PGN - REGIMEN SUBSIDIADO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL - Su no cancelación oport

DEPENDENCIA: Procuraduría Delegada para la Economía y la

Hacienda Pública

RADICACIÓN: 088-08195/02

DISCIPLINADO: José Vicente Mosquera Mosquera

CARGO Y ENTIDAD: Alcalde Municipal de la Unión Panamericana QUEJOSO Laura Edith Ríos Mosquera FECHA DE LA QUEJA: 12 de abril de 2002

FECHA DE LOS HECHOS: Vigencia 2001

ASUNTO: Fallo Segunda Instancia

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2005 1ANTECEDENTES La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa, mediante auto del 29 de agosto de 2005, remitió las presentes diligencias para que por competencia se resuelva, el Recurso de Apelación interpuesto contra el fallo de Primera Instancia dictado por la Procuraduría Regional del Chocó el 16 de noviembre de 2004, por medio de la cual, sancionó al doctor JOSE VICENTE MOSQUERA MOSQUERA, en su calidad de Alcalde Municipal de la Unión Panamericana, con multa de noventa (90) días del salario mensual devengado para la época de los hechos, equivalentes a la suma $ 4.949.136,oo. ( folios 312 al 323)

2. CARGOS Mediante auto del 21 de febrero del 2002, la Procuraduría Regional del Chocó, formuló cargos al doctor JOSE VICENTE MOSQUERA MOSQUERA, en su calidad de Alcalde Municipal de la Unión Panamericana , así: ( folios 196 a 200). “El señor JOSE VICENTE MOSQUERA MOSQUERA en su condición de

Alcalde Municipal de la Unión Panamericana, para la época de los hechos, recibió recursos provenientes de la Nación, correspondiente a la vigencia fiscal de 2001, destinado a inversión forzosa en régimen subsidiado de Seguridad Social en Salud la suma de $ 217.424.181. oo Mtce y transfirió tan solo de manera parcial al Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó – DASALUDla suma $62.000.000.oo Mtce, dilatando el proceso de traslado y por tanto afectando de esta manera el pago de las Administradoras del Régimen Subsidiado en Salud ARS, Barrio Unidos, EPS UNIMEC, EPS CAPRECOM, Caja Salud, EPS. Humana Vivir, con los cuales suscribió convenios para atender a los beneficiarios del régimen subsidiado de su municipio.” NORMAS QUEBRANTADAS CONSTITUCIÓN POLÍTICA.- Artículo 6.- Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las Leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Artículo 209.- La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de ...... eficacia,....., mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Articulo 315.- Son atribuciones del Alcalde: “ Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del concejo”.

ACUERDO 077 DE 1996

Articulo 37.- Pagos a las administradoras del Régimen Subsidiado. Los pagos

de las entidades territoriales a las administradoras del régimen subsidiado, deberán efectuarse por anticipado. En consecuencia las entidades territoriales no podrán dilatar el pago so pretexto de incumplimiento de las ARS. Las entidades territoriales deberán adelantar los procedimientos administrativos o judiciales vigentes de las normas.

LEY 100 DE 1993

Artículo 214.- Recursos del Régimen. El Régimen Subsidiado se financiara con los siguientes recursos: a) Quince puntos como mínimo de las transferencias de inversión social destinadas a salud de que trata el numeral 2 del artículo 22 de la Ley 60 de 1993.

LEY 200 DE 1995

Articulo 40. LOS DEBERES. Son deberes de los servidores públicos los siguientes. Numeral 1º. Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución......las leyes....... Numeral 2º. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto que implique omisión.....o ejercicio indebido del cargo o función.

3. DESCARGOS Notificado personalmente el implicado JOSE VICENTE MOSQUERA MOSQUERA, mediante escrito del 26 de mayo del 2003, hace entrega de los oficios enviados por el Juzgado Civil del Circuito de IstminaChoco, en los cuales se libra mandamiento de pago a favor de los demandantes, así como copias de Títulos retenidos por el Juzgado, que se hicieron efectivos en los primeros días del año 2002, que hacían parte de los recursos de las vigencias del 2001.

En la etapa de descargos se practicaron pruebas que fueron decretadas de oficio,

a través del auto del 27 de junio de 2003, ya que el disciplinado no solicito, sino que aporto pruebas documentales.

