PGN - RECURSO DE APELACION EN PROCESO DISCIPLINARIO - Debe presentarse dentro del término

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación No: 078-3637-02

Investigado: CARMEN INÉS CRUZ BETANCOURT Cargo y entidad: Alcaldesa de Ibagué Quejoso: Ciro Ernesto Sabogal Correa Fecha queja: 17 de septiembre de 2002

Fecha Hechos: 5 de enero de 2000

Asunto: Resolver apelación

Bogotá, D.C., 22 de noviembre de 2004

I. ASUNTO POR DECIDIR Provienen las presentes diligencias de la Procuraduría Judicial II Penal 101, con sede en Ibagué (Tolima), con el fin de desatar el recurso de APELACIÓN incoado contra el fallo de primera instancia dictado en el proceso de la referencia.

II. DECISIÓN CONFUTADA Mediante proveído del 10 de septiembre de 2004, la Procuraduría Judicial II Penal 101, designada para conocer el asunto, profirió fallo sancionatorio contra CARMEN INÉS CRUZ BETANCOURT, Alcaldesa de Ibagué (Tolima) y le impuso la sanción de multa equivalente a treinta (30) días del salario devengado para la época de los hechos, y absolvió al señor JAVIER HUMBERTO ARBELÁEZ LUNA, de los cargos formulados en su contra (folios 474 y s.s.).

Mediante oficio del 13 de septiembre de 2004, recibido en la misma fecha (folio 488), la apoderada de la sancionada fue enterada de la emisión del pronunciamiento de primera instancia y se solicitó su comparecencia para efectos de efectuar la

notificación personal. Tal diligencia se surtió el día lunes 20 de septiembre de 2004, en la que se le indicó a la apoderada que contaba con cinco (5) días hábiles para sustentar el recurso de apelación contra el fallo que le era notificado (folio 492); en tales condiciones el 27 de septiembre siguiente fue presentada la apelación contra la mencionada decisión (folios 493 a 498).

IV. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA

1. Sería el caso resolver el recurso de apelación presentado contra el fallo de primera instancia proferido el 10 de septiembre de 2004, por la Procuraduría Judicial II Penal 101, de no ser porque el mismo deviene en extemporáneo, decisión a la que se arribará luego de (i) efectuar algunas precisiones sobre la finalidad de los términos procesales, para posteriormente (ii) abordar el análisis del caso sub examine y finalmente (iii) concluir que la apelación presentada lo fue por fuera de los términos legales.

De la finalidad de los términos procesales 1

2. La Constitución Política establece entre sus postulados fundamentales “el debido proceso” (artículo 29), que impone a las autoridades y a los gobernados la obligación de observar y respetar las reglas de conformidad con las cuales se adelantan los trámites ante las diversas instancias del aparato estatal.

A este respecto ha señalado la Corte Constitucional: “El debido proceso entendido en sentido amplio o general es un estado de cambio constante y de evolución correspondiente a cualquier fenómeno, que tiene por objeto conseguir un fin establecido con anterioridad. En su acepción jurídica, el debido proceso es el conjunto de garantías

establecidas como medios obligatorios necesarios y esenciales para que el ejercicio de la función jurisdiccional se materialice, si se tiene en cuenta que es imposible aplicar el derecho por parte de los órganos del Estado, sin que la actuación de éstos se haya ajustado a los procedimientos institucionalizados para el fiel cumplimiento de su misión de administrar justicia. Significa esto que todos los actos que el Juez y las partes ejecutan, en la iniciación, impulso procesal, desarrollo y extinción del mismo, tienen carácter jurídico porque están previamente señalados por la ley instrumental. Es una actividad reglada y garantizadora que se desarrolla por etapas, entrelazadas o unidas por un objetivo común, como es el de obtener la aplicación del derecho positivo a un caso concreto, sometido a la actividad jurisdiccional del Estado"1

3. Todo asunto llevado ante las autoridades judiciales para su decisión, bien sea en la modalidad de la jurisdicción voluntaria, ya en la contenciosa o en la disciplinaria, requiere de un orden mínimo dentro del cual se ventilen, de conformidad con la Constitución y la Ley, los diferentes asuntos materia de la decisión que haya de adoptar el operador y es tan sólo dentro de ese orden, previamente establecido, que se llevan a cabo los actos procesales a cuyo final quien administra justicia habrá de adoptar una decisión mediante la cual se desatan los intereses en conflicto. Dentro de los elementos que previamente deben ser señalados por el legislador para el desarrollo de los procesos judiciales y administrativos, uno de los esenciales es el de los términos.

