicios y contratos de prestación de servicios transgrediendo normas de obligatorio cumplimiento, sin que exista ningún indicio o evidencia que el Alcalde hubiese ejercido vigilancia o control sobre las actuaciones del funcionario en quien recayó el encargo o delegación, así como que tampoco se observa que una vez reasumido plenamente sus funciones, en acto de responsabilidad haya adoptado alguna medida tendiente a evitar o corregir las irregularidades que se venían presentado como era su deber según lo estipulado en el inciso segundo de las funciones constitucionales e incisos siete y nueve de las funciones en relación a la administración municipal correspondientes al cargo de alcalde del Municipio de Uribia, La Guajira, en el Manual de Funciones del tal ente territorial (fls. 373 a 377, cuaderno 3). Esto porque el alcalde en su condición de delegante, para ser más exactos, de ser quien encargaba todas sus facultades de manera provisional, estaba obligado a informarse en todo momento sobre el desarrollo de las funciones que había otorgado temporalmente e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las mismas

de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998. Ahora bien en materia de delegación de funciones (téngase en cuenta que en el caso en estudio no fue otra cosa lo que ocurrió), si bien se afirma que exime de responsabilidad al delegante (art. 211, inc 2º. De la C.P.)”de acuerdo con las prescripciones constitucionales y legales, en particular según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, pero en ningún caso comporta la facultad para funcionario alguno en el sentido de desprenderse ligera y definitivamente de una función cuyo ejercicio delegado pasa a ser lesivo para la entidad” (fls. 488 a 492 ). Literal c) bajo este literal se le formuló el siguiente cargo al señor Gómez Gómez: “Haber contratado con KATIA MAYERIS FAJARDO GARCIA, pariente en cuarto grado de consanguinidad de un concejal del Municipio de Uribía, conducta adoptada a manera de actuar a pesar de la existencia de causal de inhabilidad por razón del parentesco. La anterior conducta puede ser constitutiva da falta disciplinaria puesto que las normas que consagran las prohibiciones y las inhabilidades, son ampliamente conocidas por los servidores públicos, mucho más por aquellos que tienen facultad de ser ordenadores del gasto, por ello conocer que actuar o contratar con personas a sabiendas que se encuentran incursas en las causales de inhabilidad según norma citada del Código Disciplinario, único constituye falta gravísima, sin embargo actuó en forma contraria al claro 2 Expediente 089-2896 Fallo segunda instancia E.Cleves

y expreso mandato prohibitivo de la Ley de donde se origina la inhabilidad, asumiendo las consecuencias jurídicas que acarrea conducta como esa. La contratación en este caso se hizo en la modalidad de lo que se conoce como contratación directa, a través de contratos, ordenes de suministro y ordenes de prestación de servicios profesionales, sobre la cual operan las prohibiciones e inhabilidades”. Al disciplinado JUAN FRANCISCO SUAREZ LOPEZ, en su condición de asesor jurídico del Municipio de Uribia – Guajira, se le atribuye la siguiente conducta: “Haber participado en las etapas precontractual, contractual y de ejecución de los contratos 007, 010, 032, 043, 053, 054 y 103 de 2004, así como en la elaboración del Decreto 054 de junio 1 de 2004, mediante el cual se le efectuó el nombramiento a su cuñado NARCISO MARTINEZ RODRIGUEZ, como quiera que a él en su condición de Asesor Jurídico y por el factor funcional le corresponde la elaboración y revisión de todos esos actos, tal como se desprende de lo consignado en el acápite de la Naturaleza del cargo y de las funciones contenidas en los literales 1, 3, 10 y 11 del manual de funciones del Municipio de Uribia, Decreto 011 de enero 15 de 2004, presumiéndose entonces que todas las falencias presentados en cada uno de dichos actos administrativos y contractuales, ya ampliamente señalados en este auto, son de su responsabilidad por haberlos elaborado , así: en relación con la orden de prestación de servicios profesionales número 010/04 a nombre de

