PGN - REGISTRO PRESUPUESTAL - No es permitido atender compromisos con cargo al presupuesto

DEPENDENCIA: PROCURADURIA DELEGADA PARA

LA ECONOMIA Y LA HACIENDA PÚBLICA

RADICADO: 046-1814-04

INVESTIGADO: Mario Armando Arguello Lozano CARGO Y ENTIDAD: Alcalde Municipal de Rioviejo – BolívarQUEJOSO: De oficio

FECHA QUEJA: 23-04-04

FECHA HECHOS: Vigencia 2003

ASUNTO: Fallo de Segunda Instancia

Bogotá, D.C., 26 de septiembre de 2008 Corresponde a esta Delegada en virtud de la designación como “funcionario especial” hecha por el Procurador General de la Nación mediante auto de fecha 2 de julio del cursante año, conocer del recurso de apelación interpuesto por el disciplinado MARIO ARMANDO ARGUELLO LOZANO, por medio de apoderado judicial, en su condición de Alcalde Municipal de Rioviejo, Bolívar, contra la decisión proferida el 28 de mayo de 2008 por la Procuraduría Provincial de Ocaña, Norte de Santander, mediante la cual lo declaró disciplinariamente responsable y le impuso una sanción de destitución e inhabilidad general de 12 años.

1. ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL PROCESO Las presentes diligencias tuvieron su origen en el oficio de fecha 23 de abril de 2004 que el Alcalde de Rioviejo, Bolívar, HUMBERTO CAMPO ZAYAS, remitiera a la Procuraduría Departamental (Regional) de Bolívar con el que anexa: “el informe realizado por mi Administración en lo que tiene que ver con Contratos y cuentas por pagar dejados por la anterior Administración y que según Decreto de reserva el

Municipio recibiría los recursos para saldar estas obligaciones y después de verificada la información que allí reposa encontramos que el municipio no recibirá estos dineros”. Con base en la anterior información, la Procuraduría Provincial de Ocaña, Norte de Santander, mediante auto de 1 de octubre de 2004 ordenó “abrir investigación disciplinaria en contra de MARIO ARGUELLO LOZANO, en su condición de Alcalde de Rioviejo, Bolívar, para la época de los hechos, por la presunta irregularidad en el manejo de contratos y cuentas por pagar” (folios 52 a 59 cuaderno 1). Mediante auto datado el 30 de noviembre de 2005, la Procuraduría Provincial de Ocaña, Norte de Santander, profiere pliego de cargos en contra del implicado (folios 164 a 186 c. 1). El 21 de noviembre de 2006 la dependencia de conocimiento emite la Resolución No. 49 mediante la cual profiere fallo de primera instancia (folios 266 a 287 c. 2) el que es apelado para ante la Procuraduría Regional de Norte de Santander quien desata el recurso el 10 de mayo de la misma anualidad resolviendo declarar la nulidad de la actuación disciplinaria a partir del auto de pliego de cargos inclusive (folios 296 a 301 c. 2). Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, Extensiones 11215 y 11220 Carrera 5ª. No. 15 – 80 Piso 12. pbx 336 0011 – 352 0066 www.procuraduria.gov.co Mediante auto de 27 de junio de 2007 se expide nuevo pliego de cargos en contra

del implicado ARGUELLO LOZANO (folios 342 a 354 c. 2), quien presenta sus exculpaciones en tiempo (folios 362 a 363 c. 2), ejecutándose la etapa probatoria y profiriéndose fallo de instancia el 28 de mayo de 2008 (folios 445 a 465 c. 2) el cual es atacado por el afectado mediante apoderado judicial (folios 491 a 494 c. 2).

