PGN - REGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Daño antijurídico e imputación

ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA Apelación de sentencia que declara laresponsabilidad del INCORA a título de falla del servicio NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procedencia …Cuando el daño ha sido causado por un acto administrativo considerado ilegal, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto es indispensable que sea el juez competente quien d esvirtúe la presunción de legalidad que cobija dicho acto, para que los daños por él causados puedan considerarse antijurídicos y puedan comprometer la responsabilidad del Estado. 08001233100220070059901 (61039) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-2018-339510

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 7 de junio de 2013

Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 13–101

Acción: Reparación Directa Radicado: 050012331000200400910 01 (46673)

Actor: Liliana María Moreno y Otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Policía

Nacional Honorable Señor Consejero Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud

del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES  La Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, la señora LILIANA MARÍA MORENO RAMOS y otros, ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA-Procedencia También indicó que cuando el daño ha sido causado por “un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos” o, en la modificación aportada por la Ley 446 de 1998, “por cualquier otra causa”, como sería aquella consistente en la ruptura del principio de la igualdad frente a las cargas públicas por un acto legal, la acción procedente es la de reparación directa.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Por perjuicio ocasionado por las omisiones en las que incurrió el INCORA en un trámite de adjudicación de baldío En el presente asunto lo que se produjo fue la desaparición del mundo jurídico de unos actos administrativos de los que se demostró su ilegalidad, pero como respecto de ellos no existe controversia porque dicho aspecto ya fue definido por la jurisdicción por los cauces de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que reclama el actor es el perjuicio que pudo ocasionar el INCORA por las omisiones en las que incurrió en un trámite de adjudicación de baldío, las cuales, en su consideración, fueron las que ocasionaron la nulidad de ese acto administrativo, por una insuficiente

identificación y la posterior y consecuente pérdida del bien inmueble adjudicado. Conforme a lo anterior, el Ministerio Público estima que no sería viable el reconocimiento de perjuicios materiales o inmateriales con cargo al erario del ente demandado, toda vez que además de no serle imputable el daño alegado al INCORA, las supuestas omisiones lo que generaron fue permitir que por varios años se disfrutara de un bien privado que no era posible que el actor detentara a través de la adjudicación. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Daño antijurídico e imputación DAÑO ANTIJURÍDICO-Concepto …Es aquel que la víctima no está obligada a soportar, presentándose así un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resulta jurídico si constituye una carga pública, o antijurídico, si es consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado, del derecho legalmente protegido, de donde surge la conclusión de que no tiene el deber legal de soportarlo. REGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA-Diferencia con el régimen de responsabilidad objetiva En lo que corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, se impone el conocido como la falla del servicio, cuando en la producción del hecho dañino interviene la administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes. Y en el ámbito del régimen de responsabilidad objetiva, entre otros, se ha construido el título conocido como daño especial, que se materializa cuando el Estado, en cumplimiento 2 08001233100220070059901 (61039)

5aCdeE/AMV/Llms IUS-2018-339510 de funciones legítimas, ocasiona a los administrados un daño con el cual se rompe el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todas las personas y los bienes, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros. 3 08001233100220070059901 (61039) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-2018-339510

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 26 de julio de 2018

Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO (E)

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 18–80

Acción: Reparación Directa Radicado: 08001233100220070059901 (61039)

Actor: Gregorio Gerónimo Coll

Demandado: Instituto Colombiano de la Reforma AgrariaINCORA Honorable Señora Consejera Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES

1. La Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, el señor Gregorio Gerónimo Coll, solicitó al Tribunal

Administrativo del Atlántico que se declarara responsable al INCORA por el daño antijurídico causado por la expedición de un acto 4 08001233100220070059901 (61039) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-2018-339510 administrativo de adjudicación de baldío que, posteriormente, fue declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en consecuencia, que se las condenara al pago de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados por tales hechos.