SEBASTIAN PUSHAINA PUSHAINA, la misma no cuenta con los anexos necesarios tales como : póliza (requisito legal este q que ni siquiera se contempló en el texto de la respectiva orden), aprobación de la misma, justificación de la contratación, certificación de la inexistencia de personal en la planta para desarrollar la labor que se pretende contratar, afiliación al régimen de seguridad social en salud, pensión, certificado de publicación, ni ofertas (fls 26 al 32). Es decir se encuentra totalmente acéfala de los estudios previos requeridos por Ley para su ejecución, dando lugar en este caso específico a que se ocasionara un detrimento en el patrimonio público en un total desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa. En relación con los contratos de suministro 007, 032, 043, 053 y 054 de 2004, carecen en su totalidad de un serio estudio técnico, financiero y jurídico previo que determinó que se trasgrediesen los principios de la contratación estatal y la función pública, además que se permitió por inoperancia que personas inhabilitadas contrataran con el estado, tal como quedó visto. Igual razón se predica del contrato de prestación de servicios 103 de 2004 ya plenamente explicado en este mismo auto. Por lo trascrito en los anteriores párrafos, considera la Procuraduría Regional, que la conducta objetivamente imputada al Asesor jurídico del Municipio de Uribia, objetivamente se encuentra descrita en la Ley como delito, en las normas que a continuación se citan. Marco Jurídico: Ley 821 de 2003, artículo 1

modificatoria del artículo 49 Ley 617/00, Ley 734/02 Artículos 34 numeral1, artículo 35.1, 48 numerales 1, 30 y 31, Ley 80/93, artículos 3, 24, 29 y 32, en concordancia con los arts. 408 y 410 del Código Penal y demás normas enunciadas”. En el cual en el fallo de primera instancia prospera parcialmente este cargo, únicamente por la conducta relacionada con la orden de prestación de servicios No. 103 de 2004 a favor de Kattia Mayeris Fajardo García y por las demás imputaciones se absuelve. (flio. 1087 c5) Así como a Elías Deluque Gutiérrez le prosperan las imputaciones realizadas en la citada audiencia. 3 Expediente 089-2896 Fallo segunda instancia E.Cleves La Dra. Mónica Osmery Oñate Quintero, como apoderada de los disciplinados Marcelino Gómez, Elias Deluque y Juan Suárez, sustenta recurso de apelación (fls. 1092 c5). La citada apoderada mediante oficio de la misma fecha o sea el 19 de febrero de 2007, presenta ante la Procuraduría Regional de la Guajira, desistimiento del recurso de apelación en lo que atañe únicamente al disciplinado Elías Deluque Gutiérrez (fls. 1108 a 1108 c5). Mediante auto de 21 de febrero de 2007, dicha Regional concede el recurso de apelación y ordena enviar la actuación al superior para que se decida el recurso respecto de los disciplinados MARCELINO GOMEZ y JUAN SUAREZ LOPEZ (flio.

1101). I.1. Fallo de primera instancia (Flios. 1010 a 1087 c5) En la providencia de primer grado se declaró responsable a MARCELINO GOMEZ GOMEZ, en su calidad de Alcalde del Municipio de Uribia, de la conducta imputada en el literal b) del auto de cargos, es decir la relacionada con haber omitido el deber de velar por el debido cumplimiento de las funciones delegadas o encargadas al doctor Elías Deluque Gutiérrez, secretario de Gobierno, dado que suscribió varias ordenes de servicio en el año 2004, durante el tiempo en que estuvo encargado de la Alcaldía, sin que el titular se percatara de las mismas, comoquiera que estaba obligado a informarse en todo momento sobre el desarrollo de funciones que había otorgado temporalmente e impartir obligaciones generales sobre el ejercicio de las mismas de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998. Manifiesta el a quo que existe plena prueba dentro del expediente que el señor Marcelino Gómez mediante decretos 386 y 424 del 7 y 15 de junio, 620 del 6 de julio, 1221 del 13 de septiembre y 1592 del 29 de noviembre de 2004 (fls. 139 a 148 c1) encargó de todas las funciones a él legal y constitucionalmente conferidas en cabeza del doctor Elías Deluque, secretario de Gobierno Municipal, lo que no es otra cosa que transferir todas sus competencias por los días señalados en las correspondientes resoluciones, tratando con ello de darle un matiz diferente al de la delegación de funciones. Acorde con los elementos probatorios incorporados a la investigación, aparece

