PGN - RECURSO DE CASACIÓN - Sala Penal (12)

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. Alfredo Gómez Quintero Ref: Demanda de casación presentada por el defensor de los procesados Misael Enrique Vargas Parra y Jhon Plinio Rengifo Palacios contra la sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca que los condenó por el delito de hurto calificado y agravado en concurso con el de porte ilegal de armas de fuego. Rad. Nº 28.485

Honorables Magistrados: El Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas dictó sentencia el 28 de abril de 2005 mediante la cual condenó, entre otros, a Misael Enrique Vargas Parra, a Jhon Plinio Rengifo Palacios y Jorge Ortiz Arias, al encontrarlos responsables del delito de hurto calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego, y les impuso la pena principal de 60 meses de prisión y las accesorias de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego, e inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la pena privativa de la libertad.

El juzgado también condenó a Jhon Fredy Medina Medina, Pedro Julio Vargas Herrera, José Arnulfo Castro Rojas y a Edgar Parra Sanabria a las penas principales de 37 meses de prisión y multa equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno y a la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un termino igual a la pena privativa de la libertad, como coautores responsables del delito de receptación.

1 El fallo fue apelado por el defensor de oficio de los procesados Jhon Fredy Medina Medina, Pedro Julio Vargas Herrera, José Arnulfo Castro Rojas y Edgar Parra Sanabria. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca desató el recurso en sentencia del 17 de abril de 2.007, en la cual confirmó integralmente la de primera instancia. Contra el fallo de segunda instancia el defensor de los procesados Misael Enrique Vargas Parra y Jhon Plinio Rengifo Palacio interpuso recurso de casación, que sustentó con demanda que la Corte Suprema de Justicia encontró ajustada a las formalidades legales y ordenó correr traslado a esta oficina del Ministerio Público para que rinda el concepto correspondiente.

1. HECHOS En el fallo impugnado se sintetizaron así: El día domingo 9 de junio del 2002, aproximadamente a las 15:00 horas, en la vereda Limoncitos de Guayabetal –Cundinamarca-, en el kilómetro 52 de la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio, a 200 metros de la calzada principal, miembros de la Policía Nacional y de la SIJIN capturaron a los procesados de la referencia, con motivo de una llamada telefónica efectuada por la ciudadanía en la que se informó que se encontraban varias personas desarmando un cabezote de tractomula.

Hechas las averiguaciones pertinentes se constató que el automotor que se encontraba siendo deshuesado le fue hurtado al señor DANIEL ENRIQUE PALACIOS MONTOYA, el día 6 de junio del año 2002 en jurisdicción del

municipio de Guaduas –Cundinamarca-, ejerciendo sobre el violencia física 2 y moral mediante la utilización de armas de fuego; el propietario del vehículo resultó ser el señor GUILLERMO MUNAR CABALLERO. Es del caso precisar que, JHON PLINIO RENGIFO PALACIOS, JHON

FREDY MEDINA MEDINA, MISAEL ENRIQUE VARGAS PARRA, DONIER

ALONSO HURTADO FIERRO, EDGAR PARRA SANABRIA, PEDRO JULIO VARGAS HERRERA Y JOSE ARNULFO CASTRO ROJAS fueron las personas capturadas en el lugar donde se desarrollaba el desguazado del vehículo hurtado.

2. ACTUACIÓN PROCESAL Los hechos anteriormente narrados fueron puestos en conocimiento de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, mediante informe policivo suscrito por el Comandante de la Estación de Policía del municipio de Cáqueza (Cundinamarca), en el que se dejó constancia de la captura de siete sujetos identificados como Jhon Plinio Rengifo Palacios, Jhon Fredy Medina Medina, Misael Enrique Vargas Parra, Donier Alfonso Hurtado Fierro, Edgar Parra Sanabria, Pedro Julio Vargas Herrera y Jorge Arnulfo Castro Rojas a quienes se les decomisaron 3 vehículos y un celular.