2. LOS CARGOS De folios 342 a 354 del cuaderno 2, aparecen los cargos que la señora Procuradora Provincial de Ocaña, Norte de Santander concreta al disciplinado de la siguiente

manera: “Primer cargo: MARIO ARMANDO ARGUELLO LOZANO, quien fungió como alcalde municipal para el periodo 2001 – 2003, el día 31 de diciembre de 2003 profirió el Decreto No. 073, “Por el cual se cierra la vigencia del año fiscal y se establece la reserva presupuestal y cuentas por pagar y se dictan otras disposiciones”, sin contar con la real existencia de los siguientes recursos: - ICN RECURSOS NO GIRADOS 2000 – 2001, por un valor de $438.000.000 - - ICN SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO No. 3803/03, por la suma de $210.000.000 - Recursos 28% del SGP - FUNCIONAMIENTO (MES DE DICIEMBRE /2003), por un valor de $69.651.386 - Recursos del SGP – EDUCACIÓN (mes de diciembre 2003) por un valor de $33.346.524 - Recursos del SGP – SALUD (OFERTA) (mes de diciembre de 2003) + saldo

Nov 03 + ETESA, por un valor de $43.173.521 - Recursos SGP –Régimen subsidiado + Recursos FOSYGA por un valor de $101.904.001 - Recursos SGP – RIVEREÑO (mes de diciembre 2003) por un valor de $8.976.300 - Recursos SGP – INDREC, por un valor de $32.835.652 - Recursos alimentación escolar, por un valor $1.300.000”. NORMAS VIOLADAS “El señor MARIO ARMANDO ARGUELLO LOZANO, puede estar incurso en la comisión de la conducta descrita en el numeral 22 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, como quiera que asumió compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes. 046-1814-04 2 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, Extensiones 11215 y 11220 Carrera 5ª. No. 15 – 80 Piso 12. pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co Por otra parte, incurrió en la inobservancia de los deberes que para su cargo le imponían el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 toda vez que como servidor público le asiste la obligación de cumplir con la Constitución y la ley, numeral 1 del articulo 35 ibídem pues como servidor público le estaba prohibido incumplir con la Constitución y la Ley, numeral 1, artículo 315 de la Constitución Política toda vez que dentro de sus atribuciones le corresponde cumplir la Constitución y la ley, artículo 9 de la Ley 136 de 1994 pues como alcalde debió ejercer las funciones que le asignaba la Constitución y la ley. Así mismo, debe responder por su comportamiento a la luz de lo normado en el

artículo 6 de la Constitución política”. NATURALEZA DE LA FALTA Y GRADO DE CULPABILIDAD “De conformidad con los criterios contenidos en el artículo 48 numeral 22 de la Ley 734 de 2002, su conducta se califica provisionalmente como GRAVÍSIMA en grado doloso, evidenciándose el conocimiento que tenía el alcalde MARIO ARMANDO ARGUELLO LOZANO, de no contar con los recursos necesarios para expedir el Decreto 073 de diciembre 31 de 2003, toda vez que los recursos consignados en el mismo, eran inexistentes, tal y como se indicó al inicio de la presente providencia”.

Segundo cargo: “MARIO ARMANDO ARGUELLO LOZANO, quien fungió como alcalde municipal de Rioviejo, Bolívar, para el periodo 2001 – 2003, suscribió las siguientes ordenes de suministro sin número, sin contar con la disponibilidad presupuestal previa: - Ordenes de suministro sin número de fecha noviembre 4, 27 y 28, del mismo año con certificado de disponibilidad presupuestal No. 3373 de fecha 1º de diciembre de 2003,. Folios 7, 11, 16 y 17, del cuaderno 1, anexos. - Orden de suministro sin número, con (sic) de fecha junio 13, 16, 26 del mismo año, con certificado de disponibilidad presupuestal 2913 de fecha 1 de agosto de 2003.

Folios 230, 232 y 238, cuaderno 2 anexos. - Orden de suministro sin número, de fecha junio 3, 9, 11, 12, 13, 19, 24, 25, 26 y

agosto 1, 8, 9, 15, 16, 22, 25, del mismo año, con certificado de disponibilidad presupuestal No. 2917 de fecha 1º de octubre de 2003,. Folios 260, al 298 y 301, del cuaderno 3, anexos. - Orden de suministro sin número, de fechas octubre 7, 14, 31 de 2003, con certificado de disponibilidad presupuestal No. 3190 de fecha 1º de noviembre de

2003. Folios 414, 415, 422 y 424 del cuaderno 3, anexos. - La fecha de publicidad es de 18 de julio de 2003 y el certificado de disponibilidad es de 18 de julio de 2003 y el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2952 es de fecha 2 de diciembre del mismo año. Folios 455 y 456 del cuaderno 3, anexos. - Ordenes de suministro sin número, de fecha septiembre 4, 5, 8, 9, 17, 19 y 30 de 2003 y de octubre 7, 8, 9, 10, 17, 20 y 30 del mismo año, y el certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 1º de noviembre de 2003,. Folios 687 al 708 y 709, del cuaderno 4, anexos.