claramente que el señor ELIAS DELUQUE GUTIERREZ en calidad de alcalde encargado, contrato para el año 2004, con los señores JOSE ANTONIO FAJARDO PUSHAINA en junio 15/04, y CLEMENTE SEGUNDO GUTIERREZ PANA en junio 8 y 10, estando inhabilitados para ello, por ser el primero contratista, primo hermano y el segundo, tío, del Concejal ALDRIN GUTIERREZ FAJARDO, unidos en grados de parentesco, cuarto y tercero de finalidad. Dicha contratación se efectuó, de manera reiterada e irregular, durante los lapsos de encargos relativamente cortos, otorgados por el Alcalde titular MARCELINO GOMEZ GOMEZ, a consecuencia de sus ausencias fuera del Municipio de Uribia o Departamento de la Guajira, debidamente probadas en el plenario. 4 Expediente 089-2896 Fallo segunda instancia E.Cleves Manifiesta el Aquo que indiscutiblemente el titular de la administración encargó todas sus facultades de manera provisional, lo que indica que al vencimiento de esos términos, retomaba la dirección y manejo de la administración municipal, debiendo realizar autónomamente el debido control, empapándose de las actividades desarrolladas por el encargado, con la finalidad de determinar el buen o mal ejercicio de las funciones encomendadas, para adoptar medidas al respecto. Es decir que las faltas cometidas por el encargado se le imputan al alcalde, por comisión por omisión, pues el artículo 211 de la Constitución al disponer que el delegante no responde por las actuaciones del delegatario, no significa que aquel no

responda por sus propias acciones omisiones en relación con los deberes de dirección, orientación, instrucción y seguimiento, las cuales serán fuente de responsabilidad. Se le citan como normas violadas: Ley 821 de 2003, artículo 1 modificatoria del artículo 49 Ley 617/00, Ley 734/02 artículos 34, numeral1, artículo 35.1, 48 numerales 1, 30 y 31, Ley 80(93 arts. 3, 24, 29, 29 y 32; Ley 678/01 artículo 2 parágrafo 4, Ley 489/98 art. 12 inciso segundo, en concordancia con los arts. 408 y 410 del Código Penal y demás normas enunciadas. Respecto a la conducta imputada al disciplinado Gómez Gómez, relacionada con haber contratado con Katia Mayeris Fajardo García pariente en cuarto grado de consanguinidad de un concejal del Municipio de Uribia, manifiesta el A quo que el conocimiento de la existencia del parentesco por parte del alcalde con relación a esta contratista ya mencionada es evidente, el concejal ALDRIN GUTIERREZ FAJARDO es bien conocido en el municipio de Uribia, por su vida política y ser nativo de dicho ente territorial, al igual que la familia de la cual desciende, máxime cuando se observa en los contratistas en una u otra forma, un cruce de apellidos iguales a los que ostenta el citado concejal, lo que debió despertar curiosidad en el titular de la administración y estudiar a fondo la situación para no incurrir en una indebida contratación.

Normas violadas: Ley 734 de 2002 artículos 34 numeral 1, artículo 35.1, 48

numerales 1, 30 y 31, Ley 80/93 artículos 3, 24, 29 y 32, en concordancia con los artículos 408 y 410 del Código Penal. Calificando las conductas de GRAVISIMA a título de CULPA GRAVE. En el fallo de primera instancia se absolvió al disciplinado por las relacionadas con la conducta imputada en el literal a) del punto II del auto de citación a audiencia (flio. 1087 c5). Al disciplinado JUAN FRANCISCO SUAREZ LOPEZ, se le sancionó por las conductas relacionadas con la elaboración y revisión de la orden de servicios No. 103 de 2004 como quiera que en su condición de Asesor Jurídico y por el factor funcional que le correspondía la elaboración y revisión de todos esos actos contractuales, permitió que se contratará con la señora Katia Mayeris Fajardo, no 5 Expediente 089-2896 Fallo segunda instancia E.Cleves obstante su inhabilidad. Se le citan como normas violadas la Ley 821 de 2003 artículo1, modificatoria del artículo 49 Ley 617/2000, Ley 734 de 2002 artículos 34 numeral 1, artículo 35.1., 48 numeral 1, 30 y 31; Ley 80/93 artículo 3, 24, 29 y 32 en concordancia con los artículos 408 y 410 del Código Penal y demás normas concordantes. La conducta fue calificada de GRAVISIMA en virtud de lo establecido en el artículo 48.30 de la Ley 734 de 2002, a título de CULPA GRAVE. Respecto a los puntos relacionados con los principios de transparencia y selección

