PGN - ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO - Jurisprudencia del consejo de estado sobre título d

Expediente No 46.093 (2009-00037) ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad del Estado por los perjuicios causados como consecuencia de diligencia de allanamiento ilegal a un bien TÍTULO DE IMPUTACIÓN-Error judicial En concepto del Ministerio Público, una lectura integral de los hechos de la demanda permite inferir que las pretensiones de los actores no se enmarcan dentro del llamado titulo de imputación de error judicial, pues en el caso concreto no se cuestiona de manera concreta la decisión impartida por el Fiscal respecto a la orden de registro y allanamiento del inmueble, sino de lo acontecido durante su desarrollo. ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO-Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia/ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTOJurisprudencia del Consejo de Estado De acuerdo con el principio iura novit curia, se analizará lo pretendido por los demandantes a partir del llamado defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en tanto el punto central de la controversia refiere a un allanamiento erróneo, el que a voces del Consejo de Estado se asimila a una diligencia sin orden judicial. PRETENSIONES DE LA DEMANDA-Los actores no acreditaron las acciones u omisiones que se presentaron antes, durante y después de la diligencia El análisis conjunto de las pruebas ante referidas, permiten al Ministerio Publico concluir que las pretensiones no están llamadas a prosperar, pues los actores no lograron acreditar las acciones u omisiones que se presentaron antes, durante o después de la diligencia de registro y allanamiento, por tanto cualquier afirmación tendiente a demostrar alguna irregularidad por parte del Fiscal que impartió la orden, como de los

Agentes de la SIJIN que la ejecutaron carece de fundamento. CONTROL DE LEGALIDAD-La diligencia cumplió con los presupuestos legales/CONTROL DE LEGALIDAD-No presencia del Ministerio Público Se destaca además que con posterioridad a la realización de dicha diligencia, la Fiscalía presentó ante el señor Juez “solicitud de audiencia preliminar para el respectivo control de legalidad posterior de allanamiento y registro” la cual fue declarada valida

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 2 Expediente No 46.093 (2009-00037) precisamente por haber cumplido con los presupuestos exigidos en los artículos 220 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a la no presencia del Ministerio Público en la diligencia de registro y allanamiento, no tiene la entidad suficiente para afectar su legalidad, pues tal y como lo precisó el a-quo, su intervención en el proceso penal no es de carácter permanente sino aleatoria en tanto sea necesario.

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PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 113 / 2013

Bogotá, D.C., 26 de abril de 2013

Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Dra. OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

Ref: Proceso No 46.093 (66001233100020090003702) Acción de reparación directa Actor: HELI GIRALDO ARBELAEZ y otros Demandado: NaciónMinisterio de Defensa – Policía NacionalFiscalía General de la Nación.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@prucuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 4 Expediente No 46.093 (2009-00037) 1.1 Demanda.- SANDRA MONICA GIRALDO GONZALEZ (afectada directa) quien actúa en nombre propio y en presentación de su hijo menor NICOLAS ARISTIZABAL GIRALDO, HELI GIRALDO ARBELAEZ (padre de Sandra Mónica ) y EDELIER HUMBERTO PELAEZ HENAO (vecino de la afectada), en ejercicio de la acción de reparación directa, instauraron demanda1 contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa - Policía Nacional (Departamento de Policía de Risaralda) para que se les declare administrativamente responsables de los perjuicios causados por el error judicial derivado de la diligencia de allanamiento ilegal practicada a la morada de la

señora Sandra Mónica Giraldo. Como consecuencia de tal declaración se condene a las entidades demandadas a pagar perjuicios morales y daños a la vida de relación. Como soporte fáctico se adujo que el día 22 de marzo de 2007 llegaron unos individuos sin identificación a la residencia de la señora Sandra Mónica Giraldo, ubicada en la calle 29 Bis número 4-76 de la ciudad de Pereira, razón por la cual se resistió a abrir la puerta pidiendo ayuda a su padre (Heli Girado) y a un vecino (Edelier Humberto Peláez). Este último acudió al llamado de su vecina, quien fue repelido con violencia por aquellos individuos, lo cual creó temor y miedo en los hoy demandantes, que se incrementó con la llegada de varios agentes de la Policía. Que luego se informó a la señora Sandra Mónica que se trataba de una diligencia de allanamiento que tenía como propósito la búsqueda de estupefacientes, momento en el cual exigió se le presentará la orden judicial, la cual le fue exhibida y pudo constatar que aquella iba dirigida para la carrera 5ª número 4-76 de Pereira, es decir para una dirección distinta a la de su morada, hecho que puso de presente sin embargo no fue atendido. La diligencia terminó con resultados negativos, pues no se encontró ningún elemento ilícito. Que dicha diligencia fue ilegal pues los agentes del Estado que 1 29 de noviembre de 2007 (fl 28 c. ppal), esto es dentro del término de caducidad (2 años) establecido para la acción de reparación directa, pues el daño (allanamiento ilegal) tuvo lugar el 2 de marzo de 2007.