2. Contestación El INCORA manifestó no constarle la mayoría de los hechos de la demanda, pero manifestó que esa entidad no estaba obligada a indagar sobre la situación catastral del bien, el cual se presumía baldío conforme a la afirmación que en dicho sentido le expresó el solicitante bajo la gravedad de juramento. También señaló que ese instituto estaba facultado para revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías, cuando fueran violatorias de las normas legales o reglamentarias vigentes, sin que fuera necesario el consentimiento expreso y escrito del respectivo particular.

Del mismo modo, indicó que conforme al artículo 47 de la Ley 110 de 1912 el Estado no está obligado a garantizar la calidad de los terrenos que adjudican ni sujeto al saneamiento de la propiedad que transfiere en las adjudicaciones, y que aunque el Banco Ganadero instauró la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por considerar que poseía la propiedad del predio adjudicado, al momento de la transmisión de la propiedad al demandante no existió objeción alguna de la citada entidad crediticia. En su defensa propuso las excepciones “inepta demanda”, “inexistencia

de la obligación de indemnizar”, “inexistencia de perjuicios invocados”, “cobro de lo no debido”.

3. Sentencia 5 08001233100220070059901 (61039)

5aCdeE/AMV/Llms IUS-2018-339510 Por sentencia del 11 de mayo de 2012 el Tribunal Administrativo del Atlántico – Subsección de Descongestión, declaró la responsabilidad administrativa del INCORA por el daño antijurídico ocasionado al actor, condenándolo al pago de 30 salarios mínimos por perjuicios morales y, en abstracto, por los perjuicios materiales relacionados con las mejoras que el señor GREGORIO GERÓNIMO COLL hubiera realizado en el predio cuya adjudicación fue anulada por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Para el reconocimiento de los perjuicios morales indicó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, los mismos eran aceptados cuando se producía la pérdida de un bien, y que como el actor se vio despojado del predio por la nulidad de los actos administrativos de adjudicación, se presumía que dicha persona sufrió aflicción o dolor y, por ende, le reconoció dicho ítem en la sentencia. Frente a los perjuicios materiales solo consideró posible el reconocimiento de las mejoras que la parte actora hubiera realizado en el predio cuya adjudicación le fue anulada, la que quedó sujeta al adelantamiento del incidente que debía proponer la parte actora para demostrar la existencia del citado perjuicio y el monto de los mismos conforme a un dictamen pericial que soportara debidamente dichos

tópicos.

4. Apelación El apoderado de la demandada solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia. Indicó que en los procesos de adjudicaciones al INCORA sólo le correspondía verificar si los solicitantes habían sido beneficiados de otras adjudicaciones y si el área pretendida no excedía los límites adjudicables según lo previsto en la Ley 135 de 1961. 6 08001233100220070059901 (61039)

5aCdeE/AMV/Llms IUS-2018-339510 Agregó que el INCORA partía de la presunción legal de que el terreno solicitado en adjudicación era baldío, según lo había afirmado el solicitante, y que fue dicha persona la que hizo incurrir en error a la entidad, pues demostró que antes de la adjudicación tenía bajo explotación económica la superficie del terreno que se le adjudicó y que la explotación adelantada correspondía a la aptitud del suelo establecido por el INCORA en la inspección ocular que se le practicó.

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problema Jurídico  ¿Son atribuibles a la entidad demandada los perjuicios materiales e inmateriales que habría sufrido el actor por la declaratoria de nulidad de un acto de adjudicación de predio baldío?

2. Análisis Jurídico El constituyente de 1991 estableció, en el artículo 90 de la Constitución Política, que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se ha dicho que daño antijurídico es aquel que la víctima no está obligada a soportar, presentándose así un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resulta jurídico si constituye una carga pública, o antijurídico, si es consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado, del derecho legalmente protegido, de donde surge la conclusión de que no tiene el deber legal de soportarlo. 7 08001233100220070059901 (61039) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-2018-339510 En cuanto a la imputación no es más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. Durante una época la jurisprudencia del Consejo de Estado persistió en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Para efectos probatorios, de las mismas se han construido distintos títulos de imputación que el juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. Ahora bien, el Consejo de Estado, por vía de evolución jurisprudencial,

ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere a los dos regímenes de responsabilidad administrativa, deduciendo de cada uno de ellos distintos títulos de imputación. En lo que corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, se impone el conocido como la falla del servicio1, cuando en la producción del hecho dañino interviene la administración, bien sea por una acción o una omisión de parte de sus agentes. Y en el ámbito del régimen de responsabilidad objetiva, entre otros, se ha construido el título conocido como daño especial2, que se materializa cuando el Estado, en cumplimiento de funciones legítimas, ocasiona a los administrados un daño con el cual se rompe el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todas las personas y los bienes, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros. Igualmente, ha manifestado el Honorable Consejo de Estado que, dentro del campo de la responsabilidad objetiva, cabe predicar la existencia del 1 Sobre el tema pueden consultarse, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado del 13 de diciembre de 1993, exp. 10807, del 3 de abril de 1997, exp. 11187 y del 28 de agosto de 2014, exp. 27709. 2 Ver fallo del Consejo de Estado del 19 de abril de 2012, exp. 21515. 8 08001233100220070059901 (61039) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-2018-339510 título de imputación denominado riesgo excepcional3, que se estructura cuando el individuo resulta expuesto a un riesgo mayor del que están obligados a aceptar todas las personas, con el cual se genera la ruptura

del equilibrio de las cargas públicas; de manera que, al ocurrir el siniestro derivado del riesgo potencial creado por el Estado, se produce un daño a una persona o a sus bienes, lo cual origina para el Estado el deber de responder por los perjuicios que con la concreción del mismo se pudieran producir. Cuestión previa La procedencia de la acción incoada Antes de abordar el fondo del asunto, el Ministerio Público considera conveniente hacer un breve análisis de la viabilidad del enjuiciamiento del caso por los cauces de la acción de reparación directa, partiendo de la premisa que ha establecido el Consejo de Estado de indicar que la escogencia de la acción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado. Para esa corporación4, cuando el daño ha sido causado por un acto administrativo considerado ilegal, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto es indispensable que sea el juez competente quien desvirtúe la presunción de legalidad que cobija dicho acto, para que los daños por él causados puedan considerarse antijurídicos y puedan comprometer la responsabilidad del Estado. También indicó que cuando el daño ha sido causado por “un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos” o, en la modificación aportada por la Ley 446 de 1998, “por cualquier otra 3 Sobre el particular ver la Sentencia del Consejo de Estado del 2 de mayo de 2016, exp. 37072. 4 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN A - Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO - Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017) - Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00195-01(39126) 9 08001233100220070059901 (61039) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-2018-339510 causa”, como sería aquella consistente en la ruptura del principio de la igualdad frente a las cargas públicas por un acto legal, la acción procedente es la de reparación directa. En el presente asunto lo que se produjo fue la desaparición del mundo jurídico de unos actos administrativos de los que se demostró su ilegalidad, pero como respecto de ellos no existe controversia porque dicho aspecto ya fue definido por la jurisdicción por los cauces de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que reclama el actor es el perjuicio que pudo ocasionar el INCORA por las omisiones en las que incurrió en un trámite de adjudicación de baldío, las cuales, en su consideración, fueron las que ocasionaron la nulidad de ese acto administrativo, por una insuficiente identificación y la posterior y consecuente pérdida del bien inmueble adjudicado. Así las cosas, por no estar frente a una actuación destinada a la declaratoria de ilegalidad de un acto administrativo sino por una falla del servicio originada en omisiones de la entidad demandada, la acción de reparación directa resulta procedente para el enjuiciamiento del caso.

