PGN - RECURSO DE APELACION - Contra el fallo sancionatorio respecto recursos públicos,

APELACION DE FALLO SANCIONATORIO-Por posibles hechos de corrupción en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Educación PROCEDIMIENTO VERBAL-Para el efecto formuló los cargos y citó a audiencia a, para que responda por un faltante de dineros FALLO SANCIONATORIO-Impugnado por al apoderado del investigado, quien interpuso y sustentó en la audiencia el recurso de apelación y este fue concedido ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA-Se corrió traslado a los sujetos procesales, que no fueron presentados, según constancia secretarial de la Procuraduría Regional FALLO SANCIONATORIO-Se requiere que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado RECURSO DE APELACION-Contra el fallo sancionatorio respecto recursos públicos, en el presente caso destinados a la educación. LA CONDUCTA DEL DISCIPLINADO-Tipificada como violatoria de los deberes previstos en el artículo 34, de la ley 734 de 2002 y constitutiva de la falta gravísima prevista en el artículo 48, numeral 1º, ibídem RECTORES O DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS-Responsables en el manejo de recursos de los Fondos de Servicios Educativos CONDUCTA DOLOSA-Se subsume en la descripción típica consagrada en el artículo 397 del Código Penal como delito de peculado por apropiación De manera que más allá de toda duda razonable, XXX incurrió en la falta gravísima prevista en el artículo 48, numeral 1 de la ley 734 de 2002, porque su comportamiento doloso se subsume

en la descripción típica consagrada en el artículo 397 del Código Penal como delito de peculado por apropiación por haberse apropiado en provecho propio de la suma de $61.3666.153, y de esa manera incurrió en un ilícito disciplinario, toda vez que se demostró que eran recursos públicos que estaban destinados a satisfacer las necesidades de 14 establecimiento educativos, para atender la contratación de servicios de transporte escolar, el desarrollo de jornadas extendidas y complementarias de la población estudiantil, incluidos la alimentación, el transporte y los materiales, al igual que para asumir los costos asociados de certificaciones, boletines, etc., según lo previsto en el artículo 9 del Decreto 4807 de 2011, que adicionó el artículo 11 del Decreto 4791 de 2008 (fl. 247 c. 1). FALLO APELADO-Lo analizado en precedencia constituye el fundamento suficiente para negar la revocatoria de éste.

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Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Carrera 5ª No. 15 – 80 Piso 12 Teléfono 5878750 Ext. 11216 1 Lo analizado en precedencia constituye el fundamento suficiente para negar la revocatoria del fallo impugnado y por el contrario, confirmar la sanción impuesta a XXX por existir certeza de que es responsable de los cargos que le fueron formulados y estar acorde con los criterios fijados por el artículo 47 de la ley 734 de 2002, en los términos que explicó la Procuraduría Regional del Cauca en el fallo impugnado, así como en el término de inhabilidad general de 15

años, que se encuentra previsto dentro del rango de 10 a 20 años, señalado por el artículo 46 ibídem, por haber incurrido en una falta gravísima a titulo de dolo. Dependencia Delegada para la Economía y la Hacienda Pública

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Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Carrera 5ª No. 15 – 80 Piso 12 Teléfono 5878750 Ext. 11216 2 Radicación IUS 2016-228370 IUC 2016-45-866818 Investigado ULISES URIBE ORTIZ ORTIZ Entidad Rector Institución Educativa Agropecuaria de Santa Rita, La Vega -Cauca Quejoso Informe de servidor público Fecha Queja 7 de octubre de 2015 Fecha hechos Vigencias 2012 – 2014 Asunto Fallo Segunda Instancia AUTO PDEH de 2018 Bogotá, D.C., I.- OBJETO El despacho conoce en apelación del fallo proferido el 30 de agosto de 2017 por la Procuraduría Regional del Cauca contra ULISES URIBE ORTIZ ORTIZ, Rector de la Institución Educativa Agropecuaria de Santa Rita, La Vega – Cauca, sancionado con destitución del cargo e inhabilidad general de 15 años. II.- ANTECEDENTES La Procuraduría Regional del Cauca inició indagación preliminar el 13 de julio de 2016 contra ULISES URIBE ORTIZ ORTIZ, en su condición de Rector de la institución Educativa Santa Rita del municipio de la Vega –Cauca, por posibles hechos de