046-1814-04 3 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, Extensiones 11215 y 11220 Carrera 5ª. No. 15 – 80 Piso 12. pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co

• La Resolución de comisión tiene fecha 17 de septiembre de 2003 y el certificado de disponibilidad presupuestal tiene fecha 17 de septiembre de 2003 y el certificado de disponibilidad presupuestal tiene fecha 20 de septiembre de 2003. Folios 809 y 812 del cuaderno 5, anexos. - Ordenes de suministro sin número, con fecha de agosto 14, 27 y 29 de 2003 y el certificado de disponibilidad presupuestal es de fecha 1º de septiembre del mismo año. Folios 843, 844, 845 y 850 del cuaderno 5, anexos. - La Resolución de comisión No. 230 es de fecha 4 de abril de 2003 y el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2766 tiene fecha 1º de noviembre del mismo año.

Folios 989 y 990, del cuaderno 6, anexos. - Las ordenes de suministro sin número, tienen fecha de septiembre 1, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 23, 25 y 30 de 2003 y la fecha del certificado de disponibilidad presupuestal de 1º de octubre del mismo año. Folios 1399 al 1420 y 1435 del cuaderno 7, anexos. - Las ordenes de suministro sin número, tienen fecha 3, 6, 10 y 14 de octubre de 2003 y el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3240, es de fecha 15 de octubre del mismo año. Folios 1591 y 1593 al 1598, del cuaderno 8, anexos”. NORMAS VIOLADAS “Con el comportamiento antes descrito puede usted encontrarse incurso en la

comisión de la conducta descrita en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, habida cuenta de su desconocimiento de los deberes que para su cargo le impone el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, toda vez que como servidor público le asiste la obligación de cumplir con la Constitución, la ley y los decretos, numeral 1 del artículo 35 ibidem pues como servidor público le está prohibido incumplir con la Constitución, la Ley y los decretos, numeral 1, artículo 315 de la constitución Política toda vez que dentro de sus atribuciones le corresponde cumplir la Constitución y la ley, artículo 91 de la Ley 136 de 1994, pues el alcalde ejerce funciones que le asigna la Constitución y la ley, artículo 71 del Decreto 111 de 1976 como quiera que los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales debe contar con certificados de disponibilidad previos. Así mismo, debe responder por su comportamiento a la luz de lo normado en el artículo 6 de la Constitución Política”. NATURALEZA DE LA FALTA Y GRADO DE CULPABILIDAD De conformidad con los criterios contenidos en los artículos 1 y 4, del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, su conducta se califica provisionalmente como GRAVE en grado culposo, cometida con culpa grave, pues no actuó con el debido cuidado y diligencia que cualquier persona debe imprimir a sus actuaciones, pues suscribió las citadas ordenes de suministro sin que se le hubiere certificado por parte del funcionario competente, previamente la existencia de disponibilidad presupuestal que garantizara el cumplimiento de esos compromisos”.

Tercer cargo. 046-1814-04 4 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, Extensiones 11215 y 11220 Carrera 5ª. No. 15 – 80 Piso 12. pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co “MARIO ARMANDO ARGUELLO LOZANO, incurrió en irregularidad en el ejercicio de sus funciones al ordenar el pago de los siguientes contratos sin contar con su firma o la firma del contratista, y en algunos casos sin la firma de las partes”. De folio 348 a 352 del cuaderno 2, se relacionan un total de 34 ordenes de prestación de servicios y contratos que constituyen el fundamento probatorio del cargo. NORMAS VIOLADAS “Con el comportamiento antes descrito puede usted encontrarse incurso en la comisión de la conducta descrita en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, habida cuenta de su desconocimiento de los deberes que para su cargo le impone el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, toda vez que como servidor público le asiste la obligación de cumplir con la Constitución, la ley y los decretos; numeral 1 del artículo 35 ibídem pues como servidor público le está prohibido incumplir con la Constitución, la Ley y los decretos; numeral 1, artículo 315 de la constitución Política toda vez que dentro de sus atribuciones le corresponde cumplir la Constitución y la ley; artículo 91 de la Ley 136 de 1994, pues como alcalde debió ejercer las funciones que le asignaba la Constitución y la ley; todo lo anterior por cuanto de acuerdo al artículo 41 de la Ley 80 de 1993 para que se perfeccione un contrato este debe

