PGN - RECURSO DE APELACIÓN - Competencia disciplinaria alcance

RECURSO DE APELACION-Contra archivo definitivo a favor del Procurador 230 Judicial I Penal de Montería, por presuntas irregularidades en la intervención judicial en proceso penal COMPETENCIA DISCIPLINARIA-De la sala disciplinaria para conocer en segunda instancia procesos que adelanten en primera los procuradores delegados ALCANCE DEL RECURSO DE APELACION-Competencia segunda instancia revisar solo aspectos impugnados e inescindiblemente vinculados PROCURADORES JUDICIALES-Funciones de intervención de los procuradores judiciales ante la jurisdicción penal Precisamente, la Resolución 413 de 2014 expedida por el Procurador General de la Nación, a través de la cual se modificó el Manual Especifico de Funciones y Requisitos por Competencias Laborales en lo relativo al cargo de Procurador Judicial I y II Penales, fijó los lineamientos a seguir por parte de estos funcionarios en los conceptos que les corresponde emitir ante las autoridades judiciales que actúan, en el sentido que deberán hacerlo con oportunidad y calidad, de acuerdo con la normatividad aplicable, la jurisprudencia, el material probatorio, el trámite procesal y demás aspectos relevantes para la defensa del patrimonio público, del orden jurídico, de los derechos y garantías fundamentales, así como el cumplimiento de los fines estatales y de la administración de justicia. Radicado 161-7603

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veinte (2020) Aprobado en acta de Sala n.° 23 Radicación n.º 161-7603 (IUS 201724904) Disciplinado JOSÉ MICHEL GALVIS SAURITH

Cargo y entidad Procurador 230 Judicial I Penal de Montería – Córdoba Quejoso LEOCADIO MANUEL GARCÉS POLO Fecha queja Febrero 7 de 2017 Fecha hechos Desde enero de 2010 Asunto Apelación archivo

P.D. PONENTE: JUAN FERNANDO GÓMEZ GUTIÉRREZ

I. ASUNTO La Sala Disciplinaria, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el quejoso LEOCADIO MANUEL GARCÉS POLO, contra la decisión proferida el 23 de abril de 2019 por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, en virtud de la cual dispuso el archivo de la indagación preliminar a favor de JOSÉ MICHEL GALVIS SAURITH, en su condición de Procurador 230 Judicial I Penal de

Montería – Córdoba.

II. ANTECEDENTES PROCESALES 2.1. Origen de la actuación disciplinaria Mediante oficio distinguido con SIAF 24904-2017, se allegó la queja presentada por el señor LEOCADIO MANUEL GARCÉS POLO, en la que manifiesta su inconformidad con la intervención del Procurador 230

Judicial I Penal de Montería – Córdoba, JOSÉ MICHEL GALVIS SAURITH, en el proceso 10592 de 2010, que cursó en la Fiscalía 20 Seccional de Patrimonio Económico de esa ciudad.1 1 Confrontar folios 2 a 4 cuaderno original 1. 2 Radicado 161-7603 2.2. Actuación procesal

La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, con proveído del 9 de marzo de 2017 ordenó indagación preliminar en contra del Procurador 230 Judicial I Penal de Montería - Córdoba, JOSÉ MICHEL GALVIS SAURITH, y dispuso practicar visita administrativa especial en la Fiscalía 20 Seccional de Patrimonio Económico de esa ciudad, con el fin de allegar copia del proceso 110592 de 2010, así como de las actuaciones que hubieren cursado en instancias superiores de ese despacho.2 El auto proferido por la delegada se notificó al indagado el 20 de abril de 2017 a través de correo electrónico3. La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, una vez allegadas las pruebas decretadas4, mediante auto del 23 de abril de 2019 resolvió terminar la actuación disciplinaria y disponer el archivo definitivo de las diligencias a favor del servidor JOSÉ MICHEL GALVIS

SAURITH.5

La anterior decisión se le notificó al indagado GALVIS SAURITH a través de correo electrónico6, y se le comunicó al quejoso7, quien interpuso recurso de apelación mediante escrito remitido el 14 de mayo de 20198, el cual fue concedido por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, con auto del 8 de julio del citado año9, recibido cuatro días después en esta Sala Disciplinaria junto con las diligencias para el trámite correspondiente.10

III. PROVIDENCIA RECURRIDA Esta colegiatura se referirá a los argumentos que llevaron a la primera

instancia a dar por terminada la actuación disciplinaria, cuando se analicen los planteamientos de impugnación.