Con base en dicho informe, el Fiscal Seccional de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Cáqueza decretó la apertura de instrucción el 11 de junio de 2002. Los aprehendidos fueron dejados a disposición de esta Unidad de Fiscalías y a todos ellos se les escuchó en indagatoria el 12 de junio

de ese mismo año. 3 El 20 de junio de 2002 se resolvió la situación jurídica de los indagados con medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de hurto calificado y agravado en contra de Misael Enrique Vargas Parra, Jhon Plinio Rengifo Palacios y Donier Alfonso Hurtado Fierro. La Fiscalía se abstuvo de definir la situación jurídica de Jhon Fredy Medina Medina, Edgar Parra Sanabria, Pedro Julio Vargas Herrera y Jorge Arnulfo Castro Rojas, a quienes se les imputó provisionalmente la comisión del delito de receptación. Surtidas diversas actuaciones y recaudada la prueba necesaria, se ordenó clausurar el ciclo investigativo mediante resolución del 26 de noviembre de 2002. Acto seguido la defensa de Rengifo Palacios solicitó la libertad provisional de su protegido, puesto que los valores relacionados con los daños y perjuicios avaluados fueron cubiertos en su totalidad por el sindicado, solicitud que fue despachada favorablemente. Dispuesto el cierre de la investigación, el Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Villa de Guaduas calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra de Misael Enrique Vargas Parra, Jhon Plinio Rengifo Palacios y Jorge Ortiz Arias, como presuntos autores del delito de hurto calificado y agravado en concurso con el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, en proveído del 15 de mayo de 2003. A Jhon Fredy Medina Medina, Edgar Parra Sanabria, Pedro Julio Vargas Herrera y a Jorge Arnulfo Castro Rojas se les acusó como presuntos autores del delito de

receptación en la misma providencia. 4 El Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas inició el conocimiento de la causa el 12 de noviembre de 2003 y convocó para audiencia preliminar el 29 de enero de 2004. La audiencia pública se celebró en varias sesiones, luego de lo cual fue dictada sentencia de primera instancia el 28 de abril de 2005. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en decisión del 17 de abril de 2007 emitió sentencia de segunda instancia con los resultados conocidos.

3. SÍNTESIS DE LAS DEMANDAS DE CASACIÓN 3.1. Demanda presentada a nombre de Misael Enrique Vargas Parra 3.1.1. Primer Cargo –principal-: El censor determina previamente las razones que fundamentan la interposición del recurso extraordinario, bajo el entendido de que se han quebrantado los derechos fundamentales del procesado, e invoca la causal tercera de casación para impugnar la sentencia de segunda instancia pues considera que se emitió en un juicio viciado de nulidad por violación al derecho de defensa.

La vulneración de la garantía la concreta el libelista en la falta de notificación de los autos mediante los cuales se le nombró defensor de oficio a su representado, aclarando que postula inicialmente este cargo como principal, en virtud del principio de prioridad. Considera que el error en que incurrió el Tribunal consistió en desconocer e ignorar la nulidad que afectaba la sentencia de primera instancia, y confirmar la providencia en el entendido de que la falta de impugnación en contra de la 5 decisión que condenó a Misael Enrique Vargas Parra por los delitos de hurto agravado y porte ilegal de armas, obedeció simple y llanamente a que su defensor

no mostró inconformidad frente a tal determinación. Para el censor esa afirmación del Tribunal desconoce los vicios que se presentaron durante el desarrollo de la investigación y el juzgamiento, etapas en las que se vulneró el derecho a la defensa de este procesado, por cuanto se omitieron los actos de comunicación de actuaciones en las que el sindicado pudo haber ejercido el derecho de defensa. Se refiere concretamente a la providencia que calificó el merito del sumario, la cual a su juicio se fundamenta en el testimonio del conductor del vehículo hurtado, decisión que se tomó sin analizar que se había incurrido en errores que afectaban al debido proceso y al derecho de defensa. Seguidamente señala que al momento de iniciarse la etapa del juzgamiento no se le dio aviso al sindicado, ni tampoco se le comunicó del cambio del defensor de oficio designado para que el procesado nombrara uno de su confianza. En estas condiciones, en opinión del recurrente, al procesado se le privó de las oportunidades para ejercer a cabalidad su derecho de defensa, por cuanto desconocía que el abogado que asumió la defensa oficiosa había sido sustituido por otro y no se le enteró de esta decisión para de esa manera designar uno de su confianza. Señala puntualmente las providencias proferidas por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas el 19 de enero, 2 de septiembre y 14 de octubre de 2004, mediante las cuales se le nombró y reemplazó al defensor de oficio. Indica el censor que el error del Tribunal se concreta en la equivocada apreciación que hace al no considerar la nulidad en que se encontraba afectada la sentencia

