PGN - RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION - Violación al derecho de defensa

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. ALVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto Demanda de Casación (Rad. 22.305) El Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia proferida por el Juzgado 24 Penal del Circuito del mismo Distrito Judicial que le fue adversa a Juan David Marín Caro por los delitos de Homicidio Simple y Porte Ilegal de armas de fuego de defensa personal.

El Procurador 113 Judicial Penal II interpuso el recurso extraordinario de casación contra el fallo de segunda instancia y en relación con la viabilidad de la demanda procede el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Cuarta Delegada para la Casación Penal, a rendir su concepto de rigor, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal.

1.- SITUACIÓN DE HECHO.

En la esquina de la Carrera 74 con Calle 92, barrio Robledo de la ciudad de Medellín, sentado frente a un local de comidas rápidas se encontraba a eso de las diez de la noche del 12 de mayo de 2002, en compañía de dos amigas menores de edad Sergio Alberto Gómez Cortes, cuando de un vehículo en marcha descendió un individuo con el rostro cubierto y disparó repetidamente contra su humanidad causándole graves lesiones que produjeron su deceso mientras era trasladado a un centro asistencial.

2.- SÍNTESIS PROCESAL.

Las jóvenes acompañantes del occiso señalaron a Juan David Marín Caro como autor de los disparos, que también una de ellas posteriormente lo

reconoció a través de fotografías, y en vista de que no fue posible su captura para que rindiera las explicaciones del caso se lo vinculó a la investigación en 2 calidad de persona ausente, designándosele defensor de oficio al profesional Jorge Eliécer Bolaños. Por Resolución del 27 de enero de 2003 se dictó detención preventiva como presunto autor de la conducta punible de Homicidio Simple y Porte de Armas de fuego de defensa personal, de cuya medida se notificó personalmente el Defensor y el Personero Delegado en representación del Ministerio Público. Perfeccionada en lo posible la investigación, sin que las partes presentaran alegatos de conclusión, el mérito probatorio del sumario se calificó mediante providencia del 6 de mayo del mismo año con Resolución de Acusación por los mismos delitos previstos en los artículos 103 y 365 del nuevo Código Penal, respectivamente. En la misma decisión se ordenó la expedición de copias para investigar la posible participación de integrantes de la Familia Duque Ospina. El enjuiciatorio fue notificado personalmente al Ministerio Público y al defensor, así como también mediante anotación en Estado 043 del 20 de mayo de 2003 al acusado ausente y en firme tres días después en la misma primera instancia por no haber sido objeto de impugnación, el conocimiento de la etapa procesal del juicio correspondió al Juzgado 24 Penal del Circuito de Medellín. La audiencia preparatoria la adelantó el 15 de julio de la misma anualidad con la asistencia del Fiscal y el defensor del incriminado, que no solicitaron la práctica de ninguna prueba, ni tampoco motivo alguno de nulidad.

Se rituó el debate público de la audiencia de juzgamiento sin modificación de la situación probatoria, en la que tanto el Fiscal como el defensor se pronunciaron en favor de la condena y finalmente se dictó la Sentencia del 13 de agosto de 2003, por medio de la cual se condenó a Juan David Marín Caro, conforme a los cargos imputados, a la pena principal de 168 meses de prisión, la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones y derechos públicos por igual lapso y un día más, como también la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego, además de pagar a título de indemnización el equivalente a 200 gramos oro por los perjuicios causados con la infracción. En virtud del recurso de apelación que interpuso únicamente el Procurador Judicial 113, solicitando la nulidad de lo actuado por violación del derecho de defensa, el Tribunal Superior de Medellín mediante el suyo del 30 de septiembre de 2003 confirmó el fallo en su integridad. 3 El Procurador Delegado ante la Corporación insistió en la impugnación extraordinaria y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la demanda ajustada a los requisitos de forma.

3.- LA DEMANDA.

