PGN - RECURSO DE CASACIÓN - Homicidio agravado y hurto calificado tentativa

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO

E. S. D.

REF: Recurso de casación interpuesto por el procesado Mauro Alexander Moreno Henao contra la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín que lo condenó por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado en tentativa.

RAD. No.: 14.634.

El Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medellín dictó sentencia el doce de septiembre de mil novecientos noventa y siete en la que condenó a Mauro Alexander Moreno Henao y a Rómulo Córdoba Hinestroza a la pena principal de cuarenta y un años de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de diez años, al encontrarlos responsables de los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado en la modalidad de tentativa. Apelada la decisión por los procesados y sus defensores, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín desató el recurso y con fallo del cinco de diciembre de mil novecientos noventa y siete, confirmó la sentencia impugnada. Interpuesto el recurso extraordinario de casación por los procesados, el defensor de Moreno Henao lo sustentó con demanda que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia halló ajustada a las exigencias formales de ley. De acuerdo con lo previsto en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, corresponde a la Procuraduría Tercera Delegada en lo Penal rendir su concepto.

HECHOS Hacia las diez de la mañana del cinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, Juan Diego Mejía Martínez y Jerly Arcila Arango, mensajeros del establecimiento de comercio “El Cambalache”, acudieron a la oficina de Bancoquia 2 del sector Palacé-Bolívar de Medellín, con el propósito de retirar la suma de diez millones de pesos. Realizada la operación bancaria, abordaron la motocicleta en la que se desplazaban, una DT-125. Después de un corto recorrido se percataron de que eran seguidos por un par de hombres que también se transportaban en un vehículo similar pero de mayor velocidad, motivo por el cual decidieron buscar protección, dirigiéndose hacia la sede del Cuerpo Técnico de Investigación, en inmediaciones de Almacentro. Los individuos que los perseguían lograron interceptarlos más adelante, utilizando otra vía, y empezaron a dispararles, por lo que Mejía y Arcila reaccionaron también accionando sus armas. En ese intercambio el primero de los mencionados sufrió heridas que le produjeron la muerte. Los atacantes heridos, se dirigieron hacia el hospital cercano, lugar donde fueron capturados por la rápida intervención de miembros del Cuerpo Técnico de la Fiscalía. ACTUACION PROCESAL Al tener noticia del fallecimiento de Juan Diego Mejía Martínez, la Fiscalía Seccional Doscientos Tres de la Unidad Primera de Reacción Inmediata realizó la diligencia de levantamiento de cadáver en la morgue del Hospital General, el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis y a continuación practicó diligencia de inspección

al lugar donde ocurrieron los hechos. Junto con esas diligencias y las que realizó el Cuerpo Técnico de Investigación, envió lo actuado a la Fiscalía Ciento Sesenta y Ocho Seccional, la cual dispuso la apertura de instrucción mediante resolución del seis de noviembre de mil novecientos noventa y seis. En esa misma fecha se escuchó en indagatoria a Rómulo Córdoba Hinestroza y el siete de septiembre de ese año, a Mauro Alexander Moreno Henao, a quienes la fiscalía impuso medida de detención al resolverles situación jurídica, con resolución del doce de noviembre de mil novecientos noventa y seis. Después de llevarse a cabo alguna actividad probatoria, la etapa instructiva fue cerrada mediante resolución del tres de febrero de mil novecientos noventa y siete. El siguiente cinco de marzo Córdoba Hinostroza y Moreno Henao fueron acusados por el organismo investigador como coautores de los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado en tentativa. El juicio lo adelantó el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito, el cual practicó pruebas en el momento procesal oportuno. La audiencia pública se llevó a cabo el doce de agosto de mil novecientos noventa y siete. Se profirió la sentencia de primera 3 instancia el doce de septiembre de mil novecientos noventa y siete, la que confirmada por la segunda instancia, es objeto de este recurso extraordinario. SINTESIS DE LA DEMANDA DE CASACION Se basa la demanda en la causal primera de casación, cuerpo segundo. Indica el casacionista que por la comisión de falsos juicios de existencia y de identidad, el