de primera instancia desde el momento en que se le nombró defensor de oficio a este procesado, al no permitirle que ejerciera la facultad de nombrar su propio 6 defensor de confianza y como consecuencia de ello privarlo de una legítima defensa, para así desvirtuar la responsabilidad que se le endilgaba. Destaca el libelista la trascendencia del error indicando que se trata de la vulneración de un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y señala las normas procesales y sustanciales infringidas. 3.1.2. Cargo segundo –subsidiario-: Invoca el censor la causal tercera de casación para impugnar la sentencia de segunda instancia, pues considera que se emitió en un juicio viciado de nulidad por violación al derecho de defensa. La vulneración de la garantía la concreta el censor en la inactividad de la defensa en la etapa de instrucción, así como en la de juzgamiento, por cuanto en su opinión la defensa de Vargas Parra asumió una actitud pasiva desde el comienzo de la actuación y se limitó a notificarse de las decisiones judiciales. Afirma el libelista que la defensa se abstuvo de solicitar las pruebas que hubieran resultado determinantes para aclarar las dudas que surgen a cerca de la participación del procesado y considera que hubiese sido mas útil llamar a declarar a los agentes que realizaron la aprehensión durante la etapa del juzgamiento porque a lo mejor se cimienta mas la duda sobre su participación en los ilícitos. Sostiene que los abogados que estuvieron encargados de la defensa del procesado se destacaron por asumir una actitud pasiva a lo largo del proceso y

uno de los hechos que demuestran la pasividad e inactividad de la defensa es precisamente la falta de impugnación de la sentencia de primera instancia. 7 Nuevamente reitera que el error del Tribunal consistió en desconocer e ignorar la nulidad que afectaba la sentencia de primera instancia, y confirmar la providencia en el entendido de que la falta de impugnación en contra de la decisión que condenó a Misael Enrique Vargas Parra por los delitos de hurto agravado y porte ilegal de armas, obedeció simple y llanamente a que su defensor no mostró inconformidad frente a tal determinación. Comenta además el libelista que el Tribunal no se percató que la falta de impugnación obedeció precisamente a la pasividad e inactividad de los defensores, quienes simplemente ejercieron nominalmente el encargo, limitándose solamente a notificarse de algunas decisiones, y que tampoco advirtió el Ad quem la incompatibilidad de uno de los abogados que asumió la defensa de todos los implicados existiendo intereses contrarios entre los diferentes procesados. Señala el censor que el Tribunal ha debido sanear las irregularidades denunciadas antes de dictar sentencia y no confirmar la providencia de primer grado como lo hizo, porque el proceso estuvo viciado de nulidad por la vulneración del derecho a la defensa. Para finalizar indica lo que ha debido hacer el sentenciador de segunda instancia para preservar la garantía fundamental y solicita la nulidad de la actuación a partir del auto donde se aceptó la renuncia de uno de los defensores del procesado. Como petición secundaria solicita a la Corte que se case la sentencia y en su lugar se decrete la nulidad de la actuación desde el momento de la designación de

uno de los apoderados de Misael Enrique Parra. 3.2. Síntesis de la demanda presentada a nombre de Jhon Plinio Rengifo Palacios