corrupción en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Educación transferidos al Fondo de Servicios Educativos de la institución (fl. 250 c.1). Por auto de 30 de mayo de 2017 la Procuraduría Regional del Cauca ordenó que la actuación continuara por el procedimiento verbal y para el efecto formuló los cargos y citó a audiencia a ORTIZ ORTIZ, para que respondiera por un faltante de dineros del Fondo de Servicios Educativos que manejaba y por incumplir los deberes de adecuado manejo a que estaba obligado (fl. 269); agotado el trámite correspondiente, mediante fallo proferido en audiencia realizada el 30 de agosto de 2017, sancionó al investigado con destitución del cargo e inhabilidad general de quince (15) años (fls. 506 - 541 c. 2). El fallo fue impugnado por al apoderado del investigado, quien interpuso y sustentó en la audiencia el recurso de apelación y este fue concedido por el Procurador Regional para ante la Procuraduría Delegada correspondiente (sic) (fl. 544 c. 2). El expediente se remitió a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa y por auto de 26 de septiembre de 2017 lo envió a esta Delegada para Economía y Hacienda Pública (fl. 548 c. 2). Mediante auto de 15 de diciembre de 2017 se corrió traslado a los sujetos procesales para presentar alegatos en segunda instancia, que no fueron presentados, según constancia secretarial de la Procuraduría Regional del Cauca (fl. 464).

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Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Carrera 5ª No. 15 – 80 Piso 12 Teléfono 5878750 Ext. 11216 3 III.- CONSIDERACIONES Correspondería a este Despacho resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio por el apoderado del investigado, de acuerdo con la competencia otorgada por el artículo 25, numeral 4 del Decreto 262 de 2000, para conocer en segunda instancia de los fallos proferidos por la Procuradurías Regionales, en concordancia con el artículo 19 de la resolución 017 de 2000, expedida por el Procurador General de la Nación, que otorga competencia para examinar el manejo de los recursos públicos, en el presente caso destinados a la educación. La ley disciplinaria establece que para proferir fallo sancionatorio se requiere que obre en el proceso prueba “que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado”1. Para resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado del investigado, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. La formulación de pliego de cargos a ULISES URIBE ORTIZ ORTIZ, en su condición de Rector de la institución Educativa Santa Rita del municipio de la Vega – Cauca, se refiere en primer lugar al hecho de: “… apropiarse presuntamente de la suma de SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($61.366.153.00) asignados al Fondo

de Servicios Educativos de dicha institución educativa, de cuál era su administrador. Dineros que aparecen como faltante por concepto de Transferencias de la Nación (Gratuidad) Transferencias del Departamento del Cauca (Programa PANES), Transferencias del municipio de la Vega (Alimentación Escolar y transporte escolar), Recursos propios (certificados, constancias y convenios) y saldos existentes en la cuenta de ahorros No. 42172300096-9 y de la cuenta corriente 3217200044-7 del Banco Agrario de Colombia” El segundo hecho se refiere a que: “…incumplió con las responsabilidades de administración del Fondo de Servicios Educativos (presupuestación, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus recursos y rendición de cuentas) que de acuerdo con la funciones otorgadas por la ley 715 de 2001 y el Decreto Reglamentario 4791 de 2008, estaba obligado como director del establecimiento educativo” (fl. 273 c. 2). La conducta del investigado fue tipificada como violatoria de los deberes previstos en el artículo 34, numerales 4 y 21 de la ley 734 de 2002 y constitutiva de la falta gravísima prevista en el artículo 48, numeral 1º, ibídem, en concordancia con el artículo 397 del Código Penal, que tipifica el delito de peculado por apropiación, que además pudo desconocer normas contendidas en los artículos 10 de la ley 715 de 2001, 2, 3, 4, y 6 del Decreto 4791 de 2008 y los artículos 8, 9 y 11 del Decreto 4807

de 2011, normas estas que tienen relación con las acciones y responsabilidades de los rectores de centros educativos en el manejo de recursos de los Fondos de Servicios Educativos (fls. 276 a 280 c. 2).