juzgador incurrió en errores de hecho que dieron lugar a que en la sentencia de segunda instancia se violaran de manera indirecta, por aplicación indebida, los artículos 2, 21, 22, 23, 26, 323 y 324-2 (con las modificaciones que introdujo la Ley 40 de 1993), 349, 350-1-10 y 372-1 del Código Penal, y por falta de aplicación los artículos 2 y 29-4 del Código Penal y 2, 247 y 445 del Código de Procedimiento Penal. La sentencia recurrida no apreció los testimonios de John Bayron Londoño Zapata, Diana Maryori Garcia Cardona, Gloria Elena Duarte Rojas, Carlos Alberto Lopera Herrera y Carlos Ernesto Giraldo García. Así mismo omitió estudiar las indagatorias de los procesados, el acta de inspección al lugar de los hechos, los indicios de lugar impropio para cometer delitos y permanencia en el lugar de los sucesos. Del mismo modo, distorsionó el testimonio de Jerley Arcila Arango. Para demostrar en qué consistieron los errores de hecho, el libelista empieza por poner de relieve las consideraciones de los fallos de primera y segunda instancias sobre cuál de las parejas enfrentadas –procesados o mensajeros, presuntas víctimasdisparó primero, razonamientos que cita de modo textual. Enseguida afirma que el tribunal omitió pruebas que demuestran que quienes atacaron primero fueron los mensajeros, es decir, el occiso y Jerly Arcila Arango. Así, extracta un segmento del testimonio de John Bayron Londoño Zapata, ignorado por la sentencia a pesar de que obra dentro del proceso, del cual se desprende,

según el casacionista, que la moto tripulada por los procesados chocó contra el furgón que se hallaba estacionado, lo cual apreció el testigo porque sintió el “batacazo” del golpe, luego de lo cual éste escuchó los disparos que lo obligaron a refugiarse en un local cercano; también se desprende que ese camión presenta seis perforaciones producto de los disparos. El censor relaciona lo anterior con la aseveración de que el aserto de ese testigo fue corroborado por las indagatorias de los procesados, que también fueron omitidas por el juzgador. Por eso transcribe lo que estima pertinente de la versión de Rómulo Córdoba que toca sobre los instantes antecedentes, concomitantes y subsiguientes al cruce de disparos, lo mismo que sobre la creencia que tuvo relacionada con que los de la otra moto, los mensajeros, los iban a despojar de la motocicleta, motivo por 4 el cual él alzó las manos en señal de rendición, o sobre la ignorancia acerca de la existencia del dinero que llevaban quienes se les enfrentaron. Si el juzgador hubiese apreciado esa versión, que guarda coherencia con las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común, la habría acogido, apunta el casacionista, pues la actitud que asumió el procesado de levantar la mano como señal de entrega o rendición, era lógica porque se le exhibió un arma en forma repentina y porque también es lógico que la motocicleta rodara sin control hasta estrellarse contra el furgón y que este automotor presentara las huellas de los seis impactos de proyectiles de las armas de fuego disparadas por los mensajeros.

A partir de esa consideración presenta cómo pudo ocurrir el intercambio de disparos: quienes transportaban el dinero lo iniciaron y trataron de protegerse con un Renault estacionado en la vía, y desde el lado opuesto, Mauro repele el ataque. De esa manera se explican las señales de los mencionados impactos tanto en el furgón como en ese automóvil y en la vitrina del almacén “Jeep Cherokee”. A continuación, sin más, presenta lo que considera fue la distorsión del testimonio de Jerly Arcila Arango, respecto del que señala el casacionista se valoró de forma parcial, fragmentada, sin someterse a las reglas de la apreciación racional de las pruebas. Para ello, transcribe de modo literal un fragmento del fallo de primera instancia acerca de la pretensión que tenían los procesados de apoderarse del dinero transportado por el ahora occiso y su compañero, para alcanzar la cual empezaron a disparar, pero sin contar con que se les iba a presentar resistencia; y sobre la circunstancia de que los que empezaron a disparar fueron los procesados, la cual da por demostrada el a quo con el testimonio de Jerly Arcila. Pese a que el juzgador, comenta el libelista, consideró a ese testigo como el que ofrece mayor claridad sobre la forma como ocurrieron los hechos, ya que dijo que se sostenía en que los procesados fueron los que empezaron a disparar, lo cierto es que de sus respuestas textuales a preguntas concretas es posible extraer que fue Jerly quien primero comenzó a disparar, con lo cual respalda lo afirmado por John Bayron Londoño. Después de que copia apartes de una ampliación de declaración de Jerly Arcila, en

