PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION - Interés del ministerio público para recurrir

Señores Magistrados

H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

-Sala de Casación PenalMagistrado ponente: Dr. Jorge Luis Quintero Milanés

E. S. D.

Ref. Radicación No. 21.807

Procesada: Claudia Patricia Ortiz Castaño

Delito: Homicidio

Señores Magistrados: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia –Sala Penalconfirmó integralmente el 6 de agosto de 2003 el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia el 16 de mayo de ese año, a través del cual declaró responsable a Claudia Patricia Ortiz Castaño del delito de homicidio y en el que se le impuso como consecuencia, la pena principal de 13 años de prisión y la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo término.

Inconforme con esta decisión el Procurador 117 Judicial Penal presentó demanda de casación que por haber sido declarada ajustada a las prescripciones legales por la H. Corte en auto de 21 de abril de 2005, procede el Ministerio Público representado por la Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal a emitir concepto sobre su viabilidad. Casación de Claudia Patricia Ortiz Castaño Rad. 21.807

1. SITUACIÓN FÁCTICA Fue reseñada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en los siguientes términos: “En las primeras horas de la madrugada del 23 de diciembre de 1996, en la zona urbana del municipio de Segovia (Antioquia), los individuos Claudia Patricia Ortiz Castaño y Ariel De Jesús Castaño sostuvieron un

enfrentamiento y por ese motivo ella y su esposo Iván decidieron retirarse del Bar Carruseles, escenario de la disputa. Y cuando se encontraban montados en la motocicleta de este último, en las afueras del citado establecimiento de cantina, con pretensiones de emprender la marcha, se acercó a la pareja el señor Raúl Artemio Ruiz Mora, amigo de Ariel de Jesús, quien dirigiéndose concretamente a la mujer le dijo “que si se iban a ir que se fueran de una vez para evitarse más problemas” y “que porqué tenía que meterse con los parceros de él”, actitud frente a la cual la citada Claudia Patricia reaccionó en el acto lanzándole varios golpes de navaja o cuchillo que le abrieron varias heridas en el cuerpo, concretamente en el tercer espacio intercostal, línea paresternal derecho; en el tercer espacio intercostal, línea clavicular; y en el hombro izquierdo, que interesaron el pulmón derecho y la arteria mamaria interna derecha, que fue seccionada, y que le provocaron hemotórax bilateral y choque hipovolémico, lesiones calificadas por el galeno como simplemente mortales, vinculadas causalmente al deceso de Ruiz Mora, ocurrido momentos después.”

2. ACTUACIÓN PROCESAL Segunda Delegada para la Casación Penal Piso 26 casación2penal@procuraduria.gov.co 2

Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Claudia Patricia Ortiz Castaño Rad. 21.807 Llevada a cabo diligencia de inspección al cadáver de Raúl Artemio Ruiz Mora y

recaudados algunos testimonios, la Unidad Delegada de Fiscalía ante el Juzgado Penal del Circuito de Segovia decretó la apertura de instrucción, mediante resolución de 23 de diciembre de 1996 (Fl. 9 C.1) y vinculó en indagatoria a Claudia Patricia Ortiz Castro el 13 de septiembre de 1999. (Fl. 30/34 C.1). Se resolvió su situación jurídica el 16 de septiembre siguiente con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin derecho a la libertad provisional, como presunta responsable del delito de homicidio. En la misma decisión se suspendió la detención preventiva impuesta a Ortiz Castaño por encontrarse en periodo de lactancia, conforme al artículo 407 del Decreto 2700 de 1991. (Fl. 49/54 C.1) El 9 de marzo de 2001 se dispuso el cierre del ciclo instructivo (Fl. 70 C.1), y se calificó el mérito del sumario el 18 de ese mes con resolución de acusación en contra de Ortiz Castaño por el delito imputado al momento de resolverse su situación jurídica (Fl. 73/84 C.1). Correspondió la etapa de la causa al Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia, despacho que mediante auto de fecha 3 de septiembre de 2001, surtió el traslado contemplado en el artículo 400 de la ley 600 de 2000 a los sujetos procesales. (Fl. 99 C.1). El 11 de febrero de 2003 adelantó la audiencia preparatoria (Fl. 104 C.1) y el 20 de marzo de 2003 realizó la audiencia pública (Fl. 107/109 C.1), emitiéndose fallo de

primera instancia el 16 de mayo de 2003 a través del cual condenó a Claudia Patricia Ortiz Castaño a la pena principal de 13 años de prisión como autora material del delito de homicidio y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. (Fl. 111/126 C.1). Esta determinación fue motivo del recurso de alzada presentado por el defensor, siendo confirmada en su integridad por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el 6 de agosto de 2003. (Fl.139/148 C.1).