2. En audiencia celebrada el 30 de agosto de 2017, la Procuraduría Regional del Cauca determinó que el investigado es responsable de los cargos formulados y que su conducta es ilícita, toda vez que en relación con el primer cargo formulado se 1 Art. 142 ley 734 de 2002.

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Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Carrera 5ª No. 15 – 80 Piso 12 Teléfono 5878750 Ext. 11216 4 acreditó que ejerció el cargo de Rector de la Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita del municipio de la Vega – Cauca, en el periodo comprendido entre el 22 de julio de 2011 y el mes de junio de 20014, durante el cual se apropió de $61.366.153, dineros que manejó como administrador del Fondo de Servicios Educativos, porque era el único que efectuaba las compras y contrataciones y tenía en su poder todos los documentos y soportes de ejecución de los recursos, razón por la cual ni los docentes, ni los padres de familia de los 14 centros educativos que componían la institución y los representantes del Consejo Directivos estaban enterados de los retiros que hacía el Rector. Señala el fallo que los funcionarios de la Secretaría de Educación del Cauca, YAMILE VILLAQUIRÁN y FLAVIO SERNA, practicaron visita a la institución educativa Santa

Rita, el 7 y 8 de octubre de 2013, en la que encontraron desorden administrativo y financiero, ante lo cual el investigado se comprometió a rendir los informes que en varias oportunidades le habían solicitado y no había cumplido; en esa visita no hizo ningún manifestación de que estuviera recibiendo presiones o amenazas de grupos guerrilleros. La visita de la Secretaría de Educación se repitió el 30 de julio de 2014, y se encontró que el investigado no había regresado desde el receso del mes de junio de 2014 y no se encontraron documentos ni soportes de la rendición de cuentas. La Procuraduría Regional del Cauca hizo un amplio y detallado análisis de la prueba testimonial recaudada, particularmente de lo manifestado por MILTON FABIÁN

PÉREZ AYALA, YAMILE VILLAQUIRÁN BALLESTEROS, DAMARIS JIMÉNEZ,

CARMEN ROCÍO GUZMÁN MOLINA, ALIX EUGENIA BERMÚDEZ BENAVIDES,

MARIA PAULA RODRÍGUEZ BERMÚDEZ, FLAVIO SERNA RIVAS, HOLMES

MARIANO QUIJANO ORDÓÑEZ, DIEGO ANDRÉS SOLANO SOLANO, HERNANDO RAMÍREZ RAMÍREZ, CILBAR MAMIAN y ADRIEL JESÚS CARVAJAL HURTADO, para concluir que el investigado no rindió a la Secretaría de Educación los informes trimestrales sobre la administración de los recursos del Fondo de Servicios Educativos a que estaba obligado, pese a los requerimientos de esa entidad y las reclamaciones de docentes y padres de familia; quienes además, desvirtuaron la