Contra la expresada sentencia de segunda instancia el representante del Ministerio Público formula un sólo cargo con fundamento en la causal tercera de casación; esto es, al haber sido dictada dentro de un juicio viciado de nulidad, por violación del derecho de defensa. El fundamento legal del motivo de invalidez lo encuentra en el numeral tercero del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal y lo hace consistir en la total

pasividad del defensor de oficio designado al procesado juzgado en contumacia. La inactividad del profesional del derecho que debía representar los intereses del acusado y la traición al cumplimiento de sus deberes, los señala en detalle el recurrente, en el orden que sigue: 1.- Después que se notificó de su designación en calidad de defensor de oficio sin ninguna manifestación de excusa o impedimento legal o moral para desempeñar el cargo, no intentó desvirtuar cualquier causa de agravación del Homicidio que sólo desconoció por propia iniciativa el operador jurídico instructor en el momento que definió provisionalmente la situación jurídica del sindicado ausente. 2.- Tampoco luego de notificado de la medida cautelar interpuso los recursos ordinarios de reposición y apelación que eran necesarios para desvirtuar la configuración del delito de Porte de Arma de fuego de defensa personal porque hasta ese momento el Ejercito Nacional no había certificado que Juan David Marín Caro no poseía licencia o autorización, lo que sólo hizo el día 31 de enero, cuatro días después de proferida la detención preventiva por este delito. 3.- Toda la prueba testimonial que sirvió de sustento a la sentencia de condena se recepcionó durante la fase de la investigación previa cuando el imputado no contaba con defensor y resultaba entonces imperioso o se imponía la obligación al defensor que solicitara la ampliación de dichos testimonios para acreditar si los movía algún interés y precisar también las circunstancias como identificaron al autor de los disparos que llegó a la escena del delito con el rostro cubierto. 4 En definitiva destaca que se tornaba imperiosa la actividad del abogado

solicitando la comparecencia de nuevo de los testigos, con el fin de aclarar el móvil del hecho delictivo que quedó en la oscuridad y se estableciera si en verdad el imputado fue el verdadero autor de la occisión porque carecía de antecedentes penales, no se estableció que era sicario y de su estrecha amistad con el occiso había constancia en el proceso. Obligado también resultaba contrainterrogar por el defensor a los padres del occiso sobre las relaciones de enemistad de su hijo con miembros de la Familia Duque Ospina. Añade también que ante la desidia del Fiscal instructor, el defensor debió solicitar las declaraciones de Juan Carlos y Teresa Duque Ospina para que explicaran sobre sus amenazas por conflictos con la persona que después resultó muerta según las manifestaciones de la declaración de su madre. 4.- No solicitó la reposición de la resolución que cerró la investigación para que se completara la prueba echada de menos, no obstante que de la misma se notificó personalmente. 5.- No presentó durante el traslado ningún alegato previo a la calificación del mérito probatorio del sumario. 6.- Se notificó personalmente de la Resolución de Acusación pero tampoco contra ella interpuso ningún recurso. 7.- En la etapa del juicio asistió a la diligencia de audiencia preparatoria, pero guardó silencio y ninguna prueba solicitó que le sirviera para su argumentación final de defensa. 8.- Finalmente subraya que durante su intervención en el debate oral del acto del juzgamiento propició la condena de quien debía defender, convencido de la posición de la Fiscalía ya que consideró contundente la poca prueba militante

en el proceso para señalar a Juan David Marín Caro como el autor del Homicidio y su defensa se limitó a la petición de la pena mínima. En este último acto es donde mayor desidia halla por parte del defensor y considera su traición a la representación a la que estaba obligado, porque no podía hacer confesión de responsabilidad penal por su pupilo, excluyendo todo examen judicial sobre la antijuridicidad de la conducta. Sostiene, en consecuencia, que sirvió de facilitador de la condena porque el juzgador no tuvo que analizar ningún argumento defensivo. 5 En concepto del Letrado su actuación no podría mirarse como táctica sino como un acto desidioso, ilegal e inmoral y pide que se lo investigue disciplinariamente. Apela como criterio de autoridad a la cita abundante de decisiones de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema del abandono del abogado a su obligación de defensa y señala además como preceptos vulnerados el artículo 29 de la Constitución Nacional, el 8° del C.P.P., y los principios de igualdad, de contradicción, de investigación integral y el de doble instancia. Como corolario obligado reclama se case la sentencia y se decrete la nulidad desde el momento procesal en que se pueda ordenar la práctica de las pruebas. 4.- CONCEPTO Se acusa a la sentencia por haber sido dictada dentro de un juicio que desconoció en absoluto el derecho de defensa por la inactividad del defensor de oficio que representó al procesado latitante. El autor de la occisión huyó inmediatamente del sitio escenario de los hechos y por no haber sido posible su captura la joven testigo Ana Teresa Ardila

