PGN - RECURSO DE APELACIÓN - Tiene como argumento violación del debido proceso

NULIDAD ELECTORAL-Contra acto que declaró elección de Rector de Universidad de Sucre por violación al debido proceso, principio de igualdad, buena fe y confianza legítima NULIDAD ELECTORAL-Por expedición irregular del acto según sentencia del Consejo de Estado NULIDAD ELECTORAL-Juicio de incidencia según Sala Electoral ACTO ELECTORAL-No se circunscribe a establecer si hubo inconsistencias en su expedición sino que se debe probar que estas tuvieron incidencia en el resultado IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES-Trámite aplicable al interior de los entes universitarios autónomos según regulación legal INDICIO-Definición según regulación legal RECURSO DE APELACIÓN-Tiene como argumento violación del debido proceso y sometimiento a estudio de recusación contra representante de docentes ante CSU OBJECIÓN DEL RECURRENTE-Le asiste razón frente a que existe prueba documental que determina el sentido del voto del representante de los docentes …..sobre el aspecto probatorio, el recurrente señala que en el anexo 10, se encuentran los nueve tarjetones electorales depositados al momento de la votación, en donde se evidencia que tres de ellos están firmados en forma individual por los representantes de los exrectores, sector productivo y Directivas Académicas, quienes, precaviendo demostrar que efectivamente el representante docente no votó por el ganador de la consulta, firmaron sus tarjetones electorales al momento de sufragar, constituyéndose así, en una de las principales pruebas del fraude del proceso. Por otra parte, señaló el recurrente que el testigo…,, representante de la Directivas Académicas, fue claro en

expresar que el proceso electoral fue viciado, puesto que se conocía públicamente entre la comunidad universitaria, la postura del representante docente, en lo referente a que no se incluyera en la convocatoria el parágrafo atinente a que los representantes docentes y estudiantiles, al momento de la designación, votarían por el candidato que resultara ganador en las consultas pertinentes, alegando aspectos formales, situación que desde ese momento, hacía prever que no respetaría los resultados de la consulta. Finalmente, señala que era fácil deducir que dichas firmas sí se encontraban en dichos documentos, puesto que los tarjetones permanecieron siempre en custodia de un funcionario, por lo que era imposible firmarlos después del conteo. En criterio de esta Delegada, le asiste razón al recurrente, como quiera que, contrario a lo expuesto por el a quo, existe prueba Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 19 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 11951 – 11955

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co fehaciente y directa de naturaleza documental, que permite determinar el sentido del voto del representante de los docentes; pues, si bien los testimonios son contradictorios, una simple revisión de los tarjetones contenida en el anexo 10 de la demanda, vislumbra, el dicho de la parte actora.

PRUEBAS OBRANTES-Llevan al convencimiento de que no se ejerció acto alguno que demostrara intención de votar por aspirante de docentes/DESVIACIÓN DE PODER-Se deduce de la valoración de las pruebas

Así las cosas, sin duda alguna, para este Ministerio Público, el representante de los docentes incumplió con el deber que le impuso la decisión mayoritaria del estamento docente, como quiera que, pese a existir normatividad interna (Reglamento Interno del CSU, Acuerdo 027 de 2016 y Acuerdo de convocatoria 01 de 2019), que le señalaban un derrotero preciso, concretado en depositar su voto por el aspirante que hubiese ganado las elecciones al interior del estamento docente, por el contrario, -sin que interese, la existencia o no de afinidades, respecto de algún aspirante-, se constata la vulneración de la normatividad interna, al depositar su voto por el demandado, quien no fue el ganador de la consulta docente… ….Para este Ministerio Público, tampoco, le asiste razón al Tribunal, cuando esboza que no se logró demostrar la actuación con intención desviada o fraudulenta y de mala fe, del Presidente del CSU y del Representante Docente, o de otros miembros del Consejo, en la sesión de 22 de abril de 2019, que permita entender configurada la desviación de poder; pues, en su entender, valorada la prueba documental en conjunto con las declaraciones rendidas, esos actos arbitrarios que se dice desplegó el Presidente del cuerpo colectivo, no surgen con claridad, como para determinar la afectación en la validez de los resultados de la elección. RECURSO DE APELACIÓN-Respecto de conclusiones a las que se llegó no existió un reproche concreto en este/SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA-Se debe confirmar negando pretensiones de demanda/COMPULSA DE COPIAS-Se

