PGN - REGLAMENTO ESTUDIANTIL - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

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PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 29 de julio de 2010 Alegato No. 74/10

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno Ref.: Expediente No 110010324000 2007 00256 00 Actor Luis Bernardo Díaz Gamboa

Demandado: Universidad Pedagógica y Tecnológica de

Colombia Acción Acción de Nulidad Procede esta Procuraduría Delegada a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.

1. La demanda El ciudadano Luís Bernardo Díaz Gamboa, en ejercicio de la acción pública de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presenta demanda pretendiendo obtener la declaratoria de nulidad del Acuerdo 049 del 4 de julio de 2006, “Por el cual se aclara el Artículo 24 del Acuerdo No. 067 de 2005”, por encontrar que se han violado: 1.1. El artículo 68 inciso 2º de la Constitución Política. 1.2. Los artículos 2º (literal e), 6º (literal a) y 13 (literal d) del Acuerdo 066 de 25 de Octubre de 2005 (Estatuto General) En la demanda se desarrolla el concepto de la violación en los siguientes términos: Expediente No 110010324000 2007 00256 00 2 1.3. “[…] El 25 de octubre de 2005 el Consejo Superior Universitario de la UPTC expidió el

Acuerdo 067 de 2005, “por el cual se expide la estructura académica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia” señalando en su artículo 24 que “El Director de Escuela será designado por el rector, para un período de dos (2) años, de terna presentada por el Comité Curricular de la respectiva Escuela; el Comité adoptará los criterios para la conformación de la terna. Para ser Director de la Escuela se requiere: ser profesor de tiempo completo, adscrito a la Escuela […]”. 1.4. “[…] El Estatuto General de la UPTC ordena en el literal e) del artículo 2º como principio fundamental el de la Democracia Participativa, y en el artículo 6º literal e) ibídem como política universitaria desarrollar la democracia universitaria […]” 1.5. “[…] La Comisión Transitoria que presentó un texto de propuesta al Consejo Superior de la UPTC aprobó unánimemente la posibilidad de que los profesores ocasionales fuesen Directores de Escuela, decisión acogida ab initio por el C.S.U. en el artículo 24 del Acuerdo Nº 067 de 2005 y que con el Acuerdo Nº 049 de 2006 se desconoce […]” 1.6. “[…] Con el Acuerdo 049 de 2006 se desconoce a dos terceras partes de docentes ocasionales que tradicionalmente han sido discriminados de forma negativa en la UPTC, en clara distracción de la sentencia C-006 de 1996 de la Corte Constitucional […]” 1.7. “[…] El tercer considerando del Acuerdo 049 de 2006 incurre en una falsa motivación,

pues tanto en la Comisión Transitoria como en la adopción por el C.S.U siempre se tuvo en cuenta que mínimamente los ocasionales tendrían derecho a ser Directores de Escuela, pues ni siquiera los dejan votar para elegir rector, o su vocero ante el C.S.U. Por ello viola la democracia participativa. No se entiende cómo si los miembros de los Comités Curriculares si puede ser ocasionales, con contratos de menos de un año, la afectación les ocurre si desean ser Directores de Escuela. Si el período de los ocasionales es máximo por diez meses, no hay óbice en prorrogarles el contrato para evitar vacios. […]” 1.8. “[…] La Carta Política de 1991 en el inciso 2 del artículo 68 ordena: “la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación” […]”

2. Contestación de la demanda por parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia En la oportunidad procesal correspondiente, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, contestó la demanda, en la siguiente forma:: 2.1. “[…] Conforma al literal d) del artículo 13 del Estatuto Superior de la UPTC, - Acuerdo 066 de 2005, el Consejo Superior de la UPTC esta facultad (sic) para expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la institución. […] En ejercicio de tal facultad emitió el Acuerdo No 021 de 2008, por el cual se deroga el acuerdo 049 de 2006, el Expediente No 110010324000 2007 00256 00 3 cual es el objeto de la presente acción. […] En tal entendido y, dado que el acto

administrativo no existe en la vida jurídica, carece de objeto la presente acción […]”.