3. LA DEMANDA Segunda Delegada para la Casación Penal Piso 26 casación2penal@procuraduria.gov.co 3

Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Claudia Patricia Ortiz Castaño Rad. 21.807 3.1. Cargo único El Procurador Judicial 117 en lo Penal fundamentó la demanda en la causal de casación prevista en el numeral 1 del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, pregonando que el fallo del Tribunal es violatorio de la ley sustancial por vía directa por falta de aplicación de los artículos 29 inciso 3 de la Constitución Política y 6 inciso 2 de la Ley 599 de 2000 y por aplicación indebida del inciso 3 del artículo 52 de la mencionada normatividad. 3.1.1. Demostración del cargo Luego de detenerse en el principio de favorabilidad, su evolución y la normativa aplicable, el actor desarrolla la censura advirtiendo que el Tribunal al momento de

desatar el recurso de apelación confirmó íntegramente el fallo proferido en primera instancia contra Ortiz Castaño, en la que se le sanción o a la pena principal de 13 años de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término, lo que desconoce la garantía fundamental en comento respecto a la sanción accesoria. Ello porque se presentó un fenómeno de sucesión de leyes penales en el tiempo desde el momento en que ocurrieron los hechos hasta cuando se dictó sentencia, que obligaba a los juzgadores a confrontar las normas pertinentes para concluir que en la ley 365 de 1997 bajo cuyo imperio ocurrió el suceso objeto de juzgamiento, la duración máxima de la pena accesoria era de diez años, resultando más benigna para la sentenciada y por consiguiente aplicable por favorabilidad aún cuando se encontrara extinta, gracias a la figura de la ultractividad. Surge entonces una desatención de las instancias que aplicaron indebida y retroactivamente en sus fallos el inciso 3 del artículo 52 de la ley 599 de 2000, ocasionando un perjuicio a la procesada que vulnera sus garantías fundamentales. Segunda Delegada para la Casación Penal Piso 26 casación2penal@procuraduria.gov.co 4 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Claudia Patricia Ortiz Castaño Rad. 21.807 Para salvaguardar sus argumentos en el sentido que se estaría creando una lex tertia, trae a colación la decisión de la Sala Penal de la Corte de 3 de septiembre de

2001 con ponencia del Magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, doctrina sobre el tema e indica que el yerro incide en la aplicación retroactiva de una norma que contiene consecuencias jurídicas más gravosas que las consagradas en la que regía al momento de comisión de la conducta punible, constituyendo un error in iudicando demandado por la vía de la causal primera, conforme al reiterado criterio de la Corte. 3.1.2. Petición Dado que la doble presunción de acierto y legalidad que ostenta el fallo de segunda instancia es desvirtuada en la demanda, solicita se dicte sentencia de sustitución en lo atinente a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, para que se imponga dentro de los límites legales contemplados en la ley 365 de 1997 vigente en la época de ocurrencia del punible motivo de juzgamiento, manteniendo incólumes las demás decisiones adoptadas que no fueron objeto de censura. Así, se aplicaría ultractivamente la ley penal favorable para la procesada y se enmendaría el desacierto del Tribunal con el que se desconoció la garantía fundamental en cuestión.