sugiere se modifique decisión de haberlas ordenado con destino a la Procuraduría Por otra parte, en cuanto al segundo reproche traído en alzada; vale decir, no sometimiento a estudio de la recusación elevada por un aspirante contra el representante de los docentes ante el CSU, prima facie, observa esta Delegada, que no puede ser materia de análisis, como quiera que, en forma desafortunada, el recurrente retoma, simplemente, los argumentos esbozados en primera instancia, cuando lo cierto, es que respecto de esta censura, el a quo la encontró probada, otorgándole la razón al demandante. En efecto, el a quo encontró que la actuación del CSU estaba inmersa en irregularidad, por cuanto, lo estrictamente ajustado a la legalidad procedimental, era que antes de proceder a la elección, debía definir la recusación a uno de sus miembros; no obstante, consideró que la voluntad electoral no se vio alterada con la precitada omisión, pues más allá́ de la participación del voto del representante contra el que se presentó la recusación, la decisión hubiere sido la misma. Con todo, debe precisarse, que no podría la Sala Electoral pronunciarse sobre el juicio de incidencia esbozado por el Tribunal Administrativo, para sustentar la denegatoria de las pretensiones, como quiera que, respecto de tales conclusiones no existió un reproche concreto en el recurso de apelación. Con fundamento en lo expuesto, la suscrita Procuradora Delegada, solicita se CONFIRME la sentencia de 21 de abril de 2021 expedida por el Tribunal Administrativo

de Sucre, en su Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda que se dirigían a la declaratoria de nulidad de la elección del señor….como Rector de la Universidad de Sucre, periodo 2019-2022.Asi mismo, se solicita, se modifique la decisión del a quo de ordenar la compulsa de copias a la Procuraduría Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

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Página 2 General de la Nación para que investigue las posibles irregularidades cometidas por los miembros del CSU, durante el proceso de la elección, en lo que tiene que ver con el trámite dado a la solicitud de recusación, complementando, que las pesquisas disciplinarias, se extiendan al representante de los docentes, para que se investigue la presunta vulneración del parágrafo del articulo 10° del Acuerdo 10 de 2016 que Reglamentó el proceso, y del parágrafo del articulo 11 del Acuerdo 01 de 2019. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

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Página 3 Bogotá D.C., 10 de Agosto de 2021. Concepto No. 2021-08-NE-157 Doctora

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Magistrada Sustanciadora (E)

Consejo de Estado-Sección Quinta

E. S. D.

RADICACIÓN: 70001-23-33-000-2019-00147-01.

ACTOR: SIXTA ARELIS VILLACOB ZARANTE DEMANDADO: JAIME LEÓN DE LA OSSA VELÁSQUEZ, rector de la Universidad de Sucre, periodo 2019-2022

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL Respetada Magistrada: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto dentro del proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES La señora SIXTA ARELIS VILLACOB ZARANTE presentó demanda de nulidad electoral contra el acto que declaró la elección del señor JAIME LEÓN DE LA OSSA VELÁSQUEZ como Rector de la Universidad de Sucre, periodo 2019-2022 1.1. HECHOS Señala la parte actora en el escrito contentivo de la demanda, como hechos relevantes, los siguientes: 1.1.1.En la Universidad de Sucre, se adelantó el proceso de designación de Rector para el periodo 2019 - 2022, según lo establecido en los Acuerdos 10 de 2016 y 01 de 2019, expedidos por el Consejo Superior Universitario (CSU). 1.1.2. La convocatoria surtió las etapas de inscripción (19 de febrero al 12 de marzo de 2019), preselección de candidatos por el Consejo Académico (19 de marzo de 2019), publicación lista de preseleccionados (20 de marzo de 2019), publicación lista definitiva de preseleccionados (29 de marzo de 2019),

sustentación de programas de gobierno ante la comunidad (8 de abril de 2019), consultas estamentarias (10 de abril de 2019) y sustentación ante el CSU y elección (22 de abril de 2019). 1.1.3.Según los resultados de las consultas, los aspirantes que ganaron en al menos un estamento, pasando a la fase de sustentación y elección ante el Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