Cartagena como corresponde a todo aquel que incrimine a una persona determinada lo reconoció a través de fotografías en diligencia que contó con la presencia tanto de la Delegada de la Personería Municipal, como de una profesional del derecho en representación de Juan David Marín Caro, y a partir de su declaración como persona ausente el defensor de oficio se notificó personalmente de su designación, de la medida de aseguramiento que se dictó en su contra, del cierre de la investigación, la Resolución de Acusación, por último, en la etapa del juicio se enteró por citación y compareció a la audiencia preparatoria lo mismo que al acto público de juzgamiento. El recurrente alega, sin embargo, la falta de asistencia técnica o defensa letrada y en esencia son dos los motivos: 1) No se impugnó ninguna de las decisiones desfavorables al acusado. Cuando se alega en el ámbito del recurso extraordinario de casación la violación al derecho de defensa por ausencia del ejercicio del derecho de 6 impugnación de las diversas determinaciones desfavorables al sindicado adoptadas en el curso del proceso, se debe demostrar con el respectivo análisis de las pruebas que el sentido de las providencias hubiera sido otro, pues, no basta con anunciar que se privó al imputado de la oportunidad de que la segunda instancia se pronunciara y pudiera detectar las inconsistencias mediante el estudio de los medios de convicción, o señalar de modo genérico que podía obtener determinaciones judiciales benévolas a sus intereses. En su primera versión al Fiscal que realizó la diligencia de levantamiento del cadáver, según se lee en la respectiva acta, la madre del occiso manifestó que

ella no sabía quien había sido el autor porque la gente sólo comentaba que un hombre encapuchado se le acercó y disparó. Posteriormente, el padre declaró que se enteró por personas cuyos nombres se negó a suministrar que a su hijo por orden de la familia Duque Ospina lo mató el encapuchado cuyo nombre respondía al de Juan David Marín Caro, alias “Juancho”, y la misma madre también repite la forma como le dijeron que su hijo estaba en compañía de dos muchachas pero señala como testigo de los hechos que estaba dispuesto a declarar a Gustavo León Quinchia González de quien dice le comentó que el homicida se quitó la camisa con la cual cubría su rostro y por eso a corta distancia lo pudo conocer. Este declarante negó rotundamente y la desmiente porque según él sólo le dijo que los comentarios de la gente era que había sido “Juancho” y no que lo hubiera conocido cuando disparó sobre la humanidad de quien después resultó muerto. Igual su hermano, de nombre Oscar David Quinchia, afirma que la gente del barrio y todo el mundo comentaba que Juan David Marín Caro fue el autor de la muerte, y ambos aseguran que el lugar estaba oscuro. Sólo el 4 de junio después de transcurridos 22 días de los hechos, aparecen declarando las jóvenes Jennifer Dayana Ramírez y Ana Teresa Ardila Cartagena de 15 y 14 años de edad, respectivamente, quienes ponen de presente bajo juramento que acompañaban al adolescente cuando un sujeto que se apeó de un taxi se le acercó y le disparó por varias veces, identificándolo cuando se le cayó la camisa que le cubría el rostro, que se trató

de Juan David Marín Caro vecino del lugar y conocido por ellas desde antes. La última testigo también lo reconoció a través de fotografías. En la oportunidad procesal de la definición provisional de la situación jurídica el delito de Porte Ilegal de armas de fuego se consideró agravado conforme al numeral cuarto del artículo 365 del Código Penal, según se expuso, “pues el sicario trató de ocultar su identidad a través de una camisa que le cubría el rostro”. La forma como sorprendió a la víctima su heridor, sin discusión o advertencia alguna, disparándole repetidas veces por la espalda aprovechando 7 su estado de indefensión y la hipótesis nada improbable de que su victimario cumplía el encargo de darle muerte a raíz de la riña que sostuvo en horas de la mañana con miembros de la Familia Duque Ospina, tampoco descartaba de plano que la conducta delictiva de Homicidio no fuera agravada. No obstante, los cargos meramente se imputaron por el concurso de delitos de Homicidio y Porte de Armas Simples, en virtud de lo cual nada de reprochable tendría que el defensor optara simplemente por notificarse de las decisiones que aunque adversas a su prohijado por propia iniciativa de los operadores jurídicos eran las menos gravosas en cuanto a la adecuación de los comportamientos a tipos penales ventajosos. Desde luego que hay ocasiones en que no será conveniente para la defensa interponer recursos a las decisiones y también perjudicial el empeño por la ampliación de diligencias para añadir detalles insignificantes sin ninguna