3. Caso concreto Los hechos en los que la parte actora se sustentó para intentar la

presente acción fueron sintetizados por el a quo en los siguientes términos: “(…) Señala el apoderado de la parte demandante - se resumeque consta en los anexos de la presente demanda, la Resolución No 00472 del 17 de mayo de 1989, e igualmente fotocopia de la resolución No. 000990 del 31 de agosto de 1989, ambas emanadas de la Gerencia Regional del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, en cuya parte considerativa se señala que se ha iniciado trámite legal a la correspondiente solicitud de adjudicación de terrenos baldíos presentada por Gregorio Gerónimo Coll y que se han acreditado los requisitos y condiciones para la expedición del título de dominio, 10 08001233100220070059901 (61039) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-2018-339510 disponiéndose en la parte resolutiva que se adjudica de manera definitiva un terreno baldío denominado GRANJA TUBARA al demandante, con las especificaciones allí indicadas, señalándose en el artículo 8º de la primera resolución que quedan a salvo los derechos adquiridos por terceros poseedores conforme a las leyes vigentes, y a su vez en el artículo 13 de la misma resolución que: “son nulas las adjudicaciones de tierras baldías que se hagan con violación de las normas de la Ley 135, modificada por la Ley 30 de

1988. Las acciones contenciosas administrativas de nulidad y restablecimiento del derecho, solo proceden dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria a desde su publicación en el Diario Oficial, según el caso, inciso 6° del artículo 136 del Código Contencioso

Administrativo.” Narra que luego de la aclaración efectuada por medio de la resolución No 000990 a la resolución No. 00472 en lo atinente a la ubicación del predio, se procedió a la inscripción de las predichas resoluciones en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, sin que nunca fuera perturbado de la posesión pacifica que venía ejerciendo sobre el predio adjudicado desde hace siete (7) años antes a su adjudicación. Empero señala que con posterioridad a la adjudicación, el Banco Ganadero presentó solicitud de revocatoria directa de la resolución No. 00472 del 17 de agosto de 1989 alegando derecho de dominio sobre el predio adjudicado al demandante, en virtud a haber sido adquiridos mediante dación en pago que les hicieran los señores Miguel Ali Riquett y Fanny Medina de Yunes; y que posterior a ello la Gerencia General del INCORA profiere la resolución No. 00061 de enero 19 de 1994, con la cual se resolvió la solicitud de revocatoria directa de la resolución No. 00472 que había adjudicado al demandante el predio denominado Granja Tubará con una cabida de 13-2040 hectáreas, y que para esa fecha los terrenos adjudicados estaban inscritos a su nombre teniendo su posesión pacifica, quieta y continua y ejerciendo actos de señorío sobre el mismo. Agrega que se con la revocatoria de la resolución de adjudicación si bien se dio aplicación al artículo 69 del C.C.A, se causó un agravio injustificado a su poderdante quien no era un poseedor aparente y quien no incurrió en delito alguno, sin atender que para su

adjudicación se practicó visita de inspección ocular al bien y practicándose la publicación de avisos y edictos por parte de empleados del INCORA; razón por la que estima que si existieron fallas las mismas resultan imputables al ente demandado, pues cuando un acto se ejecuta en las condiciones anotadas produce un daño que debe ser resarcida por la demandada. Perjuicios que señala se produjeron con ocasión de la revocatoria de las resoluciones que le dieron al demandante el derecho a poseer los terrenos baldíos, lo que le violó el derecho a convivir en forma pacífica y al derecho al orden justo. 11 08001233100220070059901 (61039) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-2018-339510 Aduce que el demandante mediante escrituras públicas la división del bien que le fue adjudicado, dejando a salvo las carreteras nacionales, con lo que se demuestra el cumplimiento que se le venía dando a las resoluciones Nos. 00472 y 00990 ambas de 1989; y que con fecha 22 de mayo de 1991 el Banco Ganadero instaura ante el Tribunal Administrativo del Atlántico demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho el cual sufrió una serie de atrasos procesales, y que estando aún en el curso del mismo el Gerente del INCORA profiera la resolución No. 03866 de julio 28 de 1994, mediante la cual se dispuso la revocatoria de la resolución No. 00061 de enero 19 de 1994, reconociendo que el predio adjudicado es un predio baldío y que los errores cometidos en manera alguna pueden ser imputables al adjudicatario y que por el contrario generan un derecho a su favor.

