PGN - REGIMENES DE LIQUIDACION DE CESANTIAS - Para el sector público

ACIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Reconocimiento y pago de la sanción moratoria retroactiva de cesantías SANCIÓN MORATORIA POR NO PAGO DE CESANTÍAS-Marco normativo REGÍMENES DE LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS-Para el sector público Entonces, tenemos que hay tres regímenes de liquidación de cesantías para el sector público: (i) el de liquidación retroactiva; (ii) el de liquidación anualizada y (iii) el de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. Teniendo en cuenta las pruebas que obran en el expediente y las relacionadas en el punto 6, se tiene que el señor … se encuentra afiliado al Fondo Nacional del Ahorro; demandó la nulidad de los actos presuntos, mediante los cuales del Departamento de Risaralda, negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna del auxilio de cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, con ocasión de la Homologación y Nivelación Salarial llevada a cabo al interior de la entidad demandada. ENTIDADES PÚBLICAS-Deben consignar al Fondo Nacional del Ahorro una doceava parte de los factores de salarios que sean base para liquidar las cesantías/ENTIDADES PÚBLICAS-El incumplimiento de consignar las doceavas partes se genera por parte del Fondo el derecho a cobrar interés moratorio Pues bien, el artículo 6 de la Ley 432 de 29 de enero de 1998, estableció que las entidades públicas deben consignar a dicho fondo, una doceava parte de los factores de salarios que sean base para liquidar las cesantías, devengados en el mes

inmediatamente anterior para los servidores públicos afiliados, el incumplimiento de esta obligación, generaba el derecho al Fondo de cobrar a su favor intereses moratorios mensuales, equivalentes al doble del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria. Entonces, la norma da derecho al Fondo Nacional del Ahorro, a cobrar intereses moratorios, más no es un beneficio del afiliado, pues es a las entidades empleadoras a las que les corresponde consignar mensualmente las doceavas partes de las cesantías de sus trabajadores, en consecuencia en caso de no hacerlo dentro de los términos señalados deberán pagar intereses a favor del mencionado fondo. CESANTÍAS-Régimen de liquidación a nivel territorial A nivel territorial, como es el caso, el régimen de liquidación anualizada de cesantías fue reglamentado por el Decreto 1582 de 1998, el cual indicó que el régimen de liquidación y pago de las cesantías de los funcionarios que se afilien a fondos privados, es el contenido en los artículos 99, 102, 104 de la Ley 50 de 1990, y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional del Ahorro será el establecido en los artículos 5 y ss de la Ley 432 de 1998. CONSEJO DE ESTADO-La sección segunda señaló las diferencias entre el Fondo Nacional del Ahorro y los Fondos Privados 2 Sobre el particular, advierte el apelante que no es de recibo que se le dé un tratamiento diferente al funcionario que tenga las cesantías en un fondo privado y al funcionario que las mismas le sean depositadas en el Fondo Nacional del Ahorro, ya que para nuestro

sistema legal conforme al artículo 13 de la Constitución Política, todos somos iguales ante la ley, además la misma Ley 50 de 1990, no excluye su aplicación. Al respecto, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean cada uno de los regímenes señalados, esto es, el anualizado de los fondos privados consagrado en la Ley 50 de 1990, y el del Fondo Nacional del Ahorro contenido en la Ley 432 29 de 1998, esta agencia considera que no existe ninguna vulneración al derecho a la igualdad, por el contrario, cada uno tiene sus beneficios y garantías, del trabajador depende a cuál de ellos quiere pertenecer, según el que escoja podrá exigir los derechos que se establezcan. SANCIÓN MORATORIA POR NO PAGO DE CESANTÍAS-El demandante no tiene derecho a su reclamación Por todo lo expuesto, la Delegada considera que el demandante no tiene derecho a la sanción moratoria que reclama, el régimen del Fondo Nacional del Ahorro al que se encuentra afiliado no tiene consagrado el pago la sanción moratoria, sino en caso de retraso el doble del interés bancario corriente, y se causa a favor del Fondo y no del trabajador. 3

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Concepto No. 562-15 IUS 427555-2015 Bogotá D. C., 1 de diciembre de 2015 Doctora

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CONSEJERA PONENTE

SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “B”

H. CONSEJO DE ESTADO

E S. D.