elevarse por escrito y al no estar suscrito debidamente tal formalidad simplemente se omitió; artículo 51 ibídem, como quiera que como servidor público debe responder disciplinariamente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual. Así mismo, debe responder por su comportamiento a la luz de lo normado en el artículo 6 de la constitución Política”. NATURALEZA DE LA FALTA Y GRADO DE CULPABILIDAD “De conformidad con los criterios contenidos en los numerales 1 y 4, del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, su conducta se califica provisionalmente como GRAVE culposa cometida con culpa grave, pues no actuó con el debido cuidado y diligencia pues efectuó unos contratos sin contar: a. Con su firma. b. Con la firma del contratista. c. Con la firma de las partes, como quiera que para el perfeccionamiento de los mismos estos deben elevarse por escrito y como vemos no fueron firmados por las partes, y lo más importante estos contratos cuentan con los soportes legales para su pago”.

3. DECARGOS Notificado el auto de cargos en la Personería Municipal de Rioviejo, Bolívar, mediante edicto de fecha 22 de octubre de 2007 (Folio 360 c. 2), el disciplinado MARIO ARMANDO ARGUELLO LOZANO presentó sus descargos (folios 362 a 363 c. 2), manifestando que. “está demostrado que en los extractos de las cuentas bancarias que se manejan en el Municipio a diciembre 31 de 2003 si quedaron saldos y en los extractos a 31 de enero de 2004 si llegó la doceava parte ya que a

ellos les llega el primer giro en febrero de 2004, por lo tanto yo no se con que pretensión dicho señor alega que no recibió dichos dineros”. Más adelante solicita que se pida al Ministerio de Hacienda que certifique la cuantía de los recursos que percibió el Municipio de la última doceava de la vigencia 2003 ya que tiene entendido que el FOSIGA dejó de girar al municipio hasta la vigencia del 046-1814-04 5 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, Extensiones 11215 y 11220 Carrera 5ª. No. 15 – 80 Piso 12. pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 2003 casi $600.000.000 que le fueron girados a la siguiente administración puesto que en los descargos que hizo ante la Fiscalía el Fosiga certificó que recursos pertenecían a su administración y el Ministerio de Protección Social certificó los recursos que habían girado a la nueva administración que correspondían a la vigencia anterior. Expresa que en relación con las cuentas que no tienen soporte legal, él no tiene responsabilidad por cuanto en un posible acto de mala fe, los nuevos funcionarios hubiesen botado dichos soportes y que el Tesorero miente al decir que en las cuentas que le entregó la Tesorera de ese entonces SANDRA ROBLES en el Decreto de reserva figuraban cuentas sin disponibilidad presupuestal ya que todas fueron revisadas y tenían su disponibilidad y por tanto solicita que se llame a declarar a la señora Robles quien fue la persona que entregó el Decreto de reserva al Tesorero entrante. Finaliza su escrito solicitando se cite a declarar al Jefe de presupuesto de ese

entonces, señor FRANCISCO GULLOSO para que certifique si le dio la disponibilidad presupuestal a dichas cuentas y solicita que se anexen los extractos de cuentas bancarias del mes de diciembre de 2003 para establecer si había saldo ya que no es como afirma el nuevo Tesorero que las cuentas quedaron en cero y anexa extracto bancario del 31 de enero de 2004 para acreditar que si llegó la doceava parte de 2003 y por ello solicita que se le absuelva de responsabilidad disciplinaria.

4. LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Luego de correr traslado para que el disciplinado presentara alegatos de conclusión, la Procuraduría Provincial de Ocaña, Norte de Santander, profirió fallo el 28 de mayo de 2008 mediante el cual sancionó con destitución e inhabilidad general de 12 años al señor MARIO ARMANDO ARGUELLO LOZANO, en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de Rioviejo, Bolívar, para la época en que se realizaron las conductas, estableció como hechos los siguientes: “ La presente actuación disciplinaria adelantada en contra del señor Alcalde Municipal de Rioviejo, para la época de los hechos MARIO ARMANDO ARGUELLO LOZANO, se inició con fundamento en el informe presentado por el señor Humberto Campo Zayas en calidad de Alcalde Municipal periodo 2004 – 2007, sustentado en el informe contable presentado por el asesor financiero Dr. José Raúl Gutiérrez Corzo, en el cual se evidencian una serie de irregularidades relacionadas con el manejo de los libros de

contabilidad presupuestal y contratación sin el lleno de los requisitos de ley, compromisos reflejados en el decreto de liquidación del presupuesto, Dcto Municipal 073 de 2003” (folio 445 c. 2). Considerando como principales, los siguientes argumentos: al disciplinado “Se le vincula al presente proceso por las conductas transgresoras a la Constitución Política y de igual forma los ordenamientos legales que orientan y regulan los procesos contractuales y los manejos presupuestales” (folio 455 c. 2). “Tal como lo manifiesta el informe del asesor contable y financiero de la Alcaldía Municipal de Rioviejo, en el cual expone que las irregularidades hoy objeto de investigación, están relacionadas con la cancelación de las ordenes de pago sin el lleno de los requisitos de ley que permitieron establecer la existencia de acto 046-1814-04 6 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, Extensiones 11215 y 11220 Carrera 5ª. No. 15 – 80 Piso 12. pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co administrativo contractual que vinculara a las partes y en especial a la Administración Municipal, circunstancia esta agravada por la inexistencia de certificados de disponibilidad presupuestal que permitiesen garantizar que el Ente Territorial cumpliese con sus obligaciones contractuales no fueron adquiridas formal y legalmente” (folio 455 c. 2). “De igual manera se ha establecido que dichos actos contractuales no tuvieron el manejo correcto y responsable desde la perspectiva presupuestal, pues no se cumplió con requisitos de obligatorio cumplimiento tal como el certificado de

disponibilidad presupuestal y consecuentemente la no realización de reserva presupuestal que garantizara la asignación para así cumplir con dicha obligación legalmente adquirida”. (…) “Igualmente estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin…” “Y así son varias las ordenes de suministro que contrarían el ordenamiento legal vigente sobre el particular, la disponibilidad presupuestal para los gastos antes relacionados, al parecer fue expedida con posterioridad a la causación de los mismos, requisito éste que debía cumplirse de manera previa a la ejecución de los contratos, toda vez que previo a estos, la administración ha debido manifestar que contaba con los recursos disponibles que garantizaran el efectivo cumplimiento de las obligaciones que de ellos emanaban, acto que se garantizaba con la expedición del certificado de reserva presupuestal” “Lo antes afirmado lo ratifica el informe presentado por la Contraloría Departamental de Bolívar, el cual expone que el Municipio de Rioviejo en cabeza del señor Alcalde Municipal presentó una sobre ejecución presupuestal lo cual trajo como consecuencia un déficit fiscal al Municipio, sumas estas formalmente relacionadas en los folios 124 a 127 del plenario y que demuestran el manejo indebido que sufrió el presupuesto municipal”. “Igualmente, el informe presentado por la Contraloría Departamental de Bolívar, nos muestra que los manejos de las obligaciones por pagar y que son reflejadas en el Decreto 073 de 2003, decreto que legaliza las obligaciones adquiridas y cierra la vigencia fiscal de 2003 y en el cual se establecen las reservas presupuestales; en el