3. Consideraciones del Ministerio Público 3.1. Problema Jurídico Esta Agencia del Ministerio Público debe determinar si el Acuerdo No 049 del 4 de julio de 2006, “Por el cual se aclara el Artículo 24 del Acuerdo No. 067 de 2005”, es transgrede de los artículos 68 (inciso 2°) de la Constitución Política, 2º (literal e), 6º

(literal e) y 13 (literal d) del Acuerdo 066 de 25 de Octubre de 2005 (Estatuto General), al restringir el acceso de la comunidad educativa a la dirección de la instituciones de educación y vulnerar el principio de la democracia participativa como política universitaria, en tanto establece que sólo los profesores de planta de tiempo completo, adscritos a la respectiva escuela, puede ser directores de escuela. Es necesario indicar, frente a los argumentos expuestos por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en cuanto señaló “[…] el Acuerdo No 021 de 2008, por el cual se deroga el acuerdo 049 de 2006, el cual es el objeto de la presente acción. […], por lo que […] no existe en la vida jurídica, carece de objeto la presente acción. […], que tratándose de acciones públicas en las que se debata la legalidad de actos administrativos de carácter general como los aquí cuestionados, ha sido pacífica la jurisprudencia en no aceptar la tesis de la “sustracción de materia” que se basa en la falta de vigencia del acto como motivo para sustraerlo del control jurisdiccional, pues considera que tal circunstancia, precisamente por los efectos

que el acto pudo haber producido durante el tiempo en el que estuvo vigente, no impide el juzgamiento de su legalidad por parte de la jurisdicción. Basta, entonces, que el acto en cualquier tiempo haya producido efectos, a cuyo amparo pudieron surgir controversias de carácter particular, para que se estime que el juez Expediente No 110010324000 2007 00256 00 4 contencioso está en la obligación de emitir pronunciamiento sobre su conformidad jurídica. 3.2. Disposición acusada Lo es el Acuerdo No 049 de 2006, que procederemos a transcribir de la siguiente manera: “[…] ACUERDO No. 049 DE 2006 Por el cual se aclara el Artículo 24 del Acuerdo No. 067 de 2006. En uso de las atribuciones legales y estatutarias, especialmente de las conferidas por la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 066 de 2005, y CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo 067 de 2005 se expidió la Estructura Académica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Que en el artículo 24 del citado Acuerdo estableció, entre otros aspectos, que el Director de Escuela sería designado por el Rector, para un período de dos (2) años, de terna presentada por el Comité Curricular de la respectiva escuela; señalando como requisitos para la designación ser profesor de tiempo completo, adscrito a la Escuela. Que se hace necesario aclarar que el citado Artículo hace referencia a docentes de planta de la universidad, atendiendo a que se trata de un cargo para un período de dos (2) años, y teniendo en cuenta que el artículo 5 del Acuerdo 060 de 2002 establece que la vinculación

de docentes ocasionales se hará por terminado fijo no superior a diez (10) meses cada año. En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ACUERDA: ARTÍCULO 1°.- Aclarar el Artículo 24 del Acuerdo No. 067 de 2005, en el sentido de indicar que para ser Director de Escuela se requiere ser profesor de planta de tiempo completo, adscrito a la Escuela. ARTÍCULO 2°.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que les sean contrarias. […]” 3.3. Los cargos formulados por el actor Las normas que se consideran violadas por el actor son las siguientes: Expediente No 110010324000 2007 00256 00 5 “[…] ARTICULO 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Las <sic> integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado. […]”

(Resaltado y subrayado fuera de texto) Los artículos violados del Acuerdo No 066 de octubre de 20051, son los siguientes: “[…] Artículo 2.- La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia estará orientada por los siguientes principios fundamentales: […] e) DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, en cuanto está abierta a todas las personas, sin exclusión, por consideraciones de nacionalidad, etnia, ideología, credo o de cualquier otra índole que no sea la acreditación de las calidades académicas que la institución establezca para su acceso; y en cuanto promueve y convoca la participación de la comunidad universitaria en la orientación y toma de decisiones, en las instancias previstas en los tratados internacionales, en la Constitución Política, en la Ley, en el presente Estatuto y en sus Reglamentos. […] Artículo 6.- Las políticas básicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia son: […] e) Desarrollar la democracia participativa, mediante el estímulo de la presencia real de la comunidad universitaria en los órganos de dirección de la institución, acorde con los mecanismos previstos en la Constitución Política de Colombia; fomentar y reconocer las organizaciones gremiales, con el objetivo de consolidar formas de representación, concertación, control y vigilancia de la gestión universitaria. […] Artículo 13.- Son funciones del Consejo Superior: […] d) Expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la institución. […]” 1 Reposa en copia autenticada a folio 161 del expediente. Expediente No 110010324000 2007 00256 00 6 Ahora bien, el acuerdo que ha sido objeto de aclaración es el Acuerdo No 067 de