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misma. 1.3 Sentencia de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de Risaralda2 negó las súplicas de la demanda. 2 En sentencia de 11 de octubre de 2012 (fls 314 a 347 c. Consejo de Estado)

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cumplimiento de las normas que regulan esta clase de procedimientos, la ciudadana estaba en la obligación de soportar la intervención de la autoridad. En cuanto a la supuesta falla del servicio por razón del actuar desmedido de los miembros de la fuerza pública durante el allanamiento y la no intervención del Ministerio Público en dicha diligencia, advierte que frente a lo primero, los actores no probaron los supuestos ataques o agresiones de que fueron víctimas. Con respecto a la no asistencia del Ministerio Público, precisa que su intervención no es de carácter permanente sino aleatoria, en tanto sea necesaria, lo que implica que si fue justificada su inasistencia, ello no puede atentar contra la legalidad de la diligencia, la que además fue avalada y revisada en su legalidad por el juez competente. 1.4 Apelación.- El apoderado de los demandantes3, alega no compartir las consideraciones del Tribunal, pues la Fiscalía en su deber de proteger los derechos de la intimidad, el buen nombre y la honra de todos los ciudadanos, tenia la obligación de constatar de manera precisa que el inmueble donde se habría de realizar la diligencia de allanamiento y registro era aquel del que se 3 (Folios 349 a 351 c. Consejo de Estado)

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estupefacientes. Que no obstante que los policías al momento de iniciar la diligencia fueron advertidos que la nomenclatura de la vivienda no correspondía a la indicada en la orden de allanamiento, hicieron caso omiso a esta observación. Que está demostrado que los agentes oficiales encargados de la realización del allanamiento y registro de la morada fueron los mismos que hicieron las pesquisas previas, por ende se equivocaron con relación al lugar donde debía llevarse a cabo la diligencia, los que además obraron con exceso de fuerza. Que la ausencia del Ministerio Público si es un aspecto importante de considerar, pues si hubiera asistido a la diligencia tales despropósitos no se hubieran presentado. II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Por tratarse de apelante único, la controversia en esta instancia se limitará de manera exclusiva a los argumentos expuestos por el recurrente, como lo dispone el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. 2.1 Problema jurídico: Se pretende obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa en contra de la NaciónFiscalía General de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de los daños ocasionados a los actores por el error judicial en que incurrieron, derivado de la diligencia de allanamiento ilegal de que fue objeto la morada de la señora Sandra Mónica Giraldo González. En concepto del Ministerio Público, una lectura integral de los hechos de la demanda permite inferir que las pretensiones de los actores no se enmarcan dentro del llamado titulo de imputación de error judicial4, pues en el caso concreto 4 ARTÍCULO 66 de la Ley 270 de 1996 . ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una

autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso,

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@prucuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente No 46.093 (2009-00037) no se cuestiona de manera concreta la decisión impartida por el Fiscal respecto a la orden de registro y allanamiento del inmueble, sino de lo acontecido durante su desarrollo. De acuerdo con el principio iura novit curia5, se analizará lo pretendido por los demandantes a partir del llamado defectuoso funcionamiento de la administración de justicia6, en tanto el punto central de la controversia refiere a un allanamiento erróneo, el que a voces del Consejo de Estado se asimila a una diligencia sin orden judicial7 En lo que refiere a los títulos de imputación de error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el Consejo de Estado8 precisó sobre la diferencia que existe entre uno y otro: “El error jurisdiccional se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, en tanto que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce en las materializado a través de una providencia contraria a la ley. “ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70,

excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”

5 Corte Constitucional, Sentencia T-851/10 “El principio iura novit curia, es aquel por el cual, corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen. Este principio, sólo alcanza a la aplicación del derecho correspondiente a determinada situación fáctica, lo cual no habilita a los jueces a efectuar interpretaciones más allá de lo probado por las partes, pues debe tenerse en cuenta que también deben respetar el principio de congruencia, es decir, no existe facultad alguna a la que pueda recurrir el juez para variar los términos y el objeto de un proceso constitucional. En consecuencia, el principio iura novit curia evita que el juez quede atrapado en los errores propuestos por las partes fundados en las normas desajustadas con la causa, pues al fallador le corresponde aplicar las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que las partes enuncien, sin que pueda modificar el encuadre fáctico proveniente de la litis” 6 “ARTÍCULO 69 de la Ley 270 de 1996: DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de

esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.” 7 Sección Tercera, Sentencia de 5 de mayo de 2005. EXP 14970 (0467) 8 Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001. Exp: 13164