la que éste absuelve interrogantes que hace el defensor, reafirma que primero fueron atacados; en otra respuesta el testigo dice que él les empezó a disparar, y posteriormente señaló que la moto de sus agresores estaba estacionada siete metros adelante. 5 A partir de allí se dedica a calificar ese testimonio como incoherente y falto de armonía, con respuestas que no son firmes ni claras, y que contradicen otros medios de prueba, como el testimonio de John Bayron Londoño y los indicios de posición de los vehículos y del impacto de los disparos. Además, es antagónico, porque a veces afirma el testigo que antes de los disparos de los atacantes la moto de éstos estaba estacionada y otras sostienen lo contrario, que estaba en movimiento porque el que la iba manejando se agachó, momento en el que se cayó, cuando el testigo empezó a disparar. También se contradice cuando afirma el declarante en unos apartes que los atacantes estaban siete metros adelante y los esperaban, de lo que se entiende que se hallaban expectantes, de modo que no es posible que los procesados fueran detrás de los mensajeros, como se entiende de otros pasajes, lo cual desmiente el testigo John Bayron Londoño, quien describió la posición en que quedó el occiso con relación al furgón y al Renault-9, cuando afirma que ‘cayó recostado contra otro carro pequeño que estaba al frente mío’, con lo que se entiende que no estaban unos detrás de otros sino paralelamente, enfrentados. Por todo eso el juzgador incurrió en error de valoración del testimonio de Jerly Arcila,

en un error de hecho por falso juicio de identidad, porque no tuvo en cuenta los principios de la sana crítica ni los criterios para evaluar el testimonio contenidos en los artículos 254 y 294 del Código de Procedimiento Penal. Si el juzgador se hubiese ceñido a estas reglas, no le habría dado el papel preponderante que le dio a dicho testimonio. Por el contrario, tenía que descartarlo por contradictorio y confuso, salido del sentido común y la lógica. De otra parte, denuncia el censor que la sentencia omitió valorar los indicios que se desprenden de la inspección al lugar de los hechos, como el de la posición de los impactos de arma de fuego y de los vehículos (furgón y Renault-9). Así transcribe apartes del acta de tal diligencia, en la que se detallan esos puntos. Afirma, a partir de esa presentación, que se deduce que hubo fuego cruzado de un vehículo hacia otro y que los automotores estaban enfrentados en carriles opuestos pero paralelamente. Si se confronta esta deducción con lo declarado por John Bayron Londoño Zapata, conductor del furgón, se establece que el occiso estaba al lado del Renault-9 y que los procesados se golpearon contra el furgón de Servientrega y cayeron con la moto en ese punto. Sobre lo consignado en el acta de la diligencia de inspección, menciona el señalamiento de las armas que llevaban el occiso y Jerly Arcila, con su número de identificación y cantidades de cartuchos y vainillas, aspectos que relaciona en el 6 informe número 1292 en relación con el revólver que se le encontró a Rómulo