Cargo Único: 8

Invoca el censor la causal tercera de casación para impugnar la sentencia de segunda instancia, pues considera que se emitió en un juicio viciado de nulidad por violación al derecho de defensa. En este cargo el libelista estima que las irregularidades sustanciales que enervan la actuación procesal y vulneran la garantía fundamental se presentaron desde el momento en que la fiscalía decide llamar a juicio a Rengifo Palacios teniendo como fundamento únicamente el testimonio del conductor del tractocamión, dejando de lado que con dicha prueba surgen un sinnúmero de dudas a cerca de su participación en los hechos materia de juzgamiento. Posteriormente, comenta el libelista, se inicia el juicio y al procesado no se le informa a cerca de la iniciación de esta etapa procesal ni de la renuncia del defensor de confianza designado por el sindicado, al cual se le citó a una dirección que nunca se registró y que no corresponde a la de su residencia u oficina. Igualmente el defensor de oficio que asumió la defensa del procesado con posterioridad a la renuncia de su defensor no solicitó la práctica de pruebas tendientes a desvirtuar los hechos por los cuales se le acusó y condenó, sin que exista prueba validamente recaudada. Señala que luego de la impugnación de la sentencia de primera instancia el Tribunal decide confirmar la providencia y no advierte las irregularidades que se vienen comentando, lo que da lugar a formular el cargo invocando la causal de

nulidad, por falta de notificación e información de la continuación del juicio y de la renuncia del defensor de confianza. Comenta que el error del Tribunal consistió en desconocer e ignorar la nulidad que afectaba la sentencia de primera instancia, y confirmar la providencia en el entendido de que la falta de impugnación en contra de la decisión que condenó a Jhon Plinio Rengifo Palacios por los delitos de hurto agravado y porte ilegal de 9 armas, obedeció simple y llanamente a que su defensor no mostró inconformidad frente a tal determinación. Frente a estas manifestaciones del Ad quem el libelista señala que no se ocupó el Tribunal de estudiar las razones que motivaron la falta de objeción en contra de la sentencia condenatoria de primera instancia y simplemente convalidó la condena impuesta sin advertir la ausencia de una verdadera defensa que le permitiera al procesado ejercer el derecho de controvertir y desplegar a lo largo del proceso las actividades necesarias para desvirtuar las imputaciones. Considera que el error del Tribunal se concreta en la equivocada apreciación de los hechos por cuales resultó condenado Rengifo Palacios y en no advertir que la falta de defensa durante la etapa de juzgamiento generó una nulidad por vulneración a esa garantía de rango constitucional, desconocida a partir del momento en que se le envían las comunicaciones al defensor del procesado a una dirección que no fue registrada, y en vista de la no comparecencia del defensor de confianza, el sentenciador de segunda instancia le designa un defensor de oficio que no desarrolló una adecuada labor, con lo que se le privó al procesado de una

verdadera defensa. Finaliza su reproche indicando las normas sustanciales que considera directa e indirectamente violadas con el proceder del sentenciador y opina que de haberse advertido las irregularidades denunciadas y de tenerse una adecuada defensa que hubiese proporcionado los elementos de juicio necesarios para controvertir la responsabilidad el procesado otra hubiera sido la decisión del Tribunal. Solicita a la Corte se case la sentencia impugnada y en su lugar se decrete la nulidad de la actuación a partir del momento en que se concretaron los hechos que dieron lugar a la vulneración de la garantía. 10

4. CONCEPTO DE LA PROCURADURIA TERCERA DELEGADA EN LO PENAL 4.1. Demanda presentada a nombre de Misael Enrique Vargas Parra 4.1.1. Primer Cargo –principal-: La controversia planteada por el libelista por la presunta irregularidad denunciada en cuanto a que se omitieron los actos de comunicación de las actuaciones procesales en las que se pudo haber ejercido cabalmente el derecho de defensa no consulta en manera alguna con lo acontecido dentro del proceso.

En efecto, en cuanto a la falta de notificación de la providencia que calificó el mérito del sumario, se observa que la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Guaduas notificó personalmente al procesado Misael Enrique Vargas el 17 de junio de 2003 y a su defensor el 14 de julio de ese mismo año. En lo que se refiere a la falta de comunicación de parte del despacho judicial que tuvo a su cargo la etapa de juzgamiento, la Secretaria del Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas, en informe secretarial del 12 de noviembre de 2003,