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CSU fueron: JAIME LEÓN DE LA OSSA VELÁSQUEZ, JAVIER EMILIO SIERRA CARRILLO y JOHNNY ALBERTO AVENDAÑO ESTRADA. 1.1.4. El aspirante ganador de la consulta de los docentes, fue el señor JAVIER EMILIO SIERRA CARRILLO, quien de conformidad con el parágrafo del articulo 10° del Acuerdo 10 de 2016, que Reglamentó el proceso, y el parágrafo del articulo 11 del Acuerdo 01 de 2019, de convocatoria del proceso, debía ser el merecedor del voto del Representante de los docentes ante el CSU. 1.1.5.El día 12 de abril de 2019, el aspirante SIERRA CARRILLO, ganador en la consulta docente, dirigió́ escrito a GUILLERMO GUTIÉRREZ RIBÓN, representante Docente, en el que le recordaba el deber de acatar la decisión

adoptada, citándole las normas del proceso. 1.1.6.Posteriormente, ante la falta de respuesta el señor SIERRA CARRILLO, dirige un nuevo escrito, esta vez, ante el CSU, el día 17 de abril de 2019, mediante el cual promueve recusación en contra del señor GUTIÉRREZ RIBÓN, solicitando garantías de aplicación y cumplimiento de los actos administrativos expedidos por ese organismo (Acuerdo 10 de 2016 y Acuerdo 01 de 2019). 1.1.7.En dicha comunicación, expone las razones por las cuales existe el deber del CSU, de precaver el posible fraude a cometer por parte del representante en mención, al momento de depositar el voto en la sesión del 22 de abril de 2019, en la que se escogería Rector. 1.1.8.En la fecha precitada, se llevó a cabo la sesión para la sustentación de programas y elección, proponiendo varios miembros del CSU, que la votación se hiciese púbica, al menos en lo que respecta a los representantes de los docentes y estudiantes, pues esta era la única manera de corroborar, que ellos efectivamente votaran por los ganadores de la respectiva consulta; sin embargo, el Presidente (e), se opuso a que siquiera se sometiera la propuesta, a debate de la plenaria, negándose además que se le consultara a un asesor jurídico de la Universidad, imponiendo, la realización de la votación de manera secreta. 1.1.9.Realizada la votación, resultó electo como Rector, para el periodo 20192022, el señor JAIME LEÓN DE LA OSSA VELÁSQUEZ, expidiéndose para

tal efecto, la Resolución 08 de 2019. 1.1.10.Se señala que la elección anterior, se efectuó, sin haberle dado trámite al escrito de recusación, siendo estudiada esta, sólo hasta la sesión realizada el 3 de mayo de 2019, cuando la votación para escogencia del Rector se había surtido desde el 22 de abril de 2019. 1.1.11.Que el acto de elección se encuentra viciado de nulidad, por cuanto durante el procedimiento administrativo previo: se infringieron las normas en que debería fundarse, se violó el debido proceso, el principio de igualdad, buena fe y confianza legitima, la democracia participativa y el derecho de audiencia y defensa, por ende, su expedición fue irregular. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 5 1.1.12.En concreto, se señala la infracción del articulo 12 de Ley 1437 de 2011, al seguir adelante con la actuación administrativa y declarar la elección, sin atender y resolver previamente, la recusación presentada contra el representante docente; así mismo, al imponerse por el Presidente del CSU, la modalidad de voto secreto, sin tener en cuenta, la solicitud de hacerse publica, siendo que era la forma que permitía corroborar que los representantes de docentes y estudiantes, efectivamente, votaran por los ganadores de la respectivas consultas estamentarias.