Sostiene que por causa de la desviación de poder y por el abuso del mismo se causaron daños que merecen ser reparados patrimonialmente por el INCORA dado que los actos administrativos reseñados fueron expedidos por funcionarios al servicio de la predicha entidad, en ejercicio de sus funciones, abusando en cada caso del requisito procedimental exigido en la ley 135 de 1961; así, el Gerente Regional por dejar de comprobar la naturaleza del bien que adjudicaba, y el Gerente Nacional por desnaturalizar con la resolución con la resolución No. 03866 del 28 de julio de 1994, hechos ya cumplidos con la resolución No 00061 de enero del mismo año, lo que evidencia un vicio administrativo del acto propio de revocación. Anota que el proceso radicado en el Tribunal Administrativo del Atlántico, bajo el No. 6268-LL, fue fallado mediante la sentencia del 29 de octubre de 1997 declarando no probadas las excepciones propuestas por el Litis consorte necesario, y declarando la nulidad de las resoluciones Nos. 000472 del 17 de mayo de 1989 y 000990 del 31 de agosto del mismo año, y ordenando el envío de copia de la providencia al INCORA y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a fin de que cancelaran las anotaciones respectivas en los folios de Matrícula Inmobiliaria Nos. 040-0055230 y 040-0055231 las cuales corresponden a los predios San Luis Uno-H y San Luis Uno-G con una extensión global de ocho (8) hectáreas que corresponden con los predios reclamados por el Banco Ganadero. Por último resume que los errores cometidos por la entidad

demandada recaen sobre la existencia de los perjuicios ocasionados al demandante inexcusables, por la ignorancia de la ley 135 de 1961, cuando media una relación laboral y por lo tanto una actividad de sus servicios, dirigida a una intención positiva y acertada; y que se da el daño en actos de adjudicación, cuando la entidad demandada incurre en culpa de estirpe procedimental fundada en hechos previstos en la ley 135 de 1961, artículo 6° que habla de la administración y funciones de un Gerente General, en lo tocante a las resoluciones No. 00472 y 00990 de 1.989. 12 08001233100220070059901 (61039) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-2018-339510 Es de anotar que el apoderado de la parte actora señala en el libelo un capítulo de normas violadas y concepto de dicha violación producidos por las predichas resoluciones, que fueron expedidas sin identificar el predio por sus linderos y colindantes, dentro de la práctica de inspección ocular, y por ser expedidas por un funcionario incompetente por no contar con acto de delegación de funciones de titulación de terrenos baldíos a cargo del INCORA. (…)” Responsabilidad del INCORA En la decisión de primera instancia se declaró la responsabilidad administrativa del INCORA a título de falla del servicio, ya que en consideración del a quo, el hecho de no haber realizado una adecuada identificación del bien cuya adjudicación se solicitaba condujo a que se entregara al actor un predio de propiedad particular (Banco Ganadero), actuación que al haber sido anulada por la jurisdicción contencioso

administrativa produjo perjuicios de orden material y moral que la entidad estaba obligada a reparar. Por su parte, el apoderado del INCORA indicó que en los procesos de adjudicaciones, a esa entidad sólo le correspondía verificar si los solicitantes habían sido beneficiados de otras adjudicaciones y si el área pretendida no excedía los límites adjudicables según lo previsto en la Ley 135 de 1961, por lo cual, ante la afirmación del peticionario, se presumía que el terreno era baldío, y si existió un error, el mismo habría sido motivado en la actuación del actor. Se encuentra acreditado que mediante decisión del 11 de agosto de 2006 el Consejo de Estado confirmó la declaratoria de nulidad de las resoluciones Nos. 472 y 990 de 1989, por medio de las cuales el INCORA había adjudicado un predio al señor Gregorio Gerónimo Coll, determinación que se adoptó después que el Banco Ganadero lograra demostrar que era el titular del derecho de dominio del citado bien, y por considerar que en la expedición de los citados actos administrativos se violó el ordenamiento jurídico por haber recaído sobre un bien 13 08001233100220070059901 (61039) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-2018-339510 inmueble que no era baldío, y porque al momento de realizar la inspección ocular del citado terreno tampoco se cumplió con una adecuada identificación del mismo. Partiendo de la anterior determinación, la parte actora sostuvo que el INCORA sería responsable por los perjuicios materiales e inmateriales que le produjo el haber perdido el bien que le había sido adjudicado,