manifestó que el original del expediente quedaba a disposición del defensor de Misael Enrique Vargas, doctor Edwin Hernando Melo Montenegro, para preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades y las pruebas que estimara procedentes. La primera actuación judicial en fase de juzgamiento se informó en debida forma, siguiendo los parámetros generales para este tipo de decisiones, lo mismo se puede predicar en lo que respecta a la resolución interlocutoria que calificó el merito del sumario, decisión que también se comunicó en debida forma como lo estable la ley. 11 En lo que respecta a la falta de comunicación de las providencias que se profirieron en la etapa de la instrucción y las que se pronunciaron durante el trámite de la etapa de juzgamiento y que tienen que ver con designación del defensor de oficio del procesado, son decisiones que simplemente impulsan el trámite procesal, de cumplimiento inmediato y no requieren de notificación. Con base en lo anterior no se configuró la irregularidad denunciada y en manera alguna se restringió indebidamente el derecho de defensa en lo relacionado con la falta de comunicación de las decisiones judiciales. En lo que tiene que ver con el contenido de la censura, advierte la Delegada que, como quiera que lo que se argumenta es la violación del derecho a la defensa, es necesario examinar dentro del contexto de la actuación procesal si en efecto se vulneró la garantía, y si la entidad de la irregularidad es de tal magnitud y trascendencia como para desquiciar el proceso en su estructura, o echar por tierra sus garantías fundamentales. Para comenzar, se observa que el sindicado manifestó en la diligencia de

indagatoria que nombraba como su defensor al doctor Víctor Raúl Aponte Monroy y al hacer la designación voluntaria demostró estar en condiciones económicas suficientes para atender los gastos de su defensa. El doctor Aponte Monroy renunció al encargo en razón al incumplimiento en el pago de los honorarios pactados. El funcionario judicial que designó al defensor de oficio, sin escuchar las insinuaciones del procesado, utilizó este mecanismo en vista de que el sindicado carecía de los medios económicos para elegir su defensor. La falta del defensor contractual ha debido suplirse con un defensor público, pero para impedir que el procesado se quedara sin defensa la fiscalía le designó un defensor de oficio. 12 El doctor Erwuin Hernando Melo Montenegro, defensor de oficio de Vargas Parra, invocó como causal para no continuar con el cumplimiento de su obligación, su designación como Personero Municipal y en el transcurso de la etapa de juzgamiento se le nombró otro defensor de oficio, ya que no existía ninguna relación contractual entre el procesado y un defensor de confianza. Posteriormente, en desarrollo de la diligencia de audiencia preparatoria, el nuevo defensor de oficio solicitó su relevo del cargo por considerar que existía un conflicto de intereses, solicitud que fue atendida y se procedió a la designación de un nuevo defensor de oficio, quien a su vez ejercía el cargo de defensor contractual de otro de los procesados, decisión que fue debidamente comunicada a Vargas Parra, manifestando, en el desarrollo de la diligencia, que aceptaba la designación del nuevo defensor.

Por último, en vista de que el juzgado advierte una inhabilidad en otro de los defensores de oficio, procedió a reemplazarlo y a designarle un nuevo defensor a Vargas Parra, el doctor David Martínez Peña, quien asumió el cargo y presentó sus alegatos en el transcurso de la diligencia de audiencia pública, caracterizándose la actuación de los defensores de oficio por ser clara y ética, buscando siempre defender los intereses puestos a su cuidado. Observa entonces la Delegada que no se evidencia la irregularidad que se denuncia, frente a la posibilidades que se le ofrecieron al procesado de ejercer su derecho de defensa, y la aceptación del contenido material del fallo de primera instancia, revelada a través del silencio del defensor resulta válida, puesto que el procedimiento que lo sustenta no ha sido afectado en su estructura, ni se ha vulnerado la garantía fundamental. El cargo debe ser desestimado. 13 4.1.2. Cargo segundo –subsidiarioEl cargo ha sido formulado con fundamento en la causal tercera de casación, específicamente alegando la nulidad del proceso por violación del derecho de defensa del implicado, sobre la base de una deficiente e inidónea defensa técnica. Es claro que no resulta viable edificar una censura, como la postula el casacionista, sobre la base de una deficiente defensa técnica, como si el ejercicio profesional de la abogacía obedeciera a esquemas previamente establecidos que generen en la mayoría de los casos resultados exitosos, así como tampoco resulta apropiado que el libelista proponga mejores estrategias defensivas, diversas a las