1.1.13.Se expone que se vulneró lo dispuesto en el articulo 36 del Acuerdo 027 de 2006 del CSU, en cuanto, dispone que en cada caso, el mismo Consejo Superior - no su Presidentedefinirá si la votación es secreta o publica; así como lo normado en los parágrafos de los artículos 10 y 11 de los Acuerdos 10 de 2016 y 01 de 2019, respectivamente, que expresamente disponen la obligación de los representantes docentes y estudiantiles, de votar por los ganadores de la correspondiente consulta. 1.2.Fallo de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Sucre, en su Sala Cuarta de Decisión, mediante sentencia de 21 de abril de 2021, negó las pretensiones de la demanda. El a quo fijó el litigio, en el sentido de establecer, si el acto enjuiciado, estaba viciado por infracción de las normas en que debía fundarse, desconocimiento del debido proceso y expedición irregular, en tanto que, el procedimiento de elección desconoció las pautas y reglas fijadas por el CSU, mediante los Acuerdos 10 de 2016 y 01 de 2019, respectivamente. Así las cosas, la Sala del Tribunal revisó el marco normativo y jurisprudencial, respecto de los siguientes ejes temáticos: (i) El principio de la autonomía universitaria. (ii) Del derecho fundamental al debido proceso administrativo en los procesos de elección de rectores universitarios. Luego de discernir sobre lo anterior, entró al análisis de las censuras, esgrimiendo lo siguiente. i). Desconocimiento del reglamento interno del CSU de la Universidad de

Sucre, y de los Acuerdos que reglamentaron la convocatoria y el proceso para la designación del Rector, periodo 2019-2022. Sobre esta censura, expone el Tribunal que el hecho de no haberse accedido a someter a discusión, en la misma sesión del 22 de abril de 2019, la naturaleza pública o privada de la misma, no constituía alteración o irregularidad en la votación para la elección del Rector de la Universidad; pues, si bien la norma que se cita como violada dispone que, en cada caso, el CSU definirá si la votación es secreta o pública, advierte que tal disposición general, contenida en el Reglamento Interno para el funcionamiento de ese organismo, no puede interpretarse de manera aislada, sino en armonía y contexto con el resto de reglamentos que con especialidad expida el mismo CSU para ejercer sus competencias. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

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Página 6 En consonancia con lo anterior, advierte, que el CSU de la Universidad de Sucre, mediante Acuerdo 01 de 2019, - norma posterior al Acuerdo 027 de 2016-, con especialidad reglamenta el asunto de la convocatoria y elección del Rector de UNISUCRE para el periodo 20192022, señalando, expresamente, en su articulo 11, que una vez definida la consulta, los aspirantes ganadores presentarán su programa de gobierno, y en la misma sesión de 22 de abril de 2019, el Consejo

Superior procederá a la elección, mediante votación secreta. Se evidencia entonces, que la decisión a la que se refiere el parágrafo del artículo 36 del Acuerdo 27 de 2016 -sobre la forma de emitir el voto, sea publico o secreto-, fue plasmada por el mismo CSU de la Universidad de Sucre, en el artículo 11 del Acuerdo 01 de 2019, decidiendo que la forma de votación era “SECRETA”, es decir, previamente el CSU, había cumplido su competencia de definir la forma de votación. Así las cosas, no encontró el Tribunal que el CSU, en cabeza de su Presidente, haya vulnerado las disposiciones contenidas en el parágrafo del artículo 36 del Acuerdo 27 de 2016; pues, si bien durante el transcurso de la sesión del 22 de abril de 2019, varios de los miembros del Colectivo, como lo fueron los consejeros que representaban a los Ex rectores y los gremios de la producción, propusieron que el voto fuese publico, y sin perjuicio de la razonabilidad que en principio pueda asistirle a tal propuesta, lo cierto es que con anterioridad, el Consejo había decidido que la votación fuese secreta. Por otro lado, frente al cargo consistente en que era obligación del representante de los docentes, votar por el candidato que resultó ganador en la consulta de su estamento, y que haciendo caso omiso a ello, votó por un candidato distinto, la Sala advirtió, que una vez analizado el material probatorio, que se compone de la documental y la testimonial rendida, el cargo no se encontraba fácticamente acreditado, de modo que pudiese afirmarse con certeza por quién, efectivamente,