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Corresponde entonces establecer (i) Si la orden de allanamiento y registro impartida por el ente investigador, cumplió o no con los requisitos establecidos en la ley, (ii) Si hubo o no uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la SIJIN que practicaron la diligencia, y (iii) Si la no asistencia del Ministerio Público a esta clase de diligencias tiene la entidad suficiente para afectarla de ilegalidad El allanamiento en materia penal, se encuentra regulado en los artículos 119 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)10 ARTÍCULO 219. PROCEDENCIA DE LOS REGISTROS Y ALLANAMIENTOS. El fiscal encargado de la dirección de la investigación, según lo establecido en los artículos siguientes y con el fin de obtener elementos materiales probatorios y evidencia física o realizar la captura del indiciado, imputado o condenado, podrá ordenar el registro y allanamiento de un inmueble, nave o aeronave, el cual será realizado por la policía judicial. Si el registro y allanamiento tiene como finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado, sólo podrá ordenarse en 9 Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp: 13.164 10 Norma vigente para la época de la diligencia

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relación con delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva. ARTÍCULO 220. FUNDAMENTO PARA LA ORDEN DE REGISTRO Y ALLANAMIENTO. Sólo podrá expedirse una orden de registro y allanamiento cuando existan motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para concluir que la ocurrencia del delito investigado tiene como probable autor o partícipe al propietario, al simple tenedor del bien por registrar, al que transitoriamente se encontrare en él; o que en su interior se hallan los instrumentos con los que se ha cometido la infracción, o los objetos producto del ilícito. ARTÍCULO 221. RESPALDO PROBATORIO PARA LOS MOTIVOS FUNDADOS. Los motivos fundados de que trata el artículo anterior deberán ser respaldados, al menos, en informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o informante, o en elementos materiales probatorios y evidencia física que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibilidad. Si se trata de un informante, la policía judicial deberá precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta confiable. De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías. Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales probatorios, tales como evidencia física, vídeos o fotografías fruto de seguimientos pasivos, el fiscal, además de verificar la cadena de

custodia, deberá exigir el diligenciamiento de un oficio proforma en donde bajo juramento el funcionario de la policía judicial certifique que ha corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y conservación de dichos elementos. ARTÍCULO 225. Durante la diligencia de registro y allanamiento la policía judicial deberá:

1. Realizar el procedimiento entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., salvo que por circunstancias particulares del caso, resulte razonable suponer que la única manera de evitar la fuga del indiciado o imputado o la destrucción de los elementos materiales probatorios y evidencia física, sea actuar durante la noche.

2. El registro se adelantará exclusivamente en los lugares autorizados y, en el evento de encontrar nuevas evidencias de la comisión de los delitos investigados, podrá extenderse a otros lugares, incluidos los que puedan encuadrarse en las situaciones de flagrancia.

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3. Se garantizará la menor restricción posible de los derechos de las personas afectadas con el registro y allanamiento, por lo que los bienes incautados se limitarán a los señalados en la orden, salvo que medien circunstancias de flagrancia o que aparezcan elementos materiales probatorios y evidencia física relacionados con otro delito.

4. Se levantará un acta que resuma la diligencia en la que se hará indicación expresa de los lugares registrados, de los objetos ocupados o incautados y de las personas capturadas. Además, se deberá señalar si hubo oposición por parte de los afectados y, en el evento de existir medidas preventivas policivas, se hará mención detallada de la naturaleza de la reacción y las consecuencias de ella.

5. El acta será leída a las personas que aleguen haber sido afectadas por el registro y allanamiento y se les solicitará que firmen si están de acuerdo con su contenido. En caso de existir discrepancias con lo anotado, deberán dejarse todas las precisiones solicitadas por los interesados y, si después de esto, se negaren a firmar, el funcionario de la policía judicial responsable del operativo, bajo juramento, dejará expresa constancia de ello. 2.2 Hechos probados y análisis: De las pruebas documentales11 y testimoniales debidamente aportadas y recepcionadas en el proceso, se acreditaron los siguientes hechos: 2.2.1 Contrato de arrendamiento CA 12930785, celebrado entre la empresa “Arrendamientos Manuel L Quintero” y Sandra Mónica Giraldo González y Heli Giraldo Arbeláez de fecha 20 de marzo de 2002, en donde la primera entrega a

los segundos a título de arrendamiento “El INMUEBLE No 4-76 de la calle 29Bis” 2.2.2 Oficio de 6 de mayo de 2011, suscrito por el Secretario de Planeación de la Alcaldía de Pereira, dirigido al Tribunal (fl 11 c. 2) en el que informa:

“que el predio con nomenclatura con carrera 5 No 4-76 o Avenida del Rio No 476, se encuentra localizado en el barrio Ormaza (…) y el predio con nomenclatura urbana calle 29 BIS No 4-76, se encuentra localizado en el Barrio Primero de Mayo” 11 Unas aportadas en original y en copia auténtica junto con la demanda, otras solicitadas por la parte actora (fls 27 c. ppal) coadyuvadas por las demandadas al contestar la demanda y decretadas por el Tribunal (fls 258 a 263 c 1-1) y remitidas por el Centro de Servicios Judiciales de Pereira (fls 10 c. 2) Secretaria de Planeación ( fl 11 c. 2) y Fiscales 11 y 23 Seccional de Pereira (fls 68 y ss c. 2)

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@prucuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 12 Expediente No 46.093 (2009-00037) (Resalto y subrayo) 2.2.3 Formato de entrevista rendida por ARBEY ANTONIO GONZALEZ, ante el Coordinador Grupo Actos Urgentes URI SIJIN DERIS (fls 84 c. 2) “(…) del día 01-03-07 en las instalaciones de la URI se procedió a entrevistar al señor ARBEY ANTONIO GONZALEZ identificado con número de cedula 4.520.418 de Pereira Risaralda el cual afirma y aporta lo siguiente: Soy una

persona joven lo cual trabajo con mucha dedicación para sostener a mi familia y a mi madre, trabajo en oficios varios como vendedor ambulante, constructor … PREGUNTADO: Que información sabe usted sobre la casa del 1 de mayo.

RESPONDE: Lo que pasa es que yo paso mucho por este barrio de ida para el trabajo el día de ayer decidí dar esta información ya que nadie…)

(Resalto y subrayo) 2.2.4 Orden de trabajo No 013 de fecha 01-03-07 (fl 85 c. 2) “Los señores patrulleros se servirán verificar información suministrada por fuente humana, quien manifiesta….que en la Dirección carrera 5 No 4-76 del 1 de mayo, existe un sitio el cual está siendo utilizado para el almacenamiento y expendio de estupefacientes. Lo anterior se verificara teniendo en cuenta las medidas de seguridad. (Resalto y subrayo) 2.2.5 Formato de informe ejecutivo de fecha 01-02-07, suscrito por los agentes designados para cumplir de orden de trabajo Jaime Alberto Calvo Serna y Luis Acosta Noriega (fls 80 a 82 c. 2) “Narración de los hechos … “EL DIA DE HOY SE RECIBE INFORMACION POR MEDIO DE FUENTE HUMANA LA CUAL MANIFIESTA QUE EN EL BARRIO 1 DE MAYO EN LA

CARRERA 5 NUMERO 4-76 DE PEREIRA PRIMER NIVEL SE EENCUENTRA

UBICADO UN INMUEBLE CON PUERTA METALICA, COLOR CAFÉ DE DOS

VENTANAS DEL MISMO COLOR METALICAS EN EL CUAL SE

COMERCIALIZA Y ALMACENA SUSTANCIA ESTUPEFACIENYTE EN LAS

HORAS DEL DIA Y DE LA NOCHE EN GRANDES CANTIDADES Y QUE ESTA

SUSTANCIA ES COMERCIALIZADA DIARIO EN LAS DIFERENTES PARTE DE

LA CIUDAD DE PEREIRA EPRESO TAMBIEN QUE EN DICHO LUGAR

PERNOCTAN DOS PERSONAS UN SUJETO DE APROXIMADANTE DE 36

AÑOS DE EDAD, ALTO, CABELLO OSCURO, TEZ COLOR MORENA, AL CUAL

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Expediente No 46.093 (2009-00037) LE DICEN NENE Y OTRA PERSONA FEMENINA DE EDAD 34 AÑOS,

MORENA, CABELLO OSCURO, ACLARO ADEMAS QUE ESTA SUSTANCIA

DE ENCUENTRA ALMACENADA EN ESTE LUGAR Y SERA

COMERCIALIZADA EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.

