PGN - RECURSO DE INSISTENCIA - Objeto

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA PARA LA CASACION PENAL.

Recurrente: Edwin Antonio Vera Taborda

Delito: Homicidio agravado

Radicación No 28133 Se pronuncia esta representación del Ministerio Público sobre el recurso de insistencia que solicita el apoderado de Edwin Antonio Vera Taborda frente a la providencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de octubre 10 de 2007, mediante la cual decidió inadmitir la demanda de casación interpuesta contra el fallo del Tribunal Superior de Pereira, que lo condenó el 27 de abril de 2007, a la pena principal de 17 años, 8 meses y 4 días, y a la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple. HECHOS Y ACTUACION PROCESAL Los hechos fueron descritos por el Tribunal ad-quem y por la Sala Penal de la Corte en los siguientes términos: Ocurrieron el 20 de enero de 2005, en la plaza de marcado del municipio de “la Virginia”, en la sección de expendio de carnes y graneros, donde Edwin Antonio Vera Taborda atacó con arma blanca a Héctor Iván Márquez Gómez, causándole la muerte a consecuencia de las lesiones sufridas”.

LA DEMANDA DE CASACION.

El apoderado del señor Vera Taborda presenta un solo cargo contra el fallo del Tribunal ad-quem, al amparo de la casual tercera de casación. Señala como soporte el artículo 181 de la ley 906 de 2004, y advierte que se ha presentado una violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de falso raciocinio, que se evidencia en un manifiesto

desconocimiento de las reglas de la sana crítica. En criterio del demandante se debió reconocer a Vera Taborda el estado de inimputabilidad derivado de trastorno afectivo bipolar ( TAB), que lo hacía carente de voluntad y por lo tanto inimputable. A su juicio, el procesado se encontraba para el momento de los hechos en condiciones de inferioridad síquica, y sin embargo el Tribunal ad-quem , al declarar que el señor Vera actuó a conciencia, incurre en violación de la regla de la experiencia consistente en que “ si bien el individuo realiza aparentemente una secuencia coordinada de actos, esto no significa que lo esté haciendo con voluntad libre”. Concluye que al ser inimputable el procesado, la sentencia impugnada debe ser casada y en su lugar dictado el fallo de reemplazo, LA PROVIDENCIA DE LA CORTE QUE INADMITE LA DEMANDA DE CASACIÓN En primer término indica la Corte, que “ cuando el actor invoca un error de hecho por falso raciocinio, compete al demandante indicar que dice de manera objetiva el medio probatorio cuestionado, que se infirió de él en la sentencia que se ataca, cual fue el mérito persuasivo otorgado, determinar el postulado lógico, la ley científica o la máxima de la experiencia cuyo contenido se desconoció en el fallo, debiendo a la par indicar la proposición lógica, la regla científica o el supuesto de experiencia que debió considerarse, identificar la norma de derecho sustancial que resultó excluida o indebidamente aplicada, y finalmente demostrar la trascendencia del error, expresando con claridad cual debe ser la correcta inferencia de la prueba, y

como la corrección del yerro daría lugar a un fallo esencialmente diverso”. Además que el procesado no cumplió cabalmente tales requerimientos técnicos, considera la Corte que en lo sustancial tampoco le asiste razón alguna, pues el medio probatorio sobre el cual supuestamente se concretó el falso raciocinio, permite objetivamente constatar que para el momento de los hechos el procesado tenía capacidad para comprender y autodeterminarse de acuerdo con dicha comprensión. Así lo expresó el dictamen del siquiatra forense incorporado al proceso, lo que permite concluir que Vera Taborda actuó culpablemente, porque tenía capacidad para actuar, o si se quiere, porque en el momento de los hechos estaba en condiciones de ser motivado por las normas de prohibición.

Y agrega la Corte: “ de lo anterior se tiene que lo inferido por el Tribunal es acorde con al prueba aportada al juicio oral, pues si ella es indicativa de que el procesado tenía una afectación psiquíatrica, pero al momento de los hechos procedió con las capacidades mentales propias de quien sabe y conoce lo que ejecuta, se está ante un sujeto que debe responder por sus actos delictivos como cualquier otro, y por tanto la imposición de pena de prisión será la consecuencia obvia por tratarse de un imputable penalmente responsable” Luego, la providencia que inadmite el recurso de casación advierte que la regla de experiencia que el libelista estima vulnerada, se debe construir en sentido contrario a lo que propone, pues la realidad muestra que efectivamente “ todo individuo que realiza una secuencia coordinada de actos está actuando en forma consciente y voluntaria”. Así pues, “el censor