votó el representante de los docentes, sin perjuicio del alcance que ello tendría frente a la elección efectuada. Señala el a quo que en la demanda se dice que la acción de marcar el tarjetón, fue efectuada por tres miembros del CSU, sin embargo, solo se trajo al proceso la declaración rendida por IVÁN DARÍO NÚÑEZ OROZCO, representante de las Directivas Académicas, en la que si bien dicha situación se afirma, choca en su versión con los otros testimonios vertidos al proceso. Así, se expone, mientras NÚÑEZ OROZCO asegura en su testimonio que marcó el tarjetón que le entregaron para realizar la votación, para que se distinguiera de los demás, los otros dos testigos, -GUILLERMO LEÓN VARGAS y JORGE ALBERTO PÉREZ VIDES-, concuerdan en manifestar que el día de la votación, el Presidente contó uno a uno cada voto, y exhibió los tarjetones a todos los miembros del Consejo y estos no presentaban ninguna firma, marca o seña adicional a las (x) con que se marcaba la foto del candidato. Sumada a la no comparecencia efectiva o inasistencia de los testigos: HERNÁN GARCÍA AMADOR, representante del sector productivo, y GUSTAVO ARRÁZOLA VERGARA, lo declarado por NÚÑEZ OROZCO, le generaba dudas frente a la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

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Página 7 decisión depositada en las urnas por estos consejeros, así como del momento en que se realizaron las “marcas, firmas o señas adicionales en los tarjetones”. En virtud de lo precedente, y sin perjuicio de que estaba probado que la votación se hizo en forma secreta, observó la Sala del Tribunal, que si bien se afirma en la demanda que tres representantes consensuaron firmar sus tarjetones electorales, con el objeto de identificar sus votos, y así determinar, si el representante de los docentes, Sr. GUTIÉRREZ RIBÓN, cumplía su deber de votar por el candidato que ganó la consulta docente, no se probó en el proceso. En efecto, señala el a quo, que del mentado consenso, no existe siquiera constancia en el acta de la sesión, y las copias de los tarjetones allegadas con la demanda, que aparecen con una firma o seña a su respaldo o espacio vacío, no permiten por sí solas, verificar siquiera, el autor de la seña o firma, lo que tampoco, se logró dilucidar con las declaraciones rendidas en la audiencia de pruebas. En este sentido, señala el juzgador de primer grado que los señores HERNÁN GARCÍA AMADOR y GUSTAVO ARRÁZOLA VERGARA, no asistieron a la audiencia a rendir testimonio, y la declaración de NÚÑEZ OROZCO, no le generaba certeza; tanto así, que se contradecía con los otros testigos (GUILLERMO LEÓN VARGAS FERNÁNDEZ, representante del Gobernador de Sucre, y JORGE ALBERTO PÉREZ VIDES, representante de los egresados),