AL MOMENTO DE CONOCIDA ESTA INFORMACION FUNCIONARIOS DE LA

POLICIA JUDICIAL DE ESTA UNIDAD NOS DIRIGIMOS AL LUGAR PARA

VERIFICAR ESTA INFORMACION, SE PUDO ESTABLECER QUE DICHO

ILICITO SI EXISTE EN ESTE LUGAR Y TIENE LAS MISMAS

CARACTERISTICAS QUE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA

COMERCIALIZACIÓN DE LA SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE, QUE DICHA

ZONA ES UN POCO PELIGROSA YA QUE LAS PERSONAS QUE

COMERCIALIZAN ESTA SUSTANCIA LE PAGAN A PERSONAS PARA QUE

CUIDEN ESTE INMUEBLE DE DIA Y DE NOCHE.

LAS SUSTANCIAS QUE ALMACENAN EN ESTE INMUEBLE SON

MARIHUANA, BAZUCO EN GRAN CANTIDAD (…)

POR LO ANTERIOR SE SOLICITA A ESTE DESPACHO MUY

RESPETUSAMENTE SE EXPIDA ORDEN DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO

DE MANERA INMEDIATA PARA LA RESIDENCIA ANTES RELACIONADA, CON

EL FIN DE OBTENER ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO Y PARA LLEVAR

A CABO LA RESPECTIVA JUDICIALIZACION DE LOS PRESUNTOS

RESPONSABLES DEL ILICITO. DEBIDO A QUE SEGÚN MANIFESTO LA

FUENTE, LA SUSTANCIA ESTUPEFACIEMTE ESTA SIENDO

COMERCIALIZADA MUY RAPIDAMENTE. 5 Diligencias adelantadas.

VERIFICACION DEL INMUEBLE

(…) ANEXO

ENTREVISTA DEL SEÑOR ARBEY ANTONIO GONZALEZ

FOTOGRAFIA DEL INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO 1 DE MAYO

CARRERA 5 NUMERO 4-76”12

(Resalto y subrayo) 2.2.6 Comunicación de marzo 1 de 2007, dirigida al Comandante Departamento de Policía Risaralda, suscrita por el Patrullero investigador y el Jefe Seccional de Policía Judicial SINJN (fl 86 c. 2), en el la que informan: (…) que este proceso investigativo tiene conocimiento por fuente humana, que sobre la carrera 5 numero 4.76 se encuentra un inmueble en el cual se almacena sustancia estupefaciente en gran cantidad y la cual es comercializada y

empacada en ese mismo lugar…” 12 Fotografía que corresponde a una casa “sector 1 de mayo…inmueble ubicado en el barrio 1 de mayo de la ciudad de Pereira casa de color blanco con zócalo naranja , tiene una puerta metálica de color café, dos ventanas del mismo color metálicas, tiene a su alrededor una reja metálica de color café su nomenclatura es carrera 5 número 4-76 (fl 83 c. ppl)

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PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Consejodeestado1@prucuraduria.gov.co Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 FAX 12094 www.procuraduria.gov.co 14 Expediente No 46.093 (2009-00037) 2.2.7 Orden de allanamiento y registro de fecha 2 de marzo de 2007, suscrita por el FISCAL 24 SECCIONAL URI (fls 87 a 88 c. 2), en la cual se indica, el delito (fabricación, tráfico y porte de estupefacientes), el objeto de la orden (UN INMUEBLE. Ubicado en la carrera 5 No 4-76 del Barrio Primero de Mayo en PereiraRisaralda. Descripción exacta de los lugares a registrar…”inmueble de dos pisos pero sólo se allanara el primero de estos, vivienda de puerta metálica color café, con dos ventanas del mismo color, fachada color blanco con zócalo color naranja, esta vivienda en su frente posee una reja metálica de color café (…), Orden impartida a la POLICIA JUDICIAL – SIJIN, finalidad, motivos

fundados, respaldo probatorio, plazo de la orden y que dicha orden “debe practicarse de ser posible en compañía del agente del Ministerio Público”. y que el personal de la SIJIN “debe respetar las garantías y derechos humanos de las personas que se encuentren, elaborar el acta correspondiente y leerla a quienes atiendan la diligencia, de igual forma debe ir firmada por los mismos” 2.2.8 Acta de registro y allanamiento de fecha 2 de marzo de 2007, suscrita por los agentes de la SIJIN (Calvo Serna Jaime, Villegas Martínez Carlos, Acosta Vanegas Luis) y demás intervinientes (Edelier Umberto (sic) Peláez, Sandra Mónica Giraldo y otro). 2.2.9 Formato Informe Ejecutivo de fecha 2 de marzo de 2007, hora 12:30, en el cual consta las circunstancias de tiempo, modo y lugar como se ejecutó la orden de registro y allanamiento (fls 89 a 90 c. 2). Se destacan algunos apartes: “El día de hoy 02-03-2007, siendo las 12:20 horas, personal adscrito al Grupo Investigativo Per