conclusión de la cual se aparta el Ministerio Público, ya que la razón central para que el actor hubiese sido desprovisto del citado predio fue por haberse demostrado que aquél no tenía la condición de baldío y que, por dicha razón, no podría adquirirse a través de este mecanismo. Aunado a lo anterior, se encuentra acreditado que quien denunció el bien como baldío fue el señor Gregorio Gerónimo Coll, quien en la solicitud de adjudicación indicó tener una explotación económica previa de cinco años, que debido a dicha afirmación el INCORA presumió que se trataba de un baldío y que, conforme a ello se le concedió lo solicitado, claro está, con errores de procedimiento, que en su momento impidieron una adecuada identificación del bien, la que de haberse realizado correctamente habría impedido la adjudicación, pues como se indicó en precedencia, se trataba de un bien privado que el Estado nunca habría podido entregar al actor. A partir de lo expuesto, observa esta Delegada que, lejos de haberle generado un perjuicio al actor, las omisiones en las que habría incurrido el INCORA lo que hicieron fue permitir la adjudicación y transitorio usufructo de un predio del que en ningún caso se habría beneficiado si se conociera que aquél era de dominio privado, inmueble que luego regresó a su legítimo propietario en virtud de un proceso contencioso que clarificó que, dada su naturaleza jurídica, el actor nunca habría podido adquirirlo por adjudicación del INCORA. Así las cosas, las actuaciones u omisiones en las que incurrió el INCORA, esto es, por no identificar correctamente el predio y sus

14 08001233100220070059901 (61039) 5aCdeE/AMV/Llms IUS-2018-339510 colindantes y terminar adjudicando un predio de propiedad particular, no pueden considerarse como generadoras de daño como se alega en la demanda, pues por el contrario, de haberse cumplido con todos los requisitos legales que echa de menos el actor, éste no habría gozado de un bien privado que no tenía la condición de baldío. Por ello, antes que ocasionarle un perjuicio, lo que el acto posteriormente declarado ilegal generó, fue un temporal beneficio representado en el disfrute del bien de propiedad de un tercero (Banco Ganadero) que fue el verdadero afectado, quien por vía judicial obtuvo luego el restablecimiento de los derechos de los que transitoriamente se vio desprovisto. En este orden de ideas, puede afirmarse que el hecho de haberse visto privado del predio que le fue adjudicado no puede considerarse como un daño para la parte actora, pues lo que en realidad sucedió fue que, al demostrarse que el bien no tenía la condición de baldío, su legítimo propietario pudo recuperarlo a través de las acciones judiciales procedentes. Por tal razón, la devolución a que el actor fue obligado al desvirtuarse el derecho de propiedad que aparentemente le asistía en relación con este predio, es apenas una consecuencia lógica de la precaria condición o titularidad que ostentaba el demandante5, y no podría considerarse un hecho dañoso. Conforme a lo anterior, el Ministerio Público estima que no sería viable el reconocimiento de perjuicios materiales o inmateriales con cargo al

erario del ente demandado, toda vez que además de no serle imputable el daño alegado al INCORA, las supuestas omisiones lo que generaron fue permitir que por varios años se disfrutara de un bien privado que no era posible que el actor detentara a través de la adjudicación. 5 Ley 110 de 1912 - Artículo 47. El Estado no garantiza la calidad de baldíos de los terrenos que adjudica, y por consiguiente, no está sujeto al saneamiento de la propiedad que transfiere en las adjudicaciones. Tampoco está obligado al saneamiento, si el terreno baldío estuviere destinado aún uso público, u ocupado por cultivadores o colonos. En cualquiera de estos casos, su obligación se reduce a restituir las especies recibidas a cambio de la adjudicación. Las inexactitudes contenidas en las peticiones hechas por los interesados, para la adjudicación de baldíos, y las que se contengan en los planos que se levanten, en vista de esas peticiones, sólo perjudi