quienes aseguraron que al momento de la votación, dichos tarjetones no presentaban ninguna firma, seña o marca distinta a la normal del documento electoral. Así las cosas, para el Tribunal, al no encontrarse probado el supuesto de hecho que constituiría eventualmente la irregularidad achacada, no era del caso entrar a valorar el alcance jurídico que ella tendría. Tampoco se logró, señala el a quo, demostrar la actuación con intención desviada o fraudulenta y de mala fe, del Presidente del CSU y del Representante Docente, o de otros miembros del Consejo, en la sesión del 22 de abril de 2019, que permitiese entender configurada la desviación de poder, pues, valorada la documental en conjunto con las declaraciones rendidas, esos actos arbitrarios que se dice desplegó el Presidente del cuerpo colectivo, no surgen con claridad, como para determinar la afectación en la validez de los resultados de la elección. En contraste, concluye el a quo, lo de disponer la votación secreta, que se señala en libelo demandatorio como arbitrario, resultó tener soporte en los mismos reglamentos pertinentes, dictados por el CSU. ii). Desconocimiento del procedimiento administrativo, relacionado con el trámite de las recusaciones, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. Frente a este cargo, expone el a quo, que más allá de las consideraciones que predican que el escrito del 17 de abril de 2019 adolece de los requisitos formales Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 8 propios de una recusación, la actuación del CSU de la Universidad de Sucre, está inmersa en irregularidad, por cuanto, lo estrictamente ajustado a la legalidad procedimental, era que antes de proceder a la elección, debía atender la recusación de uno de sus miembros; lo que podía consistir, en su simple rechazo por falta del cumplimiento de los requisitos formales, o en su estudio de fondo para declararla fundada o infundada, lo que implicaba el pronunciamiento previo del recusado sobre su aceptación o no.

Estando probada entonces, la irregularidad, según el Tribunal, se hacía necesario analizar, si en el caso concreto, el vicio u omisión en que se incurrió, tenía influencia real en la decisión definitiva, en este evento, en la elección. Asi las cosas, expone el a quo que la elección cuya nulidad se pretende, es la de JAIME LEÓN DE LA OSSA VELÁSQUEZ, como Rector de la Universidad de Sucre para el periodo 2019-2022, quien en el proceso de votación resultó favorecido con seis (6) votos de los miembros del CSU, número que supera el mínimo requerido para ser elegido Rector. Ciertamente, señala el Tribunal que de la referida votación se verifica que seis (6) de los nueve (9) miembros presentes manifestaron su voto a favor del elegido, y ahora demandado, y tres (3) a favor del señor SIERRA CARRILLO, lo que evidenciaba que el declarado ganador, logró más de los votos requeridos para que

se declara la eleccion, como en efecto ocurrió Así las cosas, concluyó que la voluntad electoral no se vio alterada con la omisión de tramitar la recusación, antes de seguir adelante con el procedimiento administrativo y adoptar la decisión, pues más allá́ de la participación del voto del representante contra el que se presentó la recusación, la decisión hubiere sido la misma; por lo que la situación no hacía mérito para desvirtuar la eficacia que en principio debe respetarse en esta materia. En esta línea, expone el a quo, que en cualquier hipótesis, la decisión sería la misma: i) Si se supone, como se afirma en la demanda, que el voto del representante Docente, a quien se le formuló la recusación fuese anulado por la irregularidad endilgada, lo hubiere sido en favor del señor JAIME LEÓN DE LA OSSA VELÁSQUEZ, según esta operación, quedaría con 5 votos; es decir, con el mínimo requerido para ser electo. De allí que el resultado vendría a ser el mismo. Seria elegido como rector de la Universidad de Sucre el señor JAIME LEÓN DE LA OSSA VELÁSQUEZ. ii) En el caso de que el voto del representante docente, a quien se le formuló la recusación, se le sumara al aspirante JAVIER EMILIO SIERRA CARRILLO, según esta operación, este quedaría con 4 votos y el señor JAIME LEÓN DE LA OSSA VELÁSQUEZ, quedaría con 5 votos; es decir, con el mínimo requerido para ser electo,. De allí que, el resultado vendría a ser el mismo: sería elegido como

Rector de la Universidad de Sucre, el señor JAIME LEÓN DE LA OSSA

VELÁSQUEZ.