sólo se esfuerza por plantear su personal percepción del asunto, para sin más concluir que su defendido debe ser considerado inimputable, limitando su discurso a oponerse a las conclusiones del fallador, proceder que en esta sede procesal carece de vocación de éxito. Así, “ como el demandante no ha sometido su libelo a las reglas técnicas propias del trámite casacional y por tanto no reúne los requisitos formales exigidos por el estatuto procesal penal, se impone su inadmisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la ley 906 de 2004, además que no se ve necesidad de una intervención de la Corte en este caso, concluye el alto Tribunal. 2

LA SOLICITUD DEL RECURSO DE INSISTENCIA.

El abogado defensor de Vera Taborda eleva ante el Ministerio Público una solicitud de recurso de insistencia, a fin de que la Corte reconsidere lo decidido, y admita la presente demanda. Aduce, en primer lugar, que conforme a lo establecido en el juicio oral, Edwin Vera Taborda padece trastorno afectivo bipolar desde hace muchos años, como patología gravísima que genera trastornos en la voluntad y en la comprensión de la realidad, en forma cíclica. Dice que el día anterior a los hechos el señor Vera sufrió una crisis cuando se enteró que su hija estaba en embarazo; por ello le fue aplicado un tratamiento en el hospital de la Virginia, el cual, según el psiquiatra forense, no era el adecuado; como consecuencia de ello, el señor Vera no durmió, consumió cigarrillos, lo que le generó una inferioridad psíquica, como

circunstancia que antecedió el hecho delictual que se le imputa. Más adelante indica que la huida del procesado no demuestra la conciencia de sus actos y voluntad, y todo ello requiere un pronunciamiento de la Corte, debido a la complejidad del tema, y para evitar que un hombre enfermo permanezca en la cárcel, sin la atención médica que su caso exige. Finalmente señala que la revisión del caso permitiría hacer efectivo el derecho fundamental a la igualdad y al desarrollo de la jurisprudencia en tales asuntos, razón por la cual insiste para que sea seleccionada su demanda de casación. EL CONCEPTO DE LA PROCURADURIA DELEGADA. “La ley 906 de 2004 reglamenta el recurso extraordinario de casación a la luz de los cambios que en el ordenamiento jurídico devienen de la implantación constitucional del estado social y democrático de derecho, y del reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución. Es así como el artículo 181 de la citada ley lo define como “ un control constitucional y legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia, en los procesos adelantados por delitos, cuando afecten derechos o garantías fundamentales” Al señalar el estatuto procesal penal que la casación procede contra “sentencias proferidas en segunda instancia en procesos adelantados por delitos”, elimina cualquier requisito formal de procedibilidad del recurso relacionado con el quantum de la pena o la autoridad que profiere la sentencia objeto de casación. No obstante, como mecanismo tendiente a racionalizar el uso del recurso, ante la amplitud de eventos en los que procede en la nueva legislación

procesal, el legislador previó para la Corte la facultad de no seleccionar aquellas demandas de casación en las que el demandante carezca de interés para recurrir, se prescinda de señalar la causal, no se desarrollen los cargos, o cuando se advierta fundadamente que no se requiere el fallo para cumplir 3 alguna de las finalidades del recurso, que son, de conformidad con el artículo 180 de la ley 906 de 2004, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inflingidos a estos y la unificación de la jurisprudencia”1. Igualmente la ley 906 de 2004 prevé un recurso de insistencia contra providencia que inadmite una demanda de casación, el cual puede ser presentado por un Magistrado disidente o por el Ministerio Público, con el objeto de que la Sala Penal de la Corte reconsidere su decisión, y acepte abordar el estudio a fondo del asunto concreto, es decir, de los cargos que el casacionista postuló en la demanda que no fue seleccionada. Bajo tal perspectiva, será viable elevar recurso de insistencia cuando se advierta de manera ostensible que las motivaciones de la Corte para inadmitir la demanda de casación carecen de respaldo y peso argumentativo, o que atendiendo a los fines de la casación antes mencionados, se estime imperativo el estudio del caso en dicha sede, para efectos de llevar a cabo el control constitucional, que constituye la esencia y cometido preferente del recurso. No es ello lo que ocurre en el presente caso, pues revisada la providencia de la Sala penal de la Corte mediante la cual decide no seleccionar la demanda,