Córdoba. Afirma que de la inspección y del testimonio de Bayron Londoño es posible deducir que los protagonistas estaban en costados opuestos; que el occiso hizo cuatro disparos y su compañero Jerly seis, mientras que los procesados solo hicieron cuatro, dos de los cuales pudieron impactar en el cuerpo de Juan Diego Mejía, mientras que los otros dos alcanzaron el Renault 9 y la ventana del almacén “Jeep Cherokee”, impactos que coincidirían con los cartuchos gastados en el arma que le fue encontrada a Córdoba. Por la omisión de todos esos medios de convicción la sentencia arribó a conclusiones equivocadas, como deducir la utilización de dos armas por parte de los procesados. En cambio, si las hubiera apreciado, el juzgador debió llegar a las siguientes conclusiones: que el occiso y Jerly estaban en ventaja sobre los sindicados porque llevaban dos armas y éstos una; que aquéllos tuvieron más oportunidades de disparar que los procesados; que si el occiso disparó en cuatro oportunidades, es más probable que hubiese disparado antes de ser herido, por lo que no fue sorprendido ni estaba siendo esperado por los procesados; que si el testigo John Bayron escuchó los disparos después del ‘batacazo’, fue porque primero los mensajeros exhibieron sus revólveres, por lo que Rómulo, el conductor de la moto, alzó las manos en señal de rendición; que el occiso y Jerly dispararon cuando Rómulo y Alexander se hallaban en el piso y trataban de quitarse la moto de encima, circunstancia que les demoró adoptar una reacción defensiva; que por el sentido

común, la experiencia y la lógica, se desprende que mientras los procesados iban a la deriva en la motocicleta, no podían disparar contra Juan Diego y Jerly, sino hasta cuando se repusieron de la caída, cuando éstos ya habían comenzado el ataque. Estima el casacionista, de otra parte, que la sentencia omitió valorar el lugar donde ocurrieron los hechos, que no es el lugar apto para matar y robar, porque está cerca al C.T.I de Medellín, conforme se lee en el acta de levantamiento del cadáver. La edificación donde funciona ese organismo, prosigue, alberga hombres armados, tiene vigilancia interna y externa y cuenta con toda clase de medios para evitar y repeler ataques; además, en la calle están las vallas que controlan la circulación de vehículos. Por eso transcribe parte del testimonio del escolta adscrito a ese organismo judicial, Fredy Oswaldo Ospina Ramírez, sobre lo que percibió visual y auditivamente en relación con los acontecimientos. Esa versión la relaciona con la transcripción de cortos pasajes de las sentencias de primera y segunda instancias, en los que se afirma que el sector de Almacentro es 7 un lugar donde los sindicados acostumbran a delinquir y se hace una explicación general de la manera como llevaron a cabo la conducta, en cuya preparación pusieron especial cuidado. Como el sentenciador no valoró el escenario donde ocurrieron los hechos, ubicados en las vecindades del “cuerpo armado de la fiscalía”, concluyó de manera equivocada que ese era el sitio ideal para cometer el delito. En cambio, si los

procesados hubiesen puesto especial cuidado y examen a sus víctimas, si les hacen un seguimiento y estudian el lugar, no habrían sido tan “estúpidos” y descuidados de llevarlo a cabo en las “propias narices de la fiscalía”, menos con el estruendo de los disparos que, obviamente, concita la atención de los vigilantes de esa entidad y, por lo tanto, cualquier plan criminal está llamado a fracasar. Posteriormente entra a enseñar la omisión del indicio de permanencia en la escena del crimen, por cuanto en la sentencia de primera instancia se anotó que la captura de los procesados se llevó a pocas cuadras del lugar de los hechos, en el servicio de urgencias del Hospital General, en donde parece que pretendían ser atendidos por las lesiones que sufrieron. A pesar de que el juzgador reconoce que los procesados se dirigieron a urgencias, afirma el casacionista que no apreció esa circunstancia como indicio y por tanto cometió un error de hecho por falso juicio de existencia. De haberlo valorado, habría concluido que los procesados permanecieron en el lugar de los hechos porque se creían inocentes, como lo expresaron a quienes los capturaron. Dice el censor que si Mauro Alexander se hubiera sentido responsable, sencillamente hubiera escapado inmediatamente, teniendo en cuenta que sus lesiones no eran de vida o muerte. Esa conducta que adoptó después de los hechos, es indicativa de la inocencia, deducción que pudo realizarla el juzgador si no hubiera omitido el análisis del indicio de que se trata. El indicio de prevención también fue distorsionado, afirma el casacionista. En la