Referencia: 660012333000201300442 01

No. Interno: (1389-2015)

Actor: Luis Eduardo Gonzalez Vargas

Demandado: Departamento de Risaralda.

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Asunto: Apelación Sentencia ________________________________________________ Procede esta agencia del Ministerio Público, dentro del término legal, a emitir concepto en el proceso que conoce el H. Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la entidad demandada.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA 1.1. PRETENSIONES El señor Luis Eduardo Gonzalez Vargas, por intermedio de su apoderado y a través del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, demandó la nulidad del acto ficto o presunto negativo, que se originó de la petición del 11 de octubre de 2010, en la cual solicitó al Departamento de Risaralda el reconocimiento y pago de la sanción moratoria. De igual manera, se declare la nulidad del acto ficto o presunto negativo que surgió del silencio de la administración al no resolver el recurso de reposición y en subsidio el de apelación que se interpuso el 23 de noviembre de 2011 contra la decisión anterior.

Como consecuencia de lo anterior solicitó se ordene a la entidad demandada el pago del retroactivo de las cesantías reconocidas por el proceso de homologación y nivelación salarial que se adelantó en el Departamento de Risaralda. 4 Que se ordene el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, a favor del señor Luis Eduardo Gonzalez Vargas, por la no consignación oportuna

de las cesantías retroactivas en el fondo correspondiente desde el 14 de febrero de 2005 fecha en la cual el Ministerio de Educación Nacional reconoció la deuda al Departamento de Risaralda, correspondientes a los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 y años subsiguientes, hasta que se verifique el pago total de la obligación. Ordenar el reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías a favor del señor Luis Eduardo Gonzalez Vargas desde el 14 de febrero de 2005 hasta el momento en que se efectúe el pago total de las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, esto es, el equivalente a 3116 días de salario, tiempo en el cual se constituyó la mora por parte del Departamento de Risaralda para consignar la diferencia retroactiva de las cesantías, resultante del proceso de homologación y nivelación salarial. Ordenar que se efectúe la correspondiente indexación de los valores reconocidos como consecuencia de la sanción moratoria impuesta. Que dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo. 1.2 HECHOS Refiere el escrito de demanda los siguientes supuestos fácticos: El Departamento de Risaralda fue objeto de proceso de homologación y nivelación salarial y en consecuencia ordenó cancelar retroactivo por salarios y prestaciones sociales e incluyó en unos decretos el pago de retroactivo de cesantías e intereses a las cesantías, al señor Luis Eduardo Gonzalez Vargas a quien se le incrementó el salario, por esa razón debía la entidad territorial consignar al fondo correspondiente estos dineros.

El Departamento de Risaralda, según consta en la orden del pago del retroactivo salarial realizó los respectivos descuentos de aportes a las cesantías e intereses a las cesantías reconocidas en forma retroactiva. Desde ese momento se generó en cabeza del Departamento de Risaralda la obligación de depositar oportunamente dichos aportes al Fondo Nacional del Ahorro, deber que se omitió sin justa causa desde que el Ministerio de Educación Nacional reconoció la deuda al Departamento de Risaralda. 5 La no consignación oportuna del retroactivo de cesantías generó a favor del demandante que la entidad le pague un día de salario por cada día de retardo, como lo dispone la Ley 50 de 1990 y la Ley 432 de 1998. El demandante se encuentra vinculado al Departamento de Risaralda y está afiliado al Fondo Nacional del Ahorro. Si se verifica el estado de cuenta de cesantías del señor Luis Eduardo Gonzalez Vargas, se puede establecer que no fueron depositados oportunamente por la entidad territorial el retroactivo de cesantías producto de la homologación y nivelación salarial, lo que prueba el derecho que se reclama. El retroactivo de cesantías debió ser consignado una vez el Ministerio de Educación Nacional certificó el estudio técnico y la deuda, lo mismo que los retroactivos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. El 11 de octubre de 2010 solicitó al Departamento de Risaralda la sanción moratoria por la omisión anterior, a la que no se le dio respuesta. Contra el silencio de la administración interpuso recurso de reposición y en subsidio