versión del investigado en sentido de que estaba siendo víctima de presiones y amenazas por parte de integrantes del grupo armado ELN, o que estos hubieran realizado reuniones con los padres de familia y los docentes para hacer exigencias económicas al Rector. La providencia destaca una serie de contradicciones en que incurrió el investigado sobre la manera y circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente fue amenazado, presionado y extorsionado por un comandante “Edward”, en el año 2012 y por “Juan Pablo Valencia” en el año 2013, de acuerdo con lo que manifestó ante la Procuraduría, hechos que lo habrían llevado a formular una denuncia penal ante la Fiscalía en la que manifestó que el 28 de julio de 2014, había recibida una llamada de un padre de familia para que se presentara a una reunión el 30 de julio de 2014; sin embargo, destaca el fallo, en la denuncia que formuló ante la Fiscalía el investigado manifestó que la supuesta visita de los integrantes del ELN se realizó a la institución educativa el 14 de mayo, refiriéndose al año 2014, pero ante la Defensoría de Pueblo en Pasto, en la que tramitó el acceso al Programa de Protección del Ministerio del Interior, señaló que la presunta reunión con los guerrilleros se realizó el 9 de junio de 2014 y que el día 20 de ese mes, fue abordado por los mismos jefes guerrilleros cuando salía para Popayán, quienes le informaron que iban a tomar medidas en el colegio por el consumo de drogas; de manera que los diferentes relatos realizados por el investigado llevan a concluir en el fallo que se trata de una estrategia para evadir su

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Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Carrera 5ª No. 15 – 80 Piso 12 Teléfono 5878750 Ext. 11216 5 responsabilidad, por tanto existe certeza de que realizó objetivamente un comportamiento descrito en la ley como delito de peculado por apropiación en el artículo 397 del Código Penal. En relación con el segundo cargo formulado, el fallo destaca que pese a las instrucciones y requerimientos que le envió la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca al investigado, éste no rindió los informes mensuales sobre la administración de los recursos del Fondo de Servicios Educativos a que estaba obligado, así fuera extemporáneamente o incluso durante la visita que le practicaron, de manera que existe certeza sobre la responsabilidad por dicha omisión. Respecto de la culpabilidad del investigado, el fallo señaló que incurrió en las conductas a título de DOLO, debido a que conocía y sabía cuáles eran sus responsabilidades en el manejo que debía darle a los recursos del citado fondo, de acurdo con lo previsto en los decretos 4791 de 2008 y 4807 de 2011, no obstante, retiró los dineros de las cuentas bancarias de la institución, no con el fin de destinarlos a la adquisición de bienes y servicios requeridos por la comunidad educativa de las 14 sedes que la integraban, sino con el fin de apropiarse de ellos en provecho propio, hechos que aceptó ante la comunidad educativa y ante la Secretaría de Educación del Cauca, en la reunión celebrada el 13 de agosto de 2014 (fls. 506 a 541)

3. El apoderado del investigado, al conocer el fallo proferido por la Procuraduría Regional del Cauca, interpuso el recurso de apelación en el que manifestó que si bien existió una acción de ULISES ORTIZ para obtener unos recursos de la institución donde laboraba como Rector, lo hizo bajo coacción ajena, pues en 2012 fue víctima de presiones del frente “Camilo Cine (sic) Fuegos” del ELN , que por eso debe reconocerse la causal de exclusión de responsabilidad prevista en el artículo 28 (se refiere a la ley 734 de 2002), que exonera a la persona que actúa por coacción ajena y miedo insuperable, porque hay testimonios que señalan la presencia de grupo al margen de la ley, como lo dijo el Alcalde de Suárez, HEMANDO (sic) RAMÍREZ , a quien se le acercó una persona que se identificó como comandante del ELN, al salir de la Secretaría de Educación del Departamento, y también la señora YAMILE VILLAQUIRÁN BALLESTEROS quien dijo que el señor ORTIZ le había señalado que lo habían amenazado por no presentarse a la institución Agregó la defensa que el miedo insuperable debe tratarse de una perturbación angustiosa, caracterizada por su temor a la ocurrencia de un riesgo o daño, debe ser considerable y transcendental, de tal manera que se torne en insuperable; de igual manera la coacción ajena, debe determinar el comportamiento del individuo, de tal manera que no deje alternativa para comportarse de otra manera, que para el caso del señor ORTIZ, actuó con miedo insuperable por amenazas del grupo guerrillero