IV. RECURSO DE APELACIÓN 2 Cf. folios 5 a 8 cuaderno original 1. 3 Cf. folio 16 ídem. 4 En el acta de visita especial visible a folio 23 aparecen relacionados los cuadernos que formaban parte del radicado 10592 de 2010, que cursó en la Fiscalía 20 Seccional de Patrimonio Económico de la ciudad de Montería – Córdoba, cuyas copias fueron allegadas íntegramente a la presente actuación disciplinaria, las cuales obran en cuatro (4) anexos de pruebas. 5 Cf. folios 35 a 49 ídem. 6 Cf. folio 100 ídem. 7 Cf. folios 53, 78 a 81 ídem. 8 Cf. folios 82 y 83 ídem. 9 Cf. folios 102 a 106 ídem. 10 Cf. folios 110 y 111 ídem.

3 Radicado 161-7603 El quejoso manifiesta su inconformidad con la decisión de archivo, aduciendo que el Procurador 230 Judicial I Penal de Montería - Córdoba, JOSÉ MICHEL GALVIS SAURITH, no le notificó de la terminación inicial del proceso que cursaba en la Fiscalía 20 Seccional de Patrimonio Económico en donde él era el denunciante, ni le comunicó por escrito y tampoco a otras instancias, cuando se ordenó reabrir la investigación para vincular a otro sujeto, lo cual ocurrió un año antes de que se decretara la prescripción.11

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA

5.1. Competencia La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación es competente para resolver el presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.º del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, y los parámetros prefijados en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, que faculta al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos objeto de impugnación y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados con la decisión recurrida. 5.2. Análisis de los argumentos expuestos por el quejoso apelante 5.2.1. De manera previa a verificar cuáles fueron las diligencias en las que intervino, para la época de los hechos, el Procurador 230 Judicial I Penal de Montería – Córdoba, es preciso traer a colación el marco normativo que se debe tener en cuenta para el respectivo análisis, en el que se contempla la competencia de dichos funcionarios como representantes del Ministerio Público y los parámetros que delimitan el ejercicio de su función. En primer lugar, hay que puntualizar que el artículo 277 numeral 7 de la Constitución Política consagra que “el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: […] intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”. A su vez, el artículo 42 del Decreto Ley 262 de 2000, estipula las autoridades ante quienes ejercen sus funciones los procuradores

judiciales I y II penales, de acuerdo con la distribución de las cargas laborales que les asigna en cada caso la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, a quien le compete la labor de coordinación de esos funcionarios, de conformidad con las atribuciones 11 Cf. folios 82 y 83 ídem. 4 Radicado 161-7603 estatuidas en el artículo 36 del citado precepto legal, en concordancia con los artículos 16 y 19 de la Resolución 017 de 2000.12 Así mismo, las funciones que cumplen los Procuradores Judiciales como Ministerio Público en las diferentes etapas del proceso penal se encuentran regladas en el artículo 111 de la Ley 906 de 2004, entre las que cabe destacar: Son funciones del Ministerio Público en la indagación, la investigación y el juzgamiento:

1. Como garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales: a) Ejercer vigilancia sobre las actuaciones de la policía judicial que puedan afectar garantías fundamentales; b) Participar en aquellas diligencias o actuaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República que impliquen afectación o menoscabo de un derecho fundamental; c) Procurar que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y la justicia; […] f) Procurar el cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa. g) Participar cuando lo considere necesario, en las audiencias conforme a lo previsto en este código.

2. Como representante de la sociedad: a) Solicitar condena o absolución de los acusados e intervenir en la audiencia de control judicial de la preclusión; […] d) Participar en aquellas diligencias o actuaciones donde