apelación, sobre los que tampoco se pronunció la administración. Actos presuntos sobre los que se solicita la nulidad y el reconocimiento de la sanción moratoria. 1.3 NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN El apoderado del demandante señaló que los actos acusados desconocen las Leyes 50 de 1950 y 432 de 1998. Como concepto de violación señaló que la Ley 50 de 1990 ha sido vulnerada por parte del Departamento de Risaralda y en contra de los derechos que le asisten al demandante ya que a pesar de haber sido certificado los recursos para poner al día las cesantías del accionante no se hizo oportunamente, tal y como lo determina el numeral 3 de la Ley 50 de 1990. La no consignación de las cesantías al actor a pesar de tener los recursos dispuestos constituye mala fe y debe pagar al demandante la sanción moratoria. Vulnera igualmente el Departamento de Risaralda la Ley 432 de 1998 al no hacer el traslado oportuno de las cesantías retroactivas al Fondo Nacional del Ahorro. En la cuenta del actor, no se reflejó los valores del salario real devengado.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Departamento de Risaralda a través de apoderado contestó la demanda señalando que se opone a las pretensiones de la misma, por lo siguiente:

6 El demandante no puede hablar de mora por no pago oportuno de las cesantías; hay que diferenciar en el caso de autos, el deber legal que tiene la administración de consignar oportunamente esta obligación, el cual se ha hecho mes a mes al Fondo Nacional del Ahorro con una reliquidación al proceso que

automáticamente genera el sistema de nómina de la secretaria de educación desde el 2005, y cuyo pago puede demostrar la oficina financiera de la mencionada secretaria, y otra cosa muy distinta es la reliquidación en el valor consignar, producto del proceso de nivelación y homologación salarial, el cual no le cabe la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, la cual previó como sanción moratoria un día de salario por cada día de retardo, pero en el evento en que el empleador no consigne la cesantía definitiva por la anualidad o fracción correspondiente antes del 15 de febrero del año siguiente en el fondo que el trabajador eligió. El demandante se encuentra afiliado en el Fondo Nacional del Ahorro, por lo que la ley que se le aplica es la 432 de 1998. A partir del año 2009, el Departamento de Risaralda paga a su personal administrativo las cesantías con el valor correspondiente al proceso de homologación y nivelación correspondiente a los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, sin que esto signifique que haya obviado el pago mes a mes de los aportes al Fondo Nacional del Ahorro, entidad escogida por el demandante. En el proceso de homologación y nivelación salarial adelantado por la secretaria de Educación departamental de Risaralda ante el Ministerio de Educación Nacional, retardó el reconocimiento de situaciones laborales, ya que fue estrictamente necesario la realización de un estudio técnico detallado, comparativo, cargo a cargo, de la planta de personal, con la planta de persona del nivel central de la entidad territorial receptora; igualmente, durante el estudio técnico mencionado no se pudo hacer uso “del dicho” (sic) asignado en el

proceso de homologación hasta tanto no se diera por finalizado dicho estudio, lo cual generó gran traumatismo en la administración por el gran número de administrados. El proceso de homologación se adelantó en el departamento de Risaralda para los años 2003 a 2006 y es sobre estos que se generó un retroactivo de cesantías. El demandante solicita el pago de los años 2007 a 2013 fechas en las que no se adelantó ningún proceso de homologación.

Propone como excepciones: el cobro de lo no debido e inobservancia del principio procesal de la carga de la prueba.