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Página 9 En síntesis, como quiera que la recusación fue dirigida solo contra uno de los miembros del CSU y no contra su cuerpo en pleno, o siquiera contra un número de sus integrantes que mostrara incidencia en el resultado de la elección, no puede per se entenderse que exista una irregularidad que tenga la entidad suficiente para afectar la validez de la elección del demandado, y que permita por tanto, sacar del ordenamiento jurídico el acto acusado. Finalmente, el a quo ordena la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación, para que se investiguen las posibles irregularidades cometidas por los miembros del CSU, durante el proceso de la elección, en lo que tiene que ver con el trámite dado a la solicitud de recusación. 1.3.Recurso de apelación. El demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, exponiendo en concreto los siguientes reproches. 1.3.1.Desconocimiento del carácter vinculante de la decisión que había sido adoptada en la consulta estamentaria de los docentes. Para el recurrente, las pruebas aportadas evidencian la forma como se desconoció el carácter vinculante de la decisión que había sido adoptada en la

consulta estamentaria docente, en la cual resultó como ganador el aspirante SIERRA CARRILLO, pero al momento de votar en la sesión del CSU del 22 de abril de 2019, el representante principal de los docentes, fraudulentamente, cambió el sentido del voto y lo depositó a favor de JAIME DE LA OSSA VELÁSQUEZ, actuación propiciada por la falta de garantías que generó el Presidente (e), quien argumentó que el resultado de las consultas no eran obligatorias y que se votaba según la conciencia de los miembros de la corporación. La actuación descrita, considera, es la fiel muestra de la violación de uno de los más elementales principios del Estado Social de Derecho, como lo es la democracia participativa en toda la amplitud de esta acepción. Expone que el Presidente (e) de la sesión, tenía en sus manos, la forma de resolver, jurídicamente, el procedimiento de votación, debiendo someterlo a consideración del CSU, y por el contrario, prefirió hacer uso de su criterio y discrecionalidad, imponiendo el voto secreto, negando el carácter vinculante del voto obtenido en las consultas y pasando por encima de elementales principios democráticos. En este orden, señala que la autonomía universitaria es legal, pero no es menos cierto que no es una autonomía universitaria lo que sucedió con la elección demandada, sino una anomalía, por lo que difiere de la aplicación de aquel principio en este caso, dado que en su entender, es diferente ser autónomo a realizar actos irregulares para alcanzar la elección. Luego, al alegar el Presidente que se votara según la conciencia de cada quien,

se desconoció el principio de legalidad, la confianza legitima y la observancia de Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 26Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409 – 11951-55

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co Página 10 los actos propios, conforme a los cuales, la reglamentación del proceso electoral, contemplaba claramente que los representantes estudiantiles y docentes, debían votar por el ganador de la consulta, y peor aun, el Presidente de la sesión pasó por alto la existencia de la Resolución de Rectoría 389 de 2019, acto administrativo en el cual estaba reconocido el ganador por cada consulta; de allí que apelar a la “conciencia”, es por decir lo menos, el acto más abiertamente irregular y arbitrario que ejecutó como Presidente del CSU.

Además, se indica que negó toda posibilidad de acudir a la asesoría jurídica en desarrollo de la sesión, evitando así que los miembros del CSU, pudieran ser orientados y sus dudas fueran aclaradas, frente al procedimiento de votación. Con esta actuación, el Presidente (e) logró asegurar que la votación se realizara de la manera como lo estaba ordenando, y sin ninguna voz autorizada que diera otras luces al respecto. En concreto, sobre este tópico señaló el recurrente: “Cuanta arbitrariedad y abuso de poder desplegó el señor Presidente (e), al punto que se negó́ a someter a votación la proposición realizada por el Representante de los Ex

Rectores, quien solicitó que fueran los miembros del Consejo Superior, quienes decidieran si ingresaba o no el asesor jurídico, a lo que el Presidente ( e) se negó obstinadamente” Asi las cosas, esgrime que el recuento probado de todas las actuaciones del Presidente (e), dan cuenta de la secuencia de actos arbitrarios e irregulares que desplegó, evitando a toda costa que se le diera validez a los resultados de las consultas, bajo la falacia de aplicar el voto secreto por encima de las reglas propias del proceso electoral, en lo que