cual se desconocen las obligaciones consagradas en el estatuto orgánico del presupuesto”. “Así mismo expone en el informe el Ente de Control Departamental “La proyección de los ingresos para cancelar la reserva presupuestal y las cuentas por pagar no es veraz, debido a que no presenta la realidad de los hechos económicos por concepto de ingresos”. Seguidamente expresa “La anterior información se basa en que además de las cuentas por pagar sin disponibilidad presupuestal de 600.000.000 referidas en el artículo 4 del citado Decreto, indica que para la cancelación de las cuentas por pagar de $1.013.635.791, se dispone de 1.389.593.357 representados en cuenta por cobrar, de las cuales $703.000.000, según por información recibida por parte de la entidad, no ingresarán al municipio “”. “Se puede concluir que las mayores deficiencias existen en el manejo presupuestal, las cuales se reflejan en la proyección de los ingresos debidamente reservadas en el 046-1814-04 7 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, Extensiones 11215 y 11220 Carrera 5ª. No. 15 – 80 Piso 12. pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co decreto en mención, reserva destinada a cumplir con las obligaciones adquiridas y cuentas por pagar, información que no es real, debido a que no corresponden a los conceptos por ingresos, según información recibida por la misma entidad”. “Como se observa, el desconocimiento de las normas referidas en las (sic) campo presupuestal, llevaron a que su aplicación no fuera real y por consiguiente el incumplimiento de las obligaciones”.

A continuación se mencionan algunos aspectos contemplados en el Decreto 111 de 1996, especialmente los principios de anualidad y unidad de caja y transcribe la definición del PAC. Expresan las consideraciones del fallo que: “Por otro lado, se observan en las cuentas de cobro que no cuentan con los soportes para su cancelación, tal como las ordenes de suministro, errores en los certificados de disponibilidad y certificados de registro y de igual manera cancelaciones de ordenes de suministro sin actas de recibo”. A continuación se analizan algunos casos puntuales concluyendo: “De lo anterior se aprecia, que contrariamente al ordenamiento legal vigente sobre el particular, la disponibilidad presupuestal para los gastos antes relacionados, fueron expedidos con posterioridad a la causación de los mismos, requisito éste que debió haberse realizado con anterioridad a la ejecución de estos contratos, toda vez que previo a estos, la administración ha debido manifestar que contaba con los recursos para la celebración de las ordenes de suministro, a efecto de garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones que de ellos emanan”. Seguidamente se vuelve a referir al informe del ente de control de la siguiente manera: “En relación con otras de las incongruencias halladas por la Contraloría Departamental de Bolívar, expone en relación con las cuentas que no se registraron en el libro de presupuesto o las que se registraron con valores diferentes, en síntesis, manifiesta que no presenta la realidad de los hechos económicos por concepto de egresos”; relacionando a continuación tres casos puntuales como sustento de lo afirmado en donde por ejemplo la orden de pago No. 3750 del 11 de

noviembre a nombre de William Sarabia por un valor de 2.170.000, resolución de pago No. 3100 de fecha 11 de noviembre de 2003, el certificado de disponibilidad presupuestal muestra código No. 3.05.02.01 rubro de atención y solidaridad, en el libro de presupuesto no se encuentra registrado ese valor (fl 2551, cuaderno 12) A continuación expresa que en lo relacionado con el aspecto contractual, se ha podido establecer el total desconocimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 respecto al perfeccionamiento de los contratos, relacionando algunos casos puntuales y manifestando que todos los cuestionados están relacionados en el auto de cargos. Finalmente concluye manifestando que considera que el disciplinado no logró con sus intervenciones desvirtuar las conductas que se le imputan y por consiguiente se le debe declarar disciplinariamente responsable.

5. LA APELACIÓN

046-1814-04 8 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, Extensiones 11215 y 11220 Carrera 5ª. No. 15 – 80 Piso 12. pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co Contra el fallo de primera instancia el disciplinado por medio de apoderado interpuso recurso de apelación, sustentado a folios 491 a 494 del cuaderno 2 de la siguiente manera: Inicia el memorialista la sustentación del recurso haciendo un recuento sobre el origen del proceso y recapitulando la versión libre rendida por el disciplinado hace énfasis en su afirmación de que el déficit fiscal viene de vigencias anteriores y que el control de legalidad de las cuentas cuestionadas le corresponde al Alcalde que los