4.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

Mediante auto del 16 de febrero de 2004 (folio 306), este Despacho ordenó correr traslado al implicado para que presentaran sus alegatos de conclusión, el cual se notificó por estado el 17 de febrero de 2004 (folio 307), sin que fuera presentado por parte del implicado alegato alguno.

5. CONSIDERACIONES DEL PROCURADOR REGIONAL El Procurador Regional del Choco, consideró que los documentos que el acusado señor JOSE VICENTE MOSQUERA MOSQUERA, aportó como prueba soporte para desvirtuar el cargo, correspondieron a la vigencia cuestionada, que parte del 1º de abril de 2001 a 31 de marzo del 2002, donde solo paga a DASALUD La suma de $ 62.000.000,oo, no son aceptadas en su totalidad, ya que el Ministerio no solamente gira los recursos para la salud, si no que del 100% que recibe el Municipio por concepto de Ingresos Corrientes de la Nación, solo el 15% va a DASALUD, a sí mismo, que los embargos que entran al Municipio no van exclusivamente a los recursos de la salud, sino que afectan el monto total de lo recibido por la administración, lo que si se observa es que existió el cambio de la destinación de los recursos, por parte del burgomaestre, los cuales eran para cancelar las ARS que contrató.

Sostiene el a quo que el implicado señor JOSE VICENTE MOSQUERA MOSQUERA en su calidad funcional de representante legal del Municipio de la

Unión Panamericana, no destino la totalidad de los recursos girados por el Ministerio de Salud, correspondientes al Régimen Subsidiado, vigencia 2001, lo que configura violación a los artículos 214 de la ley 100 de 1993, mas si se tiene en cuenta que para el año 2001, el Ministerio de Hacienda le giró al Municipio la suma de $ 1.908.005. 517, 56 Mtce, lo que le permitía cumplir con la obligación de haber cancelado a las ARS que contrato el servicio para población sisbenizada de dicha localidad, lo que demuestra su negligencia de su parte, primero por que los embargos no son específicamente para los recursos de salud y segundo por que los recursos girados por el Ministerio permitía cumplir con los embargos y con el 15 puntos del régimen subsidiado. El fallador de instancia consideró que el señor JOSE VICENTE MOSQUERA MOSQUERA, no solo vulneró con su comportamiento el artículo 214 de la Ley 100 de 1993, y las demás normatividad relacionada, cuando no invirtió la totalidad de los recursos girados por el Ministerio de Hacienda, para el régimen subsidiado de su municipio, si no que con dicho comportamiento, vulneró la prestación del servicio de salud a una población tan vulnerable como lo son los beneficiarios del régimen subsidiado menguando así, el acceso a estos servicios, a quienes son dignos de una protección más efectiva por parte del estado, ya que si indefensión en razón a su situación económica, demanda del estado una mayor atención.

6. APELACIÓN Mediante escrito presentado el doce (12) de enero de 2005, el apoderado del

implicado JOSE VICENTE MOSQUERA MOSQUERA, interpuso recurso de apelación contra la providencia del 16 de noviembre de 2004, en el que solicita se proceda a revocarla en su totalidad y exonerar a su representado de toda clase de responsabilidad disciplinaria. Aduce que no puede ser de recibo la afirmación de la primera instancia cuando dice que no obra prueba alguna de las acciones que hubiera adelantado la administración para evitar que dichos recursos de destinación especifica no fueran embargados, puesto que a través de sus respectivos asesores jurídicos del momento, la Administración Municipal del Municipio de Unión Panamericana, presento las respectivas excepciones de mérito, previas según fuere el caso y los incidentes de desembargo de las cuentas embargadas contentivas de los dineros girados por la Nación al Municipio para la atención en salud, ya que el Juzgado Civil del Circuito de Istmina a petición de los apoderados de los distintos acreedores fue común embargar indiscriminadamente las cuentas del Municipio, que en ultima son las receptoras de estos recursos. Con todo y eso en el año 2001, se logró liberar de los embargos la suma de sesenta y un millones de pesos ($ 61.000.000) los cuales se transfirieron a DASALUD la suma de sesenta y dos millones de pesos ($62.000.000). Se le aportó al Juzgado Civil del Circuito oficio emanado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto de la inembargabilidad de dichos recursos, oficio que no produjo efecto alguno. Manifiesta, que no se logró demostrar el aspecto material de la infracción disciplinaria, de ahí que ese ingrediente normativo por no haber tenido cabal y

legal demostración debe considerarse inexistente y por ende carente el pliego de cargos de sus exigencias sustanciales. Sostiene que para analizar la naturaleza jurídica de las sanciones acusadas es importante demostrar que el tipo de conducta que se reprocha se realiza por el querer del administrador, en el caso concreto que no ocupa su representado realizó todas las gestiones tendientes a desembargar las cuentas cosa que no se logró por el desproporcionado poder del administrador de justicia.