Se trata de períodos expresamente previstos en calidad de oportunidades, unas

veces para el operador y en otras ocasiones para las partes, dentro de las cuales han de ejecutarse, siguiendo un orden, los actos que confluyen a la formación del acervo que habrá de considerarse cuando se profiera el fallo. También se refiere el concepto a los lapsos que deben transcurrir para consolidar una actuación, hacer uso de un derecho, o dar certeza a una decisión judicial.

4. El objetivo de los términos consiste en asegurar que el proceso avance, consolidando etapas del mismo en la medida en que aquellos precluyen, y en garantizar a las partes e intervinientes que en cada momento procesal pueden hacer valer sus derechos siempre y cuando actúen oportunamente, según reglas predeterminadas en el ordenamiento jurídico. 1 Corte Constitucional. Sentencia No. 442. Julio 3 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Simón Rodríguez

Rodríguez. 2 La atribución de regular los procesos y términos judiciales corresponde, de manera general, al legislador, siendo excepcionales los casos en que el propio Constituyente se la reserva, ocupándose él mismo en señalar algunas reglas, por considerar de especial importancia la materia respectiva, pero jamás se reserva tal atribución a los funcionarios encargados de aplicarlos, de ser así se generaría un caos jurisdiccional y administrativo. Dijo la Corte Constitucional, en la sentencia C-165 de 1993, que la consagración legal de sanciones destinadas a reprimir el incumplimiento de términos procesales, no es cosa distinta que la concreción del mandato constitucional contenido en el artículo 228 de la Carta, que ordena observar los términos

procesales con diligencia y permite sancionar su incumplimiento. El sentido que en dicho precepto tiene el vocablo término connota el de un lapso hábil para realizar una actuación, que obliga por igual a todos los sujetos procesales. El derecho a la igualdad, artículo 13 de la Carta, quedaría al arbitrio de los funcionarios judiciales o del operador disciplinario, en nuestro caso, al recibir fuera del término legal alegaciones en una actuación procesal sujeta a términos de presentación. Del término de apelación en materia disciplinaria

1. El artículo 111 de la Ley 734 prevé: “Oportunidad para interponer los recursos. Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer desde la fecha de expedición de la respectiva decisión, hasta el vencimiento de los tres días siguientes a la última notificación...”.

A su turno, el artículo 112 ibídem establece: “Sustentación de los recursos. Quien interponga recursos deberá expresar por escrito las razones que los sustentan ante el funcionario que profirió la correspondiente decisión. En caso contrario, se declararán desiertos. La sustentación del recurso deberá efectuarse dentro del mismo término que se tiene para impugnar...”.

2. Uno de los requisitos de procedencia del recurso de apelación es su presentación dentro del término legalmente establecido para el efecto, en este caso, al tenor de lo previsto en la norma trascrita, dentro de los tres (3) días siguientes a la última notificación.

Examen del caso concreto

3. De lo anterior es fácil inferir que el recurso de alzada incoado por la apoderada de la funcionaria sancionada es abiertamente extemporáneo, pues fue presentado dos

días después de vencido el término, veamos. El lunes veinte (20) de septiembre se surtió la notificación del fallo de primera, con la apoderada de la funcionaria CARMEN INÉS CRUZ (folio 492); al tenor de la norma en cita, el derecho de impugnación caducaba el miércoles veintitrés (23) siguiente, ya que ésta fue la última notificación personal, debido que el 17 de septiembre anterior 3 se surtió la primera de las notificaciones, para finalmente el lunes veintisiete (27) haber sido recibido el escrito de impugnación. En estas condiciones, salta de bulto la improcedencia del recurso de apelación en el asunto que nos ocupa; por tanto esta Procuraduría Delegada, obrando en sede de segunda instancia, rechazará la impugnación por ser extemporánea.