2006, “Por el cual se expide la Estructura Académica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”, adoptado por el Consejo Superior Universitario de aquella universidad. Dicha acuerdo estableció, en el artículo 24°, unas condiciones especiales para ser director de escuela en el establecimiento universitario, señalando que este requería ser: “[…] profesor de tiempo completo, adscrito a la Escuela. […]”. Esta norma fue objeto de aclaración por parte del acuerdo acusado, en el sentido que el artículo hace referencia a los profesores de planta, argumentándose que estos docentes son contratados para un período fijo no superior a diez (10) meses cada año, aclaración que en últimas adiciona los requisitos que el mencionado estatuto contempla para acceder al citado cargo. Sea lo primero decir que en principio se estaría en presencia del ejercicio de potestades propias de la autonomía universitaria, que les permiten a las universidades darse y modificar sus estatutos y la de designar sus autoridades académicas y administrativas. Respecto de la autonomía universitaria, ha indicado la Corte Constitucional, entre muchas decisiones, en la Sentencia T-886 de 2009, M.P.: Doctor Juan Carlos Henao Pérez, lo siguiente: “[…] 23. El artículo 69 de la Constitución establece: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”.

24. De conformidad con la jurisprudencia proferida por esta Corporación, la autonomía se entiende como “la capacidad de autodeterminación otorgada a las instituciones de educación superior para cumplir con la misión y objetivos que les son propios"2. Esta

garantía pretende evitar la interferencia del poder público en la labor que tienen las Universidades como entes generadores de conocimiento3. Las manifestaciones principales de la autonomía son la “capacidad de autorregulación filosófica, lo que implica la dirección ideológica del centro educativo, su particularidad y su especial consideración de la sociedad pluralista y participativa, y de autodeterminación administrativa, lo que lleva consigo la capacidad de disponer de las normas de funcionamiento y de gestión administrativa, la administración de sus bienes, la selección y formación de sus docentes.”4. 2 Sentencia T-286 de 2005 3 Ver entre otras las sentencias T-492 de 1992, T-237 de 1995. 4 Ver entre otras las sentencias T492 de 1992, T-187 de 1993, T-237 de 1995, T-310 de 1999, T-925 de 2002, T-8261 de 2003, T1228 de 2004, T286 de 2005 y T-933 de 2005, T-254 de 2007, T-756 de 2007, T-234 de 2008, Expediente No 110010324000 2007 00256 00 7

25. En atención a la capacidad de autorregulación y autodeterminación, las universidades cuentan con la facultad de expedir sus reglamentos, entendidos estos como “los textos sublegales en los que se consagran, además de los principios filosóficos e ideológicos que identifican a cada institución, las reglas de carácter obligatorio que van a gobernar su funcionamiento interno y el proceso educativo propiamente dicho en los campos administrativo, presupuestal y académico”5. A través de estos, se determinan las reglas de