proceda la disponibilidad del derecho por parte de la víctima individual o colectiva y en las que exista disponibilidad oficial de la acción penal, procurando que la voluntad otorgada sea real y que no se afecten los derechos de los perjudicados, así como los principios de verdad y justicia, en los eventos de aplicación del principio de oportunidad […] De igual forma, la intervención de estos agentes del Ministerio Público ante las autoridades judiciales y administrativas se ejerce bajo las directrices institucionales, dadas por el Procurador General de la Nación13, o el respectivo delegado que los coordina. Precisamente, la Resolución 413 de 2014 expedida por el Procurador General de la Nación, a través de la cual se modificó el Manual Especifico de Funciones y Requisitos por Competencias Laborales en lo relativo al cargo de Procurador Judicial I y II Penales, fijó los lineamientos a seguir por parte de estos funcionarios en los conceptos que les corresponde emitir ante las autoridades judiciales que actúan, en el sentido que deberán hacerlo con oportunidad y calidad, de acuerdo con la normatividad aplicable, la jurisprudencia, el material probatorio, el trámite procesal y demás aspectos relevantes para la defensa del patrimonio 12 Expedida por el Procurador General de la Nación de la época. 13 Como supremo director del Ministerio Público, según el artículo 275 de la Constitución Política, y la facultad que le otorga el numeral 2 del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000 para formular las políticas generales y criterios de intervención de los procuradores judiciales I y II en los diferentes asuntos en los que les compete actuar. 5 Radicado 161-7603

público, del orden jurídico, de los derechos y garantías fundamentales, así como el cumplimiento de los fines estatales y de la administración de justicia. La citada Resolución también trae inserto que las intervenciones de los Procuradores Judiciales I y II Penales ante las autoridades judiciales y administrativas, deberán hacerse con la debida fundamentación, desarrollando una argumentación que incluya, entre otros aspectos, la identificación precisa de los problemas jurídicos, el análisis riguroso de la normativa y jurisprudencia que se ajuste al caso concreto, con la correspondiente valoración probatoria y del trámite procesal. 5.2.2. Caso concreto en relación con las actuaciones del Procurador 230 Judicial I Penal de Montería – Córdoba, para la época de los hechos,

JOSÉ MICHEL GALVIS SAURITH.

De acuerdo con la documentación allegada a la presente actuación disciplinaria del radicado 10592 de 2010, que cursó en la Fiscalía 20 Seccional de Patrimonio Económico de la ciudad de Montería – Córdoba, por el delito de Estafa, en contra del sindicado JUAN SEGUNDO LÓPEZ CASTELAR y otros, en donde aparece como denunciante el aquí quejoso LEOCADIO MANUEL GARCÉS POLO14, esta Sala advierte que el servidor JOSÉ MICHEL GALVIS SAURITH, como representante del Ministerio Público, intervino ante ese despacho judicial en las siguientes diligencias: 1) El 15 de agosto de 2014 solicitó que se escuchara en indagatoria al señor EVER ALBERTO LÓPEZ DORIA, por cuanto los términos procesales

estaban superados, razón por la cual pidió que se les diera celeridad a las actuaciones pendientes en aras a una pronta y cumplida justicia.15 2) El 11 de marzo de 2015 conminó para que se atendiera la petición del abogado de la parte civil, en el sentido de escuchar en diligencia de ampliación de indagatoria al señor FRANCISCO VALENCIA MORENO, requiriendo que se llevara a cabo en términos razonables, debido a la mora que se vislumbraba, afectando a los sujetos procesales vinculados a la investigación, y para que se les impartiera celeridad a las actuaciones pendientes.16 3) El 19 de junio de 2015 presentó concepto solicitando que al momento de calificar el mérito del sumario se profiriera resolución de acusación en contra de los sindicados.17 14 Información obrante en cuatro (4) cuadernos anexos de pruebas, los cuales en su orden constan de 250, 235, 251 y 289 folios. 15 Cf. folio 49 cuaderno anexo 1 de pruebas. 16 Cf. folio 61 ídem. 17 Cf. folios 100 a 105 ídem. 6 Radicado 161-7603 4) El 27 de agosto de 2015 elevó petición para que se calificara el mérito de la investigación, considerando que se trataba de hechos eminentemente graves.18 5) El 9 de febrero de 2016 solicitó que se impartiera celeridad a las notificaciones a las partes interesadas de la Resolución de Acusación, en cumplimiento de las previsiones legales que así lo ordenan. De igual modo puso de presente la actividad o morosidad observada en el trámite