4. CONCEPTO DE LA DELEGADA 4.1. Cargo único 4.1.1. Legitimidad para demandar en casación Como ya lo ha manifestado en pasadas oportunidades esta Delegada, constituye un presupuesto ineludible para impugnar en casación el interés jurídico para recurrir, el cual se encuentra ligado con los fines del recurso extraordinario que incluyen entre Segunda Delegada para la Casación Penal Piso 26 casación2penal@procuraduria.gov.co 5

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Casación de Claudia Patricia Ortiz Castaño Rad. 21.807 otros, la reparación de un perjuicio ocasionado con la providencia judicial atacada para que se remueva, mejore o atempere una situación gravosa allí contenida. Y de cara a ese interés reiterada jurisprudencia de la H. Corte ha establecido que cualquiera de los sujetos procesales que opte por la no interposición y correspondiente sustentación del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia estando en condiciones de hacerlo, denota su conformidad con la decisión proferida. En este caso, el casacionista (Procurador Judicial en lo Penal) no apeló el fallo de primer grado, conducta que conlleva a entender la aquiescencia del Ministerio Público con el mismo y que lo veta para atacar el fallo del Tribunal que confirmó en su integridad la decisión del juzgado. Sobre el particular ha dicho la Corte: “La Sala ha sostenido, por ejemplo, que el Ministerio Público no está exento del deber de apelar el fallo de primer grado, si aspira a tomar legitimidad en un eventual recurso de casación, pues el interés general que representa o su reconocida condición de imparcialidad, no trastocan la calidad de sujeto procesal, que debe actuar en igualdad de condiciones respecto de los demás, sin privilegios que no hayan sido reconocidos por la propia ley para fines de mayor justicia (cfr. auto de 2 de junio de 1998, rad. 14.072, M.P Jorge Aníbal Gómez Gallego).” 1 De esta manera el Tribunal de casación debió haber inadmitido la demanda en lugar

de declararla ajustada, por consiguiente, la Procuraduría solicita la desestimación de la demanda presentada atendiendo que la H. Corte ha precisado: “La falta de interés para recurrir por parte del demandante para formular un ataque como el que ha presentado, continúa produciendo, material y jurídicamente, los mismos efectos negativos atribuibles desde el momento 1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 17 de enero de 2002, Rad. 12.106, M.P. Nilson Pinilla Pinilla Segunda Delegada para la Casación Penal Piso 26 casación2penal@procuraduria.gov.co 6 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Claudia Patricia Ortiz Castaño Rad. 21.807 en que se recurrió el fallo del Tribunal, no quedándole otra alternativa a la Corte que la de desestimar oficiosamente la demanda, pues la simple inadvertencia de la causa a la hora de concederse el recurso o de inadmitirse la demanda no hace que el vicio pierda eficacia, sino que lo que era causa de rechazo o inadmisión se convierta en causa de desestimación, ya que todo depende de la fase procesal en que se tome la decisión.”2 Considerando la naturaleza rogada del recurso extraordinario y que la Corte adquiere competencia para conocer del mismo solo a partir de la presentación de una demanda en debida forma y ante la existencia de un interés jurídico para recurrir (artículo 213 de la ley 600 de 2000), resulta ilegítima cualquier intervención suya sin

el cumplimiento de dichos presupuestos, los cuales no pueden ser obviados ni siquiera para asumir oficiosamente el estudio de posibles transgresiones de raigambre constitucional. “Aceptar –sin másla tesis propuesta a partir de la prevalencia del derecho material, la vigencia de un orden justo como fin esencial del estado y del principio de preeminencia de las normas y valores constitucionales que irradian al universo jurídico interno, ni más ni menos sería desquiciar el ordenamiento jurídico cuya defensa se propugna, pues por esa vía cualquier sujeto procesal entendería encontrarse frente a una violación de sus garantías, que obligaría a la Corte a contrariar el orden que se quiere proteger y a desvirtuar la naturaleza de la casación que en nuestro medio es esencialmente un juicio de legalidad.” 3 Estas razones son las que conducen a la Procuraduría Segunda Delegada a no compartir los recientes pronunciamientos de la H. Corte en determinaciones de 19 de agosto y 20 de octubre de 2004, en las que a pesar de inadmitir la demanda 2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 20 de abril de 1999, Rad. 10391, M.P Carlos Augusto Galvez Argote 3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 28 de julio de 2004, Rad. 20323, M.P Alfredo Gómez Quintero Segunda Delegada para la Casación Penal Piso 26 casación2penal@procuraduria.gov.co 7 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Claudia Patricia