reemplazó y que “todo existe en la Tesorería Municipal”. Se refiere a la declaración rendida por el señor Alberto Aislan Campo y expresa que a éste le asistía la responsabilidad como funcionario de entregar los respectivos contratos con el lleno de los requisitos legales al Alcalde para su firma. Manifiesta que según la declaración de la señora RUSSI EDITH TORRES ASCANIO, la Oficina Financiera era la encargada de las ordenes de pago y que serían con el visto bueno del ordenador, pero la responsabilidad recae sobre la oficina financiera quien lleva la parte contable. Sobre la declaración de SANDRA ROBLES expresa que los cheques llevaban dos firmas, la del Alcalde y la del Tesorero y por consiguiente el Alcalde era un simple ordenador pero la responsabilidad recae más en el Tesorero por conocer el estado del ACTIVO: Situado fiscal. Con respecto a la declaración de DORIMITH FLORES O. expresa que el manejo de cuentas era exclusivo de la Secretaría del despacho del Alcalde quien posteriormente la remitía a la Secretaría de hacienda para su cancelación y es por ello que no se puede endilgar la responsabilidad solo al Alcalde ya que Hacienda manejaba la parte presupuestal. Sobre la declaración de FRANCISCO MANUEL GULLOSO sostiene que es bastante acertada pues da cuenta que como Jefe de Presupuesto del 2 de julio del 2002 al 31 de diciembre de 2003, que el Decreto 073 de 31 de diciembre de 2003 si contaba con la disponibilidad y Registro Presupuestal y por consiguiente no responde si en la administración entrante se extravió algún documento o haya sido manipulado el libro

de presupuesto y que la disponibilidad presupuestal fue realizada con anterioridad a la ordenación del gasto y que siendo así se colige que hubo mala intención por parte del Alcalde entrante quien es el responsable de las llamadas irregularidades no sin antes aceptar el déficit fiscal anterior por parte de su mandante el señor Arguello Lozano. A continuación se refiere al informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público donde le hace ver a la Procuraduría Provincial sobre los alcances de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política las formulas respectivas sobre la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones y le anexa documentos del

CONPES SOCIAL.

Menciona la nulidad decretada por la Procuraduría Regional de Norte de Santander dentro del proceso a partir del auto de cargos y los nuevos formulados contra su defendido, anotando que observa la misma situación y con mayor protuberancia ya que conforme al primer cargo no hay suficiente claridad al respecto puesto que no 046-1814-04 9 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, Extensiones 11215 y 11220 Carrera 5ª. No. 15 – 80 Piso 12. pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co hay seguridad porque se manifiesta “puede estar incurso en el numeral 22 del art. 48 de la Ley 734 de 2002…”, lo que indica que no le da al funcionario suficiente convicción, de acuerdo a los principios probatorios de la sana critica para dictar una resolución de tal magnitud. Sostiene que igual cosa sucede con los demás cargos. Señala que solo el basamento probatorio radica en los informes pero sin que se

tenga soporte legal como es el caso de las ordenes de pago y suministro. Bajo el título de ‘otro concepto’, el defensor sostiene que “el Decreto 073 de 31 de diciembre de 2003 en cuanto al cierre de vigencia, reserva presupuestal y cuentas por pagar es correcto… por cuanto el ordenador de gastos lo hizo con base en la disponibilidad presupuestal y los soportes que conlleva toda operación aritmética y contractual, de tal manera que ese informe lo entregó el querellante sin los anexos respectivos y sus soportes para dañar la buena imagen de mi poderdante y hacer incurrir en error al funcionario investigador que conlleva al fraude procesal. Las pruebas son suficientes para demostrarlo así y yacen en el expediente”. Afirma que en los informes rendidos a Humberto Campo Zayas, no presentan los documentos como ordenes de pago, facturas y otros para demostrar ante el investigador tales falencias. Termina el recurso solicitando se revoque la Resolución No. 016 de 28 de mayo de 2008 mediante la cual se sancionó a su defendido y en su lugar se archive el expediente. Igualmente solicita se decrete la prescripción de la acción disciplinaria al considerar que de acuerdo a las circunstancias de tiempo y modo son más que suficientes para aplicar la figura jurídica que invoca.

6. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA 6.1 Análisis sucinto de legalidad.

En la Constitución Política de Colombia y a fin de salvaguardar el Estado Social de Derecho se consagraron los principios tales como el debido proceso, contenido en su artículo 29 que debe entenderse como el conjunto de garantías que protegen a

las personas con el fin de asegurar una pronta y cumplida justicia, estableciendo que cuando una persona sea juzgada deben observarse las formas propias de cada juicio. Sobre el tema la Corte Consti