procesal e hizo un llamado de atención para que se evitara la prescripción del proceso penal, y a que se propendiera por encima de toda consideración, por la efectiva protección de los derechos constitucionales y legales de los asociados.19 6) El 26 de abril de 2016 presentó concepto dirigido al Fiscal Delegado del Tribunal Superior de Justicia, oponiéndose al recurso de apelación que contra la Resolución de Acusación interpusieron los sindicados del presunto delito de Estafa, y de ese modo, en aras del esclarecimiento de la verdad y la justicia, pidió que se confirmara la decisión proferida el 21 de septiembre de 2015 en virtud de la cual se calificó el mérito probatorio.20 La investigación penal fue remitida el 7 de junio de 2016 a la Oficina de Asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana, con el fin de que se designará a un Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Montería, para que desatara el recurso de apelación interpuesto por los sindicados.21 El 17 de agosto de 2016, el Fiscal Primero Delegado ante el Tribunal Superior de Justicia declaró prescrita la acción penal de las diligencias que le fueron remitidas para conocer del recurso de apelación, y como consecuencia, profirió Resolución de Preclusión de la investigación, a favor de los presuntos responsables del delito de Estafa.22 Conclusiones de la Sala Disciplinaria frente al caso concreto El anterior recuento permiten afirmar y entender que las intervenciones del servidor JOSÉ MICHEL GALVIS SAURITH, durante el tiempo que se desempeñó como representante del Ministerio Público ante la Fiscalía 20

Seccional de Patrimonio Económico, en las diligencias penales en las que el aquí apelante fungía como denunciante, se llevaron a cabo dentro de los lineamientos que su competencia funcional le permitía, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, la Ley y la normatividad reglamentaria. 18 Cf. folio 110 ídem. 19 Cf. folio 144 cuaderno anexo 1 de pruebas. 20 Cf. folios 171 a 174 ídem. 21 Cf. folio 178 ídem. 22 Cf. folio 178 ídem. 7 Radicado 161-7603 Se observa de forma consistente que los escritos allegados por el procurador judicial 230 penal, estaban marcados por el interés acerca de la búsqueda de la verdad y de una recta administración de justicia. De allí su defensa respecto del cumplimiento de los términos en las diferentes etapas procesales, solicitando que se impartiera celeridad a cada una de las actuaciones, en aras de evitar la prescripción de la acción, y con el ánimo de defender los derechos fundamentales de los asociados. Es importante aclarar al impugnante, que a los procuradores judiciales y por tanto al doctor GALVIS SAURITH, en ejercicio de sus funciones como Ministerio Público no le corresponde notificar al denunciante la terminación inicial del proceso que cursaba en la Fiscalía 20 Seccional de Patrimonio Económico, como tampoco comunicarle por escrito cuando el citado despacho judicial ordenó reabrir la investigación para vincular a otro sujeto procesal. En este orden de ideas, dado que se encuentran desvirtuados los supuestos de hecho objeto de queja en contra del servidor JOSÉ MICHEL GALVIS SAURITH23, lo procedente en este caso, compartiendo la posición

de la delegada, es disponer la terminación del procedimiento y el archivo de la indagación preliminar, en aplicación a lo preceptuado en los artículos 73 y 150 inciso cuarto de la Ley 734 de 2002. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias: RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 24 de abril de 2019, proferida por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, en virtud de la cual dispuso la terminación del procedimiento y el archivo de la indagación preliminar adelantada en contra de JOSÉ MICHEL GALVIS SAURITH, en su condición para la época de los hechos de Procurador 230 Judicial I Penal de Montería – Córdoba. Lo anterior, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria COMUNICAR la presente determinación al quejoso y al indagado, teniendo en cuenta que a este último se le informó por parte de la primera instancia sobre el 23 Cargo que ejerció en el período comprendido entre el 3 de noviembre de 2009 y el 4 de septiembre de 2016 inclusive, de acuerdo con la certificación expedida por el jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación, obrante a folio 31 cuaderno original.

8 Radicado 161-7603 recurso de apelación interpuesto contra la decisión de archivo proferida a su favor. Para efecto del envío de la comunicación, al quejoso se le puede ubicar

en la dirección que aparece en las diligencias disciplinarias a folio 83 del cuaderno original 1, y al sujeto procesal a través de su correo electrónico visible a folio 100 ídem, advirtiéndoseles que contra esta decisión no procede ningún recurso.

TERCERO: Cumplido el trámite de comunicación DEVOLVER el proceso a la oficina de origen, previas las anotaciones de rigor.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ENRIQUE SANJUÁN GÁLVEZ

Procurador Primero Delegado Presidente

JUAN FERNANDO GÓMEZ GUTIÉRREZ

Procurador Segundo Delegado Proyectó: MHGC Expediente núm. 1617603 (IUS 201724904) 9