al igual que los argumentos que expone el defensor del procesado para solicitar la insistencia, se observa palmariamente que ningún derecho fundamental ni garantía se lograría preservar con el estudio del proceso en la Corte, habida cuenta que en la sentencia de instancia no es ostensible la configuración de ningún vicio in procedendo o in iudicando, a lo cual se suman los desatinos tècnicoconceptuales en que incurre el casacionista, como lo señaló la Sala Penal en la sentencia de inadmisión. Básicamente el demandante pretende que la Corte admita su demanda para que se pronuncie en torno al supuesto estado de inimputabilidad en que actuó Vera Taborda al momento de ejecutar el homicidio. Aduce, como fundamento de su pretensión, que el señor Vera padece un trastorno afectivo Bipolar, considerado trastorno siquiátrico, y que además, un día antes de los hechos sufrió un crisis cuando se enteró del embarazo de su hija, motivo por el cual recibió una atención médica que se estima inadecuada. Añade que en virtud de tales circunstancias no concilió el sueño, y en cambió se ocupó de consumir una gran cantidad de cigarrillos, todo lo cual le produjo un estado de inferioridad síquica, que le impidió comprender la ilicitud del homicidio ejecutado, o determinarse de acuerdo con dicha comprensión. Al respecto conviene advertir que la doctrina y la jurisprudencia han señalado, en línea de interpretación homogénea, unánime y reiterada, que no es posible confundir la inimputabilidad con la causa o la patología que la

genera. En tal sentido, sólo surge la inimputabilidad como categoría dogmática, cuando la anormalidad se refleja en el hecho, luego entonces, no 1 Ver en Sanjuán Gálvez Jorge Enrique y Díaz Soto José Manuel. “ Los Fines de la Casación”. Procuraduría General de la Nación. Instituto de Estudios Para el Ministerio Público. 2007. Págs 7381. 4 toda persona que cometa un delito, y que padezca un trastorno mental, un trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, debe ser inexorablemente declarada inimputable, pues para ello resulta indispensable acreditar que dicha afectación síquica resultó determinante para que el sujeto, al momento del hecho, no comprendiera la ilicitud del mismo o no pudiera determinarse de de acuerdo con esa comprensión. El Profesor Nodier Agudelo Betancour denomina al fenómeno antes descrito “prohibición de hipostatización en materia de inmutabilidad, y lo explica en los siguientes términos: “no pueden confundirse los fenómenos que producen la inimputabilidad con la inimputabilidad misma. Es por las consecuencias de los fenómenos de inmadurez o de enajenación por los que el sujeto llega a ser inimputable. La inmadurez o la enajenación hace que el sujeto sea inimputable sólo en la medida en que ella produzca la incapacidad de comprender y/o determinarse. Así las cosas, en el análisis de la inimputabilidad no basta con hacer una labor de simple comprobación de los fenómenos a que se ha aludido, sino que hay que averiguar si el

fenómeno comprobado tuvo o no trascendencia en el acto que se examina y en que medida. Quien se contenta con la simple confirmación de la inmadurez o el trastorno mental para predicar enseguida la inimputabilidad, hace una transposición, un trueque no permitido, porque abrevia un paso de análisis. La inimputabilidad entonces no es una característica permanente del sujeto. La calidad de inimputable de un sujeto se predica para cada caso particular según que la anomalía mental o la inmadurez hayan influido o no en la capacidad de comprensión o de determinación”2 Sobre este punto el Tribunal adquem señala en el fallo de segundo grado, que en el decurso del juicio oral rindieron un peritazgo varios testigos técnicos y un médico especializado en psiquiatría, con base en el cual es posible inferir que Vera Taborda padece un trastorno afectivo Bipolar, antiguamente conocido como psicosis maniaco depresiva. Anotan los expertos que dicho trastorno puede influir o ser contribuyente, pero no es determinante al momento de la comisión de un ilícito, al menos cuando no está en fase crítica. Al apreciar tal dictámen psiquiátrico, de manera conjunta con las circunstancias antecedentes al hecho delictivo ( colapso nervioso por la noticia sobre el embarazo de su hija, hospitalización del procesado, medicamentos suministrados, vigilia y consumo de cigarrillos), el Tribunal adquem concluye como hecho probable que al momento del homicidio “Vera Taborda presentara una condición de inferioridad síquica, como lo ha