Ortiz Castaño Rad. 21.807 considera pertinente que el Ministerio Público y la Corporación se pronuncien sobre la posible violación de garantías fundamentales. No obstante para el asunto que nos atañe, interés para recurrir, es la propia Corte en la última decisión citada la que textualmente dice: “Así, pues, no resulta cierto que la competencia para casar de oficio la sentencia recurrida esté subordinada a la aceptación de la demanda de casación, sino que se adquiere como consecuencia del juicio de admisibilidad de la misma, como se desprende del artículo 213 del Código de Procedimiento Penal: se inadmite la demanda y se regresa el proceso al despacho de origen en todos los casos de carencia de interés para recurrir sin que ocurra igual cuando la razón de la decisión esté asociada a que no reúne los requisitos formales pero resulta indispensable echar mano de la oficiosidad por la Corte para salvaguardarla de derechos fundamentales…” (subrayas de la Procuraduría). De donde deviene nítido que la H. Corte no debió haber admitido la demanda de casación presentada por el Ministerio Público y en consecuencia, tenga cabida su desestimación. Valga agregar, que se hace necesaria claridad sobre el particular atendiendo que la Alta Colegiatura ha adoptado decisiones divergentes sobre este punto tal y como se observa en providencias de 16 de marzo4 y 11 de mayo de 20055, toda vez que en la primera de las determinaciones aludidas frente a la misma situación se consideró que el sujeto procesal que no impugnó la sentencia de primera instancia le asiste interés para recurrir en casación cuando ésta tiene como objeto restablecer la

4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 16 de marzo de 2005, Rad. 21296, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón 5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 11 de mayo de 2005, Rad. 20534, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés Segunda Delegada para la Casación Penal Piso 26 casación2penal@procuraduria.gov.co 8 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Claudia Patricia Ortiz Castaño Rad. 21.807 legalidad del proceso, afectada por el desconocimiento de las garantías fundamentales; y en la segunda, se determina que al no recurrir el representante del Ministerio Público el fallo de primera instancia carece de interés para impugnar extraordinariamente la sentencia del Tribunal. 4.1.2. Favorabilidad en la aplicación de la pena accesoria Con todo y en el evento de que la H. Corte no acceda a desestimar la demanda y considere que hay lugar a un pronunciamiento oficioso, es evidente la vulneración del principio de favorabilidad cuando el Tribunal confirma la decisión del juez de primera instancia que impuso a la procesada la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de trece años. Si hubiese atendido a la ley más favorable al reo, habría aplicado el artículo 44 del Decreto-Ley 100 de 1980 modificado por el artículo 3 de la ley 365 de 1997, vigente para la época de ocurrencia del suceso delictivo, que prevé como límite máximo de duración de la pena accesoria diez años, pero en su lugar, impuso una sanción

mayor a la establecida en la normatividad que regía al momento de comisión de la conducta punible. Para la oportunidad en que fueron emitidas las sentencias de primera y segunda instancia se encontraba ya vigente la ley 599 de 2000, cuyos artículos 51 sobre duración de las penas privativas de otros derechos y 52 inciso tercero, establecen que la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de 5 a 20 años y que en todo caso, la pena de prisión conlleva la sanción accesoria mencionada. Confrontando las dos legislaciones es evidente que en virtud del principio de favorabilidad debía aplicarse la ley benéfica, teniendo cabida la ultractividad de la legislación derogada en este punto como lo aduce el censor. Segunda Delegada para la Casación Penal Piso 26 casación2penal@procuraduria.gov.co 9 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Claudia Patricia Ortiz Castaño Rad. 21.807 Así, basta confrontar las normas en cita para vislumbrar que la contenida en el Decreto-Ley 100 de 1980 resulta más favorable a la sentenciada, en consecuencia, procederá la casación parcial del fallo en lo atinente a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, para que se imponga esta dentro de los límites previstos en dicha codificación.

5. PETICIÓN De acuerdo con las anteriores consideraciones esta Delegada de manera respetuosa sugiere a la H. Corte desestimar la demanda presentada por el Procurador Judicial

117 en lo Penal, y en subsidio, casar de oficio y parcialmente la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 6 de agosto de 2003, en lo que tiene que ver con la sanción accesoria impuesta. En los anteriores términos rinde el Ministerio Público concepto dentro del presente asunto. De los Honorables Magistrados,

JUANA MARINA PACHÓN ROJAS

Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal Bogotá, D.C, 25 de julio de 2005 Segunda Delegada para la Casación Penal Piso 26 casación2penal@procuraduria.gov.co 10 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co