sentencia de primera instancia se plasmó que tanto el occiso como su parrillero iban armados y prevenidos para evitar que los despojaran del dinero que llevaban. A pesar de que allí se reconoce que iban prevenidos, se limitó la inferencia que se podía desprender, por un falso juicio de identidad. Por el testimonio de Jerly Arcila, se sabe que debido a que él y el occiso eran empleados de la empresa El Cambalache y que hacían a diario retiros de gruesas sumas de dinero de los bancos, estaban dotados de armas de fuego; también que ese día, después de salir del banco donde hicieron el respectivo retiro, a dos cuadras de distancia, en el primer semáforo, había una motocicleta, la de los 8 procesados, quienes los miraban y los detallaban; que después de eso permanecían detrás de ellos y Jerly presentía que los perseguían. De ese contenido psicológico de prevención que tenían los mensajeros, se suscitan otros, como la de imaginar riesgos, peligros, que dieron lugar a que tomaran la iniciativa de disparar, la cual, si se estuviera juzgando a las víctimas, daría lugar a pensar a una defensa putativa o a un delito culposo, porque estaban frente a un ataque inexistente. Ese indicio de seguimiento debió evaluarse con la iniciativa para disparar que adoptaron los mensajeros, como lo demuestran otros medios probatorios, que fue la inferencia que el fallo no captó y cuyo efecto quedó reducido a quienes transportaban el dinero, pero no es válido frente al recurrente. A Moreno Henao y a su compañero no se les puede deducir el indicio de

seguimiento, porque se desplazaban por la misma vía por la que iban los mensajeros, pero de modo casual, porque el miedo que pudieran sentir los ofendidos, aunque natural y justificable, no era una realidad querida y preordenada por el procesado. Atenta contra la lógica, el sentido común y la experiencia la deducción que hizo el sentenciador consistente en que el atraco se iba a ejecutar en el sitio y en el momento en que se produjo la balacera, porque si eso pensaban los procesados, perfectamente podían desistir del objetivo o escoger otro lugar más apropiado para llevarlo a efecto. Por lo tanto, el fallo deriva del supuesto seguimiento la conclusión de que se tenía previsto realizar la conducta en esos precisos sitio y momento. Las reglas que rigen la lógica, la experiencia y el sentido común fueron desconocidas, considerar que si el procesado Moreno es un delincuente profesional “sea tan bruto, tan estúpido y tan lerdo, de mostrase (sic) ante su víctima, de dejarse anticipadamente conocer de su futura víctima mostrando sin necesidad y anteladamente las ansias de dinero, o enseñando sus planes de atraco.” El indicio de la explicación de los hechos fue distorsionado, agrega el casacionista, porque el sentenciador estimó que la explicación dada por Moreno en la indagatoria, en el sentido de que pensó que quienes les disparaban les iban a hurtar la moto se trataba de una invención y una treta. Es verdad que el occiso y su acompañante no iban a atentar contra el patrimonio del procesado Moreno y de su compañero Córdoba, pero el fallo le da a la exculpación

una trascendencia ex post facto, cuando se “supo verdaderamente qué quería cada quién”, pero en el momento de los disparos “la explicación era muy distinta”. 9 Una cosa es la explicación que Moreno dio sobre la agresión del occiso y otra diferente es que en verdad haya existido tal agresión. Es posible que el ataque de que fueron objeto Mauro Alexander y su compañero no tuviera como causa la que él le atribuyó al occiso, pero lo cierto es que arrancó de éste y su acompañante, Jerly. En eso radica la distorsión de la explicación vertida por Moreno. La sentencia, del mismo modo, incurrió en error de hecho por falso juicio de existencia, porque ignoró una serie de testimonios que daban cuenta de las actividades como comerciante en ropas de Mauro Alexander Moreno Henao, que de haber sido apreciadas, el juzgador habría encontrado una personalidad distinta a la que dedujo de aquél. El memorialista remata el libelo con lo que denomina un paréntesis, en el que reprocha la falta de profesionalismo con el que se desarrolló la investigación, pues no se levantó un simple croquis de la posición de los vehículos, el lugar donde quedaron el occiso y los heridos, ni siquiera fotografías en las que se visualizaran los impactos hallados en esos vehículos, como tampoco hubo cotejo entre el proyectil encontrado en el cuerpo del obitado, ni envío de los lesionados para reconocimiento médico legal. Pide se case la sentencia y que se absuelva al procesado. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA EN LO PENAL Con la formulación de falsos juicios de existencia y de identidad, determinantes de