concluido el siquiatra forense, pero no que estuviera en crisis de manía o depresión, que es diferente. Lo que corresponde determinar a efectos de establecer la inimputabilidad, es si ese estado era suficiente para impedir la capacidad de comprensión y autodeterminación, con una relación causal directa frente al fenómeno muerte” 2 Agudelo Betancoru , Nodier. “ Los inimputables frente a las causales de justificación e inculpabilidad” . Editorial Temis, segunda edición. 1986. Pág 40. 5 En la dinámica de valoración conjunta de la prueba, el Tribunal señala que de acuerdo a los medios de convicción incorporados al proceso se demostró que entre Vera Taborda y su víctima existía una grave enemistad, estaban dispuestos a la confrontación en cualquier instante, y que éste llegó al sitio donde estaba la víctima , ocultando el arma homicida, y luego le causa la muerte y huye del lugar, para aparecer a los varios meses con la asistencia de un apoderado. Toda esta secuencia, unida al dictamen del siquiatra forense, permiten concluir, según el Tribunal, que el homicida comprendía la ilicitud de su actuar, y no tenía afectada a tal punto sus facultades cognoscitivas o volitivas, para no controlar sus impulsos. La dinámica y la forma como ocurrieron los hechos, únicamente son compatibles con la conciencia y la autodeterminación, motivo por el cual estima el Tribunal que el señor Vera actuó en estado de inferioridad síquica pero no en una crisis maniaco depresiva que lo convirtiera en inimputable al momento de ejecutar el hecho.

Así pues, en criterio del Ministerio Público, no se vislumbra el error de hecho por falso raciocinio a que se refiere el casacionista en su demanda, pues el Tribunal, al apreciar el dictamen del siquiatra forense, y el acervo probatorio en conjunto, no ha desestimado las reglas de la experiencia, es decir, los postulados del sentido común, la ciencia y la lógica, sino que ha elaborado rigurosamente su valoración probatoria con base en los mismos, para concluir que Vera Taborda no ostentaba la condición de inimputable al momento de cometer el homicidio, y por tanto debe responder como penalmente responsable, con la sanción que en la parte resolutiva se le impone. En otros términos, la sentencia de segundo grado estima, de manera acertada, que no existe un solo medio del prueba del cual se pueda colegir que el trastorno afectivo Bipolar que padece Vera Taborda le impidió comprender la ilicitud del homicidio o autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión, y en tal sentido, si bien actuó en estado de inferioridad síquica, no es inimputable por trastorno mental. Para arribar a tal conclusión, no solo aprecia la referida prueba pericial, sino los testimonios que dan cuenta de la grave enemistad existente entre el señor Vera y su víctima, la metodología utilizada por el procesado para cometer el homicidio, e incluso la actitud de huir y ocultarse por un considerable lapso temporal después de los hechos. Bajo tal perspectiva, lo que pretende el casacionista se opone a la “prohibición de hipostatización en materia de inimputabilidad”, pues si bien

Vera Taborda padece una afectación siquiatrica, la misma no influyó para que este comprendiera la ilicitud del hecho, o para que pudiera determinarse de acuerdo con esa comprensión, tal como lo concluyó el Tribunal adquem, y como lo indica la Corte en la providencia que inadmite el recurso. En tal sentido, esta representación del Ministerio Público considera que no es viable presentar el recurso de insistencia que solicita el apoderado del señor Edwin Antonio Vera Taborda, pues en la providencia que inadmite el 6 recurso, la Sala Penal de la Corte explica de manera razonable cuales son las deficiencias técnicas que imposibilitan la selección del mismo, y porque adicionalmente, no se observa ninguna circunstancia que en este caso torne imperativo o aconsejable el estudio a fondo de la demanda. Ello es así, por cuanto la revisión de la sentencia de instancia en este caso no conduce al cumplimiento de los fines del recurso, ya que ello no se traduciría ciertamente en la efectividad de ningún derecho material o restablecimiento de las garantías de los intervinientes, que no fueron ciertamente conculcadas, ni mucho menos a la reparación de algún agravio o unificación de la jurisprudencia. Así las cosas, la Procuraduría Primera Delegada para la Casación penal no accede a la solicitud de presentar recurso de insistencia, elevada por el defensor de Edwin Vera Taborda.

FRANCISCO JAVIER FARFAN MOLINA

Procurador Primero Delegado para la Casación Penal Bogotá. D.C 26 de Noviembre de 2007. Exp No 28133 7