de contratistas los disciplinados Marcelino Gómez y Juan Suárez López quedaron exentos de responsabilidad, en virtud de la duda tal como consta en el texto de dicha providencia vista a folios 1075 a 1077 c5. I.2. Recurso de apelación La Dra. Mónica Osmery Oñate Quintero, apoderada de los implicados Marcelino Gómez Gómez y Juan Suárez López, presenta recurso de apelación en el cual argumenta que el A quo utiliza su propia interpretación de la Sentencia C-311 de 2004, para situar en un plano aquellas que se ajustan a su criterio, así como al citar el fallo de la Corte y un fallo de segunda que no aplica en cuanto a sus conclusiones. Argumenta que el A QUO enerva la remisión del parágrafo 2 de la Ley 821 de 2003, con base en unas consideraciones realizadas en el Sentencia C-348 de abril de 2004, donde se advierte además que el artículo 292 no constituye el único referente constitucional para efectos de determinar el régimen de prohibiciones de la contratación estatal que se surta en el orden territorial Manifiesta que el fallador de primera instancia no tiene en cuenta que el artículo primero de la Ley 821 de 2003, diferencia dentro de su régimen de prohibiciones dos circunstancias puntuales cuales son, las derivadas de la contratación estatal en general, y las derivadas de la contratación de prestación de servicios, específicamente. Para el primer caso, estipula el inciso tercero de la misma disposición que los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales y miembros de juntas

administradoras locales, municipales y distritales, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa ni indirectamente. En tanto que para el segundo, es decir el contemplado en el parágrafo segundo, se estipula que las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de los servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo también se aplicaran en relación con la vinculación de personas a través de contratos de prestación de servicios. 6 Expediente 089-2896 Fallo segunda instancia E.Cleves Considera la defensa que la razón de ser de este parágrafo segundo es la de sustraer el contrato de prestación de servicios del régimen general de inhabilidades e incompatibilidades previstos en el inciso tercero del mismo artículo y encuadrarlo en un régimen especial que se determina tomando como referencia el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicado en el inciso segundo previsto para la designación de funcionarios. Es decir que no entiende como dicho parágrafo puede estar sujeto a una interpretación diferente a la derivada de su tenor literal claro y terminante que termina por negar su vigencia y aplicación. Arguye que negar este texto normativo so pretexto de una interpretación diferente, apareja separarse de la Ley como marco de administración de la justicia disciplinaria negando una diferencia hecha por la misma Ley 821, que distingue, para estos efectos, en su artículo primero, el contrato de prestación de servicios de los demás contratos. Contrario a lo que entiende el A quo, lo que se pretende es que se aplique el texto

que fuera objeto de revisión: Inciso segundo del artículo primero de la Ley 821 de 2003, con las adiciones normativas surgidas de esa revisión, porque la norma en su versión original como la ha instrumentalizado aquel, ya es inexistente en el ordenamiento jurídico y por ello, mal puede él derivar consecuencia punitivas, por su no aplicación anacrónica tal como lo concluye el mismo. Manifiesta la defensa que se debe tomar la norma remitida sobre las mismas bases y presupuestos en que debe ser aplicada para el caso de la designación de los servidores públicos, según sentencia de constitucionalidad condicionada C-311 de 2004, que al recaer sobre la misma señalada en que circunstancias debía entenderse dicha disposición en plena consonancia con la Constitución Política, le determinó un nuevo sentido el poder de configuración normativa que al respecto tiene dicha corporación en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. No obstante la primera instancia desechó estos argumentos aduciendo que la remisión al artículo 292 superior, debía hacerse exclusivamente en relación con la regla prevista en el inciso segundo del artículo primero de la Ley 821 de 2003, en lo que tiene que ver a la vinculación por nombramiento. Ahora bien, respecto de la conducta presentada como omisiva por no haber velado por el debido cumplimiento de las funciones delegadas o encargadas al Dr. Elias Deluque, como Secretario de Gobierno Municipal, todavez que tal servidor en su calidad de alcalde encargado suscribió de manera reiterada órdenes de suministro con familiares de concejales, al efectuar como ordenar el gasto cuando reasumió sus funciones, el pago en las fechas citadas a los contratistas por loa ejecución del

objeto contractual, manifiesta la defensa que lo dicho anteriormente es aplicable a la connotación que de irregular se da a tal contratación, que a juicio del acervo probatorio y de la normatividad aplicable se estima conforme a derecho y que prestado el servicio o cumplido cabalmente el objeto contractual, lo cual no sufrió reparo alguno por parte del órgano de control, la única alternativa posible es 7 Expediente 089-2896 Fallo segunda instancia E.Cleves cancelar, so riesgo de generarle, ahí sí, graves detrimentos al patrimonio público, de forma que exigir un control donde no procede, no es vulneratorio de norma disciplinaria alguna.