errores de hecho que condujeron a la violación indirecta de la ley sustancial, el censor pretende que se case la sentencia recurrida y en su lugar se absuelva al procesado Mauro Alexander Moreno Henao. El recurso de casación, como se ha insistido no se trata de una tercera instancia. Su naturaleza extraordinaria y rogada le impone al casacionista, de acuerdo con la causal elegida, la obligación de cumplir con determinadas exigencias de orden técnico. Los cargos contradictorios pueden presentarse de manera separada y subsidiaria, siempre que se especifique cuál de ellos es el principal y cuál el subsidiario. En el libelo, bajo el mismo cargo el censor entremezcla cuestiones que debían ser tratadas con independencia para no contrariar el principio lógico de no contradicción, puesto que en apartes denuncia que unos elementos no fueron apreciados y, en otro, presenta los mismos medios probatorios como objeto de distorsión, lo cual, evidentemente, es una inconsistencia de la demanda. 10 Cuando se propone un falso juicio de existencia, como en este evento, es de cargo del censor no sólo señalar cuál es el medio probatorio supuestamente excluido, sino que también debe demostrar la trascendencia de la omisión, esto es, indicar de qué manera de haberse estimado la prueba, el resultado del proceso hubiese sido otro bien diferente, con el necesario enfrentamiento de los fundamentos de la sentencia que se busca socavar. Aquí, el casacionista afirma que la sentencia omitió la prueba que demostraba que el procesado y su compañero fueron atacados primero por los mensajeros y menciona como ignorados el testimonio de John Bayron Londoño Zapata y las indagatorias de

los procesados, aunque únicamente menciona la de Rómulo Córdoba Hinestroza. En la estructura de esta parte del reproche es fácil advertir algunas deficiencias. Se agota su presentación en la cita de los medios de prueba que se dicen ignorados, en señalar qué fue lo que expresaron en relación con ese aspecto concreto y en plasmar lo que tenía que concluirse con base en ellos, es decir, que no fueron los procesados quienes iniciaron el tiroteo, sino los portadores del dinero. Eso no es suficiente para quebrar las bases argumentales del fallo atacado, porque no demuestra qué alcance puede tener en los resultados de la sentencia, que en efecto hayan sido los mensajeros, es decir, el occiso y Jerly, los que empezaran a disparar. Apenas se plantea que ésta debía ser la conclusión, pero no enseña el casacionista si en virtud de ella Moreno Henao no podía ser tenido como coautor de homicidio y de hurto tentado, por tratarse de un comportamiento atípico, o porque actuó dentro de los parámetros de una causal de justificación o en una circunstancia de error excusante. Pero, además, esas piezas probatorias fueron estimadas por el juzgador, sólo que no se les dio el alcance que pretende el actor. El juez ad quem, sobre el particular dejó sentado lo que sigue: “La prueba del expediente tiene lineamientos irrebatibles: Los mismos procesados confiesan que se enfrentaron a bala con los mensajeros del almacén o cambiadero de cheque El Cambalache, y en tanto que Romulo Córdoba Hinestroza dice haber levantado una mano en señal de rendimiento para que los mensajeros (a quienes no conocía) no los