connotación probatoria Valga anotar que solicitar pruebas para arrojar luz sobre el móvil determinante del delito no era del mayor interés no sólo por las circunstancias que rodearon la comisión del Homicidio, sino también porque el dolo de este tipo de injusto se agota con la consciencia y la voluntad del hecho de que se mata a otro, a sabiendas de la ilicitud del acto, sin que se afecte la estructura del tipo objetivo y subjetivo, la antijuridicidad y el reproche de la culpabilidad por la dificultad de la demostración del propósito oculto en la reconditez de la mente del autor. La rebeldía del procesado, por otro lado, que en este caso prefirió evadirse y mostrarse indiferente a su propia suerte con su renuncia en forma voluntaria a la posibilidad de explicar su conducta, es inocultable que dificultó su propia defensa material y de ese modo es obvio que faltó su colaboración con el defensor de oficio para idear una coartada, a menos que se le atribuyeran capacidades de Zahorí. En este orden de ideas, nada más elocuente que la necedad del reproche expuesto por el casacionista cuando reclama del defensor de oficio su falta de interés por alegar y orientar al operador jurídico instructor en cuanto la imposibilidad de agravar la conducta homicida, pues lo primero que conspira contra la incidencia de esa deficiencia que destaca es su propia admisión de que el Fiscal por propia iniciativa calificó desde el comienzo en la medida de aseguramiento el delito contra la vida como simplemente voluntario. En concepto del actor cuando se dictó la detención preventiva no estaba

demostrada la conducta punible de Porte de Armas de fuego por la ausencia del ingrediente normativo que da origen a la ilicitud porque no existía constancia 8 que su defendido careciera de autorización o permiso de la autoridad, no obstante la falta de trascendencia de la omisión del defensor por no mostrar su inconformismo a través de la impugnación, él mismo se encarga de ponerla de manifiesto porque reconoce que transcurridos apenas cuatro días de la fecha de la providencia el Ejercito Nacional certificó que no había expedido salvoconducto a su nombre. Sin ahondar demasiado, la inactividad que destaca el Letrado como anomalías en detrimento del derecho de defensa, en realidad no tienen la importancia que intenta poner de relieve, pero no son las únicas y suma a ellas otras de mayor alcance. 2) La falta de contradicción de la prueba porque, según expone, el defensor de oficio designado no solicitó la ampliación de la prueba testimonial incriminatoria que se recaudó en la fase de indagación preliminar con el fin de repreguntar a los testigos, ni la práctica de ninguna otra que era menester para establecer si en verdad el imputado fue el verdadero autor de la occisión. Es preciso tener presente que el ejercicio del derecho de contradicción no se ejerce únicamente en el momento de la aducción del medio probatorio al proceso, o en su ampliación por la oportunidad que se tiene de repreguntar o contrainterrogar al testigo, sino también en cualquier otra etapa procesal a través de la pertinente valoración o crítica probatoria tanto en los alegatos precalificatorios, la sustentación de los recursos ordinarios e incluso en el debate oral del acto público de juzgamiento.

Pero así mismo es notorio que en este caso el representante de la sociedad denuncia que el defensor, en modo alguno cumplió jamás con su deber del ejercicio de la controversia probatoria, porque no sólo se rehusó a evitar el cierre de la investigación para recaudar alguna probanza tendiente a la opugnación de los testigos de cargo, y poner en duda la credibilidad acerca de cómo descubrieron la identidad de la persona que sindican, sino que tampoco discutió la prueba testimonial a través de alegatos escritos antes de la calificación del mérito probatorio del sumario o su intervención oral en el acto público del juzgamiento, la impugnación de la providencia acusatoria y menos de la sentencia de condena que por el contrario propició haciendo causa común con el acusador público. Lo anterior vendría en apoyo para sostener que la sola actividad de notificación de las providencias desfavorables a su defendido, que no acompañó de peticiones de ninguna índole, ni recursos contra los pronunciamientos adversos, jamás darían pie para entender que su proceder nació de la cautela o de una sagaz táctica que buscaba con paciencia el momento propicio para un ataque 9 demoledor de la escasa prueba que logró la instrucción recaudar para imputar la autoría. Su manera de actuar es contraria a pensar que el silencio que siguió a las notificaciones de las providencias desfavorables al procesado obedecía a un plan estratégico. Su intervención en la última oportunidad que se tenía en las instancias para presentar las alegaciones defensivas en favor del procesado, es suficiente y basta para poner de manifiesto que las constancias procesales, por contra, lejos