II. ANALISIS JURIDICO II.1 De las nulidades: En el escrito de apelación manifiesta la apoderada de los implicados Marcelino Gómez y Juan Suárez López que en el fallo de primera instancia se modificó la modalidad de la culpa efectuada en el pliego de cargos de dolosa a culposa, sin que se hiciera con sujeción a las ritualidades y dentro de la oportunidad que permita igualmente el ejercicio del derecho de defensa, por medio de la actividad probatoria con miras a obtener la exoneración de sus defendidos.

Al respecto es preciso señalar que en el fallo de primera instancia es perfectamente viable modificar la calificación de la falta y de la culpa, comoquiera que la calificación que se efectúa en el pliego de cargos es provisional, la cual puede ser modificada cuando a través del acervo probatorio recopilado en la etapa de descargos, se han encontrado elementos para modificar las mismas, siempre y cuando no haga más gravosa la situación de los disciplinados.

En el presente caso, la calificación de la falta a los disciplinados se mantuvo de gravísima como se efectuó en el pliego de cargos, y con relación a la forma de culpabilidad se modificó de dolo a culpa grave por encontrar el A QUO de acuerdo con el material probatorio allegado en las pruebas de descargos se actuó en forma negligente al efectuar una valoración superficial y descuidada de la sentencia C-311 de 2004. Sin embargo dicha conducta al ser calificada de GRAVISIMA a título de CUPA GRAVE al tenor de lo establecido en el numeral 9 del artículo 43 de la Ley 743 de 2002 será considerada falta grave. Situación diferente a la que hace relación el artículo 165 de la Ley 734 de 2002, en el que se establece la posibilidad de la variación de los cargos después de concluida la practica de pruebas antes de fallo de primera o única instancia, caso en el cual se deberá notificar a las partes y otorgar un término para solicitar nuevas pruebas; pues en el caso bajo estudio dicha modificación no se efectuó en estos términos sino en la providencia de primera instancia, modificación de la culpabilidad que favoreció a los inculpados, puesto que en esta última providencia y atendiendo al material probatorio fue calificada de GRAVE. Por lo anteriormente expuesto el Despacho considera que no existe irregularidad en tal sentido.

II.1. DE LO QUE ESTA PROBADO

8 Expediente 089-2896 Fallo segunda instancia E.Cleves Antes de entrar de lleno en la estimación de los medios demostrativos recaudados, es oportuno decantar que en su mayoría cumplen los requisitos necesarios para ser tenidos en cuenta. En el caso de los documentos, se observa que éstos fueron

aportados en forma legal y oportuna, y esa circunstancia, amén que no fueron tachados ni redargüidos de falsos, permiten su valoración. En relación con las conductas señaladas en el pliego de cargos, y la actividad probatoria desplegada con motivo de la investigación, y de la etapa de descargos el Despacho encuentra probado lo siguiente: II.1.1. Que el señor Marcelino Gómez Gómez, en su calidad de Alcalde del Municipio de Uribia – Guajira, mediante Resoluciones Nos. 386, 424 y 620 de de 7, 15 de junio 6 de julio de 2004, 1221 de 13 de septiembre, y 1592 de 29 de noviembre de 2004 encargó al Doctor Elías Deluque Gutiérrez , secretario de Gobierno del Municipio, como alcalde municipal durante los días de su ausencia o sea 7,8,9 ,10, 15, 16 y 17 de junio, 7, 8 y 9 de julio, 14 y 15 de septiembre, 29 y 30 de noviembre del año 2004. (fls. 138 a 147 c1). II.1.2. Que Marcelino Gómez Gómez, en su calidad de Alcalde del Municipio de Uribia suscribió la orden de servicios No. 103 de 2004 con la señora Katia Mayeris Fajardo García, cuyo objeto fue la prestación de servicios profesionales en el desarrollo de la implementación de la política de salud mental y reducción del impacto de la violencia. (fl. 299 c2). II.1.3. Que el señor Marcelino Gómez asumió nuevamente las funciones como alcalde titular, cuando estaban en ejecución las órdenes y/o contratos suscritos por