mataran y se llevaran la moto que él conducía, mientras que su compinche le extraía de su cinto un arma de fuego y les disparaba, éste, Mauro Alexander Moreno Henao, lesionó –es lo que afirmaa quien resultó muerto, es decir, a Juan Diego Mejía Martínez, en la creencia ambos que estaban siendo objeto de un ataque (fls. 35 y ss. 42 y ss. y 11 203 y ss.). Se estableció, verdaderamente, que Rómulo era quien conducía la moto y Mauro Alexander era el parrillero. Nadie en el expediente secunda la afirmación de los procesados en el sentido de que fueron atacados por Juan Diego Mejía y Jerley Arcila (los mensajeros), y antes por el contrario, el acervo probatorio demuestra que lo suyo es una inventiva y una treta que no prospera...” (negrillas de la Delegada). Como puede verse, las indagatorias de los procesados fueron apreciadas por la sentencia demandada, sin que les diera el alcance al que aspira el casacionista. Por el contrario, no se les dio credibilidad porque encontró el tribunal que ninguna otra prueba corroboraba la posición que ellos asumieron. Además, el hecho supuestamente revelado por el testigo John Bayron Londoño Zapata, del que, de acuerdo con la perspectiva del censor, se desprende que los procesados fueron primeramente atacados por los mensajeros y no al contrario, también aparece considerado, como se puede advertir, en el fallo recurrido. Igualmente el ataque fue desenfocado, en vista de que lo que pudo haberse configurado fue una distorsión de esos medios de prueba, lo cual podía derivar en

un falso juicio de identidad y demandaba, en consecuencia, la formulación de un cargo independiente. El problema se reduce, entonces, no a la ignorancia de un elemento probatorio específico, sino a la confrontación evidente de valoraciones, ámbito en el que están llamadas a prevalecer las del ad quem porque están precedidas de la doble presunción de acierto y legalidad. Cuando presenta y desarrolla la distorsión del testimonio de Jerly Arcila Arango, el casacionista incurre igualmente en inconsistencias de carácter técnico. Al elegirse tal camino de impugnación, es deber del casacionista probar la tergiversación. Para ello, es imprescindible que con claridad y precisión señale lo que dice material y objetivamente la prueba y que identifique lo que a ella puso a decirle el juzgador. Lejos por completo de esas exigencias técnicas, el censor destaca de la sentencia de primera instancia un aparte en el que el a quo explica, en respuesta al alegato del defensor de Mauro Alexander Moreno Henao, cuál era el objetivo que animaba a los procesados, despojar a los mensajeros del dinero que llevaban, y cómo fue desplegada la conducta para alcanzarlo. Sin precisar si esas consideraciones del fallo de primera instancia guardan unidad temática con el de segundo grado, de éste cita textualmente, apenas, el comentario consistente en que el testimonio de Arcila es el que ‘mayor claridad ofrece a la Judicatura en torno a la forma como se desarrollaron los hechos’. 12 Después de que transcribe secciones de la ampliación del testimonio de ese testigo, ninguna labor de comparación realiza el libelista entre las expresiones por aquél vertidas y las consideraciones del tribunal. Nada más afirma que las respuestas “no

son coherentes ni armónicas ni firmes ni claras” y las explicaciones que da “resultan antagónicas”. Complementa la exposición con el argumento de que el testimonio en cita contradice otras pruebas, como la versión de John Bayron Londoño y los indicios de la posición de los vehículos y del lugar de impacto de los disparos. Desde luego, esa forma de presentar el cargo no se apega al rigor técnico que exige el recurso y corresponde a como de ordinario se alega ante las instancias. Las deficiencias son notables, puesto que por ninguna parte es posible apreciar la necesaria e ineludible comparación entre la expresión objetiva de la prueba y lo que de ella entendió el tribunal. No suplen ese requisito las calificaciones que el recurrente haga de la evidencia, porque lo que esta maniobra enseña es que al elemento de convicción le da una valoración y un alcance diversos a los que estimó el ad quem eran los adecuados. Esa inconsistencia quizá tiene su fuente en la aparente confusión sobre la verdadera naturaleza del cargo que tiene el censor, pues equipara el falso juicio de identidad, al que pretendió darle desarrollo, con el error de valoración, generador de un falso juicio de convicción propio del error de derecho, el cual sólo es posible en la actualidad frente a los excepcionales casos en que la ley prevé alguna forma de tarifa, como la prohibición de dictar sentencia condenatoria con base en uno o varios testimonios de personas con identidad reservada, o la de darle algún valor probatorio a los informes de policía judicial y a las versiones d