asumidas por quienes tuvieron a su cargo la representación de los intereses del implicado. La violación del derecho de defensa no se puede edificar a partir de la personal visión que el recurrente en casación tenga a cerca de la manera como ha debido plantearse la defensa, y la descalificación que se le atribuya a determinada gestión profesional no es mas que un punto de vista que en manera alguna puede constituir motivo suficiente para predicar la vulneración de la garantía fundamental. La discrepancia del recurrente con la conducta procesal asumida por los defensores de oficio no es razón por si misma valedera y suficiente para fundamentar la violación del derecho de defensa técnica del procesado. Se podría admitir que un acto de defensa apropiado sería aquel que tiene que ver con la impugnación de la sentencia de primer grado, que pudo ser una alternativa respetable de defensa, pero la omisión de los apoderados no puede asimilarse como un acto de incumplimiento irresponsable a sus deberes. Como se ha venido precisando, las actuaciones de los defensores de oficio se caracterizaron por ser claras y éticas, y en vista de la situación de flagrancia en 14 que fueron capturados la mayoría de los implicados, no se puede predicar que el perfil de una buena defensa debería reflejar el ejercicio de habilidades bajo las cuales se pudo haber ocultado la verdad real que logró establecerse en el proceso. El cargo no debe prosperar. 4.2. Demanda presentada a nombre de Jhon Plinio Rengifo Palacios En esta ocasión nuevamente el planteamiento del demandante conduce a conclusiones alejadas de la realidad procesal y reduce el censor su cuestionamiento a ciertos actos en los que no se configuran las presuntas

irregularidades que afecten la garantía fundamental. Inicialmente su reproche va encaminado a señalar la deficiencia argumentativa de la resolución de acusación respecto a las razones de orden fáctico y jurídico que sustentan la decisión, sin concretar la manera como se afectó la garantía fundamental del derecho de defensa y la trascendencia de dicha irregularidad. En lo que tiene que ver con la presunta irregularidad denunciada, en cuanto a la falta de comunicación de la primera actuación judicial en fase de juzgamiento, la Secretaria del Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas, en informe secretarial del 12 de noviembre de 2003, manifestó que el original del expediente quedaba a disposición del defensor de Jhon Plinio Rengifo Palacios, doctor Patricio Palacios Mosquera, a quien se citó a la dirección suministrada por el mismo profesional del derecho, para preparar las audiencias y solicitar las nulidades y las pruebas que estimara procedentes. 15 En cuanto a la falta de notificación de la renuncia del defensor de confianza del procesado, se advierte que es el mismo sindicado quien informa al Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas que su defensor renunció por el incumplimiento en el pago de honorarios y en el mismo escrito solicita la designación de un defensor de oficio. Luego, en la fase posterior del reproche, se destaca nuevamente la crítica del censor respecto a la labor que ejerció la defensa de Rengifo Palacios a partir de la renuncia de su abogado de confianza. Sobre este aspecto la Delegada reitera lo dicho respecto al cargo donde el libelista

plantea la vulneración del derecho de defensa por la inactividad de los defensores de oficio y recuerda que en torno a este tema advierte la Corte que: La demostración de la vulneración al derecho de defensa por inactividad probatoria del defensor, impone concretar lo que se dejó de hacer en el proceso, señalando razonablemente en el caso particular el conocimiento que hubiesen aportado los medios al juez y su incidencia favorable en la situación jurídica del procesado, pues solo las omisiones lesivas de los intereses del sujeto procesal, deben ser corregidas a través del recurso extraordinario de casación, de ahí que la vulneración de la garantía fundamental en mención debe examinarse a partir de la razonabilidad de la postura defensiva echada de menos en el cargo.1 El cargo, entonces, no debe ser atendido.

5. PETICIÓN 1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de casación del 21 de julio de 2004, proceso 19.716 M.P. Dr. Herman Galán Castellanos.

16 Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Delegada del Ministerio Público, respetuosamente solicita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no casar la sentencia impugnada.

Señores Magistrados:

MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA

Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal Bogotá, D.C., enero 18 de 2008 Exp. 24.485 MLZA/abb 17