3. LA AUDIENCIA INICIAL.

7 Se realizó el 24 de julio de 2014 con la asistencia de los apoderados de las partes y del Ministerio Público, se saneó el proceso, se resolvieron las excepciones previas y se declaró probada la excepción de prescripción extintiva de lo reclamado antes del 10 de octubre de 2007; fijó el litigio en “versa sobre la legalidad de los actos administrativos fictos demandados, conforme a las causales y argumentos de nulidad planteados en la demanda, a efectos de establecer si se omitió el reajuste y consignación oportuna de las cesantías correspondientes a la homologación y nivelación salarial de la que fue objeto la demandante, causadas durante los años 2005 en adelante; así como determinar la eventual causación de la sanción moratoria por dicho concepto, a cargo del empleador”; y se decretaron prueba. La audiencia se reanudó el 11 de noviembre de 2014 para practicar las pruebas; se prescindió de la audiencia de alegaciones, por lo que se dispuso correr traslado a las partes para que presentaran sus

alegatos de conclusión y el Ministerio Público rindiera concepto.

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

4.1 El Departamento de Risaralda. El apoderado de la entidad territorial ratificó la posición asumida en la contestación de la demanda, y agregó, que al demandante se le canceló el auxilio de las cesantías e intereses en la misma oportunidad en que se ordenó el pago del retroactivo salarial. Ahora bien, la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo, por la no consignación oportuna de las cesantía antes del 14 de febrero del año siguiente, de que trata el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, aplica sólo para la mora en las consignaciones de pagos anualizados, no para mora en el pago de reajuste a las cesantías producto de homologación y nivelación. 4.2 Parte actora. No presentó alegatos de conclusión.

5. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Risaralda declaró probada la excepción de pago del auxilio de cesantías y negó las pretensiones de la demanda.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, advirtió que el régimen de administración de cesantías en el cual está incurso el demandante es el regulado en la Ley 432 de 1998 y no el de la Ley 50 de 1990, lo cual deja ver que es imposible aplicar la sanción contemplada en el artículo 90 de esta última, 8 toda vez que existe norma especial aplicable a su situación, además su aplicación es restrictiva, por su carácter sancionatorio.

Sin perjuicio de lo anterior y aunque se aceptara en gracia de discusión que la sanción contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es aplicable al régimen de cesantías escogido por el demandante, lo cierto es que lo reclamado en el asunto de la referencia tiene su fuente en el reajuste de esa prestación originado en el pago de la homologación, y no en la cancelación del auxilio de cesantías propiamente dicho, circunstancia que no encuadra dentro del supuesto de hecho descrito por la norma referida y que impide su aplicación en el sub judice, teniendo en cuenta que por ser una norma sancionatoria es de aplicación restrictiva, esto es, referida a la situación fáctica o hipótesis normativa que genera la consecuencia jurídica, de acuerdo con lo señalado en el artículo 44 de la Ley 153 de 1987. Precisó que el reajuste de las cesantías y demás prestaciones sociales en que tuvo incidencia el proceso de homologación ya aludido, genera el pago de las diferencias surgidas de tal nivelación, sin que el incumplimiento de esa obligación pueda traducirse por manera alguna en la constitución en mora de las acreencias canceladas antes de la homologación; contrario a ello, dichos reconocimientos y pagos constituyen el restablecimiento del derecho prestacional que de forma retroactiva fue reconocido, sin que ello implique mora en los pagos que fueron ordenados con posterioridad. Resaltó que se trató de un asunto excepcional en el cual, como consecuencia de un proceso de homologación y nivelación salarial, se generaron valores adicionales por concepto de cesantías y otras prestaciones

sociales, las cuales como se dijo anteriormente, fueron consignadas a los fondos respectivos, sin que esta situación tenga la virtud de tipificar la sanción solicitada por el demandante. Para el Tribunal, el Departamento de Risaralda en modo alguno ha incumplido su obligación de efectuar el pago de recursos por concepto de cesantías, ya que en cada anualidad el ente territorial ha realizado el traslado de estos recursos, y así se encuentra probado en los extractos previamente referidos. Teniendo establecido que las cesantías de cada año se consignaban en el fondo elegido por el demandante, es claro que como consecuencia del proceso de homologación y nivelación salarial de que fue objeto el señor Luis Eduardo González Vargas, éste tuviera derecho a sumas superiores a las ya reconocidas por el Departamento de Risaralda, como es el caso del retroactivo de cesantías que se depreca en el presente proceso. Como quiera que el demandante no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos demandados, se negaron las pretensiones de la demanda. 9