de refutarlo llevan a la certidumbre del claro abandono de su compromiso que le imponía el cargo que aceptó libremente sin reparos de impedimentos morales. Fueron estas sus palabras que la demanda califica de dicotómicas expresiones, y en efecto vale la pena reproducir su contenido para mayor ilustración: “Obrando en calidad de defensor oficioso del procesado referenciado, quiero manifestar al despacho que es difícil hacer una adecuada defensa de una persona que ha sido contumaz a comparecer a la Fiscalía y hoy al despacho que lo juzga, con el fin de aclarar los hechos que se le achacan. De la misma manera la defensa técnica no puede desconocer la poca prueba, como dice el mismo despacho instructor que hoy milita en contra del procesado, pero a la vez es contundente en dar crédito que fue él la persona que cometió el homicidio en contra de Sergio Alberto Gómez. Por lo tanto al no observar la defensa ninguna causal de justificación ni de ausencia de responsabilidad, sólo me queda solicitarle al juez. Teniendo en cuenta que la persona que represento carece de antecedentes penales, en el momento de la dosificación de la pena y en el eventual caso que sea condenatoria, se parta de los cuartos mínimos que la ley penal da la posibilidad.” El encargado de la defensa cuando moralmente está convencido de la prueba que abruma a su defendido no está obligado a ensayar hipótesis peregrinas o argumentos exculpatorios aún en contra de la verdad procesal, o dicho en mejor forma, el éxito de su gestión no la determina siempre la demanda de absolución porque también es plausible y de encomiable ética profesional no oponerse a la

condena siempre que procure la explicación del comportamiento de su defendido de modo que el delito imputado y la pena resulte lo menos perjudicial. Pero la actitud que asumió, vista en su exacta dimensión, no podría admitirse como el resultado de su convicción moral que lo obligara a dejar de lado esfuerzos tendientes a sugerir alternativas o posibilidades, al menos, en torno a la credibilidad de los testigos que dieron origen a la incriminación. Es preciso convenir que ningún esfuerzo adelantó tendiente al análisis de la escasa prueba que reconoció se allegó al proceso, y por la sola consideración 10 de la contundencia y claridad de los medios de convicción que comprometen seriamente al acusado del delito tampoco se podría decir a manera de principio absoluto que de ningún modo se afecta el ejercicio del derecho de defensa si el abogado defensor no evita el control de la prueba testimonial y silencia las alegaciones más pertinentes, porque es de sabiduría pacífica que la defensa técnica garantizada por la Constitución Política como derecho fundamental que responde a la dignidad humana y por eso implica que en el Estado social de derecho el hombre se lo considere sujeto y no objeto del proceso penal cuando es víctima de criminilización secundaria, no se le hace depender de la irrefutable prueba que lleva a la certeza de la responsabilidad penal, pues aún el delincuente avezado, confeso y cogido in fraganti, no puede ser privado del ejercicio de una defensa continua e ininterrumpida, diligente, sería y adecuada en todas y cada una de las etapas del proceso. Es indiscutible que la falta de adecuada defensa del procesado durante el

debate público fue más aparente que real, porque no era la responsabilidad agravada o simple el problema que suscitaba discusión, ni en el fondo se trataba de garantizar la condenación notoriamente atenuada o de excluir la responsabilidad por ausencia de una cualquiera de las causales de justificación o inculpabilidad. Por las circunstancias claras que rodearon la muerte del joven Sergio Alberto Gómez y los términos específicos de los cargos, el tema a debatir era el de la verdadera identidad o autoría del autor o autores del delito. Es verdad que no está obligado el funcionario a repetir las pruebas que ya obren en el proceso, y tampoco a ampliar las que necesariamente así se le solicitan, pero depende de cada caso en particular, esto es, de las contingencias a que se ve sometido el proceso, establecer si la contradicción probatoria se ha visto en parte menguada por no facilitar la oportunidad de obtener una mayor claridad y precisión del dicho del testigo. El hecho de la calidad de persona ausente del procesado de ninguna manera era el motivo de la justificación que adujó el profesional para no cumplir con mayores y ponderados argumentos defensivos, sin que se pueda discutir que su alegato de fondo caracterizado por su incoherencia y falta de objetividad terminó por afectar los intereses de la parte que representaba. Para que la deficiente actividad de la asistencia o representación letrada de la persona acusada de un delito tenga capacidad de desconocer el derecho de defensa, según lo ha venido pregonando la enseñanza de la jurisprudencia, es necesario que haya podido razonablemente causar algún perjuicio siquiera potencial de los derechos fundamentales del procesado por sus efectos