(fls. 543-44 c. 2). 4.- La impugnación planteada por la defensa con el recurso de apelación que interpuso contra el fallo – no presentó alegatos de conclusión-, solicitó aplicar la causal de exclusión de responsabilidad prevista en el artículo 28, numeral 5º de la ley 734 de 2002, que se refiere al actuar “Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable”, porque según el defensor, el investigado fue víctima de presiones integrantes del grupo armado ELN, particularmente por el llamado comandante “Edwar”, hecho que no quiso poner en conocimiento en el momento que sufrió las extorsiones y presiones por proteger a su familia, y que en el momento que salió de corregimiento la Vega pudo actuar y poner en conocimiento a la Fiscalía de esos

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Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Carrera 5ª No. 15 – 80 Piso 12 Teléfono 5878750 Ext. 11216 6 hechos; en apoyo de versión la defensa cita como testigos a HEMANDO (sic) RAMÍREZ y YAMILE VILLAQUIRÁN BALLESTEROS (fl. 543). La extorsión significa “Usurpación o despojo, por la fuerza, de una cosa perteneciente a otro”, según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, Editorial Heliasta, 2003, pagina 160. En declaración que rindió HERNANDO RAMÍREZ RAMÍREZ, docente y Alcalde de Suárez, fue categórico ante la pregunta de la defensa sobre si tenía conocimiento de

probables amenazas de grupos guerrilleros contra el investigado, al responder que: “Nunca, en la veces que fue a la Secretaría de Educación, algunas veces acompañado de padres de familia, docentes y estudiantes, fue a manifestar la necesidad de docentes quien (sic) tenía la institución…”; explicó el testigo que fue comisionado para realizar una visita a la institución educativa Santa Rita, por temas relacionados con la ausencia del Rector y la pérdida de unos recursos, a la cual acudió junto con YAMILE VILLAQUIRÁN y MILTON PÉREZ, y fue en esa ocasión que se presentó una persona que dijo ser comandante del ELN, que quería que respondieran por los recursos que se habían perdido y para ello debían llevar al Rector a la institución, a lo cual le contestó que era más fácil que ellos ubicaran al Rector que la Secretaría de Educación y le respondió que él haría todo lo posible para que apareciera el Rector y los recursos no se perdieran en la institución (fl. 492 c.2). De este testimonio lo que queda claro es que nunca el investigado informó de ninguna clase de extorsión o coacción a que estuviera siendo sometido por integrantes de algún grupo armado, y que, por el contrario, después del receso de junio de 2014, cunando el investigado no regresó a la institución educativa y se pidió visita de la Secretaría de Educación para verificar su ausencia y el manejo de los dineros del Fondo de Servicios Educativos, fue cuando se presentó la persona que se identificó como comandante del ELN, para reclamar la presencia del Rector con el fin de que devolviera los dineros faltantes.

El testimonio de YAMILE VILLAQUIRÁN BALLESTEROS, profesional financiera de la Secretaría de Educación, encargada de hacer seguimiento a la institución educativa Santa Rita, en la que se desempeñaba como Rector el Investigado, precisó que en la visita que practicaron encontraron que el Rector retiró recursos por suma cercana a $60.000.000 y no justificó su ejecución, hecho que se ratificó en una reunión celebrada en la Secretaría de Educación el 13 de agosto de 2014, a la cual asistió el investigado acompañado de un hijo, donde finamente se concluyó que faltaba que justificara aproximadamente $60.000.000 y allí ULISES ORTIZ aceptó que había utilizado esos dineros para otras cosas de tipo personal y que los iba a devolver; señaló además que lo habían amenazado si no volvía a la institución educativa, sin más detalles y que la declarante le había solicitado de manera personal muchas veces que entregara la información y ponía plazos que nunca cumplió, tampoco supo que haya reintegrado algún dinero del faltante que se encontró y que fue la aseguradora la que respondió por el 80% de esos dineros (fl. 451 ss c. 2). Los restantes testimonios recibidos descartan la existencia de amenazas o coacción proferidas contra al investigado, o que lo hayan obligado a entregar dineros, tal como lo destaca el fallo impugnado, en el que se hizo un análisis detallado de cada una de las manifestaciones que sobre el particular hicieron los declarantes.