4. Las normas que establecen procedimiento son de orden público, de obligatorio cumplimiento y de aplicación inmediata. Así, las reglas que establecen términos deben ser irrestrictamente observadas por el operador jurídico, sin que sea posible admitir su aplicación caprichosa y alejada de las previsiones legales como ocurrió en el sub iudice.

En efecto, cuando la sustanciadora NURY YANET URQUIZA DÍAZ le notificó personalmente el fallo de primera instancia a la doctora MARÍA DEL ROSARIO MONROY LONDOÑO, erradamente le informó que contaba con cinco (5) días hábiles para presentar la impugnación, con fundamento en una norma que tampoco era la que debía ser citada, es decir, el artículo 115 de la Ley 734 de 2002, sino

aquella contenida en el artículo 111, que establece el término legal para apelar.

5. No es posible dejar al capricho y arbitrio negligente de un funcionario el manejo de los términos en los procesos disciplinarios, ya que toda la actuación se convertiría en una anarquía procesal, en la que no existiría seguridad jurídica, donde se soslayarían las garantías sustanciales y procesales, el debido proceso y el derecho a la defensa.

Por lo anterior, no es posible admitir la procedencia del recurso de apelación, pues a la luz del Código Disciplinario Único fue presentado fuera del término establecido, aunque sí se presentó dentro de los cinco (5) días que la funcionaria que notificó arbitraria y erráticamente concedió para el efecto. Sobre el particular es necesario precisar que a la apoderada le asistía el deber de verificar el término real para impugnar y no atenerse a la información suministrada por quien le notificó; su deber como litigante era examinar si el recurso que presentaría cumplía con los requisitos de procedencia, entre los que se cuenta la temporalidad, es decir, su presentación dentro de los términos señalados por el legislador y no por un funcionario notificador; el haber sido erradamente informada sobre un término para apelar no la relevaba de su deber de confrontarlo con las disposiciones que regulan la materia para impugnar oportunamente, ya que quien obra en representación del procesado debe ser un profesional idóneo que dado su conocimiento especializado en la materia, garantice plenamente los derechos fundamentales del procesado y haga respetar el debido proceso. Así lo ha entendido la Corte Constitucional al expresar:

"...es voluntad expresa del Constituyente de 1991, la de asegurar a todas las personas, en el específico ámbito de los elementos que configuran el concepto de debido proceso... y de derecho de defensa..., el respeto pleno al derecho constitucional fundamental a la defensa técnica y dicha voluntad compromete, con carácter imperativo y general, al legislador, a la ley y a los jueces. Esto significa, que dichas funciones de defensa del sindicado en las etapas de investigación y juzgamiento no pueden ser adelantadas por una persona que no se encuentre científica y técnicamente habilitada como profesional del 4 derecho, so pena de la configuración de una situación de anulabilidad de lo actuado en el estrado judicial por razones constitucionales, o de inconstitucionalidad de la disposición legal o reglamentaria que lo permita..."2. Decisión En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, RESUELVE: ÚNICO: RECHAZAR por extemporáneo el recurso de apelación presentado por la doctora MARÍA DEL ROSARIO MONROY LONDOÑO, en representación de la funcionaria sancionada CARMEN INÉS CRUZ BETANCOURT, con fundamento en lo expresado en el cuerpo de esta decisión.

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y

DEVUÉLVASE AL DESPACHO DE ORIGEN FRANCISCO JAVIER FARFÁN MOLINA Procurador Delegado para la Moralidad Pública (E) PD Moralidad Pública Exp. 078-3637-02

FJFM/CPTF

2Ver Sentencias C-592 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz; C-071 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-049 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz. 5