11 definitivos y evidentes sobre la decisión del Órgano jurisdiccional, que en ese caso no se podría negar su ausencia simplemente porque al procesado se lo condenó por delitos sin agravantes punitivas y de contera a la pena mínima que correspondía de acuerdo con las modalidades delictivas y ninguna posibilidad procesal surgía de atenuante de la punibilidad. La situación comentada denota como se percata fácilmente no tanto una inteligente, ética y decorosa intervención de colaboración con la justicia, como si una palmaria demostración de irresponsabilidad e ineficacia, pues a simple vista la asunción de la contundencia de la prueba y la sola manifestación al desgaire de la necesidad de la pena el parámetro del primer cuarto, destaca la negligencia, torpeza e insensatez porque ninguna luz de reflexión le ofreció al juzgador sobre el equilibrio de un debate que permitiera sopesar la fortaleza predominante de la condena. La falta de diligencia en mayor medida se pone de manifiesto porque ni una sola palabra se refirió al otro cargo que también se imputó contra la Seguridad Pública. Su discurso se agota en señalar la contundencia de los testimonios para dar pie a la certeza de la identidad del autor de la occisión, sin hacer mención al delito de Porte Ilegal de Armas de fuego de defensa personal. Es contundente y definitivo que cuando del defensor hace presencia en el proceso sólo para notificarse de las providencias pero ni siquiera en el momento trascendental del debate oral propio del juzgamiento cumple con el cometido de la controversia probatoria y de contera se muestra conforme con la condena su hacer no es muestra precisamente de un plan táctico en beneficio de su

prohijado sino la más clara manifestación de la desidia y el abandono de su función que no lo exonera de reproche disciplinario. Es obligación de los jueces que le impone la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia no sólo garantizar sino velar por la salvaguarda de los derechos de los intervinientes en el proceso. Para preservar la preciada garantía del derecho de defensa, además del ejercicio de la defensa material del procesado y la defensa técnica del abogado, es menester la acuciosidad del operador jurídico que le impide mostrar indiferencia frente a la renuencia del defensor por asumir en forma sería y completa la defensa del procesado. El derecho a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento se encuentra consagrado en favor de todo sindicado como una garantía fundamental de carácter constitucional en el artículo 29, inciso tercero, de la Carta Política. Al derecho de defensa también aluden la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, en el artículo 8.2, literales d) y e) de la Convención de San José de Costa Rica 12 aprobada mediante la Ley 16 de 1972; y en el artículo 14.3 del Pacto de Nueva York, aprobado por la Ley 74 de 1968. No suscita discusión entre los entendidos que con la constitucionalización del derecho a la defensa letrada, debido a su carácter normativo y no meramente programático, se trata de una garantía real, que corresponde a todo servidor judicial velar por su ejercicio mediante la designación de un abogado de oficio cuando el procesado no quiera o no se encuentre en condiciones de contratar

uno de confianza y vigilar que su gestión se cumpla dentro de los marcos de diligencia debida y ética profesional. La ausencia del defensor vicia el procedimiento en materia grave hasta el punto de generar uno de los motivos de nulidad recogidos en la ley de procedimiento. Es claro, entonces, que la deficiente intervención oral del abogado de oficio no fue lo suficientemente diligente para orientar las posibilidades defensivas y en tales condiciones razón le asiste al casacionista cuando pretende que el fallo se invalide por la violación del derecho de defensa. El cargo, muy a pesar de las muchas citas de normas y principios impertinentes, fue planteado correctamente por la causal tercera que cuenta además con un desarrollo de cuyo contexto se puede aclarar el motivo de nulidad y el propósito de la pretensión, por lo cual está llamado a prosperar. 5.- PETICIÓN Con fundamento en las consideraciones que anteceden, esta Procuraduría Delegada sugiere a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia CASAR la sentencia acusada, y anular la actuación a partir de la apertura del juicio a prueba, conforme lo solicita el demandante para una mejor garantía del derecho de contradicción probatoria. Atentamente,

ALFREDO ALFONSO ARIZA PADILLA

Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal Bogotá D. C., 13 de agosto de 2004 Rad. No. 22.305