6. RECURSOS DE APELACIÓN El apoderado del demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión del Tribunal, señalando que no es de justicia, que el señor Luis Eduardo Gonzalez Vargas por omisión del Departamento de Risaralda tenga unos perjuicios en la no consignación oportuna del retroactivo de las cesantías y no le sea resarcido dichos perjuicios, cuando categóricamente el sentido de la norma es que si el patrón no consigna en la oportunidad conlleva la sanción pertinente.

En la sentencia impugnada se menciona, que el Departamento de Risaralda

procedió a reconocer y autorizar el pago de los aportes de cesantías correspondiente a la homologación y nivelación salarial mediante Resolución 903 del 27 de marzo de 2012, hecho que efectivamente indica, que si hubo mora en dicha consignación, ya que la obligación se hizo efectiva en el año 2007 cuando se dispuso los recursos para el efecto y simplemente el Departamento de Risaralda los guardó sin explicación alguna, como existió retardo por la no consignación oportuna del retroactivo de las cesantías con ocasión del proceso de homologación y nivelación salarial del que fue objeto el actor, y el solo hecho de ser empleado público no le da lugar al fallador para desconocer la sanción moratoria conforme a la Ley 50 de 1990 y demás disposiciones que regulan la materia equivalente a un día de salario por cada días de retardo, sanción que debe ser reconocida directamente al trabajador y no girada al fondo, ya que el Fondo de Cesantías Fondo Nacional del Ahorro posee otros mecanismos que le permiten ejecutar los valores no consignados, y en este caso el Fondo de Cesantías Fondo Nacional del Ahorro no hizo nada para buscar el resarcimiento de perjuicios causados al actor.

7. ANALISIS PROBATORIO Examinado el expediente, se observa que obran los siguientes documentos relevantes para la litis:  Mediante Decreto 0258 del 2 de marzo de 2005 el Gobernador del Departamento de Risaralda homologó y niveló salarialmente los cargos administrativos de la secretaria de educación y cultura del departamento con recursos del sistema general de participación (ff. 112 a 159)  El señor Luis Eduardo Gonzalez Vargas se encuentra afiliado al Fondo

Nacional del Ahorro. (ff. 9-14)  Según extracto individual de cesantías del Fondo Nacional del Ahorro, el Departamento de Risaralda consignó a favor del actor la suma de $1.095.516, traslado que está denominado como “traslado de vigencias 10 anteriores” y en el año 2014 también hay un traslado de vigencias anteriores por la suma de $5.853.690 (ff. 86 a 89).  La Directora Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Departamental de Risaralda certificó “que dentro del estudio técnico presentado al Ministerio de Educación Nacional, con ocasión del proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo pagado con recursos del Sistema general de participaciones llevado a cabo en la secretaria de educación departamental de Risaralda, se incluyeron todos los factores prestacionales entre ellos las cesantías. Los recursos para el reconocimiento y pago fueron girados al Departamento de Risaralda por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y mediante la Resolución No. 724 del 22 de junio de 2007 se le reconoció y autorizó el traslado de las cesantías a la señora Gonzalez Vargas Luis Eduardo identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.575.046, por valor de $1.095.516 a Fondo Nacional del Ahorro” (ff. 165)

8. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El problema jurídico en el sub lite se circunscribe a determinar: si hay lugar a que el juez declare la nulidad de los actos fictos demandados que negaron la mora en el pago por la no consignación oportuna al Fondo Nacional del Ahorro de los

aportes mensuales de cesantías derivados de la diferencia salarial de las cesantías producto del incremento salarial y prestacional que ocurrió por el proceso de homologación y nivelación salarial, desde el 14 de febrero de 2005 hasta cuando se efectuó el pago, toda vez que el demandante sostiene que el Departamento de Risaralda recibió los recursos de parte del Ministerio de Educación en el año 2004 y no se hicieron los traslados a la cuenta personal en el Fondo Nacional del Ahorro. El Tribunal encontró que el régimen de administración de cesantías en el cual está incurso el demandante es el regulado en la Ley 432 de 1998 y no el de la Ley 50 de 1990, lo cual deja ver que es imposible aplicar la sanción contemplada en el artículo 90 de esta última. Además, el Departamento de Risaralda en modo alguno ha incumplido su obligación de efectuar el pago de recursos por concepto de cesantías, ya que en cada anualidad el ente territorial ha realizado el traslado de estos recursos, y así se encuentra probado en los extractos previamente referidos. El demandante no comparte la decisión y alegó que la sanción moratoria es aplicable a todos los servidores públicos y no se le puede excluir por estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro. Al Departamento de Risaralda le fueron reconocidos los recursos por el Ministerio de Educación Nacional y los guardó sin 11 explicación alguna, con lo cual le causó un perjuicio al actor al no tener reflejada en su cuenta individual del fondo su realidad salarial. Antes de entrar a verificar el derecho que reclama el demandante, es importante señalar las normas que regulan la pretensión de sanción moratoria. Para

empezar se tiene que el 28 de diciembre de 1990 se expidió la Ley 50, en cuyo artículo 99 se estableció el régimen anualizado de liquidación de cesantías y, en el numeral 3º, la sanción moratoria por la no consignación oportuna de tal auxilio a los trabajadores afiliados a los fondos privados. Dicho artículo consagra: “Artículo 99º.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcional por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. (…)”. (Subraya fuera del texto original). La Ley 344 de 27 de diciembre de 1996 en el artículo 13 estableció un nuevo régimen de liquidación anual de las cesantías, aplicable a partir de 1997 con corte a 31 de diciembre de cada año, para los servidores públicos vinculados o

que se vincularan a los órganos y entidades del Estado, cualquiera que fuera su nivel (nacional, departamental, municipal o distrital). Con posterioridad se expidió la Ley 432 de 29 de enero de 1998, que estableció en el artículo 5° la obligación de afiliación al Fondo Nacional de Ahorro para los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden nacional y la posibilidad de que los demás servidores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios hicieran lo propio. En cuanto a la transferencia de las cesantías de los servidores públicos, el artículo 6 ibídem dispuso: “ARTÍCULO 6. TRANSFERENCIA DE CESANTIAS DE SERVIDORES PUBLICOS. En la fecha establecida para efectuar las consignaciones de los aportes a los sistemas general de pensiones y de seguridad social en salud, las entidades públicas empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional de Ahorro una doceava parte de los factores de salario que sean base para liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior por los servidores públicos afiliados. 12 El incumplimiento de la obligación aquí establecida dará derecho al Fondo para cobrar a su favor intereses moratorios mensuales equivalentes al doble del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre las sumas respectivas por todo el tiempo de la mora. Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de Ahorro una certificación que contenga el valor total de los factores salariales que constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior. Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que

sin justa causa no hagan oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías debidamente diligenciados, incurrirán en causal de mala conducta que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente. En todas las entidades públicas será obligatorio incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para atender las cesantías de la respectiva vigencia, como requisito indispensable para su presentación, trámite y aprobación por parte de la autoridad correspondiente” A su turno el Decreto 1582 de 5 de agosto de 1998, en el artículo 1° dispuso para las entidades territoriales, lo siguiente: “Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998. Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998”. Por su parte la Ley 244 de 29 de diciembre de 1995 fijó los términos perentorios para la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los

servidores públicos de los órganos y entidades del Estado y estableció sanciones por la mora en el pago de dicha prestación1. 1 Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley. Parágrafo.- En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar. Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social. Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo 13 Finalmente el artículo 1º del Decreto 1252 de 30 de junio de 20002, dispuso que los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de su vigencia16, tendrán

derecho al pago de cesantías en