Elías Deluque como Alcalde (e), tal como se demuestra en el siguiente cuadro, en el que se observa que los términos de ejecución de los citados acuerdos bilaterales eran superiores al tiempo del encargo del señor Deluque: Resolución de encargo Tiempo de Encargo No. Cto. Duración No. 424 de 15 de junio 2004 15,16 y 17 de junio 053 de 15de junio/04 (fl. 37 c1) 5 días No. 424 de 15 de junio de 2004 15,16 y 17de junio 054 de 15de junio/04(fl. 57c1) 5 días No. 386 de 7 de junio de 2004 7,8,9 y 10 de junio 043 de 10 de junio/04 (fl. 47c1) 5 días 386 de 7 de junio de 2004 7, 8, 9 y 10 de junio 007 de 8 de junio/04 (flio. 82c1) 30 días 386 de 7 de junio de 2004 7,8,9 y 10 de junio 32 de 9 de junio/04 (flio. 130c1) 5días II.1.4. Que la contratista KATIA MAYERIS FAJARDO GARCIA, es hija de ELOY FAJARDO IPUANA y BEATRIZ GARCIA DE FAJARDO, teniendo como abuelo paterno Pedro Fajardo, según declaración rendida por su madre vista folio 298 c2.

II.1.5. Que ELOY FAJARDO IPUANA y CARMEN CLARA FAJARDO IPUANA, son

hermanos de padre y madre por ser hijos de PEDRO FAJARDO y EUFEMIA IPUANA, tal como consta a folios 194 y 195c1. II.1.6. Que el Aldrin de Jesús Gutiérrez Fajardo es hijo de Carmen Clara Fajardo Iguana y Pedro Santander Gutiérrez, según constancia expedida por Eleazar Samuel Bruges Campo, Notario Unico del Círculo de Uribia Guajira (flio. 172 c1). 9 Expediente 089-2896 Fallo segunda instancia E.Cleves II.1.7. Que el señor Aldrín de Jesús Gutiérrez Fajardo, fue elegido concejal del Municipio de Uribia Guajira, según consta en acta parcial de escrutinio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del 26 de octubre de 2003 (flio. 168 c1) y que asiste a sesiones ordinarias y extraordinarias de la corporación desde el 1 de enero de 2004 (flio. 166 c1). II.1.8. Que dicho Concejal viene asistiendo a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo desde el 1 de enero de 2004, según certificación de Davinson Mejía, Secretario General de dicha Corporación (flio,. 166 c1). II.1.9. Que la orden de prestación de servicios profesionales No. 103 de 2004 se elaboró con base en lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2170 de 2002 según consta en la parte de consideraciones de la misma (flio. 299 c2). II.2. Que la contratista Kattia Mayeris, presentó declaración juramentada en la cual consta no encontrarse en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades

establecidas en el artículo 8 de la Ley 80/93 y en la Ley 821 y demás normas concordantes (flio. 322 c2). II.2.1. Que el 9 de junio de 2004, ELIAS DELUQUE GUTIERREZ, en su condición de Alcalde Encargado del Municipio de Uribia, mediante Resolución No. 386 de 7 de junio de 2004, suscribe con CLEMENTE GUTIERREZ, el contrato No. 032 de 2004 (flio. 130c1). II.2.2. Que el 15 de junio de 2004, ELIAS DELUQUE GUTIERREZ, en su condición de Alcalde Encargado del Municipio de Uribia, mediante Resolución No. 424 de 15 de junio de 2004, suscribe con CLEMENTE GUTIERREZ la orden de suministro No. 054 de 2004. (flio. 57 c1). II.2.3. Que el 10 de junio de 2004, ELIAS DELUQUE GUTIERREZ, en su condición de Alcalde Encargado del Municipio de Urbilla, mediante Resolución 386 de 7 de junio de 2004, suscribe con CLEMENTE GUTIERREZ la orden de suministro No. 043 de 2004 (flio. 47 c1). II.2.4.Que el 8 de junio de 2004, ELIAS DELUQUE GUTIERREZ, en su condición de Alcalde Encargado del Municipio de Uribia, mediante Resolución 386 de 7 de junio de 2004, suscribe con CLEMENTE GUTIERREZ contrato de suministro No. 007 de

2004 (flio. 82 c1). II.2.5. Que el 15 de junio de 2004, ELIAS DELUQUE GUTIERREZ, en su condición de Alcalde Encargado del Municipio de Uribia, mediante Resolución No. 424 de 15 de junio de 2004, suscribe con JOSE ANTONIO FAJARDO orden de suministro No. 053 de 2004 (flio. 37 c1) .

III. Consideraciones del Despacho

10 Expediente 089-2896 Fallo segunda instancia E.Cleves A continuación procede el Despacho a pronunciarse únicamente sobre los hechos por l