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Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Carrera 5ª No. 15 – 80 Piso 12 Teléfono 5878750 Ext. 11216 7 Lo que está acreditado en el proceso es que ULISES URIBE ORTIZ ORTIZ, denunció llamadas extorsivas el 2 de junio de 2011, atribuidas a un comandante de las FARC, de nombre “Adán” para que le consignara dineros en una cuenta del Banco Agrario, cuando el investigado se desempeñaba como Rector de una institución educativa en Balboa –Cauca, hecho que denunció ante la Fiscalía en Popayán, el 13 de junio de 2011, y por el que el Comité Especial para la Atención Educadores Amenazados del Cauca le reconoció provisionalmente esa calidad, mediante auto de 15 de junio de 2011 y fue trasladado como Rector de la Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita del municipio de la Vega –Cauca, cargo en el que tomó posesión el 22 de julio de 2011 (fls 409 a 413 c. 2), en tanto que las supuestas amenazas atribuidas a integrantes del ELN, las puso en conocimiento de la Secretaría de Educación del Cauca el 14 de agosto de 2014 (fl. 414 c. 2), y entonces que señaló que la habían hecho una llamada el 28 de julio de 2014 donde le exigían su presencia en la institución educativa por parte del grupo armado ELN, es decir, tres años después de estar ejerciendo el cargo en el municipio de la Vega, de manera que no hay una evidencia cierta de que antes de julio de 2014 hubiera sido extorsionado o

coaccionado por algún grupo guerrillero como lo considera la defensa para solicitar que se aplique la causal de exclusión de responsabilidad “Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable”, menos aun cuando no existe un solo indicio de que haya sido obligado a entregar alguna suma de dinero a alguna persona. La coacción no solo debe estar probada objetivamente, sino que debe ser grave, injusta, inevitable, actual e inminente, características que no se acreditaron pues la prueba testimonial invocada por la defensa y en general las personas que declararon sobre esos hechos niegan haber tenido conocimiento de esa situación; de haber existido algún tipo de amenaza antes del receso escolar de junio de 2014, el investigado sabía que la podía denunciar y que recibiría la atención inmediata del Comité de Atención Educadores Amenazados del Cauca que podría reconocerle esa calidad y lo trasladaría a otro lugar si existía mérito para ello, como ocurrió en la ocasión anterior cuando prestaba sus servicios en el municipio de Balboa, el 15 de junio de 2011. El artículo 48, numeral 1 de la ley 734 de 2002, consagra como falta gravísima: “Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”, el Código Penal por su parte consagra en el artículo 397 el delito de peculado por apropiación, que define como: “El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o bienes o fondos

parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión…”. En el caso examinado, está acreditado que ULISES URIBE ORTIZ ORTIZ tenía la calidad de servidor público porque fue nombrado por la Secretaría de Educación del Cauca como Rector de la Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita del municipio de la Vega –Cauca, cargo en el que tomó posesión el 22 de julio de 2011 (fls 409 a 413 c. 2); en razón de ese cargo, tenía a su cargo la administración y ejecución de los recurso del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, numeral 10.16 de la ley 715 de 2001, el artículo 3º del Decreto 4791 de 2008 y el artículo 11, numeral 1, literal b) del Decreto 4807 de 2011, recursos que manejaba en las cuenta de ahorros No. 42172300096-9 y la cuenta corriente No. 3217200044-7, que registraron el 30 de junio un saldo total de $92.746 , lo que representó un faltante

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Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Carrera 5ª No. 15 – 80 Piso 12 Teléfono 5878750 Ext. 11216 8 por la suma de $61.3666.153, de acuerdo con la revisión que a la cuentas del Fondo realizó la Contraloría General de la República y al informe técnico que rindieron los investigadores fiscales el 6 de junio de 2015 (fls. 206 a 213 c. 1).