7. CONSIDERACIONES DEL PROCURADOR DELEGADO.

Al no observarse la concurrencia de las causales de nulidad de las contempladas en el artículo 131 de la ley 200 de 1995 y que no ha prescrito la acción disciplinaria, esta instancia procederá al estudio pertinente. Análisis de esta Instancia. Al disciplinado JOSE VICENTE MOSQUERA MOSQUERA, se le citaron como normas sustantivas infringidas, entre otras, el artículo 214 de la Ley 100 de 1993 , en cuanto a que los 15 puntos de la participación de forzosa inversión en el sector salud, deben ser destinadas a la financiación del Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud, toda vez que estos recursos tienen destinación especifica y solo pueden ejecutarse mediante la contratación del régimen subsidiado, con las entidades autorizadas para ello, las cuales conforme lo establece el artículo 20 del Decreto 1895 de 1994, por medio del cual se reglamenta el régimen subsidiado de sistema de Seguridad Social en Salud, son las E.S.S., las Cajas de Compensación Familiar, las Empresas Promotoras de Salud,

Ahora bien, las glosas las dirige el a quo al hecho de que el señor JOSE VICENTE MOSQUERA MOSQUERA en su condición de Alcalde Municipal de la Unión Panamericana, recibió recursos provenientes de la Nación, correspondiente a la vigencia fiscal de 2001, destinado a inversión forzosa en régimen subsidiado de Seguridad Social en Salud la suma de $ 217.424.181. oo Mtce y transfirió tan solo de manera parcial al Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó – DASALUDla suma $62.000.000.oo Mtce, dilatando el proceso de traslado y por tanto afectando de esta manera el pago de las Administradoras del Régimen Subsidiado en Salud ARS, Barrio Unidos, EPS UNIMEC, EPS CAPRECOM, Caja Salud, EPS. Humana Vivir, con los cuales suscribió convenios para atender a los beneficiarios del régimen subsidiado de su municipio. Observa el Despacho que para corroborar los hechos se allegaron al expediente, entre otros, los siguientes documentos: - Acta de visita especial practicada en el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó DASALUD, de fecha 27 de mayo de 2002, donde se estableció que el Municipio de Unión Panamericana debía a DASALUD $ 143.545.600 ( folios 20 ). -. Acta de visita especial practicada en el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó DASALUD, de fecha 27 de mayo de 2002, donde se allegan copias de los contratos suscritos por el Municipio de Unión Panamericana y las ARS, Bario Unidos, EPS UNIMEC, EPS CAPRECOM, Caja Social, EPS Humana Vivir,

para la atención en salud de la población sisbenizada de dicho municipio, durante el año 2001 (folios 21 a 31). -. Acta de visita especial practicada en el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó DASALUD, de fecha 11 de febrero de 2003, donde se allego copia del acuerdo 190 del 2001, y se verificó que el Municipio de Unión Panamericana, debía transferir $ 217.424.181. (folios 193 y 194). -. Informe rendido por el cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, donde se concluye que el Municipio de Unión Panamericana, no realizo las transferencias a las ARS, con las cuales suscribió contrato, como son Humana Vivir, Caja Salud, Caprecom, Barrio Unidos, Unimec, liquidada el 11 de junio de 2001 y Buen Vivir liquidada el 30 de agosto de 2001, y que dichos recursos fueron destinados a otros gastos o actividades diferentes a la naturaleza u objeto de la apropiación, así concluyen que no hubo ninguna clase de embargo sobre esos recursos. (folios 292 a 296). Es evidente para el Despacho, que el señor JOSE VICENTE MOSQUERA MOSQUERA en su condición de Alcalde Municipal de la Unión Panamericana, no destino el 15% correspondiente al régimen subsidiado de la totalidad de los recursos girados por la Nación para la vigencia 2001, destinados a inversión forzosa a la salud y solo transfirió a DASALUD la suma de $ 62.000.000, la que debió transferir era la suma $ 217.424.161, en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2001 al