comportamiento, en especial derechos y deberes, que van a regir la relación de todos los miembros de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, profesores, directivos y personal administrativo. […]” Respecto de los límites de la autonomía universitaria, la mencionada decisión judicial indicó: “[…] 28. Desde el punto de vista del ejercicio del derecho a la autonomía universitaria, los reglamentos “comportan el conjunto de facultades y atribuciones de los establecimientos educativos y los límites a los que se encuentran sometidos”. De las atribuciones se destaca la posibilidad de definir la misión y visión de la entidad, así como el proyecto educativo de la misma, el cual se ve reflejado en los currículos y planes de estudio. También cuenta con la posibilidad de definir la estructura y organización interna, así como la importante labor de interpretar y aplicar sus reglamentos. El ejercicio de la autonomía universitaria encuentra sus límites en la Constitución y en la ley, razón por la cual los reglamentos y la interpretación que de ellos hagan las universidades, al ser manifestación principal de dicha autonomía, están sometidos al cumplimiento de los preceptos constitucionales. Es por ello que deben respetar los principios y derechos establecidos en el Ordenamiento Superior6. […] Lo expuesto nos permite señalar que el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, si bien tiene la posibilidad de interpretar y aplicar sus propios reglamentos, lo cual realizó a través del Acuerdo No 049 del 4 de julio de 2005, como una manifestación de esa autonomía, deberá verificarse si la interpretación realizada a través del acuerdo demandado estuvo sometido a los preceptos constitucionales, legales y sublegales.

Para esta Agencia del Ministerio Público, la interpretación realizada por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en el acto acusado, comporta una restricción para acceder al cargo de Director de Escuela C-1053 de 2001.

515. Sentencia T-933 de 2005. 6 Ver entre otras las sentencias T-187 de 1993, T-574 de 1993, T-02 de 1994, T-237 de 1995, T-515 de 1995,T-180 de 1996, T-925 de 2002, T-286 de 2005, T-933 de 2005, T-023 de 2006, T-234 de 2008, Expediente No 110010324000 2007 00256 00 8 que desconoce el inciso 2° del artículo 68 de la Constitución Política, que promueve la participación de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones de educación, así como el principio fundamental orientador de la universidad, contenido en el literal e), denominado como “DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”, pues éste ente universitario promueve y convoca la participación de la comunidad universitaria en la orientación y toma de decisiones, en las instancias previstas en los tratados internacionales, en la Constitución Política, en la Ley, en el mismo estatuto y sus reglamentos, siendo una de esas instancias, prevista en el Acuerdo 067 del 25 de octubre de 2005, la denominada “Escuela”, entendida como “[…] la unidad básica a través de la cual se concreta el trabajo académico de la Universidad; en ella se integran los contenidos propios de las áreas de la formación científica, tecnológica, pedagógica y profesional de los estudiantes que acceden a las

profesiones, disciplinas, artes u oficios, y se establece la afinidad, conexidad y pertinencia de los objetivos temáticos de los programas curriculares, proyectos, convenios, extensión universitaria y de las tareas interdisciplinarias en que se comprometa el nombre de la unidad. […]. La restricción del acceso a la dirección de las instituciones de educación y en la orientación y toma de decisiones del Acuerdo No 049 del 4 de julio de 2006, opera principalmente en perjuicio de los profesores ocasionales, modalidad de vinculación señalada en el artículo 74 de la Ley 30 de 19927, sin que encuentre justificación tal restricción, toda vez que, como lo ha indicado la Corte Constitucional, en la Sentencia C-066 de 1999, M.P.: Doctor Fabio Morón Díaz, “[…] Es claro que los "profesores ocasionales", al igual que los catedráticos, cumplen las mismas funciones que un profesor de planta, además deben acreditar para efectos de su vinculación similares requisitos de formación y experiencia, y tienen las mismas obligaciones que los docentes empleados públicos; la diferencia con aquellos estriba en su forma de vinculación, a través de resolución, y en la temporalidad de la misma. […]”, criterio de diferenciación (forma de vinculación) que es precisamente el que origina la restricción y que pugna con el principio de la democracia participativa pregonado por la misma universidad. 7 ARTÍCULO 74. Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la entidad para un período inferior a un año. Los docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores

oficiales, sus servicios serán reconocidos mediante resolución. Expediente No 110010324000 2007 00256 00 9 Las anteriores consideraciones, nos permiten concluir que el acto administrativo ha violado las normas constitucionales y sublegales en las que ha debido fundarse y se impone, entonces, su declaratoria de nulidad, al ser desvirtuada su presunción de legalidad, y así lo solicita esta Agencia del Ministerio Público. De los Honorables Consejeros,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado JCardoso Expediente No 110010324000 2007 00256 00