De manera que más allá de toda duda razonable, ULISES URIBE ORTIZ ORTIZ incurrió en la falta gravísima prevista en el artículo 48, numeral 1 de la ley 734 de 2002, porque su comportamiento doloso se subsume en la descripción típica consagrada en el artículo 397 del Código Penal como delito de peculado por apropiación por haberse apropiado en provecho propio de la suma de $61.3666.153, y de esa manera incurrió en un ilícito disciplinario, toda vez que se demostró que eran recursos públicos que estaban destinados a satisfacer las necesidades de 14 establecimiento educativos, para atender la contratación de servicios de transporte escolar, el desarrollo de jornadas extendidas y complementarias de la población estudiantil, incluidos la alimentación, el transporte y los materiales, al igual que para asumir los costos asociados de certificaciones, boletines, etc., según lo previsto en el artículo 9 del Decreto 4807 de 2011, que adicionó el artículo 11 del Decreto 4791 de 2008 (fl. 247 c. 1). Los recursos del Fondo de Servicios Educativos los manejó de manera directa y personal el señor ORTIZ ORTIZ, según lo manifestó bajo juramento CARMEN ROCÍO GUZMÁN, quien agregó que no hizo ningún reporte de su ejecución (fl. 157 c. anexo), y lo ratificó DAMARIS JIMÉNEZ en diligencia de declaración, quien agregó que: “…el señor Ulises aceptó el faltante tal como consta en el acta que firmamos el día 13 de agosto de 2014 y en el cual se compromete a su devolución…” (fls. 154,155 c. anexo),

no obstante que el investigado sabía que debía realizar un reporte trimestral a la Secretaría de Educación municipal y departamental, en cumplimiento de una de sus obligaciones prevista en el artículo 11, numeral 1, literal c) del Decreto 4807 de 2011 (fl. 248 c. 1). Lo analizado en precedencia constituye el fundamento suficiente para negar la revocatoria del fallo impugnado y por el contrario, confirmar la sanción impuesta a ORTIZ ORTIZ por existir certeza de que es responsable de los cargos que le fueron formulados y estar acorde con los criterios fijados por el artículo 47 de la ley 734 de 2002, en los términos que explicó la Procuraduría Regional del Cauca en el fallo impugnado, así como en el término de inhabilidad general de 15 años, que se encuentra previsto dentro del rango de 10 a 20 años, señalado por el artículo 46 ibídem, por haber incurrido en una falta gravísima a titulo de dolo. En mérito de lo expuesto, EL PROCURADOR DELEGADO PARA LA ECONOMÍA Y LA HACIENDA PÚBLICA, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de responsabilidad disciplinaria proferido contra ULISES URIBE ORTIZ ORTIZ, identificado con C.C. XXXXXXXXX, sancionado con destitución e inhabilidad general de quince (15) años, en el cargo de Directivo Docente –Rector de la Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita del municipio de la VegaCauca, mediante fallo proferido por la Procuraduría Regional del Cauca, el 30 de agosto de 2017, como autor de una falta GRAVÍSIMA cometida con DOLO.

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SEGUNDO: Por la Secretaría de la Delegada REMITIR la actuación a la Procuraduría Regional del Cauca para que notifique la decisión a los sujetos procesales, advirtiendo que contra esta decisión no procede recurso por la vía disciplinario-administrativa.

De igual manera, REMITIR para que la Procuraduría Regional del Cauca envíe copias de la decisión, con constancia de ejecutoria, a la Secretaría de Educación del departamento de Cauca, para que proceda a ejecutar la sanción en los términos previstos en el artículo 172, numeral 3 y parágrafo único de la ley 734 de 2002, y realice los reportes y demás actuaciones correspondientes. COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE ANTONIO JOSÉ NÚÑEZ TRUJILLO Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública IUIS-228370-IUC-2016-45-866818 (257) OTAGRevisó y aprobó AJNT

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