30 de marzo de 2002 para el pago a las administradoras del Régimen Subsidiado. Ahora bien el manejo de los recursos públicos es formal, exigente y legal y no se les puede dar el tratamiento de patrimonio privado ( informal, irreglado, inconsulto etc.) pues precisamente se trata de bienes comunes, de ahí la denominación “ Hacienda Pública” y es por dicha actitud displicente y omisiva en virtud de sus atribuciones, que se le glosa y se le deduce responsabilidad disciplinaria. No son aceptados los argumentos expuestos por el apoderado del investigado JOSE VICENTE MOSQUERA MOSQUERA, como quiera que el incumplimiento de un deber funcional es el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la Ley Disciplinaria. Obviamente, no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir, el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, y es donde se encuentra el origen de la antijuricidad de la conducta. Comparte este Despacho el análisis de culpabilidad que presenta el a quo al determinar el comportamiento del implicado, como quiera no denota precisamente el cuidado y la diligencia necesaria que se espera de quien ostentando el cargo de Alcalde Municipal, quien debía actuar en pro de las personas que acceden a estos servicios, y de la obligatoriedad de la inversión total de estos recursos, los cuales tenían como destinación especifica prestar el servicio de salud, a la población menos favorecida, como son las familias localizadas a través del SISBEN, en los estratos

1 y 2, instrumento que permite focalizar el gasto social descentralizado. La infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado y que dado que el propósito último del régimen disciplinario es la protección de la correcta marcha de la Administración Pública, es necesario garantizar de manera efectiva la observancia juicioso de los deberes de servicio asignados a los funcionarios mediante la sanción de cualquier omisión o extralimitación en su cumplimiento, por lo que la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia pueden ser sancionados en este campo en cuanto impliquen la vulneración de los deberes funcionales de quienes cumplen funciones públicas. En cuanto al argumento del apoderado del implicado JOSE VICENTE MOSQUERA MOSQUERA, al querer demostrar que el incumplimiento de las transferencias a DASALUD, se debieron a los embargos judiciales, este Despacho comporte con el fallador de instancia en el sentido que el Ministerio de Hacienda le giró al Municipio la suma de $ 1.908.005. 517, 56 Mtce, lo que le permitía cumplir con la obligación de haber cancelado a las ARS que contrato el servicio para población sisbenizada de dicha localidad, lo que demuestra su negligencia de su parte, primero por que los embargos no son específicamente para los recursos de salud y segundo por que los recursos girados por el Ministerio permitía cumplir con los embargos y con el 15 puntos del régimen subsidiado. Por lo tanto, la actuación del investigado es reprochable disciplinariamente, razón por la cual este Despacho comparte en su integridad lo decidido por el Procurador

Regional del Chocó en el fallo de primera instancia, por la cual se procede a confirmarlo. Por lo anteriormente expuesto, EL PROCURADOR DELEGADO PARA LA ECONOMIA Y LA HACIENDA PUBLICA, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR El Fallo de Primera Instancia proferido el día 16 de noviembre de 2004, mediante el cual la Procuraduría Regional del Chocó sancionó con multa de $ 4.949.136.oo equivalente noventa (90) días de salario devengado por el implicado JOSE VICENTE MOSQUERA MOSQUERA, identificado con cedula de ciudadanía número 4.833.724, en su condición de Alcalde Municipal de Unión Panamericana para la época de los hechos, suma que deberá consignar en la Tesorería del lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 7o del Decreto 2170 de 1992.

SEGUNDO: Por la Unidad Coordinadora Administrativa “UCA” comuníquese esta decisión a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación y dense los avisos legales pertinentes. Cumplido lo anterior, en la Oficina de origen se archivará el expediente.

TERCERO: Comisionar al señor Procurador Regional del Chocó, con amplias facultades incluida la de subcomisionar, para que notifique en legal forma, esta providencia, y tome las medidas necesarias para su ejecutoriedad.

CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANDRÉS VARELA ALGARRA

Procurador Delegado Exp. 088-08195/02 AA-65